TSJ Regiones - Decisión

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

EN SU NOMBRE
EL JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y BANCARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO CARABOBO.
Valencia, 18 de Enero de 2013
201º y 153º
DEMANDANTE: BANCO PROVINCIAL S.A., BANCO UNIVERSAL.
DEMANDADO: RENE ARMANDO GIL TORTOLERO, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nro. 8.762.706.
APODERADOS DE LA PARTE ACTORA: PEDRO LÓPEZ NAVARRO y MARIA ISELA SERRANO MATEHUS, abogados en ejercicio, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nros 2.330 y 26.132, respectivamente.
DEFENSOR AD LITEM: GERARDO JOSÉ PRADO USECHE, abogado en ejercicio, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 141.093.
MOTIVO: RESOLUCION DE CONTRATO DE VENTA CON RESERVA DE DOMINIO
EXPEDIENTE: 22.851
SENTENCIA: INTERLOCUTORIA – REPOSICIÓN.

De la revisión minuciosa del expediente el Tribunal observa:
La presente es una demanda de RESOLUCION DE CONTRATO DE VENTA CON RESERVA DE DOMINIO, intentada por los abogados PEDRO LÓPEZ NAVARRO y MARIA ISELA SERRANO MATEHUS, abogados en ejercicio, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nros 2.330 y 26.132, respectivamente, en su condición de apoderados judiciales de la sociedad mercantil BANCO PROVINCIAL S.A., BANCO UNIVERSAL, inscrito originalmente ante el Registro de Comercio llevado por el entonces Juzgado de Primera Instancia en lo Mercantil del Distrito Federal, el 30 de septiembre de 1.952, anotado bajo el Nº 488, Tomo 2-B, que fue transformado en Banco Universal según consta de documento inscrito en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal (hoy Distrito Capital) y Estado Miranda, el 03 de diciembre de 1996, bajo el Ntro. 56, Tomo 337-A Pro, cuyos estatutos vigentes se encuentran inscritos ante el mencionado Registro Mercantil en fecha 17 de marzo de 2011, bajo el Nro 28, Tomo 49-A, contra el ciudadano RENE ARMANDO GIL TORTOLERO, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nro. 8.762.706, domiciliado en Guatire Estado Miranda
En fecha 13 de junio de 2012, fue presentada por ante el Tribunal Distribuidor de Primera Instancia de esta Circunscripción Judicial, para ese entonces Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Bancario de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, quedando por distribución en este Juzgado, siendo admitida en fecha 22 de junio de 2012, donde se emplazo a la parte demandada a que compareciera ante el Tribunal a los fines de contestar la demanda al 2do día de despacho siguiente una vez que constara en auto la practica de su citación, más 2 días por término de distancia, librándose comisión al Juzgado del Municipio Zamora de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda.
En fecha 27 de junio del 2012, la parte actora consigno las copias a los fines de que se elaborara la compulsa y solicito se le designara correo especial, en fecha 03 de junio de 2012, este Tribunal dictó un auto en la cual designa como correo especial a la abogada MARIA ISELA SERRANO, ya identifica, en su condición de apoderada judicial de la parte actora.
Y cumplidas como fueron las diligencias e impulso de la parte actora con el fin de citar al demandado, en la cual se cumplió con la publicación del cartel y consignación del mismo, ante el Juzgado del Municipio Zamora de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda.
En fecha 25 de octubre de 2012, se recibió ante este Juzgado las resultas de dichas actuaciones, y en fecha 28 de noviembre de 2012, la abogada MARIA ISELA SERRANO, mediante diligencia solicito se nombrara Defensor Ad litem a la parte demandada.
En fecha 03 de diciembre de 2012, este Tribunal nombró como defensor Ad litem al abogado GERARDO JOSÉ PRADO USECHE, inscrito en el Inpreabogado Nro. 141.093, siendo debidamente notificado el 09 de enero de 2013 (folios 68 y 69), quien en fecha 11 de enero de 2013, aceptó tal designación y juro cumplir bien y fielmente con los deberes inherentes al mismo, en fecha 15 de enero de 2013, venció el lapso para contestar la demanda, lapso este en que el defensor no contestó la misma, siendo el defensor ad litem del demandado su Defensor de Oficio, aceptando el cargo y prestado juramento de ley, se constituye en un verdadero representante de la parte demandada en el juicio, equiparable a un apoderado judicial, con la diferencia que su actuación no deriva de la voluntad del mandante, como en la representación voluntaria, sino, directamente de la ley, su designación es aplicación del principio de bilateralidad del proceso, que le imprime una estructura dialéctica y realización de la garantía constitucional de la defensa en juicio, que es un derecho inviolable.
En tal sentido es menester considerar lo siguiente:
El artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, dispone que “...la defensa y la asistencia jurídica son derechos inviolables en todo estado y grado de la investigación y del proceso...”, en concordancia con este precepto constitucional, el artículo 15 del Código de Procedimiento Civil, establece que los jueces garantizarán el derecho de defensa y mantendrán a las partes en los derechos y facultades comunes a ellas, sin preferencias ni desigualdades y en los privativos de cada una, las mantendrán respectivamente, según lo acuerde la ley a la diversa condición que tengan en el juicio, sin que puedan permitir ni permitirse ellos, extralimitaciones de ningún género. En este sentido, referido a la asistencia jurídica y defensa de las partes cuando la defensa proviene de un defensor de oficio designado por el Tribunal, en virtud de no haberse logrado la citación de la parte demandada, nuestro máximo Tribunal, en fecha 05 de noviembre de 2010, en Sala de Casación Civil, (caso Isobel del Valle Ron contra Transportaciones y Soldaduras Técnicas S.A.), ratificó el criterio sobre la institución de la defensoría ad litem y su propósito dentro del proceso civil venezolano. Criterio jurisprudencial, establecido en Sala Constitucional en sentencia de fecha 14 de abril de 2005, caso Jesús Rafael Gil, de la siguiente manera:
“...la designación de un defensor ad litem se hace con el objeto de que el demandado que no pueda ser citado personalmente, sea emplazado y de este modo se forme la relación jurídica procesal que permita el desarrollo de un proceso válido, emplazamiento que incluso resulta beneficioso para el actor, ya que permite que la causa pueda avanzar y se logre el resultado perseguido como lo es la sentencia; el abogado que haya sido designado para tal fin juega el rol de representante del ausente o no presente, según sea el caso y tiene los mismos poderes de un apoderado judicial, con la diferencia que, su mandato proviene de la Ley y con la excepción de las facultades especiales previstas en el artículo 154 del Código de Procedimiento Civil. Por tanto, mediante el nombramiento, aceptación de éste, y respectiva juramentación ante el juez que lo haya convocado, tal como lo establece el artículo 7 de la Ley de Juramento, se apunta hacia el efectivo ejercicio de la garantía constitucional de la defensa del demandado… Omissis… Sin embargo en el caso de autos, el abogado designado como defensor del demandado no cumplió con los deberes inherentes a su cargo, puesto que se evidencia del estudio hecho a las actas, que una vez aceptado el cargo y juramentado para el cumplimiento de dicha actividad, su participación en la defensa de los derechos de su representado fue inexistente, ya que el mismo no dio contestación a la demanda interpuesta y ni siquiera impugnó la decisión que le fue adversa a dicho representado; por lo que visto que el defensor ad litem tiene las mismas cargas y obligaciones establecidas en el Código de Procedimiento Civil con respecto a los apoderados judiciales, esta negligencia demostrada por el abogado Jesús Natera Velásquez, quien juró cumplir bien y fielmente con los deberes impuestos, dejó en desamparo los derechos del entonces demandado. Aunado a lo anterior, considera esta Sala que el juez como rector del proceso debe proteger los derechos del justiciable, más aún cuando éste no se encuentra actuando personalmente en el proceso y su defensa se ejerce a través de un defensor judicial, pues como tal debe velar por la adecuada y eficaz defensa que salvaguarde ese derecho fundamental de las partes, por lo que en el ejercicio pleno de ese control deberá evitar en cuanto le sea posible la transgresión de tal derecho por una inexistente o deficiente defensa a favor del demandado por parte de un defensor ad litem. Asimismo, ha sido criterio de la doctrina que el artículo 15 del Código de Procedimiento Civil constriñe al Juez a evitar el perjuicio que se le pueda causar al demandado, cuando el defensor ad litem no ejerce oportunamente una defensa eficiente, ya sea no dando contestación a la demanda, no promoviendo pruebas o no impugnando el fallo adverso a su representado, dado que en tales situaciones la potestad del juez y el deber de asegurar la defensa del demandado le permiten evitar la continuidad de la causa, con el daño causado intencional o culposamente por el defensor del sujeto pasivo de la relación jurídica procesal en desarrollo; por lo que corresponderá al órgano jurisdiccional -visto que la actividad del defensor judicial es de función pública- velar porque dicha actividad a lo largo de todo el iter procesal se cumpla debida y cabalmente, a fin de que el justiciable sea real y efectivamente defendido...”.
Es criterio de esta juzgadora, que la indefensión causada por la indebida asistencia jurídica que prestan los defensores ad litem a las personas que no se han logrado citar al procedimiento judicial, constituye una flagrante violación al derecho a la defensa y a la debida asistencia jurídica que como derechos constitucionales consagrados en los artículos 21, 26 y 49, Ordinal 1° de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, son inviolables en todo estado y grado de la causa, por lo que, al constatarse que en un proceso, el defensor de oficio designado por el Tribunal, no ha cumplido con las obligaciones que le impone la Ley y el Código de Ética del Abogado, y que con su actuación ha causado indefensión a la parte demandada, el Tribunal debe aun de oficio, restituir el derecho a la defensa conculcado, mediante la declaratoria de nulidad de las actuaciones procesales cumplidas por el defensor ad litem, de conformidad con lo establecido en el articulo 206 del Código de Procedimiento Civil, dado que dichas actuaciones nunca llegaron a cumplir el fin al cual estaban destinadas, esto es, la cabal y debida defensa y asistencia jurídica de la parte demandada.
Dado lo anterior, se evidencia que en aplicación de los preceptos constitucionales y los nuevos postulados de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, no es admisible que el defensor ad litem deje contactar a su defendido, o que cumpla cualquier otra actuación procesal referida al derecho a la defensa de su patrocinado –como lo son contestar la demanda, promover pruebas e informes en la causa-, y que por ello, se apliquen al demandado las consecuencias adversas, que la omisión del cumplimiento de dichas cargas procesales le pudieren ocasionar. A tenor de lo anterior, considera el Tribunal, que el remedio procesal para subsanar tal injuria constitucional es la reposición de la causa a estado de designar un nuevo defensor de oficio a los fines de garantizar la defensa idónea de la parte que no se ha logrado citar al proceso, y en consecuencia, declarar nulas las actuaciones cumplidas por el defensor ad litem que ha incumplido con sus deberes procesales y éticas.
Por las razones de hecho y de derecho antes explanadas, este Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Bancario de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, administrando Justicia en nombre de la Republica Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, REVOCA el mandato legal conferido hoy Defensor Ad Litem y en consecuencia REPONE la causa al estado de DESIGNAR DEFENSOR AD LITEM, para la defensa de la parte demandada de autos y se anulan todas las actuaciones posteriores a la designación del anterior defensor de oficio. Y así se decide.-
En tal sentido se ordena la notificación de la parte actora de la presente decisión.
La Juez Provisorio,

Abg. OMAIRA ESCALONA La Secretaria,

Abg. Carmen E., Martínez,

En la misma fecha se libró boleta de notificación.-

La Secretaria,