REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL Juzgado Cuarto de Primera Instancia de Juicio del Circuito Judicial Laboral de Puerto Cabello Puerto Cabello, treinta y uno de enero de dos mil trece 202º y 153º ASUNTO: GH22-X-2013-000002 DEMANDANTE; BOLIVARIANA DE PUERTOS, S.A. (BOLIPUERTOS), mediante su apoderado judicial Abg. FRANCISCO JOSE PEÑA, inscrito en el Ipsa bajo el Nº 144.249. DEMANDADA; INSPECTORIA DEL TRABAJO DE LOS MUNICIPIOS PUERTO CABELLO Y JUAN JOSE MORA DEL ESTADO CARABOBO. MOTIVO; MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSION DE EFECTOS DE LA PROVIDENCIA DICTADA EN FECHA 21-MARZO-2012. SENTENCIA INTERLOCUTORIA Admitido como ha sido el presente recurso de nulidad; aperturado el respectivo cuaderno de medidas; y estando en la oportunidad procesal correspondiente, este Juzgado pasa a pronunciarse sobre la solicitud de suspensión de efectos del acto administrativo impugnado, de conformidad con los artículos 104 y 105 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, al respecto se observa; En materia de suspensión de efectos de los actos administrativos, la jurisprudencia ha considerado que las medidas cautelares consolidan el principio de protección jurisdiccional; y el derecho a la tutela judicial efectiva, consagrados en los artículos 259 y 26 de la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela. Así mismo, por ser una excepción a los principios de ejecutividad y ejecutoriedad los cuales informan al Derecho Administrativo, así como de la presunción de legalidad y veracidad de la cual goza el acto administrativo emitido, por lo que el Juez Contencioso Administrativo laboral en su función de cautela, debe ser cuidadoso al momento de apreciar y ponderar la pertinencia de una medida, como en el presente caso, al decidir la suspensión o no de los efectos de un acto. Ahora bien, el acto administrativo cuya suspensión se pide ante éste órgano jurisdiccional se presume dictado con apego a la ley, es decir, el acto administrativo goza de una presunción de legalidad, al haber sido dictado por la Inspectoría del Trabajo de los Municipios Puerto Cabello y Juan José Mora del Estado Carabobo, la cual posee competencia y atribuciones contempladas en la ley para el ejercicio de la actividad administrativa; es por ésta especial razón, que el tribunal al decretar judicialmente la suspensión de cualquier acto administrativo, el cual supone una excepción a los principios antes referidos; debe tomar en consideración todas las circunstancias facticas que rodean el caso concreto, y siendo que la recurrente alega lo siguiente: “por cuanto Bolivariana de Puertos en su carácter de patrono del ciudadano RAIMUNDO ANTONIO CONTRERAS MARQUEZ, si demostró fehacientemente que el cargo desempeñado por él, es considerado por la ley…. de confianza, tal como lo confiesa él mismo… y que la descripción del nuevo cargo son las mismas que venía desempeñando, solo que en otro departamento, pero dentro de la misma empresa y con la misma remuneración…” (Cursivas del tribunal). Ahora bien, examina este Tribunal la necesidad de la concurrencia de los elementos constitutivos como lo son; del fumus boni iuris; del periculum in mora; y del periculum in damni, para la procedencia de lo solicitado; en relación al primer elemento, dicho requisito no puede derivar únicamente de la sola afirmación del interesado, sino que se debe acreditar en el expediente las pruebas que sustenten sus dichos; en cuanto al periculum in mora se tiene que la ejecución del acto administrativo, debe causar perjuicios al interesado, peligro éste calificado por el legislador como grave; asentado lo anterior, resulta necesario analizar si en el caso de autos es procedente o no la medida de suspensión de efectos de la resolución impugnada, a cuyo fin se observa lo siguiente: En cuanto al requisito periculum in mora advierte el tribunal, que la recurrente señaló en relación a la medida solicitada lo siguiente: “… de la cuenta individual del ciudadano Raimundo Contreras, en la Dirección General de Afiliados y Prestaciones de Dinero del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, donde consta que desde el 01-06-2012, este ciudadano presta sus servicios laborales para la empresa Venezolana de Vidrio, C.A…”. En este sentido, se advierte que en cuanto a este elemento el tribunal observa que el mismo representa la indispensabilidad para evitar que la ejecución del acto recurrido produzca a la parte interesada perjuicios de imposible o difícil reparación, lo cual indica que el periculum in mora constituye el peligro especifico de un daño que pueda causarse, siempre y cuando no sea extensible al sujeto débil de la relación, considerando que se encuentra en juego, el sustento del trabajador, dada la naturaleza alimentaria de la relación de trabajo la cual no se encuentra controvertida; en consecuencia, es criterio de quien aquí suscribe, que vista la confesión de la parte recurrente en relación a que el ciudadano Raimundo Contreras Márquez, recibió el pago de sus prestaciones sociales en fecha 29-07-2011, según se evidencia de cheque y comprobante de fondos Nº 1057, situación que adminiculada al reconocimiento que hace la recurrente sobre el hecho que el ciudadano Raimundo Contreras se encuentra trabajando para otra empresa; es por lo que quien decide llega a la conclusión en declarar su improcedencia, por no existir el periculum in mora, en el caso que nos ocupa; aunado al hecho cierto de la necesidad de la presencia de los elementos suficientes y precisos que pudieran permitirle concluir objetivamente sobre la irreparabilidad del daño por la decisión dictada, caso que no ocurrió en este asunto. Finalmente, éste Tribunal dando cumplimiento a la obligación de velar porque la decisión se fundamente no sólo en un simple alegato de perjuicio, sino en la argumentación y la acreditación de hechos concretos de los cuales nazca la presunción en cuanto al perjuicio de los derechos de la parte recurrente, estima que no están presentes los requisitos exigidos para acordar la medida cautelar de suspensión de efectos solicitada, es decir, el elemento periculum in mora, circunstancia factica ésta, que lleva a la convicción de quien juzga; y con fuerza a todas las consideraciones ut supra indicadas, a concluir que resulta improcedente la solicitud de suspensión de los efectos del acto administrativo de efectos particulares contenidos en Providencia Administrativa, e inoficioso el análisis respecto a los otros supuestos de procedencia, pues su cumplimiento debe ser concurrentes. Y así se declara. DISPOSITIVA En virtud de la precedente declaratoria este Tribunal Cuarto de Primera Instancia de Juicio tanto del Nuevo Régimen como del Régimen Procesal Transitorio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo sede Puerto Cabello. Administrando Justicia en Nombre de la REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA y por Autoridad de la Ley DECLARA IMPROCEDENTE la medida de suspensión de efectos del acto administrativo de efectos particulares recurrido contenido en Providencia Administrativa Nº 00132-2012, de fecha 21-marzo-2012, emanada de la Inspectoria del Trabajo de los Municipios Puerto Cabello y Juan José Mora del Estado Carabobo. Publíquese, Regístrese y déjese copia,- Dada, Firmada y sellada en la sala de despacho del Juzgado Cuarto de Primera Instancia de Juicio tanto del Nuevo Régimen como del Régimen Procesal Transitorio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, sede Puerto Cabello. En Puerto Cabello, a los treinta y un (31) días del mes de enero de dos mil trece (2013). Abg. ALFREDO CALATRAVA SANTANA. Juez Cuarto de Primera Instancia de Juicio del Trabajo. Abg. YANEL YAGUAS DIAZ. Secretaria