REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
Tribunal Séptimo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo
Valencia, Dos (02) de Agosto de dos mil Doce
202º y 153º
ASUNTO: GP02-L-2012-001449
DEMANDANTE: LUIS LOPEZ
DEMANDADOS: ASOCIACION COOPERATIVA LOS FABRICANTES, R. L. Y GABRIEL DE VENEZUELA, C. A.
ASUNTO: COBRO DE PRESTACIONE SOCIALES
Con vista a la demanda por Cobro de Prestaciones Sociales, intentada por el ciudadano LUIS LOPEZ en contra de las Demandadas ASOCIACION COOPERATIVA LOS FABRICANTES, R. L. Y GABRIEL DE VENEZUELA, C. A., este Tribunal luego de haber revisado minuciosamente la diligencia suscrita por el abogad JOENNY SUAREZ GUTIERREZ en ejercicio J, inscrito en el IPSA bajo el Nº 102.654, de subsanación del libelo de la demanda, ordenado por auto de fecha 23/07/2012, encuentra que la parte actora no subsanó suficientemente lo ordenado, en virtud de las siguientes consideraciones:
“…PRIMERO: Aclare si la prestación de servicio se encuentra vigente, por cuanto menciona en su libelo a la parte actora como activo (folio 1) y en el folio 13 menciona que la prestación de servicio culmino en fecha 06/05/2012
SEGUNDO: Quien contrató los Servicios directos y personales de la parte actora.
TERCERO: Concreción sobre el objeto de la demanda, si se trata de una acción mero declarativa o cobro de derechos prestacionales derivados de la prestación de servicio.
CUARTO: Siendo que Ley prevé un lapso de 3 años para la regularización de situación generada por la tercerización, indique si considera a la parte actora mercerizado.
QUINTO: Fecha de constitución de la Cooperativa demandada.
SEXTO: Cuantifique los derechos demandados de conformidad con la Convención Colectiva de la empresa demandada GABRIEL DE VENEZUELA, indicando la respectiva operación aritmética.
SEPTIMO: Señale razones de hecho y de derecho para aplicar la Ley Orgánica del Trabajo Vigente cuando manifiesta en su libelo que la relación de trabajo culminó antes de su promulgación
OCTAVO: Procedencia legal para reclamar prestaciones sociales cuando la prestación de servicios, presuntamente está vigente.
NOVENO: Aclare a éste Tribunal basamento para realizar el calculo de los días prorrateados de los conceptos demandados.
Del Cobro de Prestaciones Sociales se observa que el trabajador señaló una serie de supuestos, los cuales se le ordenaron que aclarara mediante Despacho Saneador
De una revisión de la diligencia no se observa que la apoderada de la parte actora haya subsanado lo ordenado por este Juzgado, con respecto a la variabilidad de las pretensiones alegadas por el actor.
En virtud de lo anterior, quien decide, considera que los puntos del auto contentivo del despacho saneador, no fueron subsanados tal y como fueron solicitados y así se decide.
En virtud de lo anteriormente expuesto y a los fines de evitar demandas ininteligibles, oscuras, ambiguas y exageradas en su cuantía, por cuanto que este Juzgado no conoce la procedencia del salario variable, lo cual no solo va en contra de lo ordenado por este Tribunal sino en contra de la Ley y del reglamento de la misma, cegándole la posibilidad a este Juzgado de darle al trabajador lo que le corresponde y a los fines de impulsar un procedimiento transparente, que pudieran inducir al Juez a cometer errores de cálculo al momento de dictar sentencia por admisión de hechos en virtud de la incomparecencia de la parte demandada a la primigenia audiencia preliminar.
En vista de las inconsistencias verificadas por esta juzgadora, es que se ordena y así lo reitero, un despacho saneador, a los fines de determinar la procedencia con base de cálculo de lo reclamado por la apoderada de la parte actora, no cumpliendo en consecuencia lo ordenado por este Juzgado, desmejorando la condición del trabajador como débil económico y no jurídico.
La Sala Social del Tribunal Supremo de Justicia, ha señalado de manera reiterada que el despacho saneador constituye una manifestación contralora que faculta al Juez de revisar in limine litis, un claro debate procesal o evitar la excesiva o innecesaria actividad jurisdiccional que pueda afectar el proceso, controlando la demanda y la pretensión en ella contenida, y que la misma sea adecuada para obtener una sentencia ajustada a derecho en la oportunidad de la incomparecencia de la parte demandada a la primigenia audiencia preliminar en la que el Juez deba dictar una sentencia de presunción de admisión de hechos, tomando como cierto lo reclamado por el trabajador en los hechos más no en el derecho.
Así mismo, la Ley Adjetiva Procesal, le da al Juez del Trabajo la potestad de examinar la demanda al inicio del procedimiento y de advertir algún error u omisión que pueda ser corregido o subsanado, para que el procedimiento se inicie sin obstáculos de ninguna especie, facilitando la decisión del asunto.
Ahora bien, es importante destacar lo que dispone el artículo 123 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, en su numeral 3°, cuando expone:
“Toda demanda que se intente ante un Tribunal del Trabajo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución se presentará por escrito y deberá contener los siguientes datos:
3. El objeto de la demanda, es decir, lo que se pide o reclama. (Resaltado de este Tribunal).
Con relación a los requisitos de la demanda, el procesalista A. Rengel-Romberg, en su Tratado de Derecho Procesal Civil Venezolano, señala:
“Como se ha visto (…), la pretensión procesal es el objeto del proceso, y todas las conductas que intervienen organizadamente en el proceso, giran en torno a la pretensión. Así, la conducta principal del demandante consiste en hacer valer o plantear la pretensión; la del demandado, en oponerse a ella o satisfacerla; y la del juez, en examinarla en su mérito para acogerla o rechazarla.
Por ello, estos requisitos de forma de la demanda tienden a favorecer la mejor formulación de la pretensión por parte del demandante y se refieren a los tres elementos que configuran la pretensión procesal: los sujetos, el objeto y el título o causa petendi (…)” (Rengel Romberg. Tratado de Derecho Procesal Civil Venezolano. Tomo III. Pág. 29).
Con relación a la pretensión, el mismo autor expresa:
“La afirmación contenida en la pretensión se concreta en la alegación de que entre las partes existe una determinada relación o estado jurídico de que entre las partes existe una determinada relación o estado jurídico que se dice violada, o amenazada, o en estado de incertidumbre; y como el conflicto puede surgir, bien por una diversa apreciación de los hechos por una parte de los sujetos (quaestio facti) o bien por una diversa valoración de las normas jurídicas aplicables (quaestio juris), la afirmación ha de consistir, en esencia, en la participación del conocimiento de hechos o de derechos que se hace al juez para apoyar la resolución solicitada.
En la pretensión hay una petición. El sujeto pide al juez una resolución con autoridad de cosa juzgada que reconozca la consecuencia jurídica solicitada.
El actor no puede limitarse a exponer al juez el estado de cosas o conjunto de circunstancias de hecho que constituyen su afirmación, y dejar al juez en la libertad de sacar de ellas las consecuencias jurídicas que él quiera atribuirles o reconocerles, pues a unos mismos hechos, el ordenamiento jurídico puede atribuir diversas consecuencias jurídicas y el que pretende la tutela del derecho, debe precisar lo que pide. Por tanto, simultáneamente con la afirmación de hecho contenida en la pretensión, ésta debe contener también la petición, que no es otra cosa que el requerimiento dirigido al juez para que dicte una sentencia reconociendo la consecuencia jurídica que el sujeto atribuye, en conformidad con la ley, a los hechos afirmados. Por ello, algunos autores hablan también de una “afirmación de derecho correlativa con la afirmación de hecho” (A. Rengel Romberg. Tratado de Derecho Procesal Civil Venezolano. Tomo II. Pág. 110).
En virtud de los razonamientos anteriormente expuestos, es forzoso para este Juzgado Séptimo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, declarar en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, que la misma es INADMISIBLE, todo de conformidad con lo establecido en el artículo 124 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Publíquese y Regístrese.
La Juez.,
ABG. ADRIANA MARQUEZ VALDECANTOS
La Secretaria.,
Abg. TEYLU SEPULVEDA
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