TSJ Regiones - Decisión

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

TRIBUNAL SUPERIOR DE LO
CONTENCIOSO TRIBUTARIO DE LA REGION CENTRAL

Exp. N° 2406

SENTENCIA DEFINITIVA N° 1003

Valencia, 23 de mayo de 2011
201º y 152º

El 10 de diciembre de 2008, el ciudadano José Luis Escuela Rodríguez, titular de la cédula de identidad N° V-9.672.158, interpuso recurso contencioso tributario subsidiariamente al recurso jerárquico ante la Gerencia Regional del SERVICIO NACIONAL INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN ADUANERA Y TRIBUTARIA (SENIAT), en su carácter de Director Gerente de DISMAFERCA, C.A, siendo su última modificación inscrita por ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del estado Aragua, el 12 de marzo de 2008, bajo el N° 04, Tomo 17-A, y en el Registro de Información Fiscal (R.I.F.) bajo el N° J-31167012-2, con domicilio en el Sector la Pedrera, Callejón Los Cocos, C.C. Terepaima, Local Nro. 49, Maracay estado Aragua, asistido por el abogado Edgar Antonio Pérez Vera, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 61.130, contra el acto administrativo contenido en la Resolución Nº SNAT/INTI/GRTI/RCNT/SM/AJT/2009/000215-396 del 06 de octubre de 2009, emanada de ese órgano administrativo, mediante la cual declaró sin lugar el recurso jerárquico interpuesto por la contribuyente y convalidó la Resolución de Imposición de Sanción N° GRTI-RCE-DFD-2005-07-DF-PEC-0916 del 30 de diciembre de 2005, en la cual determinó un reparo a la contribuyente por haber cometido las siguientes infracciones en los períodos comprendidos entre diciembre de 2004 y diciembre de 2005: 1.- emitió facturas de ventas no cumplen con las formalidades legales y reglamentarias, 2.- se inscribió de manera extemporánea en el Registro de Activos Actualizados, 3.- llevaba los libros de compra y ventas sin cumplir las formalidades reglamentarias. Sanción concurrida y convalidada: setecientos treinta y siete con cero diecinueve (737,019) unidades tributarias.

I
ANTECEDENTES
El 30 de diciembre de 2005, el SENIAT emitió la Resolución de Imposición de Sanción N° GRTI-RCE-DFD-2005-07-DF-PEC-0916, en la cual determinó un reparo a la contribuyente por haber cometido las siguientes infracciones en los períodos comprendidos entre diciembre de 2004 y diciembre de 2005: 1.- emitió facturas de ventas no cumplen con las formalidades legales y reglamentarias, 2.- Se inscribió de manera extemporánea en el Registro de Activos Actualizados y 3.- Llevaba los libros de compra y ventas sin cumplir las formalidades reglamentarias; imponiéndole sanción por la cantidad de un mil doscientos noventa y nueve con cero diecinueve unidades tributarias (1.299,019 U.T.) mas la cantidad de dieciséis mil novecientos ocho sin céntimos (Bs. 16.908,00) por intereses moratorios
El 12 de noviembre de 2008, la contribuyente fue notificada de la resolución antes mencionada.
El 10 de diciembre de 2008, la contribuyente ejerció recurso contencioso tributario subsidiariamente al recurso jerárquico contra la Resolución de Imposición de Sanción N° GRTI-RCE-DFD-2005-07-DF-PEC-0916.
El 06 de octubre de 2009, el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), emitió la Resolución Nº SNAT/INTI/GRTI/RCNT/SM/AJT/2009/000215-396, mediante la cual declaró sin lugar el recurso jerárquico interpuesto por la contribuyente y convalidó la Resolución de Imposición de Sanción N° GRTI-RCE-DFD-2005-07-DF-PEC-0916 del 30 de diciembre de 2005. Sanción concurrida y convalidada: 737,019 unidades tributarias más intereses moratorios.
El 26 de abril de 2010, se recibió en este tribunal recurso contencioso tributario subsidiariamente al recurso jerárquico interpuesto ante la Gerencia Regional de Tributos Internos del SENIAT, mediante oficio N° SNAT/INTI/GRTI/RCNT/SM/AJT/2009/215/34.
El 30 de abril de 2010, se le dio entrada a dicho recurso, le fue asignado el N° 2406; se ordenaron las notificaciones de ley.
El 15 de octubre de 2010, fue consignada por el ciudadano alguacil la última de las notificaciones de ley, correspondiendo en esta oportunidad a la Procuradora General de la República.
El 22 de octubre de 2010, el tribunal admitió el recurso contencioso tributario.
El 05 de noviembre de 2010, venció el lapso de promoción de pruebas. Las partes no hicieron uso de ese derecho y se inicio el término para la presentación de los informes.
El 26 de noviembre de 2010, venció el término para la presentación de los informes. La representante judicial del SENIAT presentó su escrito y la otra parte no hizo uso de ese derecho. Se declaró concluida la vista de la causa e iniciado el lapso para dictar sentencia.

II
ALEGATOS DE LA RECURRENTE
El contribuyente admite el reparo por incumplimiento de algunos deberes formales, tales como la informalidad en los libros especiales de compra y venta para el periodo de diciembre 2005, marzo 2005, abril 2005, y por la inscripción extemporánea en el registro de activos actualizados, así como el ilícito material descrito, pero no admite las sanciones en forma repetida o acumulativa por cada periodo tributario.
Alega que el funcionario fiscal actuante incurre en su actuación en vicio de los que la doctrina y jurisprudencia patria conoce como desviación de poder y falso supuesto de derecho al interpretar de manera errónea las disposiciones de la ley y crear supuestos de hecho y tipos de ilícitos. Además incurre el funcionario actuante en el acto administrativo impugnado en vicio en el elemento de causa, ya que ha sido dictado bajo un falso supuesto de derecho; afirma que el fiscal actuante comete un error involuntario, al pretender imponer sanción acumulativa por cada periodo tributario mensual, cuando lo procedente y propio es imponerle una multa por incumpliendo de deberes formales.
Manifestó que aunque el reparo efectuado por incumpliendo de deberes formales es procedente las sanciones pecuniarias aplicadas, la forma acumulativa o por cada periodo tributario mensual no son procedentes ni tienen asidero legal posible y violan el principio de la capacidad contributiva.

III
ALEGATOS DEL SENIAT
La administración tributaria dictó Resolución de Imposición de Sanción Nº GRTI-RCE-DFD-2005-07-DF-PEC-0916 del 30 de diciembre de 2005, en la que constató los siguientes hechos:
El sujeto pasivo emitió 1.274 facturas a través de medios automatizados (forma libre), las cuales no cumplen con las formalidades legales y reglamentarias, por cuanto no reflejan la condición de pago (crédito o contado), para los periodos de imposición desde diciembre 2004 hasta octubre 2005, ambos inclusive, infringiendo las disposiciones contenidas en los artículos 57 de la Ley de Impuesto al Valor Agregado, 63 de su Reglamento y literal “p” del artículo 2 de la Resolución Nº 320 del 28 de diciembre de 1999, en concordancia con el numeral 2 del artículo 145 del Código Orgánico Tributario de 2001 y sancionado según lo previsto en el artículo 101, numeral 4, eiusdem. Sanción concurrida y convalidada: 712 unidades tributarias.
El sujeto pasivo se inscribió extemporáneamente en el Registro de Activos Revaluados, incumpliendo lo establecido en los artículos 174 de la Ley de Impuesto sobre la Renta, 100 de su Reglamento, en concordancia con el literal “b”, numeral 1 del artículo 145 del Código Orgánico Tributario vigente, sancionado según lo previsto en el numeral 2 del artículo 100 eiusdem. Sanción concurrida 12.5 Unidades Tributarias.
El sujeto pasivo lleva los libros de ventas para los periodos diciembre de 2004, marzo, abril y julio de 2005 con informalidades por cuanto no registra el RIF de los clientes y el libro de compras para el periodo abril 2005 no discrimina el monto de la operación y el crédito fiscal incumpliendo lo establecido en el artículo 56 de la Ley de Impuesto al Valor Agregado y artículo 76 de su Reglamento, en concordancia con el literal “a” , numeral 1 del artículo 145 del Código Orgánico Tributario vigente, sancionado según lo previsto en el numeral 2, artículo 102 segundo aparte eiusdem. Sanción concurrida 12.5 unidades tributarias
La administración tributaria calculó intereses moratorios por cuanto el sujeto pasivo pagó fuera del plazo legal y reglamentario resultante del Registro de Activos Actualizados para el ejercicio 25 de junio al 31 de diciembre de 2004, de conformidad con lo previsto en el artículo 66 del Código Orgánico Tributario.
La administración tributaria desechó el alegato incoado por la contribuyente, en relación al delito continuado; la contribuyente, en diferentes periodos de imposición comprendidos desde diciembre de 2004 hasta octubre de 2005 incumplió el deber formal contemplado en el artículo 101, numeral 4, eiusdem, el cual establece sanción de una unidad tributaria (1UT) por cada factura emita hasta un máximo de ciento cincuenta unidades tributarias (150), sin embargo, la Gerencia Regional de Tributos Internos observó que la División de Fiscalización no aplicó correctamente la norma contenida en el artículo 81 del Código Orgánico Tributario, ya que debió imponer la sanción más grave aumentada con la mitad de las otras sanciones, concurso este que además se aplica en virtud de que los ilícitos fueron verificados en un mismo procedimiento a tenor de lo previsto en el parágrafo único del referido artículo.
Por lo expuesto, esa Gerencia procedió a convalidar el acto administrativo contenido en la Resolución de Imposición de Sanción Nº GRTI-RCE-DFD-2005-07-DF-PEC-0916 del 30 de diciembre de 2005, y en consecuencia procedió a modificar las sanciones, aplicando la sanción más grave y la mitad del valor de las restantes, para un total de 737,019 unidades tributarias.
En cuanto a las afirmaciones efectuadas por la contribuyente relativa a la presunta violación del principio de la capacidad contributiva, la administración tributaria afirma que la Ley de Impuesto al Valor Agregado, su reglamento, así como el Código Orgánico Tributario de 2001, ha considerado para su implementación los principios enunciados en el artículo 316 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, razón por el cual consideró que no se conculcó con tal principio.
Sobre el cálculo indebido de las infracciones tributarias señala la administración tributaria que el artículo 99 del Código Penal no se aplica en materia tributaria puesto que de conformidad con el artículo 79 el Código Orgánico Tributario, la concurrencia de infracciones ya se encuentra regulada en el Código Orgánico Tributario.
IV
MOTIVACIONES PARA DECIDIR
Planteada la controversia según la narrativa expuesta, analizados los argumentos de la recurrente y de la representación del SENIAT y leído los fundamentos de la resolución recurrida, este tribunal luego de apreciar y valorar los documentos que cursan en autos, con todo el valor que de los mismos se desprende, observa que la litis se circunscribe a la aplicación o no de la figura del delito continuado en la cuantificación de las sanciones por ilícitos formales en materia tributaria.
La contribuyente no rechazó las infracciones cometidas y por el contrario admitió que “…el reparo por incumplimiento de algunos deberes formales, tales como la informalidad en los libros especiales de compra y venta para el periodo de diciembre 2005, marzo 2005, abril 2005, y por la inscripción extemporánea en el registro de activos actualizado...” contradiciendo la forma de cálculo de las sanciones por parte de la administración tributaria, argumentó únicamente la no aplicación del artículo 99 del Código Penal, por lo cual el juez confirma la totalidad de las infracciones reparadas. Así se decide.
Sobre el artículo 99 del Código Penal se pronunció recientemente la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia en varias decisiones sobre apelaciones a sentencias precisamente de este Tribunal, como en el Expediente N° 2008-0244, Sentencia N° 01294 del 09 de diciembre de 2010, en los siguientes términos:
“…Corresponde a esta Sala pronunciarse en esta oportunidad sobre el recurso de apelación incoado por la representante judicial del Fisco Nacional, contra la sentencia definitiva Nro. 0407 dictada por el Tribunal Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Central en fecha 1° de octubre de 2007, que declaró parcialmente con lugar el recurso contencioso tributario interpuesto conjuntamente con solicitud de medida cautelar de suspensión de efectos del acto administrativo impugnado por la sociedad mercantil Las Telas de Blas, C.A. el 20 de diciembre de 2006.
De esta forma, en virtud de la declaratoria contenida en la sentencia apelada, así como de las objeciones formuladas en su contra por la apoderada judicial del Fisco Nacional, se observa que la controversia planteada en el caso en estudio se circunscribe a decidir si el Tribunal a quo al dictar el fallo apelado incurrió en el vicio de falso supuesto de derecho por errónea aplicación de la ley, concretamente del artículo 99 del Código Penal.
Con vista a lo señalado, es preciso referir lo que esta Sala Político-Administrativa en reciente sentencia Nro. 01187 de fecha 24 de noviembre de 2010, caso: Fábrica Nacional de Pañales Desechables de Valencia, C.A. (Fanalpade Valencia), dejó sentado respecto a la figura del delito continuado, en los términos siguientes:
“(...)
En virtud de lo anteriormente expuesto, esta Sala reconsideró la solución que sostuvo respecto de la aplicación del delito continuado en casos como el de autos, en los que se impone una sanción producto del incumplimiento de deberes formales del impuesto a las ventas, adoptado en la sentencia No. 877 del 17 de junio de 2003, caso: Acumuladores Titán, C.A.; posteriormente ratificada en forma pacífica en diversos fallos hasta la sentencia N° 00948 de fecha 13 de agosto de 2008, caso: Distribuidora y Bodegón Costa Norte, C.A., en la cual estableció que ‘no se verifica vacío legal alguno, ya que de acuerdo con el artículo 101 del Código Orgánico Tributario la aplicación de las sanciones por el acaecimiento de ilícitos formales se realiza por cada período o ejercicio fiscal’.
Esta decisión consideró injusta e improcedente la aplicación del Código Penal, en virtud de que la ley especial es suficientemente clara, solución que pasa a analizar la Sala para verificar su posible aplicación al presente caso.
Al efecto, la Sala procede a estudiar si la determinación de la sentencia N° 00948 de fecha 13 de agosto de 2008, caso: Distribuidora y Bodegón Costa Norte, aclarada en la sentencia N° 00103 de fecha 29 de enero de 2009, debe ser aplicada al presente caso y a los similares, para lo cual se transcriben los siguientes párrafos de dicha decisión aclaratoria:
‘(…) A tal efecto, los requerimientos que se originen del nuevo criterio deben ser exigidos para los casos futuros, respetando las circunstancias fácticas e incluso de derecho que existan para el momento en el cual se haya presentado el debate. (Vid. sentencia de la Sala Constitucional N° 3702 del 19 de diciembre de 2003, ratificada, entre otras, en las decisiones números 3057, 5074, 366 y 1166 de fechas 14 de diciembre de 2004, 15 de diciembre de 2005, 1° de marzo de 2007 y 11 de julio de 2008, respectivamente). Con fundamento en el reiterado criterio jurisprudencial antes referido, esta Sala considera que, en este caso, la modificación que se produjo en ‘la interpretación que se había venido realizando respecto a la aplicación de la figura del delito continuado en la materia de sanciones administrativas tributarias, concretamente en lo atinente al impuesto al valor agregado, no podía aplicarse a la contribuyente Distribuidora y Bodegón Costa Norte, C.A. (…)’.
... omissis...
Ahora bien, acogiendo la tesis de la Sala Constitucional, esta Sala decidió darle efectos ex nunc a su sentencia del 13 de agosto de 2008 (Distribuidora y Bodegón Costa Norte, C.A.), en la que revisó la solución que venía sosteniendo desde el 17 de junio de 2003, caso: Acumuladores Titán, C.A., según el cual a los casos como el de autos debía aplicárseles la normativa sobre el delito continuado del Código Penal en vez de la regulación del ilícito formal tributario contenida en el Código Orgánico Tributario del año 2001. En efecto, tal como se analizó en el fallo del 13 de agosto de 2008, el mencionado texto especial que regula la relación jurídica entre la Administración Tributaria y el contribuyente, contiene reglas específicas aplicables para sancionar los ilícitos formales ‘por cada período’, contempladas en el artículo 101, numeral 3. Por lo tanto, siendo clara esta regulación del texto especial de la materia, se debe aplicar tal como está consagrada en dicha ley, en aplicación de la posición sostenida en la sentencia del 13 de agosto de 2008.
Respecto de la vigencia (...). Como el Código Orgánico Tributario del 2001 previó una vacatio hasta el 17 de enero de 2002, para que a partir de esta fecha se aplicase la normativa referida a los ilícitos formales, la Sala considera que en todos los casos cuyos hechos se hubiesen producido desde esa fecha, deben ser juzgados conforme a las normas del texto especial tributario del 2001, tal como fue establecido en el caso Distribuidora y Bodegón Costa Norte, C.A. Así se declara.
Al respecto, la Sala Constitucional ha precisado los criterios jurisprudenciales, sus cambios y la relación entre los mismos y algunos principios preconizados por dicha Sala, tales como el de seguridad jurídica en el ámbito jurisdiccional y el de confianza legítima (este último acogido de la jurisprudencia y doctrina europeas) (sentencia N° 3057 de 14 de diciembre de 2004, caso: Seguros Altamira), en los siguientes términos:
‘(…) De tal forma, que en la actividad jurisdiccional el principio de expectativa plausible, en cuanto a la aplicación de los precedentes en la conformación de reglas del proceso, obliga a la interdicción de la aplicación retroactiva de los virajes de la jurisprudencia. En tal sentido, el nuevo criterio no debe ser aplicado a situaciones que se originaron o que produjeron sus efectos en el pasado, sino a las situaciones que se originen tras su establecimiento, con la finalidad de preservar la seguridad jurídica y evitar una grave alteración del conjunto de situaciones, derechos y expectativas nacidas del régimen en vigor para el momento en que se produjeron los hechos. No se trata de que los criterios jurisprudenciales previamente adoptados no sean revisados, ya que tal posibilidad constituye una exigencia ineludible de la propia función jurisdiccional, por cuanto ello forma parte de la libertad hermenéutica propia de la actividad de juzgamiento, sino que esa revisión no sea aplicada de manera indiscriminada, ni con efectos retroactivos, vale decir, que los requerimientos que nazcan del nuevo criterio, sean exigidos para los casos futuros y que se respeten, en consecuencia, las circunstancias fácticas e incluso de derecho, que existan para el momento en el cual se haya presentado el debate que se decida en el presente (…)’ (Subrayado de esta Sala [Político-Administrativa]).
...omissis...
Como se ve, el fundamento de la aplicación de la solución establecida en la sentencia que resolvió el asunto planteado por la sociedad mercantil Distribuidora y Bodegón Costa Norte, C.A., proviene de la vigencia de dicha norma, con lo cual se preservan los principios de seguridad jurídica y la llamada confianza legítima o expectativa plausible, cuyo acatamiento impone la Sala Constitucional en su jurisprudencia pacífica, obligante para todos los tribunales de la República. Precisamente, para que el cambio jurisprudencial fuese suficiente y oportunamente conocido por la comunidad tributaria del país, esta Sala ordenó publicar dicha sentencia en la Gaceta Oficial, determinación que se cumplió en la Nº 38.999 de fecha 21 de agosto de 2008.
La Sala observa que aun cuando las infracciones de la contribuyente se produjeron antes del referido pronunciamiento que causó el cambio de solución, son a la vez posteriores a la normativa especial que rige esa conducta ilícita, cual es el artículo 101, numeral 3 del Código Orgánico Tributario de 2001, razón por la cual se le debe aplicar. En consecuencia, se subsumen dichos ilícitos en esa normativa, y por lo tanto, debe aplicársele la sanción de una unidad tributaria (1 U.T.) por cada factura hasta un máximo de ciento cincuenta unidades tributarias (150 U.T.), para cada uno de los períodos investigados por la Administración Tributaria; porque se evidencia que emitió cantidades de facturas con prescindencia parcial de los requisitos exigidos por las normas tributarias, durante los períodos fiscales comprendidos desde octubre 2003 hasta mayo 2005, todos posteriores a la entrada en vigor de la normativa aplicable. Reitera la Sala que el indicado cambio lo que hizo fue reconocer la preexistencia del derecho positivo en el que debe subsumirse la conducta del justiciable tributario para todos los casos en que se observen ilicitudes en esta materia, producidas a partir del 17 de enero de 2002, fecha en que empezó a regir la estudiada normativa. Así se decide”. (Resaltado de esta Sala Político-Administrativa).
La sentencia parcialmente transcrita explica el devenir del criterio jurisprudencial referente a la aplicación del delito continuado en materia tributaria y la forma de imponer la sanción por la comisión de ilícitos formales derivados del impuesto al valor agregado, a la luz de lo contemplado en el artículo 101 del Código Orgánico Tributario de 2001 y reitera lo establecido en la decisión Nro. 00948 del 13 de agosto de 2008, caso: Distribuidora y Bodegón Costa Norte, C.A., para causas como la de autos.
Del mismo modo, el precedente criterio jurisprudencial señala que el mencionado Código prevé las sanciones aplicables por la Administración Tributaria a los contribuyentes en los casos de incumplir con sus deberes formales, razón por la cual no corresponde aplicar supletoriamente la disposición contenida en el artículo 99 del Código Penal, toda vez que no existe vacío legal alguno habida cuenta que conforme al Parágrafo Segundo del artículo 101 del Código Orgánico Tributario de 2001, la aplicación de las sanciones por el acaecimiento de ilícitos formales debe realizarse por cada período o ejercicio fiscal.
Así, examinadas las actas procesales que conforman el expediente, se advierte que la Administración Tributaria impuso a cargo de la contribuyente sanciones de multa por la cantidad total de Cuarenta y Dos Millones Novecientos Treinta y Siete Mil Doscientos Bolívares (Bs. 42.937.200,00) actualmente Cuarenta y Dos Mil Novecientos Treinta y Siete Bolívares con Veinte Céntimos (Bs. 42.937,20), a tenor de lo establecido en los artículos 101, 102 y 103 del Código Orgánico Tributario de 2001, por incumplimiento de los deberes formales en materia de impuesto al valor agregado, para los períodos impositivos comprendidos desde el mes de mayo de 2005 hasta el mes de mayo de 2006.
Bajo la óptica de todo lo expresado, resulta aplicable al caso concreto, el criterio jurisprudencial asumido por esta Sala Político-Administrativa en el fallo Nro. 01187 del 24 de noviembre de 2010, que ratificó lo establecido en su sentencia Nro. 00948 del 13 de agosto de 2008, caso: Distribuidora y Bodegón Costa Norte, C.A; decisiones estas que coinciden con la posición asumida por la Gerencia Regional de Tributos Internos de la Región Central del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), al momento de aplicar las disposiciones del Código Orgánico Tributario de 2001 y calcular las sanciones de multa impuestas a la sociedad mercantil recurrente, por los ilícitos tributarios cometidos en los períodos investigados.
Al ser así, se concluye que debe aplicársele a la sociedad mercantil Las Telas de Blas, C.A. la sanción de una unidad tributaria (1 U.T.) por cada factura hasta un máximo de ciento cincuenta unidades tributarias (150 U.T.), para cada uno de los períodos objetados por la Administración Tributaria, pues se evidencia que emitió cantidades de facturas con prescindencia parcial de los requisitos exigidos por las normas tributarias, durante los períodos comprendidos desde el mes de mayo de 2005 hasta el mes de mayo de 2006, todos posteriores a la entrada en vigencia de la normativa aplicable (Código Orgánico Tributario de 2001). Así se decide.
Por las razones expuestas, se impone revocar del fallo apelado la declaratoria de procedencia, en el presente caso, de la figura del delito continuado previsto en el artículo 99 del Código Penal. Por consiguiente, es procedente el alegato de falso supuesto de derecho por errónea interpretación de la Ley denunciado por el Fisco Nacional y se declaran con lugar la apelación ejercida por la representación fiscal y sin lugar el recurso contencioso tributario de autos. Así se decide.
En consecuencia, quedan firmes el acto administrativo contenido en la Resolución de Imposición de Sanción signada con letras y números GRTI-RCE-DFD-2006-01-04-DF-PEC-0200, emanada de la Gerencia Regional de Tributos Internos de la Región Central del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), así como las Planillas de Liquidación Nros. 10-10-01-2-26-002659, 10-10-01-2-26-002660, 10-10-01-2-26-002661, 10-10-01-2-26-002662, 10-10-01-2-26-002663, 10-10-01-2-26-002664, 10-10-01-2-26-002665, 10-10-01-2-26-002666, 10-10-01-2-26-002667, 10-10-01-2-26-002668, 10-10-01-2-26-002669, 10-10-01-2-26-002670 y 10-10-01-2-26-002671, de fecha 11 de octubre de 2006, mediante las cuales se impusieron a la mencionada empresa sanciones de multa por la cantidad total de Cuarenta y Dos Millones Cuatrocientos Treinta y Tres Mil Doscientos Bolívares (Bs. 42.433.200,00), actualmente Cuarenta y Dos Mil Cuatrocientos Treinta y Tres Bolívares con Veinte Céntimos (Bs. 42.433,20), por incumplimiento de los deberes formales en materia de impuesto al valor agregado, para los períodos impositivos antes referidos. Así se declara.
Asimismo, quedan firmes las sanciones de multa aplicadas por el ente recaudador a la contribuyente conforme a lo dispuesto en los artículos 102 y 103 del Código Orgánico Tributario de 2001, contenidas en las Planillas de Liquidación Nros. 10-10-01-2-26-002673 y 10-10-01-2-26-002672 del 11 de octubre de 2006, por las cantidades de Ochenta y Cuatro Mil Bolívares (Bs. 84.000,00) y Cuatrocientos Veinte Mil Bolívares (Bs. 420.000,00), actualmente Ochenta y Cuatro Bolívares (Bs. 84,00) y Cuatrocientos Veinte Bolívares (Bs. 420,00), respectivamente, cuya sumatoria asciende al monto total de Quinientos Cuatro Mil Bolívares (Bs. 504.000,00), hoy Quinientos Cuatro Bolívares (Bs. 504,00), para los meses de octubre de 2005 y mayo de 2006, por no haber sido objeto de controversia en el recurso contencioso tributario incoado por la sociedad mercantil recurrente, ante el Tribunal de instancia. Así se declara…”.
Con base en el análisis de las actas que componen esta causa observa el tribunal que el SENIAT aplicó la sanción contemplando la concurrencia de infracciones contenida en el artículo 81 del Código Orgánico Tributario y por lo tanto declara sin lugar el recurso contencioso tributario interpuesto y confirma la resolución impugnada. Así se decide.
El tribunal considera que debe eximir del pago de las costas a la contribuyente, en virtud de las graves dificultades interpretativas presentes en esta cuestión jurídica y las sucesivas interpretaciones de la Sala Político Administrativa en relación con el mecanismo del delito continuado, conforme a lo previsto en el parágrafo único del artículo 327 del Código Orgánico Tributario de 2001. Así se decide.

V
DECISIÓN
Por las razones expresadas, este Tribunal Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Central, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley declara:
1) SIN LUGAR el recurso contencioso tributario interpuesto por el ciudadano José Luis Escuela Rodríguez, ante la Gerencia Regional del SERVICIO NACIONAL INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN ADUANERA Y TRIBUTARIA (SENIAT), en su carácter de Director Gerente de DISMAFERCA, C.A, asistido por el abogado Edgar Antonio Pérez Vera, contra el acto administrativo contenido en la Resolución Nº SNAT/INTI/GRTI/RCNT/SM/AJT/2009/000215-396 del 06 de octubre de 2009, emanada de ese órgano administrativo, mediante la cual declaró sin lugar el recurso jerárquico interpuesto por la contribuyente y convalidó la Resolución de Imposición de Sanción N° GRTI-RCE-DFD-2005-07-DF-PEC-0916 del 30 de diciembre de 2005, en la cual determinó un reparo a la contribuyente por haber cometido las siguientes infracciones en los períodos comprendidos entre diciembre de 2004 y diciembre de 2005: 1.- emitió facturas de ventas no cumplen con las formalidades legales y reglamentarias, 2.- se inscribió de manera extemporánea en el Registro de Activos Actualizados y, 3.- llevaba los libros de compra y ventas sin cumplir las formalidades reglamentarias. Sanción total: setecientos treinta y siete con cero diecinueve (737,019) unidades tributarias más los intereses moratorios.
2) EXIME del pago de las costas a DISMAFERCA, C.A. en virtud de las graves dificultades interpretativas presentes en esta cuestión jurídica, conforme a lo previsto en el parágrafo único del artículo 327 del Código Orgánico Tributario de 2001.
Notifíquese de la presente decisión al Procuradora General de la República con copia certificada una vez que la parte provea lo conducente. Asimismo notifíquese al Contralor General de la República, al Gerente Regional del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) y a la contribuyente DISMAFERCA, C.A. Líbrense las correspondientes notificaciones. Cúmplase lo ordenado.
Dado, firmado y sellado en la Sala de Despacho del Tribunal Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Central, a los veintitrés (23) días del mes de mayo de dos mil once (2011). Año 201° de la Independencia y 152° de la Federación.

Juez Titular,

Abg. José Alberto Yanes García. Secretaria Titular

Abg. Mitzy Sánchez

En esta misma fecha se publicó, se registró la presente decisión y se libraron oficios. Se cumplió con lo ordenado.

Secretaria Titular

Abg. Mitzy Sánchez

Exp. Nº 2406
JAYG/dt/ycv