TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
JUZGADO SUPERIOR PRIMERO EN LO CIVIL, MERCANTIL, BANCARIO DEL TRANSITO, Y DE PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y DEL ADOLESCENTES DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO CARABOBO.

PARTE SOLICITANTE.-
MARIA ELIDA MENDEZ CONTRERAS, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nro. V-6.847.686, de este domicilio.
ABOGADO ASISTENTE DE LA PARTE ACTORA.-
THAIS COROMOTO MENDEZ CONTRERAS, venezolana, mayor de edad, abogada en ejercicio, inscrita en el INPREABOGADO bajo el número 49.209 y de este domicilio.
MOTIVO.-
EXEQUÁTUR
EXPEDIENTE No. 10.896.-

En fecha 12 de mayo de 2011, la ciudadana MARIA ELIDA MENDEZ CONTRERAS, asistida por la abogada THAIS COROMOTO MENDEZ CONTRERAS, presentó un escrito contentivo de solicitud de exequátur, por ante este Juzgado Superior Distribuidor, y una vez efectuada la distribución, le correspondió a esta Alzada el conociendo de la presente causa a la cual se le dio entrada, en fecha 17 de mayo de 2011, bajo el No 10.896, y estando dentro de la oportunidad para decidir, este Tribunal pasa a hacerlo previas las consideraciones siguientes:

PRIMERA.-
La ciudadana MARIA ELIDA MENDEZ CONTRERAS, asistida por la abogada THAIS COROMOTO MENDEZ CONTRERAS, alega en su escrito de solicitud de exequátur lo siguiente:
“…edad, titular de la cédula de identidad N° 6.847.686, divorciada ante el Juzgado de Primera Instancia N° 02 de Santa Cruz de La Palma, en España, en fecha 01 de octubre de 2008, asistida en este acto por la abogado en ejercicio THAIS COROMOTO MÉNDEZ CONTRERAS, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° 7.950.286, inscrita en el Inpreabogado, bajo el N° 49209, con domicilio procesal en la Urbanización Prebo 02, avenida 112B cruce con la calle 137, casa N° 137-11, valencia Estado Carabobo, ante usted acudo a los fines de exponer y solicitar.
CAPITULO I
DE LA SOLICITUD DE EXEQUÁTUR
De conformidad con lo previsto en el articulo 852 del Código de Procedimiento Civil, solicito a través del PROCEDIMIENTO DE EXEQUÁTUR, sea declarada la Ejecutoria de la Sentencia de Divorcio decretada entre los ex cónyuges: MARÍA ELIDA MÉNDEZ CONTRERAS Y JUAN JOSÉ VERDU CAMBRA, en fecha 01 de octubre de 2008, por el Juzgado de Primera Instancia N° 02 de Santa Cruz de La Palma, en España, mediante expediente N° 0000295/2008, que llevó a efecto el procedimiento de divorcio, concediéndole el correspondiente EXEQUÁTUR y se le otorgue fuerza ejecutoria a la sentencia objeto de esta solicitud.
CAPITULO II
DE LOS HECHOS
Contraje matrimonio Civil por ante la jefe de la oficina de Registro Civil Central de la Plata, provincia de Buenos Aires (Argentina), el día trece (13) de Julio de 2001, inserta bajo el N° 422 Bl, Tomo 50095. pagina 295 de la sección 2°, con el ciudadano JUAN JOSE VERDU, de nacionalidad Argentina, Pasaporte N° 12942663
Acompaño marcado con la letra “A” Partida de Matrimonio N° 001, Folio 1 y 2 Fte, Tomo I Año 2002, suscrita por MARGARET DE PEÑA, Prefecto de la Parroquiquia San José Municipio Valencia estado Carabobo, donde consta la inserción del Acta N° 422 BI, de la Oficina de registro CivilCentral de la Plata, provincia de Buenos Aires (Argentina), de fecha trece (13) de Julio de 2001. Acompaño marcado con la letra “B” Original de la Sentencia de Divorcio de Mutuo acuerdo, expediente N° 0000295/2008 de fecha 01 de octubre de 2008, por el Juzgado de minera instancia N° 02 de Santa Cruz de La Palma, en España, debidamente Apostillada según La Convención de La Haya, del 05 de Octubre de 1961, con el N° 1640/2011 de fecha 03 de Mayo del 2011. Acompaño marcado con la letra "C" copia de la Cédula de Identidad.
CAPÍTULO III
EL DERECHO
Por lo expuesto y de conformidad con el artículo 852 del Código de Procedimiento Civil, solicito de éste Tribunal Superior declare la ejecutoria de la Sentencia del Divorcio de fecha 01 de Octubre del 2008, en la decisión proferida de la Demanda de Divorcio de Mutuo acuerdo por el Juzgado de Primera Instancia N° 02 de Santa Cruz de La Palma, en España, expediente N° 0000295/2008 de fecha 01 de octubre de 2008, en que son parte demandantes MARÍA ELIDA MÉNDEZ CONTRERAS y demandado JUAN JOSÉ VERDU CAMBRA, concediéndole el correspondiente EXEQUÁTUR, objeto de ésta solicitud con todos los pronunciamientos de Ley. Señalo que la persona contra la cual o a la ejecutoria es JUAN JOSÉ VERDU, con domicilio permanente en la Calle Simón Marín N° 14, Primer piso, puerta 1, Valencia España y en posesión del DNI N° 48.606.497-E. Igualmente se han cumplido con los extremos exigidos por el artículo 53 de la Ley del Derecho Internacional Privado y al efecto el numeral 1 de la mencionada Ley, exige que se trate de una Sentencia extranjera, que fuere dictada en el asunto civil, en materia familiar en consecuencia están llenos los requisitos exigidos por la norma que regula la materia en nuestra legislación por lo que se cumple lo exigido por el Código de Procedimiento Civil y por la Ley de Derecho Internacional Privado es por lo que solicito se declare procedente el presente EXEQUÁTUR….
Por todos los pronunciamientos pido la admisión de la presente solicitud de EXEQUÁTUR y su tramitación conforme a las leyes venezolanas para que surta efectos en éste lugar donde habrá de hacerse valor y por tratarse de materia no contenciosa, todo ello de conformidad con lo establecido por el artículo 856 del Código de Procedimiento Civil vigente…”

SEGUNDA.-
Como punto previo, pasa este Sentenciador a pronunciarse sobre la competencia para conocer de la presente solicitud de exequátur; y en este sentido observa el criterio asentado por la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia dictada el 14 de octubre de 1.999, en la cual se lee:
“...El 06 de febrero de 1.999, entró en vigencia la Ley de Derecho Internacional Privado cuyo Capítulo X (De la Eficacia de la Sentencias Extranjeras, artículos 53 al 55) regula lo concerniente a las solicitudes de ejecución de sentencias extranjeras, derogando en relación con los aspectos reglados en la referida Ley, aquellas disposiciones contenidas en otros cuerpos de normas, ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, ejusdem. Se aprecia, sin embargo, que nada indicó el nuevo texto legal sobre cual sería la autoridad jurisdiccional llamada a conocer de dichas solicitudes, lo que permite inferir la vigencia de todas aquellas normas que venían regulando lo relativo a la competencia en esta materia...”
Sin embargo lo anterior debe necesariamente observarse tomando en cuenta la distinción planteada por el artículo 856, del Código de Procedimiento Civil, conforme al cual el pase de los actos de las autoridades extranjeras en materia de emancipación, adopción y otros de naturaleza no contenciosa, deberá ser decretado por el Tribunal Superior del lugar donde se haya de hacer valer, previo el examen de las condiciones exigidas por la normativa vigente....”
En virtud de lo cual, siendo que el Tribunal competente, lo será un Tribunal Superior del lugar donde se pretende hace valer la sentencia que por divorcio, fuese pronunciada por un Tribunal extranjero; este Juzgado Superior Primero en lo Civil, se declara competente para conocer de la presente solicitud de exequátur; Y ASÍ SE DECIDE.
Decidida como ha sido la competencia de este Tribunal, pasa este Sentenciador a pronunciarse con relación a lo solicitado y en este sentido observa:
El Código Civil establece en sus artículos:
445.- “Los nacimientos, matrimonios y defunciones se harán constar, en la jurisdicción en que ocurran, en registros especialmente destinados a este objeto.”
475.- “También se insertará la sentencia ejecutoriada que declare la existencia, nulidad o disolución del matrimonio, anotándose al margen la partida correspondiente.”
A su vez, el Código de Procedimiento Civil establece en su artículo 856, lo siguiente:
“El pase de los actos o sentencias de las autoridades extranjeras en materia de emancipación, adopción y otros de naturaleza no contenciosa, lo decretará el Tribunal Superior del lugar donde se haya de hacer valer, previo examen de si reúnen las condiciones exigidas en los artículos precedentes, en cuanto sean aplicables.”
Así mismo observa que, en lo que respecta al requisito de reciprocidad, del establecido en el artículo 850, del vigente Código de Procedimiento Civil, que el mismo quedó derogado, al no haber sido incluida dicha disposición en la Ley de Derecho Internacional Privado; tal como lo estableció la sentencia dictada el 06 de octubre de 1.999, por la Sala Político Administrativa, en la cual se lee:
“...Como ha sido destacado en anteriores oportunidades, a partir del 06 de febrero del año en curso, el orden de prelación a aplicar es el expuesto en el artículo 1° de la Ley de Derecho Internacional Privado, cuyo texto prescribe:
“...Artículo 1°. Los supuestos de hecho relacionados con los ordenamientos jurídicos extranjeros se regularán por las normas de Derecho Internacional Público sobre la materia, en particular, las establecidas en los tratados internacionales vigentes en Venezuela; en su defecto, se aplicarán las normas de Derecho Internacional Privado Venezolano; a falta de ellas, se utilizará la analogía y, finalmente, se regirán por los principios del Derecho Internacional Privado generalmente aceptados...”
“....Dicha disposición ordena, en primer lugar, la aplicación de las normas sobre Derecho Internacional Público sobre la materia, en particular, las establecidas en los tratados internacionales vigentes en Venezuela. En los casos de autos se solicita que por el procedimiento exequátur se declare la fuerza ejecutoria en la República Bolivariana de Venezuela de una sentencia proferida por un tribunal con sede en una división político-territorial de los Estados Unidos de América, país que no es parte ni del Convenio Bolivariano (1911), ni de la Convención Interamericana sobre Eficacia Extraterritorial de las Sentencias y Laudos Arbitrales Extranjeros (1979), tratados vigentes para Venezuela en esta materia. Por tal razón, de conformidad con lo dispuesto en el artículo antes trascrito, se plantea la aplicación de las normas de Derecho Internacional Privado, consagradas en primer término en la citada Ley Especial, cuyo capítulo X (De la Eficacia de las Sentencias Extranjeras) derogó parcialmente las disposiciones contenidas en el Código de Procedimiento Civil, relativas al proceso de exequátur...”
“...De otra parte, debe nuevamente precisar este Alto Tribunal, que habiendo sido eliminado por la Ley de Derecho Internacional Privado, el requisito de reciprocidad que exigía el artículo 850, del Código de Procedimiento Civil, al no incluirlo como tal dentro de las disposiciones, no entrará a considerar en este caso, ni en los sucesivos, las pruebas que para tal fin fueron o sean suministradas por la parte interesada, y así se declara...” (JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, ÓSCAR R. PIERRE TAPIA, Tomo 10, Págs. 547 a 549).
Observa esta alzada que, en fecha 1° de octubre de 2008, el Juzgado de Primera Instancia N° 2 de Santa Cruz de La Palma, España, dictó sentencia mediante la cual declaró:
“…DEBO DECLARAR Y DECLARO el divorcio del matrimonio constituido por los cónyuges Da Maria Elida Mendez Contreras y D. Juan José Verdú Cambra, contraído el día 13 de julio de 2001 en la Plata, provincia de Buenos Aires (Argentina), e inscrito en el Registro Civil Central, con todos los efectos legales inherentes a tal declaración, todo ello sin especial pronunciamiento sobre las costas procesales. …”

Visto lo anterior, y de conformidad con los criterios jurisprudenciales traídos a colación pasa este Sentenciador a verificar si se le ha dado cumplimiento, a las exigencias del artículo 53 de la Ley de Derecho Internacional Privado, y al efecto, se observa:
1°) La sentencia extranjera fue dictada en asunto civil, materia familiar, específicamente en un juicio de divorcio no contencioso.
2°) Tiene fuerza de cosa juzgada de acuerdo con la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia N° 2 de Santa Cruz de La Palma, España, referente al Divorcio del matrimonio constituido por los cónyuges Da MARIA ELIDA MENDEZ CONTRERAS y D. JUAN JOSÉ VERDÚ CAMBRA
3°) No se ha arrebatado a Venezuela la jurisdicción exclusiva que le correspondiere para conocer del divorcio entre las partes.
4°) El Juzgado de Primera Instancia N° 2 de Santa Cruz de La Palma, España tenía jurisdicción para conocer de la causa, por cuanto el Divorcio fue solicitado ante un órgano jurisdiccional competente del lugar del domicilio de los solicitantes.
5°) No consta en autos, que la sentencia extranjera, objeto de la presente solicitud, sea incompatible con sentencia alguna, que tenga carácter de cosa juzgada, dictada por un Tribunal Venezolano; así como tampoco se evidencia, que exista ante los Tribunales Venezolanos, una solicitud pendiente sobre el mismo objeto, iniciado con anterioridad a que se hubiere dictado la sentencia extranjera.
En consecuencia, verificado, como ha sido, el cumplimiento de los extremos exigidos en el artículo 53 de la Ley de Derecho Internacional Privado; cuyo numeral 1° exige que se trate de una sentencia extranjera, que fuere dictada en un asunto civil, en materia familiar; puesto que el caso sub-examine, se trató específicamente de una solicitud de Divorcio, no contencioso en sede jurisdiccional; es por lo que esta Alzada, al considerar igualmente llenos los requisitos exigidos por las normas que regulan la materia en la legislación venezolana, declara procedente la solicitud de exequátur; Y ASÍ SE DECIDE.
TERCERA.-
En orden a los razonamientos anteriormente expuestos, este Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, Bancario y de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, y por autoridad de la Ley CONCEDE FUERZA EJECUTORIA EN EL TERRITORIO DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA A LA SENTENCIA dictada por el Juzgado de Primera Instancia N° 2 de Santa Cruz de La Palma, España, referente al Divorcio del matrimonio constituido por los cónyuges Da MARIA ELIDA MENDEZ CONTRERAS y D. JUAN JOSÉ VERDÚ CAMBRA
PUBLÍQUESE y REGÍSTRESE
DÉJESE COPIA
Dada, firmada, y sellada en la Sala de despacho del Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, Bancario del Tránsito, y Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo. En Valencia, a los veintitrés (23) días del mes de mayo del año dos mil once (2011). Años 200° y 151°.
El Juez Titular,
Abog. FRANCISCO JIMÉNEZ DELGADO
La Secretaria,
MILAGROS GONZÁLEZ MORENO
En la misma fecha, y siendo las 12:22 p.m., se dictó y publicó la anterior sentencia.
La Secretaria,
MILAGROS GONZÁLEZ MORENO