TSJ Regiones - Decisión

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
En su Nombre:

EL JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO
CIVIL, MERCANTIL Y BANCARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO CARABOBO

DEMANDANTE: RAMONA ANTONIA MARÍN GONZALEZ

ABOGADOS: LEONARDO TELLECHEA, JOSE JACINTO VELAZCO Y LILIANA HERÍQUEZ.

DEMANDADO: GABINO ANTONIO TORRELLES

MOTIVO: DIVORCIO

SENTENCIA: PERENCION DE LA INSTANCIA (INTERLOCUTORIA CON FUERZA DE DEFINITIVA)

EXPEDIENTE: 52.084.

Previo Sorteo de distribución se recibe el presente expediente, contentivo de un juicio por DIVORCIO, incoado por los abogados LEONARDO TELLECHEA, JOSE JACINTO VELAZCO Y LILIANA HENRIQUEZ, inscritos en el I.P.S.A bajo los N° 17.785, 86.026, y 71.785 respectivamente, en su carácter de Apoderados Judiciales de la ciudadana RAMONA ANTONIA MARÍN GONZALEZ, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° 7.154.091, contra el ciudadano GABINO ANTONIO TORRELLES, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de Identidad de N°V-9.850.660.
Por auto de fecha 14 de febrero del año 2.006, se le dio entrada a la presente causa asignándole el Nro. 52.084 de la nomenclatura interna llevada por este Tribunal.
En fecha 20 de febrero del 2006, el tribunal emitió auto admitiendo la demanda.
En diligencia de fecha 10 de mayo de 2006, el abogado JOSE JACINTO VELAZCO BELEN, inscrito en el I.P.S.A bajo el N° 86.026 en su carácter de Apoderado Judicial de la parte demandante en la presente causa, donde solicita la citación del demandado de conformidad a lo establecido en el articulo 218 del Código de Procedimiento Civil. El Tribunal en auto de fecha 23 de mayo de 2006, negó dicho pedimento por cuanto no consta en autos la citación personal del demandado de autos a través de compulsa.
Seguidamente en fecha 14 de junio del 2006, por diligencia suscrita por el abogado LEONARDO TELLECHEA, inscrito en el I.P.S.A bajo el N° 17.785 en su carácter de Apoderado Judicial de la parte demandante en la presente causa, solicita la citación del demandado ciudadano GABINO ANTONIO TORRELLES, antes identificado a través de compulsa.
En auto de fecha 29 de junio del 2006, acuerda de conformidad la citación del demandado, y ordena librar compulsa de citación, despacho y oficio N° 1.301, a los fines de la citación del demandado de autos.
Ahora bien, revisadas las actuaciones cursantes en autos, se observa que, desde el día 14 de junio del año 2.006, fecha en que la parte actora, solicita sea librada la respectiva compulsa de citación a la parte demandada de auto, hasta el día de hoy 27 de mayo del año 2011, la parte actora dejó transcurrir cuatro (04) años, once (11) meses , y dieciséis (16) días sin haber gestionado lo concerniente con la citación de la parte demandada en la presente causa, acto procesal necesario e indispensable para la trabazón de la litis; y reza la norma contenida en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil que “Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de Procedimiento por las partes…” (Omissis).
El artículo anteriormente señalado establece la figura de la Perención, institución procesal en virtud de la cual opera la extinción de la instancia por la inactividad en el proceso durante el lapso de un año, contado a partir del último acto de Procedimiento.
Comprobado en el caso de autos, que desde el día 14 de junio del año 2.006, fecha en que la parte actora, solicita sea librada la respectiva compulsa de citación a la parte demandada de auto, hasta el día de hoy 27 de mayo del año 2011, la parte actora dejó transcurrir cuatro (04) años, once (11) meses , y dieciséis (16) sin haber efectuado ningún acto para continuar impulsando el proceso, resulta pertinente, por ministerio de la norma antes transcrita, declarar consumada la PERENCIÓN en la presente causa y ASI SE DECIDE.
Lo expuesto se sustenta en sentencia proferida en fecha 01-06-2.001, por el Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional, caso FRAN VALERO GONZÁLEZ y MILENA PORTILLO MANOSALVA DE VALERO, contra el Juzgado Superior Segundo Accidental en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo y de Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, expediente N° 1.491, Magistrado-Ponente: JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO, de la cual se transcriben los siguientes párrafos:
“Corresponde a esta Sala hacer las siguientes distinciones:
El Código de Procedimiento Civil establece la institución denominada perención de la instancia.

Dicho Código señala que toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes (artículo 267); y agrega, que la inactividad del juez después de vista la causa, lo que se entiende que es solo con relación al fallo de fondo, no producirá la perención. Ella tampoco tendrá lugar cuando el proceso se encuentre en consulta legal, ante el juez que ha de conocerla (artículo 270 del Código de Procedimiento Civil).

En su esencia, tal disposición persigue sancionar la inactividad de las partes (de todos los litigantes), y la sanción se verifica de derecho, la que no es renunciable por las partes, tal como lo señala el artículo 269 del Código de Procedimiento Civil.

El efecto de la perención declarada es que se extingue el proceso, por lo que ella no ataca a la acción, y las decisiones que produzcan efectos, y las pruebas que resulten de los autos, continuarán teniendo plena validez. Simplemente, la perención finaliza el proceso, el cual no continuará adelante a partir de la declaratoria de aquélla.

Como la acción no se ve afectada por la perención, la demanda puede volverse a proponer, y si con ella (la perimida) se hubiere interrumpido la prescripción, tal interrupción sigue produciendo efectos.

Por tratarse de una “sanción” a la inactividad de las partes, la perención, una vez verificado el supuesto que la permite, puede declararse de oficio, sin que valga en contra que las partes o una de ellas actuó después que se consumieron los plazos cuando se produjo la inactividad. Esta última puede tener lugar cuando no se insta o impulsa el proceso en un lapso legal establecido, o cuando el demandante no realiza una actividad específica en determinados plazos (caso del artículo 354 del Código de Procedimiento Civil, por ejemplo) a la cual lo requiere el Tribunal, a instancia de su contraparte; o cuando debiendo comparecer a una determinada actuación, no lo hace (artículos 756 y 758 del Código de Procedimiento Civil). De estas dos posibilidades para los fines de este fallo, a la Sala le interesa la primera de ellas: la perención que nace por falta de impulso procesal propio.

Estos términos no son otros que los indicados en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil:
El transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes.

1) El transcurso de treinta días desde la fecha de admisión de la demanda, sin que el demandante hubiere cumplido las obligaciones que le impone la ley para que sea practicada la citación del demandado.

2) El transcurso de treinta días a contar desde la fecha de la reforma de la demanda, realizada antes de la citación del demandado, si el demandante no hubiese cumplido con las obligaciones que le impone la ley para que sea practicada la citación del demandado.

3) El transcurso de seis meses contados desde la suspensión del proceso por la muerte de alguno de los litigantes (artículo 144 del Código de Procedimiento Civil), o por haber perdido el carácter con que obraba, sin que los interesados hubiesen gestionado la continuación de la causa, ni dado cumplimiento a las obligaciones que la ley les impone para proseguirla.

Sin embargo, el principio -enunciado en el artículo 267 aludido- de que la perención no corre después de vista la causa, no es absoluto, ya que si después de vista la causa, se suspende el proceso por más de seis meses, por la muerte de alguno de los litigantes o por la pérdida del carácter con que obraba, sin que transcurrido dicho término los interesados gestionen la continuación de la causa, ni cumplan las obligaciones que la ley les impone para proseguirla, perimirá la instancia, así ella se encuentre en estado de sentencia, ya que el supuesto del ordinal 3° del artículo 267 no excluye expresamente la perención si la causa ya se ha visto, y realmente en estos supuestos (ordinal 3°), la inactividad procesal es atribuible a las partes, por lo que ellas deben asumir sus consecuencias.

Por ello, el ordinal 3° del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil al señalar: “También se extingue la instancia”, no distingue en qué estado ella se encuentra, en contraposición con los otros ordinales de dicha norma, y con el enunciado general de la misma....” (omissis).

Acatando la doctrina pacífica supra citada, y en virtud de que los supuestos de hecho narrados al inicio, se subsumen en sus postulados, es obligado para esta Sentenciadora concluir que en la presente causa se ha consumado la PERENCIÓN ANUAL, supuesto contenido en el primer aparte del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, y ASI SE DECIDE.
En mérito a lo antes expresado, este Tribunal Primero de Primera de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Bancario de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara la PERENCION DE LA INSTANCIA en la presente demanda por DIVORCIO, incoado por los abogados LEONARDO TELLECHEA, JOSE JACINTO VELAZCO Y LILIANA HENRIQUEZ, en su carácter de Apoderados Judiciales de la ciudadana RAMONA ANTONIA MARÍN GONZALEZ, contra el ciudadano GABINO ANTONIO TORRELLES, todos anteriormente identificados, de conformidad con lo establecido en el Artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el Artículo 269 eiusdem, y ASI SE DECIDE.
No hay condenatoria en costas de conformidad con lo establecido en el artículo 283 del Código de Procedimiento Civil.
Publíquese y déjese copia.
Dada, firmada y sellada en la sala de Despacho del Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Bancario de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, En Valencia, a los 27 días del mes de mayo del año 2011. Años 201° de la Independencia y 152° de la Federación.
LA JUEZA TEMPORAL,
ABOG. LUCILDA OLLARVES VELASQUEZ
LA SECRETARIA TITULAR,

ABOG. ROSA VIRGINIA ANGULO AGUILAR

En la misma fecha se publicó la anterior decisión, siendo las 8:34 de la mañana

LA SECRETARIA TITULAR,
ABOG. ROSA VIRGINIA ANGULO AGUILAR
Expediente Nro. 52.084.
LOV / angel’s.-