TSJ Regiones - Decisión

República Bolivariana de Venezuela
JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO DEL NUEVO REGIMEN PROCESAL DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO CARABOBO,
CON SEDE EN VALENCIA

Asunto: GH02-X-2011-000167

Mediante escrito presentado en fecha 09 de Agosto de 2011 ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos del Circuito Judicial Laboral de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, con sede en Valencia, los abogados Juan Rafael Mesa y Harold D´Alessandro Sisco, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los números 66.402 y 67.342, respectivamente, actuando con el carácter de apoderados judiciales de INVERSIONES ONION 1503, C.A., interpusieron recurso contencioso administrativo de nulidad contra la providencia administrativa registrada bajo el número 0230 de fecha 16 de febrero de 2011, contenida en el expediente 080-2010-01-04048 llevado por la Inspectoría del Trabajo “César Pipo Arteaga” de los Municipio San Diego, Naguanagua y las parroquias San Blas, San José, Catedral y Rafael Urdaneta del Municipio Valencia del Estado Carabobo, mediante la cual se declaró con lugar la solicitud de reenganche y pago de salarios caídos interpuesta por la ciudadana YESSIMAR ALVAREZ, titular de la cédula de identidad número 19.322.539.

Luego de realizada la distribución aleatoria, sistematizada y equitativa de causas a través de la plataforma IURIS2000, ha correspondido a este Juzgado Cuarto de Primera Instancia de Juicio del Trabajo el conocimiento de la causa, razón por la cual se le dio entrada mediante auto de fecha 10 de agosto de 2011.

A través de autos de fecha 16 de septiembre de 2011, este órgano jurisdiccional admitió el referido recurso contencioso administrativo de nulidad y exhortó a la parte interesada a proveer los fotostatos necesarios para la apertura del presente cuaderno separado por lo que, una vez consignados, se ordenó sustanciar el presente cuaderno.

Ahora bien, estando dentro del lapso previsto en el artículo del artículo 105 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa para emitir el correspondiente pronunciamiento en sede cautelar, se hace en los siguientes términos:

I
DEL RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE NULIDAD

En el escrito contentivo del recurso contencioso administrativo de nulidad, cuya copia certificada corre inserta a los folios “04” al “16” del presente cuaderno separado, la representación de la sociedad de comercio INVERSIONES ONION 1503, C.A.:

 Refirió:

• Que en fecha 08 de diciembre de 2010, la ciudadana YESSIMAR ALVAREZ presentó ante la Inspectoría del Trabajo César “Pipo” Arteaga de los municipios Naguanagua y San Diego, así como de las parroquias San José, San Blas, Catedral y Rafael Urdaneta del municipio Valencia, todos del estado Carabobo -en lo sucesivo denominada la INSPECTORÍA DEL TRABAJO- una solicitud de reenganche y pago de salarios caídos frente a la sociedad mercantil INVERSIONES ONION 1503, C.A., en función de lo cual alegó haber sido despedida en fecha 16 de diciembre de 2010, a pesar de encontrase amparada por inamovilidad laboral especial a que se contrae el decreto presidencia N°7.154 publicado en la Gaceta Oficial de la república Bolivariana de Venezuela N° 39.334;

• Que luego de haberse notificado a sociedad de comercio INVERSIONES ONION 1503, C.A., en fecha 16 de febrero de 2011 se celebró el acto de contestación en el artículo 454 de la Ley Orgánica del Trabajo vigente para la época, oportunidad en la que la INSPECTORÍA DEL TRABAJO declaró con lugar la referida solicitud de reenganche pago de salarios caídos a través de la providencia administrativa cuya nulidad se ha demandado, sin que se instrumentara ninguna articulación probatoria, en detrimento del debido proceso y del derecho a la defensa de la sociedad de comercio INVERSIONES ONION 1503, C.A., no permitiéndosele demostrar que la ciudadana YESSIMAR ALVAREZ no se encontraba amparada por inamovilidad alguna.

 Argumentó en torno a la competencia de los tribunales laborales para la sustanciación y resolución de la demanda de nulidad de marras;

 Identificó la providencia administrativa cuya nulidad se ha demandado;

 Argumentó los vicios que se imputan a la providencia administrativa cuya nulidad se demanda, vale decir, (i) violación a las garantías del procedimiento administrativo y al debido proceso, (ir) falso supuesto de hecho, (iii) falso supuesto de derecho, (iv) infracción al principio de legalidad administrativa por inobservancia discrecional de la administración y (v) desviación de poder.

 Solicitó la tutela cautelar de suspensión de efectos la providencia administrativa 0230 de fecha 16 de febrero de 2011, contenida en el expediente 080-2010-01-04048 llevado por la INSPECTORÍA DEL TRABAJO, mediante la cual se declaró con lugar la solicitud de reenganche y pago de salarios caídos interpuesta por la ciudadana YESSIMAR ALVAREZ, titular de la cédula de identidad número 19.322.539.

II
DE LA PROCEDENCIA DE LA TUTELA CAUTELAR SOLICITADA:

Por cuanto ha sido admitida la acción de nulidad interpuesta por la sociedad de comercio INVERSIONES ONION 1503, C.A., corresponde emitir a este órgano jurisdiccional emitir su pronunciamiento en relación con la pretensión cautelar solicitada, vale decir, la suspensión de los efectos del acto administrativo cuya nulidad se ha demandado.

Para tales fines es necesario establecer que la suspensión de los efectos de los actos administrativos -en sede cautelar- constituye una medida mediante la cual, haciendo excepción al principio de ejecutoriedad del acto administrativo y a la presunción de su legalidad, se procura evitar lesiones irreparables o de difícil reparación al ejecutarse una eventual decisión anulatoria del acto, porque ello podría constituir un atentado a la garantía del derecho fundamental de acceso a la justicia y al debido proceso.

En tal sentido, el artículo 104 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.447 de fecha 16 de junio de 2010, dispone:

“Artículo 104. A petición de las partes, en cualquier estado y grado del procedimiento el tribunal podrá acordar las medidas cautelares que estime pertinentes para resguardar la apariencia del buen derecho invocado y garantizar las resultas del juicio, ponderando los intereses públicos generales y colectivos concretizados y ciertas gravedades en juego, siempre que dichas medidas no prejuzguen sobre la decisión definitiva.
El tribunal contará con los más amplios poderes cautelares para proteger a la Administración Pública, a los ciudadanos o ciudadanas, a los intereses públicos y para garantizar la tutela judicial efectiva y el restablecimiento de las situaciones jurídicas infringidas mientras dure el proceso (…)”.

Siendo así, resultaría procedente la medida cautelar de suspensión de efectos cuando se verifiquen concurrentemente los supuestos que la justifican, vale decir, que sea presumible la procedencia de la pretensión procesal principal y la necesidad de evitar perjuicios irreparables, de difícil reparación por la sentencia definitiva o la ilusoriedad del fallo, todo sin descartar la adecuada ponderación del interés público involucrado.

Significa, entonces, que deben comprobarse los requisitos de procedencia de toda medida cautelar: el riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo y la presunción grave del derecho que se reclama.

En efecto, el análisis acerca de la procedencia de la medida cautelar solicitada requiere además de la verificación del periculum in mora, el examen previo de la existencia del fumus boni iuris, pues mientras aquél es exigido como supuesto de procedencia en el caso concreto, la presunción grave de buen derecho es el fundamento mismo de la protección cautelar, dado que en definitiva sólo a la parte que posee la razón en juicio puede causársele perjuicios irreparables que deben ser evitados, bien que emanen de la contraparte o sean efecto de la tardanza del proceso.

En función de lo expuesto, pasa a verificarse si en el presente caso se ha dado cumplimiento a los referidos requisitos.

En aras de esa labor jurisdiccional, en el presente caso se advierte que la parte accionante ha alegado que en el procedimiento que sirvió de marco a la providencia administrativa impugnada, a pesar de que la representación de la sociedad de comercio INVERSIONES ONION 1503, C.A. alegó que la ciudadana YESSIMAR ALVAREZ no estaba amparada por ningún régimen de inamovilidad laboral pero que, no obstante, no se le permitió producir las probanzas que acreditasen los fundamentos de su contestación.

En función de lo expuesto la recurrente contextualiza su denuncia de violación a la garantía constitucional del debido proceso, respecto de la cual la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia ha sostenido que:

“Al respecto, es menester indicar que el derecho a la defensa y al debido proceso constituyen garantías inherentes a la persona humana y en consecuencia, aplicables a cualquier clase de procedimientos. El derecho al debido proceso ha sido entendido como el trámite que permite oír a las partes, de la manera prevista en la Ley, y que ajustado a derecho otorga a las partes el tiempo y los medios adecuados para imponer sus defensas.
En cuanto al derecho a la defensa, la Jurisprudencia ha establecido que el mismo debe entenderse como la oportunidad para el encausado o presunto agraviado de que se oigan y analicen oportunamente sus alegatos y pruebas. En consecuencia, existe violación del derecho a la defensa cuando el interesado no conoce el procedimiento que pueda afectarlo, se le impide su participación o el ejercicio de sus derechos, o se le prohíbe realizar actividades probatorias” (s. S.C. n° 05/01, del 24.01; caso: Supermercado Fátima S.R.L. Resaltado añadido).

Así, en ese mismo sentido, en otro pronunciamiento, esta Sala señaló:

“El derecho al debido proceso, consagrado en el artículo 49 de la Constitución a favor de todo habitante de la República, comprende el derecho a defenderse ante los órganos competentes, que serán los tribunales o los órganos administrativos, según el caso. Este derecho implica notificación adecuada de los hechos imputados, disponibilidad de medios que permitan ejercer la defensa adecuadamente, acceso a los órganos de administración de justicia, acceso a pruebas, previsión legal de lapsos adecuados para ejercer la defensa, preestablecimiento de medios que permitan recurrir contra los fallos condenatorios (de conformidad con las previsiones legales), derecho a ser presumido inocente mientras no se demuestre lo contrario, derecho de ser oído, derecho de ser juzgado por el juez natural, derecho a no ser condenado por un hecho no previsto en la ley como delito o falta, derecho a no ser juzgado dos veces por los mismos hechos, derecho a no ser obligado a declararse culpable ni a declarar contra sí mismo, su cónyuge, ni sus parientes dentro del segundo grado de afinidad y cuarto de consanguinidad, entre otros” (s. S.C. n° 444/01, del 04.04;caso: Papelería Tecniarte C.A. Resaltado añadido).

De igual modo la parte demandante delata la transgresión del derecho constitucional a la defensa, respecto del cual la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en su tarea de interpretación constitucional, ha señalado que aplica a cualquier clase de procedimientos y que su contenido se contrae a ‘…la oportunidad para el encausado o presunto agraviado de que se oigan y analicen oportunamente sus alegatos y pruebas. En consecuencia, existe violación del derecho a la defensa cuando el interesado no conoce el procedimiento que pueda afectarlo, se le impide su participación o el ejercicio de sus derechos, o se le prohíbe realizar actividades probatorias’ (Cfr. Sala Constitucional sentencia N° 80 del 01 de febrero de 2001 y N° 619 del 02 de mayo de 2001).

Partiendo de tales premisas y a los fines de constatar las denuncias esbozadas por la parte accionante se advierte que, a los folios “22” y “23” del presente cuaderno separado cursa copia fotostática de la decisión administrativa cuya nulidad se ha demandado, dictada por la INSPECTORÍA DEL TRABAJO en fecha 16 de febrero de 2011 en el expediente administrativo 080-2010-01-04048, con motivo de la celebración del acto pautado para la contestación a la solicitud de reenganche y pago de salarios caídos interpuesta por la ciudadana YESSIMAR ALVAREZ frente a INVERSIONES ONION 1503, C.A., en la que se estableció:

(…) El funcionario del Trabajo que preside el acto procede a formular las preguntas a la representación patronal de conformidad con lo establecido en el Artículo 454 de la Ley Orgánica del Trabajo de la siguiente manera:

1.- Diga el representante de la empresa si el solicitante, presta servicios para su representada. Contestó: Si trabajaba y fue despedido porque no goza de inamovilidad absoluta decretada por el Ejecutivo Nacional.

2.- Diga el representante de la empresa, si reconoce la inamovilidad alegada. Contestó: No, por cuanto no goza de la misma.

3.- Diga el representante de la empresa si se efectuó el despido el traslado o la desmejora, invocada por el solicitante. Contestó: Si se efectuó un despido considerando y ofreciendo al trabajador los conceptos correspondientes a despido de trabajadores que no gocen de inamovilidad absoluta.

En este Estado el Inspector Jefe del Trabajo de la Inspectoría del Trabajo CESAR “PIPO” ARTEAGA, con sede en Valencia, vistos los Alegatos expuestos por la Empresa Reclamada en la Contestación de la presente solicitud de Reenganche y Pago de Salarios Caídos y en aras de garantizar el fiel cumplimiento del Decreto 7.154, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.334, en virtud que ha quedado reconocida la condición del trabajador con la empresa y la inamovilidad laboral invocada y con respecto a la ocurrencia del despido se observa que el patrono reclamado no expresó con claridad el motivo de su rechazo, razón por lo cual y según lo dispuesto en el artículo 135 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, concatenado con lo establecido en el artículo 454 de la Ley Orgánica del Trabajo y en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, esta Inspectoría del Trabajo de los Municipios Autónomos. San Diego, Naguanagua y las Parroquias San Blas, San José, Catedral y Rafael Urdaneta del Municipio Valencia del Estado Carabobo, con sede a la Ciudad de Valencia, en uso de sus atribuciones legales, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara CON LUGAR la solicitud de RENGANCHE Y PAGO DE SALARIOS CAIDOS, interpuesta por el (la) ciudadano (a) YESIIMAR ALVAREZ, titular de las cédula de identidad N° 19322536, contra la empresa INVERSIONES ONION 1503, C.A. (TONY ROMAS) (…)”

Según se advierte, en la actuación administrativa parcialmente transcrita se dejó constancia que la representación de la sociedad de comercio INVERSIONES ONION 1503, C.A., a pesar de que reconoció la relación de trabajo que le ha vinculado con la ciudadana YESSIMAR ALVAREZ y la ocurrencia del despido, rechazó que esta última haya estado amparada por la inamovilidad laboral especial alegada en la solicitud de reenganche y pago de salarios caídos presentada ante la INSPECTORÍA DEL TRABAJO.

No obstante y acto seguido, la INSPECTORÍA DEL TRABAJO ordenó a la sociedad de comercio INVERSIONES ONION 1503, C.A. a materializar la reincorporación de la ciudadana YESSIMAR ALVAREZ a su puesto de trabajo y pagarle los salarios que hubiere dejado de percibir desde “su irrito despido hasta su total y efectiva reincorporación”.

Con tal actuación se pone de relieve que la INSPECTORÍA DEL TRABAJO pasó a verificar lo relativo a la inamovilidad laboral de la ciudadana YESSIMAR ALVAREZ, aún cuando del resultado del acto a que se contrae el artículo 454 de la Ley Orgánica del Trabajo quedó controvertida su procedencia.

Por ello, en el procedimiento administrativo surgió la necesidad de instrumentar una articulación probatoria que permitiese dilucidar la ciudadana YESSIMAR ALVAREZ quedaba excluida de la protección de inamovilidad laboral a que se decreto presidencia N°7.154 publicado en la Gaceta Oficial de la república Bolivariana de Venezuela N° 39.334.

En consecuencia, aún obrando en sede cautelar y sin que ello implique pronunciamiento sobre el fondo del asunto, este órgano jurisdiccional advierte que la INSPECTORÍA DEL TRABAJO no articuló fase probatoria alguna, situación que configuraría la grave presunción de infracción a los derechos constitucionales a la defensa y al proceso debido que asisten a la sociedad de comercio INVERSIONES ONION 1503, C.A. y configura –entonces- el cumplimiento del requisito del buen derecho (fumus boni iuris) necesario para el otorgamiento de la tutela cautelar solicitada.

En virtud de lo expuesto en el párrafo que precede y según el criterio ampliamente desarrollado por la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, se estima igualmente cumplido el requisito del peligro en la demora (periculum in mora) pues este extremo es determinable por la sola verificación –aunque sea presuntiva- de la infracción a los derechos constitucionales a la defensa y al proceso debido que asisten a la sociedad de comercio INVERSIONES ONION 1503, C.A., toda vez que emerge la convicción y la inmediata necesidad de preservar tales derechos constitucionales, ante el riesgo inminente de que se le cause un perjuicio que no sea reparable por la sentencia definitiva.

Como consecuencia de todo lo antes razonado, para este órgano jurisdiccional resulta forzoso declarar procedente la medida de suspensión de efectos solicitada por la sociedad de comercio INVERSIONES ONION 1503, C.A. por lo que actuando con base en la potestad del juez de determinar cuál es la forma más adecuada de impedir que la ejecución de la sentencia de fondo resulte ilusoria, en caso de que prospere la pretensión de nulidad, lo que -en definitiva- comporta la tutela judicial efectiva, suspende los efectos de la providencia administrativa registrada bajo el número 0230 de fecha 16 de febrero de 2011 de 2011, contenida en el expediente 080-2010-01-04048 llevado por la Inspectoría del Trabajo “César Pipo Arteaga” de los Municipio San Diego, Naguanagua y las parroquias San Blas, San José, Catedral y Rafael Urdaneta del Municipio Valencia del Estado Carabobo, mediante la cual se declaró con lugar la solicitud de reenganche y pago de salarios caídos interpuesta por la ciudadana YESSIMAR ALVAREZ, titular de la cédula de identidad número 19.322.539.

III
DECISIÓN

Por los razonamientos antes expuestos, este Juzgado Cuarto de Primera Instancia de Juicio del Nuevo Régimen Procesal del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, con sede en Valencia, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela por autoridad de la ley, declara procedente la tutela cautelar solicitada por la sociedad de comercio INVERSIONES ONION 1503, C.A.

En consecuencia, se suspenden los efectos de la providencia administrativa registrada bajo el número 0230 de fecha 16 de febrero de 2011, contenida en el expediente 080-2010-01-04048 llevado por la Inspectoría del Trabajo “César Pipo Arteaga” de los Municipio San Diego, Naguanagua y las parroquias San Blas, San José, Catedral y Rafael Urdaneta del Municipio Valencia del Estado Carabobo, mediante la cual se declaró con lugar la solicitud de reenganche y pago de salarios caídos interpuesta por la ciudadana YESSIMAR ALVAREZ, titular de la cédula de identidad número 19.322.539.

Notifíquese de la presente decisión a la Inspector Jefe del Trabajo de la Inspectoría del Trabajo “César Pipo Arteaga” de los Municipio San Diego, Naguanagua y las parroquias San Blas, San José, Catedral y Rafael Urdaneta del Municipio Valencia del Estado Carabobo, así como a la ciudadana YESSIMAR ALVAREZ, titular de la cédula de identidad número 19.322.539.

PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE Y DÉJESE COPIA.

Dada, sellada y firmada en la Sala de Despacho del JUZGADO CUARTO DE JUICIO DEL NUEVO REGIMEN PROCESAL DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO CARABOBO, CON SEDE EN VALENCIA. En Valencia, a los treinta (30) días del mes de septiembre de 2011.-

El Juez,

Eddy Bladismir Coronado Colmenares La Secretaria,
Amarilis Mieses
En la misma fecha se dictó, publicó y registró la anterior sentencia, siendo las 03:24 p.m.

La Secretaria,

Amarilis Mieses