REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

EN SU NOMBRE
POR AUTORIDAD DE LA LEY
JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y BANCARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO CARABOBO.-
Valencia, 17 de abril de 2012
201º y 153º

DEMANDANTE: IGOR MAXIMILIANO LÓPEZ CABRERA, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-16.597.273, de este domicilio.
APODERADA JUDICIAL DE LA PARTE ACTORA: TAIMEN LÓPEZ DE GUEDEZ, titular de la cédula de identidad Nº V-7.048.692, abogada en ejercicio, inscrita en el Inpreabogado bajo el Nº 45.132.
DEMANDADA: DANIELA DEL PILAR DUQUE MANEIRO, venezolana, mayor de edad, titular de la cedula de identidad N° V-19.321.208, de este domicilio.
DEFENSOR JUDICIAL DE LA PARTE DEMANDADA: FRANCISCO ALBERTO CHIRINOS MENDOZA, abogado en ejercicio, titular de la cédula de identidad Nº V-5.375.263, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 79.121.
MOTIVO: DIVORCIO.
EXPEDIENTE: 22.034.
SENTENCIA: INTERLOCUTORIA.
I
Sustanciada como fue la presente causa, se procede a dictar el pronunciamiento correspondiente, en los términos siguientes:
Por escrito presentado en fecha 19 de junio de 2009, por el ciudadano IGOR MAXIMILIANO LÓPEZ CABRERA, asistido por la abogada TAIMEN LÓPEZ DE GUEDEZ, interpuso formal demanda de DIVORCIO, contra su cónyuge, ciudadana DANIELA DEL PILAR DUQUE MANEIRO.
La demanda fue admitida el 26 de junio de 2009, se ordenó el emplazamiento de la demandada, y la notificación a la Fiscal Décimo Octava del Ministerio Público en Materia de Familia de esta Circunscripción Judicial.
Al folio 10, consta diligencia suscrita por el ciudadano IGOR MAXIMILIANO LÓPEZ CABRERA, asistido de abogado, donde consignó compulsa y emolumentos para la práctica de la citación de la demandada.-
Al folio 11, riela diligencia suscrita por el Alguacil de este Tribunal con la finalidad de dejar constancia haber recibido la compulsa y los emolumentos para la práctica de la citación de la demandada.-
Al folio 12, corre agregado poder apud-acta otorgado por el ciudadano IGOR MAXIMILIANO LÓPEZ CABRERA, a la abogada TAIMEN LÓPEZ DE GUEDEZ.-
Al folio 13, riela diligencia suscrita por el Alguacil de este Tribunal, donde consigna compulsa librada a la demandada, en virtud de que la parte actora manifestó en su libelo de demanda que la ciudadana DANIELA DEL PILAR DUQUE MANEIRO, se encuentra fuera del país.-
Al folio 19 y 20, corre diligencia de fecha 07 de julio de 2009, suscrita por el alguacil en la que deja constancia haber notificado a la ciudadana Fiscal Décima Octava del Ministerio Público.-
En fecha 27 de octubre de 2009, la Juez Provisorio de este Despacho, se aboco al conocimiento de la presente causa, así mismo se designó correo especial a la abogada TAIMEN LÓPEZ DE GUEDEZ.- (folio 22)
En fecha 15 de diciembre de 2009, el Tribunal dictó auto donde acordó oficiar a la Oficina de Migración y Zonas Fronterizas (Departamento de Movimiento Migratorio) de la Oficina de Identificación y Extranjería ONI-DEX, se libró oficio N° 1813.- (folios 23 y 24)
Consta a los folios 25 al 27, oficio N° 089-201, de fecha 18-01-2010, emanado de la Dirección de Migración del Departamento de Movimientos Migratorios, donde informan que la ciudadana DANIELA DEL PILAR DUQUE MANEIRO, registra movimientos migratorios.-
Al folio 28, corre diligencia de fecha 01 de febrero de 2010, donde la apoderada judicial de la actora, solicita la citación por cartel de la demandada, siendo acordado por este Tribunal en fecha 08 de febrero de 2010.-
Consta a los folios 31 al 33, oficio N° 114-2010, de fecha 20-01-2010, emanado de la Dirección de Migración del Departamento de Movimientos Migratorios, donde informan que la ciudadana DANIELA DEL PILAR DUQUE MANEIRO, registra movimientos migratorios.-
Al folio 34, corre diligencia de fecha 14 de octubre de 2010, donde la apoderada judicial de la actora, solicita nuevamente la citación por cartel de la demandada, por cuanto le fue extraviada la anterior, siendo acordado por este Tribunal en fecha 20 de octubre de 2010.-
A los folios 37 al 46, corre diligencia de fecha 26 de noviembre de 2010, suscrita por la apoderada judicial de la parte actora, donde consigna los ejemplares del cartel publicados por prensa.-
Al folio 47, corre diligencia de fecha 05 de abril de 2011, suscrita por la apoderada judicial de la parte actora, donde solicita la designación de un Defensor Judicial a la parte demandada, siendo acordado en fecha 02 de mayo de 2011.-
En fecha 06 de mayo de 2011, el abogado LUIS CRUCES, en su carácter de defensor ad-litem, se excusó de aceptar el cargo.- (folio 54)
En fecha 18 de mayo de 2011, el Tribunal designó nuevo defensor judicial a la parte demandada, abogado FRANCISCO ALBERTO CHIRINOS MENDOZA. (folio 56 y 57), siendo notificado por el alguacil de este Tribunal en fecha 07 de junio de 2011 (folio 58).-
En fecha 10 de junio de 2011, el abogado FRANCISCO ALBERTO CHIRINOS MENDOZA, en su carácter de defensor ad-litem, aceptó el cargo y presto juramento de ley.- (folio 60)
Al folio 61, consta que en fecha 26 de Julio de 2011, tuvo lugar el PRIMER ACTO CONCILIATORIO del presente Juicio, al cual se hizo presente la parte actora, ciudadano IGOR MAXIMILIANO LÓPEZ CABRERA, debidamente asistido de la abogada TAIMEN MARÍA LÓPEZ DE GUEDEZ. Igualmente se dejó constancia de la presencia del abogado FRANCISCO ALBERTO CHIRINOS MENDOZA, en su carácter de defensor judicial de la parte demandada ciudadana DANIELA DEL PILAR DUQUE MANEIRO.
Al folio 62, consta que en fecha 24 de octubre de 2011, tuvo lugar el SEGUNDO ACTO CONCILIATORIO del presente Juicio, al cual se hizo presente la parte actora, ciudadano IGOR MAXIMILIANO LÓPEZ CABRERA, debidamente asistido de la abogada TAIMEN MARÍA LÓPEZ DE GUEDEZ, el Tribunal deja constancia de que la parte demandada ciudadana DANIELA DEL PILAR DUQUE MANEIRO, no asistió al mencionado acto, ni por si ni por medio de apoderado judicial, asimismo el ciudadano IGOR MAXIMILIANO LÓPEZ CABRERA, debidamente asistido de abogada, insistió en la demanda que por Divorcio tiene intentada contra su cónyuge, ratificó en todas y cada una de sus partes el escrito de Demanda presentado.-
Al folio 63, la abogada TAIMEN MARÍA LÓPEZ DE GUEDEZ, en su carácter de apoderada judicial del actor, presentó diligencia con la finalidad de ratificar e insistir en todas y cada una de sus partes la demanda de Divorcio que tiene incoada su representado contra la ciudadana DANIELA DEL PILAR DUQUE MANEIRO.-
Al folio 64, riela escrito de contestación a la demanda presentada en fecha 04 de noviembre de 2011, por el abogado FRANCISCO ALBERTO CHIRINOS MENDOZA, en su carácter de defensor judicial de la parte demandada.-
A los folios 66 y 67, riela escrito de pruebas presentado por la abogada TAIMEN MARÍA LÓPEZ DE GUEDEZ, en su condición de apoderada judicial del ciudadano IGOR MAXIMILIANO LÓPEZ CABRERA (parte demandante de autos), el cual fue agregado a los autos.-
Al folio 70, corre auto dictado por este Tribunal en fecha 06 de diciembre de 2011, donde se admitieron las pruebas presentadas por la abogada TAIMEN MARÍA LÓPEZ DE GUEDEZ, en su condición de apoderada judicial del ciudadano IGOR MAXIMILIANO LÓPEZ CABRERA (parte demandante de autos), dichas pruebas fueron evacuadas en su oportunidad, tal como consta a los folios 71 al 77.-
Ahora bien, del anterior recorrido procesal se observa que el defensor judicial de la parte demandada NO PROMOVIÓ PRUEBAS, en este sentido es menester para este Tribunal considerar lo siguiente:
En el presente juicio se designó al abogado FRANCISCO ALBERTO CHIRINOS MENDOZA, inscrito en el inpreabogado bajo el No. 79.121 defensor judicial de la parte demandada, ya que había transcurrido el lapso procesal correspondiente para que la demandada se diera por citada y no compareció ni por si ni por medio de apoderado. Debidamente notificado de tal designación, aceptó el cargo en fecha 10 de junio de 2011 (folio 60). En el ejercicio de sus funciones, el defensor designado presentó oportunamente contestación a la demanda en nombre y representación de su defendida, ciudadana DANIELA DEL PILAR DUQUE MANEIRO, no obstante, no promovió prueba alguna contra la demandante, como debió haberlo hecho -en aras de asegurar una correcta y completa defensa para su patrocinado-.
Visto lo anterior, es útil resaltar que el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, dispone que “...la defensa y la asistencia jurídica son derechos inviolables en todo estado y grado de la investigación y del proceso...”, en concordancia con este precepto constitucional, el artículo 15 del Código de Procedimiento Civil, establece que los jueces garantizarán el derecho de defensa y mantendrán a las partes en los derechos y facultades comunes a ellas, sin preferencias ni desigualdades y en los privativos de cada una, las mantendrán respectivamente, según lo acuerde la ley a la diversa condición que tengan en el juicio, sin que puedan permitir ni permitirse ellos, extralimitaciones de ningún género. En este sentido, referido a la asistencia jurídica y defensa de las partes cuando la defensa proviene de un defensor de oficio designado por el Tribunal, en virtud de no haberse logrado la citación de la parte demandada, nuestro máximo Tribunal, en fecha 05 de noviembre de 2010, en Sala de Casación Civil, (caso Isobel del Valle Ron contra Transportaciones y Soldaduras Técnicas S.A.), ratificó el criterio sobre la institución de la defensoría ad litem y su propósito dentro del proceso civil venezolano. Criterio jurisprudencial, establecido en Sala Constitucional en sentencia de fecha 14 de abril de 2005, caso Jesús Rafael Gil, de la siguiente manera:
“...la designación de un defensor ad litem se hace con el objeto de que el demandado que no pueda ser citado personalmente, sea emplazado y de este modo se forme la relación jurídica procesal que permita el desarrollo de un proceso válido, emplazamiento que incluso resulta beneficioso para el actor, ya que permite que la causa pueda avanzar y se logre el resultado perseguido como lo es la sentencia; el abogado que haya sido designado para tal fin juega el rol de representante del ausente o no presente, según sea el caso y tiene los mismos poderes de un apoderado judicial, con la diferencia que, su mandato proviene de la Ley y con la excepción de las facultades especiales previstas en el artículo 154 del Código de Procedimiento Civil. Por tanto, mediante el nombramiento, aceptación de éste, y respectiva juramentación ante el juez que lo haya convocado, tal como lo establece el artículo 7 de la Ley de Juramento, se apunta hacia el efectivo ejercicio de la garantía constitucional de la defensa del demandado… Omissis… Sin embargo en el caso de autos, el abogado designado como defensor del demandado no cumplió con los deberes inherentes a su cargo, puesto que se evidencia del estudio hecho a las actas, que una vez aceptado el cargo y juramentado para el cumplimiento de dicha actividad, su participación en la defensa de los derechos de su representado fue inexistente, ya que el mismo no dio contestación a la demanda interpuesta y ni siquiera impugnó la decisión que le fue adversa a dicho representado; por lo que visto que el defensor ad litem tiene las mismas cargas y obligaciones establecidas en el Código de Procedimiento Civil con respecto a los apoderados judiciales, esta negligencia demostrada por el abogado Jesús Natera Velásquez, quien juró cumplir bien y fielmente con los deberes impuestos, dejó en desamparo los derechos del entonces demandado. Aunado a lo anterior, considera esta Sala que el juez como rector del proceso debe proteger los derechos del justiciable, más aún cuando éste no se encuentra actuando personalmente en el proceso y su defensa se ejerce a través de un defensor judicial, pues como tal debe velar por la adecuada y eficaz defensa que salvaguarde ese derecho fundamental de las partes, por lo que en el ejercicio pleno de ese control deberá evitar en cuanto le sea posible la transgresión de tal derecho por una inexistente o deficiente defensa a favor del demandado por parte de un defensor ad litem. Asimismo, ha sido criterio de la doctrina que el artículo 15 del Código de Procedimiento Civil constriñe al Juez a evitar el perjuicio que se le pueda causar al demandado, cuando el defensor ad litem no ejerce oportunamente una defensa eficiente, ya sea no dando contestación a la demanda, no promoviendo pruebas o no impugnando el fallo adverso a su representado, dado que en tales situaciones la potestad del juez y el deber de asegurar la defensa del demandado le permiten evitar la continuidad de la causa, con el daño causado intencional o culposamente por el defensor del sujeto pasivo de la relación jurídica procesal en desarrollo; por lo que corresponderá al órgano jurisdiccional -visto que la actividad del defensor judicial es de función pública- velar porque dicha actividad a lo largo de todo el iter procesal se cumpla debida y cabalmente, a fin de que el justiciable sea real y efectivamente defendido...”.
En el caso que nos ocupa, tenemos que el Abogado FRANCISCO ALBERTO CHIRINOS MENDOZA, al ser designado Defensor de Oficio, aceptado el cargo y prestado juramento de ley, se constituyó en un verdadero representante de la parte demandada en el juicio, equiparable a un apoderado judicial, con la diferencia que su actuación no deriva de la voluntad del mandante, como en la representación voluntaria, sino, directamente de la ley; su designación es aplicación del principio de bilateralidad del proceso, que le imprime una estructura dialéctica y realización de la garantía constitucional de la defensa en juicio, que es un derecho inviolable. Es criterio de esta juzgadora, que la indefensión causada por la indebida asistencia jurídica que prestan los defensores ad litem a las personas que no se han logrado citar al procedimiento judicial, constituye una flagrante violación al derecho a la defensa y a la debida asistencia jurídica que como derechos constitucionales consagrados en los artículos 21, 26 y 49, Ordinal 1° de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, son inviolables en todo estado y grado de la causa, por lo que, al constatarse que en un proceso, el defensor de oficio designado por el Tribunal, no ha cumplido con las obligaciones que le impone la Ley y el Código de Ética del Abogado, y que con su actuación ha causado indefensión a la parte demandada (como es el hecho de NO PROMOVER PRUEBAS), el Tribunal debe aun de oficio, restituir el derecho a la defensa conculcado, mediante la declaratoria de nulidad de las actuaciones procesales cumplidas por el defensor ad litem, de conformidad con lo establecido en el artículo 206 del Código de Procedimiento Civil, dado que dichas actuaciones nunca llegaron a cumplir el fin al cual estaban destinadas, esto es, la cabal y debida defensa y asistencia jurídica de la parte demandada.
Dado lo anterior, se evidencia que en aplicación de los preceptos constitucionales y los nuevos postulados de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, no es admisible que el defensor ad litem deje contactar a su defendido, o que cumpla cualquier otra actuación procesal referida al derecho a la defensa de su patrocinado –como lo son promover pruebas e informes en la causa-, y que por ello, se apliquen al demandado las consecuencias adversas, que la omisión del cumplimiento de dichas cargas procesales le pudieren ocasionar. A tenor de lo anterior, considera el Tribunal, que el remedio procesal para subsanar tal injuria constitucional es la reposición de la causa a estado de designar un nuevo defensor de oficio a los fines de garantizar la defensa idónea de la parte que no se ha logrado citar al proceso, y en consecuencia, declarar nulas las actuaciones cumplidas por el defensor ad litem que ha incumplido con sus deberes procesales y éticas.
Por las razones de hecho y de derecho antes explanadas, este Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Bancario de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, REVOCA el mandato legal conferido al hoy Defensor Ad Litem, abogado FRANCISCO ALBERTO CHIRINOS MENDOZA y REPONE la causa al estado de DESIGNAR DEFENSOR AD LITEM, para la defensa de la parte demandada de autos y se anulan todas las actuaciones posteriores a la designación del anterior defensor de oficio. Y así se decide.-
En tal sentido se ordena la notificación de la parte actora y del defensor negligente de la presente decisión.
La Juez Provisorio,

Abog. OMAIRA ESCALONA
La Secretaria,

Abog. CARMEN EGILDA MARTÍNEZ,

En la misma fecha se libraron boletas de notificación.-
La Secretaria,