REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA EN SU NOMBRE EL JUZGADO SUPERIOR EN LO CIVIL Y CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE LA REGIÓN CENTRO NORTE PALACIO DE JUSTICIA, VALENCIA, ESTADO CARABOBO Valencia, 17 de Diciembre de 2012 Años: 202° y 153° Expediente Nº 9.766 En fecha 29 de enero de 2002, la ciudadana MARELIS SILVA, titular de la cédula de identidad N° V- 7.577.180, asistida por los abogados YARISOL FIGUEIRA DE DÍAZ y WILFREDO REQUENA, inscritos en el Inpreabogado bajo los Nros. 40.560 y 67.273, respectivamente, interpone Querella Funcionarial por Diferencia de Prestaciones Sociales, contra el CONSEJO LEGISLATIVO DEL ESTADO YARACUY, ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Agrario y del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy. En fecha 06 de marzo de 2002, el Juzgado de Primera Instancia en lo Agrario y del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy, le dio entrada, se anotó en los libros respectivos y se admitió la presente demanda. En fecha 13 de enero de 2004, la Juez Mary Salcedo del Juzgado Segundo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo del Régimen Procesal Transitorio de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy, se abocó al conocimiento de la presente causa. En fecha 14 de septiembre de 2004, el Juzgado Segundo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo del Régimen Procesal Transitorio de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy, se dictó auto donde se ordenó remitir las actuaciones al Juzgado Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo del Régimen Procesal Transitorio de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy. En fecha 09 de diciembre de 2004, el Juzgado Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo del Régimen Procesal Transitorio de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy, dictó decisión mediante la cual declinó la competencia de la presente causa en este Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Norte. En fecha 24 de enero de 2005, se le dio entrada y se anota en los libros respectivos. En fecha 27 de junio de 2005, se dictó auto mediante el cual se admitió la presente causa y se libraron las notificaciones respectivas. En fecha 09 de junio de 2009, la abogada DORIS MARÍN ROA, titular de la cédula de identidad N° V- 7.913.212, e inscrita en le Inpreabogado bajo el N° 49.868, en su carácter de apoderada judicial de la Procuraduría General del Estado Yaracuy, presentó escrito mediante el cual solicitó la perención de la instancia. En esta misma fecha el ciudadano JOSÉ GREGORIO RODRÍGUEZ, en la condición de Juez Temporal, se aboca al conocimiento de la presente causa. -I- CONSIDERACIONES PARA DECIDIR Observa el Tribunal que la causa en análisis permaneció paralizada desde el veintisiete (27) de junio de 2005, hasta el nueve (09) de junio de 2009, fecha en la cual la parte querellada presentó escrito solicitando la perención en la presente causa, es decir, en dicho lapso no se ejecuto ningún acto que demostrara el interés procesal por las partes en el presente recurso, razón por la cual quien decide pasa a determinar si operó en el caso de autos la perención, y se hace previa las consideraciones siguientes. El fundamento de la figura procesal de la perención es la presunción de abandono del proceso por las partes que en él intervienen, vista su inactividad dentro del plazo establecido en la ley, siendo la perención de carácter objetivo, irrenunciable y de estricto orden público, por lo que basta que ocurra la falta de gestión procesal para que se cumpla su declaratoria, es decir, la inercia de las partes, pero también ocurre cuando se evidencia la paralización de la causa por el transcurso de determinado tiempo, sin que la parte que tenga la carga de impulsar el proceso realice algún acto de impulso, o cuando la parte encargada de impulsar el proceso no cumpla con las obligaciones prescritas por la ley y la jurisprudencia. Al respecto, es oportuno destacar que la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en Sentencia de fecha 18 de enero de 2006 (Caso: Sara Francheschi de Corao, y Otros, vs Ministerio del Interior y Justicia), señaló lo siguiente: “la perención de la instancia es un modo de terminación anormal del proceso que se verifica por la no realización, en un período mayor de un año, de actos de procedimiento destinados a mantener en curso el proceso…”. Es preciso entender entonces, que la figura procesal en referencia constituye, así, un medio diseñado por la ley con el propósito de evitar que los procesos se perpetúen y los órganos de administración de justicia se vean obligados a procurar la composición de causas en las cuales no existe interés por parte de los sujetos procesales en su continuación (vid. Sentencia dictada por la Sala Constitucional de este máximo Tribunal, en fecha 14 de diciembre de 2001, caso: DHL Fletes Aéreos, C.A.). Se trata así, del simple cumplimento de una condición objetiva que no toma en cuenta la voluntariedad de las partes, es decir, no considera los motivos que éstas tuvieron y por los cuales se mantuvo paralizada la causa, sino que el simple transcurso del tiempo de un año de inactividad origina de pleno derecho la declaratoria de perención. Ahora bien, con la entrada en vigencia de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, la cual establece en su Título IV, Capitulo I, Sección Tercera, la institución procesal de la perención, se estableció lo siguiente: “Artículo 41. Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes, salvo que el acto procesal siguiente le corresponda al juez o jueza, tal como la admisión de la demanda, la fijación de la audiencia y la admisión de prueba declarada la perención, podrá interponerse la acción inmediatamente después de la declaratoria”. De la norma anteriormente transcrita, se desprende, que la perención de la instancia opera cuando la causa ha permanecido paralizada por más de un año, debiendo contarse dicho lapso a partir de la fecha en que se haya efectuado el último acto de procedimiento, cumplido el cual el tribunal podrá, sin más trámites, declarar consumada la perención de oficio o a instancia de parte (vid. Sentencias de la Sala Político Administrativo del Tribunal Supremo de Justicia, N° 00038, de fecha 19 de enero de 2011, y Nº 00546, de fecha 28 de abril de 2011). En razón de lo anteriormente mencionado, quien decide considera pertinente señalar además de lo ya dicho, que mediante decisión Nº 1378, de fecha 5 de noviembre de 2008, dictada por la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, precisó que la perención también se produce aún en aquellos casos en los que el proceso se encuentre paralizado en espera de una actuación que corresponde únicamente al juez, salvo cuando el tribunal haya dicho ‘vistos’ y el juicio entre en etapa de sentencia, estado que debe entenderse como el referido a la decisión de fondo (vid. Sentencias de la Sala Político Administrativa, Nº 0650, de fecha 6 de mayo de 2003, Nº 1.473, de fecha 7 de junio de 2.006 y Nº 0645, de fecha 3 de mayo de 2007). Ahora bien, examinadas las actas procesales que integran el presente expediente, se constata que la causa estuvo paralizada desde el veintisiete (27) de junio de 2005, hasta el nueve (09) de junio de 2009, transcurriendo más de un (1) año, lapso en el cual irremediablemente operó la perención, ya que como se dijo ésta es de carácter objetivo, irrenunciable y de estricto orden público. Así se decide.- -II- DECISIÓN Por las consideraciones de hecho y de derecho precedentemente expuestas, este Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Norte, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara la PERENCIÓN y en consecuencia la EXTINCIÓN DE LA INSTANCIA. PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE Y ORDENE EL ARCHIVO DEL EXPEDIENTE. Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Norte, en Valencia, a los diecisiete (17) día del mes de diciembre del año dos mil doce (2.012). Años 202° de la Independencia y 153° de la Federación. El Juez Temporal, ABG. JOSÉ GREGORIO RODRÍGUEZ La Secretaria, ABG. NORMA FERRER GONZÁLEZ. JGR/Dona Diarizado Nº____