TSJ Regiones - Decisión

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
JUZGADO SUPERIOR PRIMERO EN LO CIVIL, MERCANTIL, BANCARIO, Y DEL TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO CARABOBO.

PARTE ACTORA.-
JOSE MANUEL SANTELIZ TORRES, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad número V-6.117.216, domiciliado en Caracas.
APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE ACTORA.-
DONATO PINTO LAMANNA, abogado en ejercicio, inscrito en el INPREABOGADO bajo el número 1.606, de este domicilio.
PARTE DEMANDADA.-
ADMINISTRACIÓN C.C.C.P., S.A., sociedad mercantil inscrita en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, bajo el N° 1, Tomo 221-B, de este domicilio.
APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE DEMANDADA.-
CARLOS MANUEL FIGUEREDO VILLAMIZAR, abogado en ejercicio, inscrito en el INPREABOGADO bajo el Nro. 7.278, de este domicilio.
MOTIVO.-
LIQUIDACIÓN DE SOCIEDAD (INCIDENCIA)
EXPEDIENTE: 11.384

En el juicio de liquidación de sociedad, incoado por el ciudadano JOSE MANUEL SANTELIZ TORRES, contra la sociedad de comercio ADMINISTRACIÓN C.C.C.P, que conoce el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Bancario de esta Circunscripción Judicial, el día 22 de enero del 2007, dictó sendas sentencia interlocutoria en las cuales en la primera de ellas, declara sin lugar la impugnación del poder efectuado por el abogado MANUIEL BELLERA CAMPI, apoderado actor; valido y eficaz el poder otorgado por el ciudadano JORGE HEEMSEN SUCRE, en su carácter de Presidente de la parte demandada; y en el segundo que no se encuentran satisfecho lo requisitos exigidos en el artículo 1557 del Código Civil, relativo a la cesión de los derechos litigiosos, de cuya decisión apeló el 30 de enero de 2007, el abogado MANUEL BELLERA CAMPI, recursos éstos que fueron oídos en un solo efecto, mediante auto dictado el 12 de diciembre de 2011, por el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de esta Circunscripción Judicial, razón por la cual dichas actuaciones fueron enviadas al Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil, Bancario, y del Tránsito de esta Circunscripción Judicial, donde una vez efectuada la distribución, lo remitió a este Tribunal, donde se le dió entrada el 08 de agosto de 2012, bajo el número 11.384, y el curso de Ley.
El 20 de noviembre de 2012, este Tribunal dictó auto en el cual ordena oficiar al Tribunal “a-quo” a fin de que remitan copias certificadas de las actuaciones que no constan en el expediente, dejándose la causa suspendida hasta tanto se consignen las mismas
El 12 de diciembre de 2012, esta Alzada dictó auto en el cual recibidas como fueron las copias certificadas solicitadas, se reanudo el lapso de sentencia, por lo que encontrado la causa en estado de sentencia, pasa este Tribunal a decidir previa las consideraciones siguientes:
PRIMERA.-
De la lectura de las actas que corren insertas en el presente expediente se observa que: a) Escrito presentado por el abogado MANUEL BELLERA, en su car+ácter de apoderado actor, se lee:
“…Sin embrago con base en ese poder el Abogado no puede obrar en nombre y por cuenta de ADMINISTRACIÓN CCCP C.A., no puede hacerlo –insistimos- porque
a. La concesión de dicho poder no fue autorizada por la Junta directiva de la demandada… por si solo el Presidente no puede constituir apoderados validamente…el presidente debe limitarse a ejecutar la decisión de la junta.
b. Al momento de otorgar el instrumento invocado por el abogado, el Presidente de ADMINISTRACIÓN CCCP C.A. no enunció ni tampoco exhibición el acta de junta directiva que le autorizaba para otorgar ese poder. Esa omisión, antijurídica porque contradice el texto del artículo 155 del Código de Procedimiento Civil, vicia el poder invocado por el Abogado. Mas sobre lo mismo; en la nota estampada por el Notario al poder invocado por el abogado, el funcionario tampoco deja constancia de la exhibición de dicha acta de junta…”
b) Escrito presentado el 17 de enero de 2007, por el abogado CARLOS FIGUEREDO, en su carácter de apoderado judicial de la parte demandada, en el cual se lee:
“…Mediante escrito presentado por ante ese Tribunal en fecha Nueve (09) de noviembre de 2006, el Abogado Manuel Bellera, con el carácter que dice tener y el cual fue impugnado oportunamente, presenta una serie de afirmaciones para tratar inútilmente de enervar los efectos de la contestación de la demanda, legal y oportunamente producida en el presente juicio; dichos argumentos nos permitimos rebatirlos pormenorizadamente de la siguiente manera:
PRIMERO:
DE LA INADMISIBILIDAD DE LA SOLICITUD:
En el supuesto negado que la actuación del Abogado MANUEL BELLERA, contenida en su escrito consignado por ante el Tribunal en fecha 09/11/2006, conllevare la IMPUGNACIÓN DEL PODER con el cual hemos venido actuando los Apoderados judiciales de "ADMINISTRACION C.C.C.P. S.A."; duda que nos surge por cuanto en los Dos folios (02) de su extensión, en ninguna parte señala qué es lo que pide o dicho de otra forma cuál es el objeto de su pretensión, la que ha debido determinar con decisión; contraviniendo de esa manera el imperativo normativo contenido en el Artículo 240, ordinal 4o, del Código de Procedimiento Civil de analógica aplicación al asunto sub judice y, el cual copiado a la letra, es del siguiente tenor:
Artículo 340.- El libelo de la demanda deberá expresar:
4° El objeto de la pretensión, el cual deberá determinarse con precisión indicando su situación y linderos,... (Subrayado nuestro)
Como consecuencia de lo antes señalado, ruego al Tribunal considerar como no presentada la solicitud de marras y negar su admisión; amén de que no se señala si va destinada al cuaderno principal o al cuaderno de medidas, ni el número del Expediente al cual habría de agregarse, originando así confusión en cuanto al destino material de la misma.
SEGUNDO:
NO SE SOLICITÓ LA EXHIBICIÓN DE LOS DOCUMENTOS:
La curiosa solicitud que analizamos debe ser desechada por el Tribunal, entre otras razones y mediante su declaratoria SIN LUGAR por cuanto la misma, alejándose del obligatorio dispositivo contenido en el Artículo 156 del Código de Procedimiento Civil, no solicita en el mismo acto, la exhibición de los documentos que considera necesarios para la licitud del conferimiento del instrumento poder y, de no hacerlo- como en efecto no lo lizo- precluyó esa oportunidad procesal y consecuencialmente caducó el derecho que en tal sentido podía tener.
La sala de Casación Civil de nuestro máximo Tribunal se ha pronunciado en la dirección señalada, más concretamente en la sentencia de fecha Doce (12) de Abril de 2005 (M.E. Simón y otro contra Clínica de Especialidades Médico Quirúrgicas, C.A).
TERCERO:
COMPARECENCIA DEL CITADO SEÑALADO:
De una pormenorizada lectura del libelo original de la demanda y de su reforma, se aprecia palmariamente que el accionante solicita que la citación de la parte demandada - mi poderdante "ADMINISTRACION C.C.C.P. S.A." -se practique en la persona de su Presidente Ciudadano JORGE HEEMSEN SUCRE; es decir, la misma persona natural que con el carácter de Presidente de la referida Sociedad Mercantil otorga el poder hoy inútilmente cuestionado por quienes antes pedían que en él se hiciera presente dicho Ente Comercial, Ante tal contradicción cabe reflexionar mediante unas interrogantes ¿Es qué acaso si hubiese sido citada dicha Empresa en la persona de su Presidente señor JORGE HEEMSEN SUCRE, como fue lo solicitado por el actor, también hubiera necesitado la autorización- so pena de nulidad- de la Junta Directiva? ¿Así lo hubieran pedido también los actores o hubieran considerado suficiente su citación para entender trabada la litis?
CUARTO:
LA CONCESIÓN DEL PODER NO FUE AUTORIZADA POR LA JUNTA DIRECTIVA
La cláusula Séptima de los Estatutos de mi poderdante expresamente se refiere a las facultades que en cuanto a la vida útil de a Sociedad tiene su junta directiva, las cuales (el conferir poderes entre ellas) las ejerce por medio de su Presidente y nada dice acerca de la necesidad de que la autorización de la Junta Directiva conste en Acta alguna y al no exigirlo la norma estatutaria- ni norma legal alguna- mal puede señalarse como omisión válidante del poder conferido, a una carga u obligación que no existe como requerimiento formal para su conferimiento.
Pero si el anterior argumento no fuese suficiente, según la cláusula en cuestión- en lo cual convienen los presuntos impugnantes- el Presidente es el órgano ejecutor de las Decisiones de la Junta, su sóla firma le da plena validez y legalidad a los actos celebrados por la Compañía y como sea que los estatutos no señalan que de las reuniones de la Junta Directiva deba levantarse acta alguna, para considerar legal y formalmente tomada la decisión y por aplicación del principio universal indubio pro defensa, esto es que en caso de dudas se debe favorecer al ejercicio de la acción o recurso y no a su negación, se debe concluir que no existiendo la obligación estatutaria de plasmar en Acta alguna la autorización al Presidente para el conferimiento de un poder, mal le puede ser exigida como requisito formal para ello.
QUINTO
DE LA IMPROCEDENCIA DE LA PRESUNTA CESIÓN DE DERECHOS LITIGIOSOS
Alega el Abogado Bellera, en su escrito de fecha 09/11/06, que el actor JOSE MANUEL EANTELIZ TORRES, cedió al Ciudadano RAMON EDUARDO CASTILLO los derechos litigiosos que a su favor se derivan de las actuaciones judiciales contenidas en el expediente No. 18.932; tal afirmación carece absolutamente de veracidad y en consecuencia debe considerarse como improcedente, entre otras razones, por las siguientes: A) mi poderdante ADMINISTRACION C.C.C.P. S.A., no fue notificada de la referida cesión como lo exige la norma contenida en el articulo 1.550 del Código Civil, de :onde debe concluirse que dicho negocio jurídico produce efectos exclusivamente a favor del presunto cesionario y no contra terceros; por cuanto, ADMINISTRACION C.C.C.P. S.A., no fue notificada y tampoco acepta dicha presunta cesión, la cual para ella, debe reputarse como inexistente. B) De la misma manera debe declararse improcedente, la referida presunta cesión de derechos, por lo que respecta a mi poderista y así lo solicito, pues de una simple lectura de las actas del proceso se evidencia que en fecha veinticuatro (24) de Octubre del 2006, mi representada consigno en diez (10) folios CONTESTACION A LA DEMANDA, por lo cual mal puede el ciudadano RAMON EDUARDO CASTILLO arrogarse el carácter de demandante en el presente juicio, ya que la norma que regula situaciones fácticas como la que nos ocupa, que es la contenida en el articulo 1.557 del Código Civil, o impide cuando señala claramente lo siguiente:
"articulo 1.557.- La cesión que hiciere alguno de los litigantes de los derechos" que ventila a quien no es parte en la causa, después del acto de contestación al fondo de la demanda, y mientras no sea dictada la sentencia definitivamente firme, no surte efectos sino entre el cedente v el cesionario.
Sin embargo, cuando se haga constar en los autos que la parte contraria acepta la cesión, surtirá esta inmediatos efectos contra aquélla, y en sustitución del cedente, se hará el cesionario parte en la causa." (Subrayado nuestro)
En consecuencia, habiéndose producido en fecha posterior a la contestación de la remanda, la aludida presunta cesión de derechos litigiosos, no puede considerarse, como legalmente facultado en calidad de demandante al ciudadano RAMON EDUARDO 2ASTILLO, pues dicha cesión solo producirá efectos entre él y su cedente JOSE MANUEL 5ANTELIZ TORRES, en el mejor de los casos.
Reitero a ese Tribunal la NO ACEPTACION, de ADMINISTRACION C.C.C.P. S.A., de la antas veces aludida presunta cesión de derechos litigiosos; especialmente con la solicitud 2 ese Juzgado de la declaratorio de SIN LUGAR, por improcedente, de la sustitución pretendida, mediante la irrita e ilegal cesión, tantas veces mencionada.
SEXTO
CONVALIDACION DE LAS ACTUACIONES
A los fines de despejar alguna remota duda que la actuación de los sedicentes demandantes pudiera generar, nos permitimos acompañar signado "A", el siguiente instrumento: Copia certificada del Acta de la Junta Directiva de nuestra poderdante, celebrada en fecha Veinte (20) de Noviembre de 2006 y autenticada por ante la Notaría Pública Segunda de Valencia, Estado Carabobo en fecha Veintiuno (21) de Noviembre de 2006, quedando anotado bajo el Nro.: 58, Tomo 234 de los Libros de Autenticaciones llevados por la referida Notaría, todo ello a los fines de combatir la improcedente impugnación mediante la presentación del citado instrumento y la convalidación del Instrumento Poder inútilmente atacado.…”
c) Sentencia interlocutoria dictada el 22 de enero de 2007, por el Tribunal Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Bancario de esta Circunscripción Judicial, en la cual se lee:
“…De conformidad con los criterios contenidos en la decisión copiada, los cuales son aplicables al caso de autos, pues en la causa el impugnante tampoco solicito la exhibición de los documentos mencionados en el poder, los cuales muy por el contrario a lo alegado por el impugnante, si fueron señalados al momento del otorgamiento del poder (estatutos sociales de Administración CCCP C.A. -folio 69 vto, renglón 38 al 51), por lo que se declara improcedente la impugnación y valido y eficaz el poder cuestionado.
Por las razones de hecho y derecho antes explanadas, este Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario y Bancario de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, declara:
PRIMERO: SIN LUGAR LA IMPUGNACIÓN DEL PODER efectuada por el abogado MANUEL BELLERA CAMPI en representación de la parte actora JOSÉ SANTELIZ TORRES.
SEGUNDO: VALIDO Y EFICAZ el poder otorgado por el ciudadano JORGE HEEMSEN SUCRE, actuando en su carácter de Presidente de la Sociedad de Comercio ADMINISTRACIÓN C.C.C.P. C.A., parte demandada en la presente causa, a los abogados CARLOS MANUEL FIGUEREDO VILLAMIZAR e ISABEL GUERRERO DE GUILLEN.…”
d) Sentencia interlocutoria dictada el 22 de enero de 2007, por el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Bancario de esta Circunscripción Judicial, en la cual se lee:
“…Vista la cesión de derechos litigiosos efectuado por el ciudadano JOSE MANUEL SANTELIZ TORRES, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nro. 6.117.216 y de este domicilio, al ciudadano RAMÓN EDUARDO CASTILLO, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nro. 921.876 y de este domicilio; para decidir el Tribunal observa:
Establece el artículo 1.557 del Código Civil lo siguiente:
Artículo 1.557.- La cesión que hiciere alguno de los litigantes de los derechos que ventila a quien no es parte de la causa, después del acto de la contestación al fondo de la demanda y mientras no sea dictada sentencia definitivamente firme, no surte efectos sino entre el cedente y el cesionario.
Sin embargo, cuando se haga constar en los autos que la parte contraria acepta la cesión, surtirá ésta inmediatos efectos contra aquélla, y en sustitución del cedente, se hará el cesionario parte en la causa.
De la, norma anteriormente transcrita se evidencia una excepción: “Sin embargo, cuando se haga constar en los autos que la parte contraria acepta la cesión, surtirá ésta inmediatos efectos contra aquélla, y en sustitución del cedente, se hará el cesionario parte en la causa”.
De la revisión de las actas del presente expediente se observa que mediante escrito presentado por el apoderado judicial de la demandada en fecha 17 de enero de 2007, en el capitulo quinto DE. LA IMPROCEDENCIA DE LA PRESUNTA CESIÓN DE DERECHOS LITIGIOSOS, la parte demandada denuncia que no fue notificada de la cesión de los derechos litigiosos y que NO ACEPTA CESION, la cual para ella debe reputarse como inexistente.
En consecuencia, en la presente causa no se encuentran satisfechos los extremos exigidos por el artículo 1557 del Código Civil, ya que la cesión de derechos litigiosos se produjo después del acto de la contestación de la demanda y la demandada en la presente causa rechazó expresamente dicha cesión, por lo que la misma solo surtirá efectos entre el cedente y el cesionario y así se decide…”
e) Diligencias de fechas 30 de enero de 2007, suscrita por el abogado MANUEL BELLERA, en su carácter de apoderado judicial de la parte demandante mediante las cuales apela de las sentencia dictadas en fechas 22/01/2007, por el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil.
f) Auto dictado el 12 de diciembre de 20011, por el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de esta Circunscripción Judicial en el cual se lee:
“…En virtud de la protección de los derechos constitucionales antes nombrados esta Juzgadora oye la apelación en un solo efecto, realizada por el abogado MANUEL BELLERA CAMPI , en fecha 30 de enero de 2007, donde suscribe dos diligencias en ’.as cuales apela de las decisiones dictadas por el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Bancario y Agrario de esta Circunscripción Judicial en fecha 22 de enero de 2007, señalando en sus diligencias que las decisiones apeladas corren insertas a los folios 94 al 98, y 101 al 102 del expediente, en consecuencia remitanse copias certificadas al Tribunal, de Alzada una vez que la parte señale las mismas; y ASI SE DECIDE.
DECISIÓN
Con fundamento a lo expuesto, este Tribunal Administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por la autoridad que me confiere la ley, acogiendo la sentencia de la Sala Constitucional anteriormente citada y conforme a los artículos 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en concordancia con los artículos 14 y 206 Código de Procedimiento Civil, oye la apelación en un solo efecto. En consecuencia remítanse copias certificadas al Tribunal de Alzada una vez que la parte señale las mismas. Y ASI SE DECIDE…”

SEGUNDA.-
Observa este sentenciador que la apelación lo fue contra las sentencias interlocutorias dictadas el 22 de enero de 2007, por el Tribunal Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Bancario de esta Circunscripción Judicial, en el cual en la primera de ellas, declaró sin lugar la impugnación del poder y válido y eficaz el poder otorgado por el ciudadano JORGE HEEMSEN SUCRE, y en la segunda se pronunció sobre la cesión de derechos litigiosos, donde expresa que en la presente causa no se encuentran satisfecho los extremos exigidos en por el artículo 1557, del Código Civil, ya que la cesión de los derechos litigiosos se produjo después del acto de la contestación de la demanda
El abogado MANUEL BELLERA CAMPI, en su carácter de apoderado judicial de la parte demandante, en su escrito de impugnación de poder, que en base al poder el abogado no puede obrar en nombre y por cuenta de la demandada, porque la concesión de dicho poder no fue autorizada por la junta directiva, que por si solo el Presidente no puede constituir apoderados validamente, que el presidente debe limitarse a ejecutar la decisión de la junta; que al momento de otorgar el instrumento, el Presidente de la demandada no enunció ni tampoco exhibió el acta de la junta directiva que le autorizaba para otorgar ese poder, lo cual contradice el texto del artículo 155 de Código de Procedimiento Civil, lo cual vicia el poder.
A su vez el abogado CARLOS MANUEL FIGUEREDO, apoderado judicial de la parte demandada, en su escrito de respuesta a la impugnación, solicito la inadmisibilidad de la solicitud de impugnación, que la parte actora tampoco solicitó la exhibición de documentos para la licitud del conferimiento en la oportunidad correspondiente, por lo que precluyo que la oportunidad que podía tener, que el accionante solicita la citación de la parte demandada su poderdante, ADIMINISTRACIÓN CCCP, S.A., en la persona del Presidente ciudadano JORGE HEERMSEN SUCRE, es decir la misma persona natural que con el carácter otorgó el poder hoy cuestionado; que la cláusula séptima de los Estatutos de su poderdante expresamente a las facultades que en cuanto a la vida útil de la sociedad tiene su Junta Directiva la cuales (el conferir poderes), las ejerce por medio de su presidente y nada dice acerca de la necesidad de la autorización de la Junta directiva conste en acta alguna y al no exigirlo la norma estatutaria ni norma legal alguna mal puede señalarse como omisión, que es improcedente la cesión de de derecho litigiosos porque su poderdante no fue notificada de la referida cesión y que dicho negocio jurídico produce efectos exclusivamente a favor del cesionario y no contra terceros, que mal puede el ciudadano RAMON EDUARDO CASTILLO arrogarse el carácter de demandante en el presente juicio, ya que dicha cesión surte efectos entre el cedente y el cesionario, manifestando la no aceptación de dicha cesión.
El Código de Procedimiento Civil estable en sus artículos:
155.- “Si el poder fuere otorgado a nombre de otra persona natural o jurídica, o fuere sustituido por el mandatario, el otorgante deberá enunciar en el poder y exhibir alo funcionario los documentos auténticos, gacetas, libros o registros que acrediten la representación que ejerce. El funcionario que autorice el acto hará constar en la nota respectiva, lo documentos gacetas, libros o registros que le han sido exhibidos, con expresión de sus fechas, origen o procedencia y demás datos que concurran a identificarlos, sin adelantar ninguna apreciación o interpretación jurídica de los mismos”.
156.- “Si la parte pidiere la exhibición de los documentos gacetas, libros o registros mencionados en el poder, el apoderado deberá exhibirlos para su examen por el interesado y el Tribunal, en la oportunidad que se fije al efecto. En dicho acto, la parte interesada hará las observaciones que crea pertinentes al Tribunal y éste resolverá dentro de los tres días sobre la eficacia del poder. La inasistencia del solicitante al acto del examen de los documentos exhibidos, dará por válidos y eficaz el poder y a falta de exhibición de los documentos requeridos quedará desechado, y así lo hará constar el juez en el acta respectiva”.
La Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia dictada en 12 de abril de 2005, en el expediente N° AA20-C-2004-00254, asentó:
“…Adicionalmente, este Alto Tribunal ha indicado respecto a la impugnación del mandato judicial lo siguiente:
“... La impugnación del mandato judicial debe estar orientada más que a resaltar la carencia o deficiencia de los aspectos formales del documento, hacia aquellos de fondo necesarios para que el mismo pueda considerarse eficaz, es decir los requisitos intrínsecos que de no estar presentes en él, puedan hacerlo inválido para los efectos de la representación conferida, entre otros la identificación del poderdante, o el no haber sido otorgado ante la autoridad competente capaz de darle fe pública y carácter de documento auténtico. Vale decir que la intención del legislador no puede considerarse dirigida al ataque de meros defectos formales de los cuales pudiera adolecer el mandato.
Al respecto, la Sala en sentencia de fecha 11 de noviembre de 1999, se pronunció en los siguientes términos:
“...Es muy importante tener en cuenta que la impugnación del mandato judicial está creada para corroborar si la persona que otorgó el poder en nombre de otra, detenta la representación que aduce y que tal impugnación no está diseñada por el legislador para atacar simples defectos de forma. Se permite la Sala, para ilustrar sobre este particular, transcribir un extracto de su criterio plasmado en la sentencia Nº 310 de fecha 8 de abril de 1999 (caso Fogade e Inmobiliaria Cadima), que es del tenor siguiente: ‘Es muy importante resaltar que la impugnación, se repite, no está diseñada para detectar el incumplimiento de requisitos de forma, sino más bien para detectar si el otorgante de un poder en nombre de otro, carece de la representación suficiente para la realización del acto. De igual forma, no puede el litigante limitarse a impugnar sino que debe desplegar una efectiva actividad probatoria: o pide la exhibición de los documentos, libros, registro o gacetas o prueba que el otorgante carecía de facultad para otorgar el poder’....”.
Al respecto la Sala advierte, que la escritura de mandato, objeto de la impugnación, y que fue otorgado al abogado Carlos César González Coffi, por el ciudadano Artur Soares Ferreira, cumple con los requisitos de identificación del mandante y del mandatario, fue otorgado ante la Notaría Pública Tercera del Municipio Libertador del Distrito Federal, se concedió para que el apoderado representara y defendiera los derechos e intereses del representado ante el Tribunal Supremo de Justicia. Así mismo, es oportuno señalar que consta en autos que antes de estar concluida la sustanciación del caso bajo decisión, fue otorgado en la Secretaría de la Sala, poder apud acta por el demandante, mediante el cual se instituyó apoderados a varios profesionales del derecho y entre ellos al abogado antes mencionado, quien tuvo a su cargo la consignación del escrito de formalización.
Por lo ya expresado y vistos los argumentos invocados, los cuales se refieren a aspectos formales del documento poder, se desecha la impugnación. En consecuencia, se declara, improcedente la pretensión del impugnante. Así se decide...”. (Sent. 11/11/99, reiterada en fecha 21/9/04, caso: Poliflex C.A., contra Manuel Padilla Fuerte).
En este orden de ideas, el tratadista patrio Ricardo Henríquez La Roche, al comentar el artículo 156 del Código de Procedimiento Civil, expresa: “...Como ocurre por lo común, la contraparte puede inspeccionar extra litem los recaudos en la oficina correspondiente, impugnar luego la eficacia del poder y cargar al poderdante la prueba de su cualidad de representante del litigante...Los documentos que manda a exhibir este artículo son relativos a la prueba del carácter del representante de otro, sean de origen legal o convencional que tenga el poderdante; no conciernen, como se ha visto en el estudio del artículo 155, a las pruebas de las facultades que pueda tener el poderdante para conferir al apoderado ciertas potestades de disposición como las que señala el artículo 154, ni tiene relación alguna con la suficiencia del poder...”(Código de Procedimiento Civil”. Tomo I, Págs. 474-476). …
….No obstante, la Sala observa que el juez de alzada ha debido advertir que la impugnación del poder fue efectuada en forma irregular, pues para que pueda tenerse como válidamente presentada se requiere que el impugnante solicite en esa misma oportunidad la exhibición de los documentos, libros, registro o gacetas, o en su defecto, probar que la otorgante carecía de facultad para otorgar el poder; y en el supuesto de que la demandada no cumpliera con la formalidad de exhibir los documentos en la fecha y hora fijada por el tribunal, entonces resultaría ineficaz ese mandato judicial. (Destacados de Alzada)….”
En el caso sub examine, el abogado MANUEL BELLERA, en su carácter de apoderado judicial de la parte accionante, en su escrito en el cual impugno el poder no solicitó la exhibición los documentos, gacetas, libros o registros mencionados, en el poder, ni probó que el otorgante carecía de facultad para otorgar el poder; pues solo se limitó a señalar que se contradecía el artículo 155 del Código de Procedimiento Civil.
En observancia al criterio jurisprudencial antes transcrito, observa este sentenciador que la impugnación realizada por el abogado MANUEL BELLERA, apoderado actor, no puede tenerse como validamente presentada al no haber requerido la exhibición de los documentos, libros, registro o gacetas, o en su defecto, probar que la otorgante carecía de facultad para otorgar el poder; y que en el supuesto de que la parte demandada no cumpliera con la formalidad de exhibir los documentos en la fecha y hora fijada por el tribunal, entonces resultaría ineficaz ese mandato judicial, tal como lo dispone el artículo 156 del Código de Procedimiento Civil; por otra parte, es importante señalar que la obligación prevista en el artículo 155 ejsudem, sólo persigue que quién otorgue poder en nombre de otro, haga constar en la nota respectiva que el funcionario tuvo a la vista los documentos que le atribuyen el carácter de representante legal; ello con el propósito de facilitar a los interesados la búsqueda, revisión y verificación de los documentos allí expresados; y en el caso autos se encuentra cumplido ya que de los dos poderes que cursan en autos, otorgados por el Presidente de la sociedad mercantil ADMINISTRACIÓN C.C.C.P., S.A., ciudadano JORGE HEEMSEN SUCRE, los Notarios dejaron constancia que les fue presentado para su vista documentos Constitutivo Estatutario de la demandada, y Acta de la Junta Directiva, de los cuales se desprende que el mencionado ciudadano JORGE HEEMSEN SUCRE es el Presidente de la sociedad mercantil demandada; aunado, al hecho a que la parte actora le reconoce tal carácter en el libelo de demanda, al solicitarle al tribunal a-quo cite a la empresa demandada en la persona de su presidente ciudadano JORGE HEEMSEN SUCRE; en consecuencia al no tenerse como valido la impugnación, como ya se señalo, se considera valido y eficaz el poder cuestionado, Y ASI SE DECIDE.
En consecuencia la apelación interpuesta por la abogado MANUEL BELLERA, en su carácter de apoderado judicial de la parte demandante, ciudadano JOSE SANTELIZ TORRES, contra la sentencia interlocutoria dictada el 22 de enero de 2007, dictada por el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Bancario de esta Circunscripción Judicial, no puede prosperar; Y ASI SE DECIDE.
En cuanto a la cesión de los derechos litigios efectuada por el ciudadano JOSE SANTELIZ TORRES al ciudadano RAMON EDUARDO CASTILLO
El Código Civil, establece en sus artículos:
1.549.- “La venta o cesión de un crédito, de un derecho o de una acción son perfectas y el derecho cedido se transmite al cesionario, desde que haya convenido sobre el crédito o derecho cedido y el precio, aunque no se haya hecho la tradición”
1.557.- “La cesión que hiciere alguno de los litigantes de los derechos que ventila a quien no es parte en la causa, después del acto de la contestación al fondo de la demanda y mientras no sea dictada sentencia definitivamente firme, no surte efectos sino entre el cedente y el cesionario.
Sin embargo, cuando se haga constar en los autos que la parte contraria acepta la cesión, surtirá ésta de inmediato efectos”.
La cesión del derecho se transmite al cesionario con el convenio sobre el derecho cedido y el precio y que el cesionario asume la responsabilidad del cedente, pero se limita sus efectos en el proceso frente a la contraparte, por lo que al no aceptar la demandante la cesión realizada, se prohíbe al cesionario que irrumpa en el proceso como parte; por lo que la cesión solo surte efecto entre el cedente y el cesionario.
Observa este Sentenciador de la revisión de las actas que conforman el presente expediente que el demandante ciudadano JOSE SANTELIZ FLORES, cedió al ciudadano RAMON EDUARDO CASTILLO, y que el abogado CARLOS FIGUEREDO, apoderado judicial de la parte demandada, no aceptó dicha cesión, es por lo que esta Alzada no puede reconocerle efectos jurídicos; dejándose a salvo las obligaciones que de esta pudieran derivarse entre el cedente y el cesionario, ya que la cesión solo surte efectos ente el cedente y el cesionario, Y ASI SE DECIDE.
Es por lo que, la apelación interpuesta por la abogado MANUEL BELLERA, en su carácter de apoderado judicial de la parte demandante, ciudadano JOSE SANTELIZ TORRES, contra la sentencia interlocutoria dictada el 22 de enero de 2007, dictada por el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Bancario de esta Circunscripción Judicial, no puede prosperar; Y ASI SE DECIDE.

TERCERA.-
Por las razones antes expuestas este Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, Bancario, y del Tránsito de esta Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECLARA: PRIMERO: SIN LUGAR la apelación interpuesta el 30 de enero del 2012, por el abogado MANUEL BELLERA, en su carácter de apoderado judicial de la parte accionante, ciudadano JOSE SANTELIZ TORRES, contra la sentencia interlocutoria dictada el 22 de enero de 2007, por el Juzgado Tercero de Primero Instancia en lo Civil, Mercantil y Bancario de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo.- SEGUNDO: SIN LA IMPUGANCIÓN DEL PODER efectuada por el abogado MANUEL BELLERA en representación de la parte demandante, ciudadano JOSE SANTELIZ TORRES. En consecuencia, valido y eficaz el poder otorgado por el ciudadano JORGE HEEMSEN SUCRE, actuando en su carácter de Presidente de la sociedad de comercio ADMINISTRACIÓN CCCP, S.A. parte demandada, a los abogados CARLOS MANUEL FIGUEREDO VILLAMIZAR E ISABEL GUERERRO DE GUILLEN.- TERCERO.- SIN LUGAR la apelación interpuesta el 30 de enero del 2012, por el abogado MANUEL BELLERA, en su carácter de apoderado judicial de la parte accionante, ciudadano JOSE SANTELIZ TORRES, contra la sentencia interlocutoria dictada el 22 de enero de 2007, por el Juzgado Tercero de Primero Instancia en lo Civil, Mercantil y Bancario de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo.-

Queda así CONFIRMADAS las sentencias interlocutorias objeto de la presente apelación.

No hay condenatoria en constas dada la naturaleza del presente fallo.

Líbrese Oficio al Juzgado “a-quo” informándole sobre las resultas del presente fallo.

PUBLIQUESE

REGISTRESE

DEJESE COPIA

Dada, firmada, y sellada en la Sala de despacho del Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, Bancario y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo.- En Valencia, a los siete (07) días del mes de febrero del año dos mil trece (2013). Años 202° y 153°.

El Juez Titular,

Abg. FRANCISCO JIMENEZ DELGADO

La Secretaria,

MILAGROS COROMOTO GONZALEZ MORENO

En la misma fecha, y siendo la 01:00 p.m., se dictó y publicó la anterior sentencia. y se libró Oficio No. 083/13.-

La Secretaria,

MILAGROS COROMOTO GONZALEZ MORENO