REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE
EL JUZGADO SUPERIOR EN LO CIVIL Y CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE LA REGIÓN CENTRO NORTE
PALACIO DE JUSTICIA, SEDE VALENCIA, ESTADO CARABOBO
Valencia, 03 de diciembre de 2013
Año 203° y 154°

Expediente Nº 15.225


En fecha 29 de noviembre de 2013, la ciudadana Katiusca Coromoto Camacho Peña, titular de la cédula de identidad Nro. V-10.988.948, debidamente asistida por el abogado José Manuel Arteaga Stelling, titular de la cédula de identidad Nro. V-7.563.322, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado Bajo el Nº 43.407, interpuso ante este Juzgado, acción de Amparo Constitucional contra la Gobernación del Estado Cojedes, por la presunta violación de los derechos consagrados en los artículos 87, 89, 91 y 93 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

En fecha 29 de noviembre de 2013, este Juzgado le dio entrada al presente Amparo Constitucional.






-I-
DE LA COMPETENCIA

A los fines de decidir acerca de la admisión de la presente solicitud de amparo constitucional, debe este Juzgado en primer término determinar la competencia para conocer de la misma, y a tal efecto observa:

Ha sido indicado reiteradamente por éste Juzgado que, la competencia de los Tribunales de la Jurisdicción Contencioso Administrativa para conocer de las acciones autónomas de amparo viene determinada en primer lugar, en razón del criterio de afinidad entre la materia que constituye el ámbito de competencia natural de dicha jurisdicción y la naturaleza del derecho pretendidamente vulnerado, lo que constituye la competencia en razón de la materia. Además, es necesario precisar el órgano del cual emana el acto, hecho u omisión que se pretende atentatorio de los derechos o garantías constitucionales, puesto que tal aspecto define cual es el Tribunal de Primera Instancia, dentro de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, que le corresponde el conocimiento de la acción.

A tal efecto se observa que en el presente caso se denuncia la presunta violación de los derechos y garantías constitucionales contenido en los artículos 87, 89, 91 y 93 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; norma constitucional ésta que en el caso bajo análisis se insertan dentro de una relación jurídico administrativa funcionarial, razón por la cual su conocimiento corresponde a la Jurisdicción Contencioso Administrativa, la acción ejercida contra la Gobernación del Estado Cojedes, órgano éste cuyo control jurisdiccional en materia funcionarial corresponde al Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Norte.

En consecuencia, este Tribunal se declara competente para conocer de la presente causa en primera instancia, y así se establece.-


-II-
DE LA PRETENSIÓN

La parte quejosa fundamentó el amparo ejercido sobre la base de los siguientes argumentos de hecho y de derecho:

Que: “Ingrese a trabajar para la Gobernación del Estado Cojedes, en fecha Quince (15) de Febrero del año Mil Novecientos Noventa y Siete (1997), según consta en Resolución Nº 075, emanada de la Secretaria General de Gobierno del Ejecutivo Regional del Estado Cojedes, de fecha Tres (03) de Abril del año Mil Novecientos Noventa y Siete (1997), desempeñando el cargo de PLANIFICADOR II...”.

Que: “...en fecha Quince de Abril del año Mil Novecientos Noventa y Nueve (1999), y según consta en Resolución Nº 248, luego de una reducción de personal por reajuste presupuestario, fui Reubicada en el cargo de PLANIFICADOR II, adscrito a la Dirección de Desarrollo Local y Participación Ciudadana...Omissis... Posteriormente, y según consta en Resolución Nº 056/09, de fecha Veinte (20) de mayo del año Dos Mil Nueve (2009) fui ascendida al cargo PLANIFICADOR III, adscrita a la Dirección General Sectorial de Desarrollo Local y Participación Ciudadana, efectivo a partir del Dos (02) de Enero del año Dos Mil Nueve (2009)...”.

Que: “En fecha Dos (02) de Noviembre del año Dos Mil Diez (2010), fui designada PRESIDENTA DEL FONDO DE CRÉDITO POPULAR (FONCREP), adscrita a la Gobernación del Estado Cojedes, según consta en Decreto 305/2010, cargo que comencé a ejercer en fecha Diecinueve (19) de Noviembre del año Dos Mil Diez (2010)...Omissis... en esa misma fecha... Omissis... solicite con fundamento en (sic artículo 26 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, Licencia no Remunerada...Omissis... la cual me fue otorgada por la Oficina de Personal de la Gobernación del Estado Cojedes, según consta en oficio 1.757 de fecha Primero de Diciembre del año Do Mil Diez (2010)”.

Que en fecha: “Veintiocho (28) de Noviembre del año Dos Mil Once (2011), me fue renovada la Licencia no Remunerada, según consta en oficio 1.894, para continuar ejerciendo el cargo de PRESIDENTE DEL FONDO DE CRÉDITO POPULAR (FONCREP),...Omissis... cargo que desempeñe hasta el día Quince (15) de Abril del año Dos Mil Doce (2012), cuando fui removida por ordenes del Gobernador del Estado Cojedes, a través de oficio S/N”.

Que: “Consta en Decreto 470/2012, de fecha Dieciséis (16) de Abril del año Dos Mil Doce (2012), fui designada DIRECTORA GENERAL SECTORIAL DE DESARROLLO ECONÓMICO ENDÓGENO, adscrita a la Gobernación del Estado Cojedes...Omissis...Cargo que desempeñe hasta el día Veintidós de Mayo del año Dos Mil Trece (2013)”.

Que: “...según consta en oficio S/N de fecha Veintidós (22) de Mayo del año Dos Mil Trece (2013), fui notificada de la REMOCIÓN DEL CARGO que venía desempeñando hasta esa fecha como DIRECTORA GENERAL SECTORIAL DE DESARROLLO ECONÓMICO ENDOGENO, adscrita al Ejecutivo Regional, por ordenes de la actual Gobernadora del Estado Cojedes, alegando que el referido cargo es de Confianza y por ende de Libre Nombramiento y Remoción”.

Finalmente, solicita “...la RESTITUCIÓN DE MIS DERECHOS Y GARANTÍAS CONSTITUCIONALES VIOLADOS y ordene al Ejecutivo Regional del Estado Cojedes, mi REINCORPORACIÓN EFECTIVA al carago de PLANIFICADOR JEFE, adscrita a la DIRECCIÓN GENERAL SECTORIAL DE DESARROLLO LOCAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA...”.


-III-
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

Determinado lo anterior pasa el Tribunal a pronunciarse en los siguientes términos:

La jurisprudencia ha señalado en forma reiterada y pacífica que la acción de amparo por su naturaleza extraordinaria y restablecedora, ha de ser capaz, suficiente y adecuada para lograr que el mandamiento de amparo que se otorgue se baste por sí solo, sin necesidad de acudir a otro u otros procesos judiciales para volver las cosas al estado jurídico en que se encontraban previo al momento de la vulneración y hacer desaparecer definitivamente el acto o hecho lesivo o perturbador. Para ello, el accionante debe invocar y demostrar que se trata de una violación constitucional flagrante, grosera, directa e inmediata sin que sea necesario al Juzgador recurrir a su fundamento normativo para detectar o determinar si la violación constitucional al derecho denunciado se ha efectivamente consumado. De no ser así, ha dicho la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (cuyos criterios son vinculantes a tenor de lo dispuesto en el artículo 335 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela), que no se trataría de una acción constitucional de amparo, sino de otro tipo de recurso. Al respecto, en sentencia de fecha 13 de agosto de 2001 (caso: Gloria América Rangel Ramos), precisó las condiciones bajo las cuales opera la acción de amparo constitucional y, al efecto se pronunció de la siguiente manera:
“(…) La acción de “amparo constitucional” opera bajo las siguientes condiciones:
a) Una vez que los medios judiciales ordinarios han sido agotados y la situación jurídico constitucional no ha sido satisfecha; o
b) Ante la evidencia de que el uso de los medios judiciales ordinarios, en el caso concreto y en virtud de su urgencia, no dará satisfacción a la pretensión deducida.
La disposición del literal a), es bueno insistir, apunta a la comprensión de que el ejercicio de la tutela constitucional por parte de todos los jueces de la República, a través de cualquiera de los canales procesales dispuestos por el ordenamiento jurídico, es una característica inmanente al sistema judicial venezolano; por lo que, en consecuencia, ante la interposición de una acción de amparo constitucional, los tribunales deberán revisar si fue agotada la vía ordinaria o fueron ejercidos los recursos, que de no constar tales circunstancias, la consecuencia será la inadmisión de la acción, sin entrar a analizar la idoneidad del medio procedente, pues el carácter tuitivo que la Constitución atribuye a las vías procesales ordinarias les impone conservar o restablecer el goce de los derechos fundamentales, por lo que bastaría con señalar que la vía existe y que su agotamiento previo es un presupuesto procesal a la admisibilidad de la acción de amparo.”

Aplicando el criterio antes transcrito, el Tribunal observa que en el caso de marras, se ha intentado una acción de amparo constitucional contra la Gobernación del Estado Cojedes y aún cuando ha sido invocado el derecho constitucional consagrado en los artículos 87, 89, 91 y 93 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, estima el Tribunal necesario establecer que nos encontrarnos en presencia de una solicitud que encuadra dentro de una relación administrativa funcionarial que pretenden un hacer de la Administración más allá de la restitución de la situación jurídica infringida, siendo así, debe establecerse que la pretensión que aquí se quiere hacer valer, no es susceptible de ser satisfecha mediante la acción de amparo constitucional, por cuanto para ello existe el recurso contencioso administrativo funcionarial.

Aplicando el criterio expuesto en líneas precedentes, teniendo en cuenta que existe una vía judicial diversa al amparo constitucional para ventilar las controversias que devienen de una relación de empleo público, el cual de conformidad con lo establecido en el artículo 93 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, es el recurso contencioso administrativo funcionarial, estima este Órgano Jurisdiccional que la presente solicitud debe ser declarada INADMISIBLE, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 5º del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. Así se decide.-


-IV-
DECISIÓN

Por todas las razones expuestas, este Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Centro Norte, actuando con la competencia constitucional que le es atribuida, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara INADMISIBLE la acción de amparo constitucional interpuesta por la ciudadana Katiusca Coromoto Camacho Peña, titular de la cédula de identidad Nro. V-10.988.948, debidamente asistida por el abogado José Manuel Arteaga Stelling, titular de la cédula de identidad Nro. V-7.563.322, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado Bajo el Nº 43.407, contra la Gobernación del Estado Cojedes, de conformidad a lo establecido en el artículo 6, numeral 5, de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales.

Publíquese, y déjese copia certificada de la presente decisión.

El Juez Provisorio,

ABG. JOSÉ GREGORIO MADRIZ DÍAZ

El Secretario,

ABG. SADALA JOSÉ MOSTAFA ESPINOZA

Expediente Nº 15.225.

El Secretario,

ABG. SADALA JOSÉ MOSTAFA ESPINOZA



JGM/Zaholaix.-
Diarizado Nº _____