REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA EN SU NOMBRE JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO CARABOBO CON SEDE EN VALENCIA Asunto: GP02-L-2011-002260 Parte demandante: Ciudadano CARLOS AGÜERO DÍAZ, titular de la cédula de identidad número 10.322.570. Parte demandada: CÍTRICAS BEJUMA, C.A. Motivo: COBRO DE PRESTACIONES SOCIALES.- Vista la diligencia de fecha 27 de julio de 2012, presentada ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos por los abogados Francisco Matute Navarro y Mónica Montilla, inscritas en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los números 133.823 y 78.875, respectivamente, actuando como apoderados judiciales de la parte demandante y accionada –en su orden- , contentiva del acuerdo transaccional concertado entre las partes, se hacen las siguientes consideraciones: El numeral 2 del artículo 89 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, concordado con el artículo 19 de la Ley Orgánica del Trabajo., las Trabajadoras y los Trabajadores, establecen los requisitos que debe reunir las transacciones que se refieran a derechos laborales a los fines de que sea susceptible de homologación por el órgano jurisdiccional o autoridad administrativa del trabajo y adquiera la eficacia de la cosa juzgada. Pero, además, el artículo 256 del Código de Procedimiento Civil, señala: “…Las partes pueden terminar el proceso pendiente, mediante la transacción celebrada conforme a las disposiciones del Código Civil...” En ese orden de ideas, el artículo 1.714 del Código Civil, expresa: “…Para transigir se necesita tener capacidad para disponer de las cosas comprendidas en la transacción…” Por su parte, el artículo 154 del Código de Procedimiento Civil, textualmente señala: “...El poder faculta al apoderado para cumplir todos los actos del proceso que no estén reservados expresamente por la ley a la parte misma; pero para convenir en la demanda, desistir, transigir, comprometer en árbitros, solicitar la decisión según la equidad, hacer posturas de remates, recibir cantidades de dinero y disponer del derecho en litigio, se requiere facultad expresa...” En consecuencia, corresponde a los jueces laborales velar que el acto transaccional cumpla con tales requisitos antes de su proceder a impartirle la homologación correspondiente, todo garantizar la eficacia de la cosa juzgada y así evitar futuros litigios sobre lo transado, contribuyendo con ello al mantenimiento de la seguridad jurídica y paz social. Con fundamento en tales premisas, se observa que en el escrito libelar la parte demandante, con motivo de la relación de trabajo que alega le vinculó con la demandada, desde el 07 de enero de 2010 al 10 de enero de 2011, ha pretendido obtener el pago de Bs.19.080,20, suma que comprende lo reclamado por los conceptos de: indemnizaciones por despido injustificado, prestación de antigüedad, utilidades, vacaciones, bono vacacional y beneficio previsto en la Ley de Alimentación para los Trabajadores, mientras que también ha reclamado los intereses sobre la prestación de antigüedad. De igual modo se aprecia que en la contestación a la demanda la representación de la demandada alegó que, en fecha 24 de enero de 2011, se produjo la terminación de la relación de trabajo que le vinculó con el demandante. Tomando en consideración tales referencias, se advierte que la transacción subexamine ha sido concertada con posterioridad al término de la relación sostenida entre las partes y contiene una relación circunstanciada de los hechos que la motivan y los derechos en ella comprendidos, con motivo de la cual la parte demandada ofrece pagar al accionante la suma de SEIS MIL BOLIVARES (Bs.6.000,00), lo cual fue aceptado por el demandante. De igual modo se aprecia que abogados Francisco Matute Navarro y Mónica Montilla, inscritas en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los números 133.823 y 78.875, respectivamente, actuando como apoderados judiciales de la parte demandante y accionada –en su orden-, aparecen expresamente autorizados para concertar transacciones en nombre de sus patrocinados. Como consecuencia de las anteriores consideraciones, este Juzgado Cuarto de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, con sede en Valencia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, le imparte su homologación al acuerdo transaccional alcanzado por sus intervinientes a los fines de que tenga fuerza de cosa juzgada, en tanto sus intervinientes tienen capacidad para acceder al mismo y comporta recíprocas concesiones respecto de los conceptos y derechos discutidos en el presente juicio siendo que, en relación con los mismos, cumple con los requisitos establecidos en numeral 2 del artículo 89 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en el artículo 19 de la Ley Orgánica del Trabajo, las Trabajadoras y los Trabajadores, todo en concordancia con lo dispuesto en los artículos 154, 255 y 256 del Código de Procedimiento Civil, aplicables analógicamente a tenor de lo previsto en el artículo 11 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. No hay condenatoria en costas a tenor de lo establecido en el parágrafo único del artículo 62 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Publíquese y regístrese. Déjese copia autorizada de la presente decisión. Al primer día del mes de agosto de 2012.- El Juez, Eddy Bladismir Coronado Colmenares La Secretaria, María Alejandra Guzmán Gimón En la misma fecha se dictó, publicó y registró la anterior sentencia, siendo las 04:25 p.m. La Secretaria, María Alejandra Guzmán Gimón