TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO CARABOBO
TRIBUNAL DE VIOLENCIA EN FUNCION DE CONTROL, AUDIENCIA Y MEDIDAS DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO CARABOBO-VALENCIA
Valencia, 25 de Mayo de 2011
Años 201º y 152º

ASUNTO: Nº GP01-S-2010-001048.
JUEZA TEMPORAL ABG. MARLENE MENDOZA SANCHEZ.
FISCALÍA VIGESIMA SEGUNDA DEL MINISTERIO PUBLICO
IMPUTADO: SAMUEL ALEXANDER VILORIA GONZALEZ
DEFENSOR PRIVADO ABG. ANIBAL JESUS QUEVEDO.
DELITO: ACTOS LASCIVOS AGRAVADOS, previsto y sancionado en el primer aparte del artículo 45 de la Ley Orgánica Sobre el derecho a la Mujer a una Vida Libre de Violencia concatenado con el ordinal 2º del artículo 65 de la referida ley. .
DECISION: REVISIÓN DE MEDIDA SIN LUGAR

Revisado como fue el escrito presentado por la defensor privado Abg. Aníbal Jesús Quevedo, en su carácter de defensor del ciudadano: SAMUEL ALEXANDER VILORIA GONZALEZ, solicitando ante este Tribunal la Revisión de la Medida, de conformidad con el artículo 264 del Código Orgánico Procesal Penal; fundamentándose en que el acto conclusivo presentado por el ministerio publico no arrojan con certeza pluralidad de indicios que prueben la culpabilidad de su representado, así mismo alega que no existe peligro de fuga ni obstaculización del proceso; este Tribunal para decidir observa:

PRIMERO:: En fecha 19/11/2010, este tribunal celebró Audiencia de Presentación de Imputado, mediante el cual se decreto Medida Judicial de Privación Preventiva de Libertad, en contra del imputado: SAMUEL ALEXANDER VILORIA GONZALEZ, por la presunta comisión del delito de: ACTOS LASCIVOS AGRAVADOS, previsto y sancionado en el primer aparte del artículo 45 de la Ley Orgánica Sobre el derecho a la Mujer a una Vida Libre de Violencia concatenado con el ordinal 2º del artículo 65 ejusdem, en perjuicio de la niña Yorheidys (se omite por mandato de la LOPNNA).

SEGUNDO: La Representante del Ministerio Publico, en fecha 20-12-2010, interpuso Formal Acusación, en contra del ciudadano: SAMUEL ALEXANDER VILORIA GONZALEZ, por la presunta comisión del delito de ACTOS LASCIVOS AGRAVADOS, previsto y sancionado en el primer aparte del artículo 45 de la Ley Orgánica Sobre el derecho a la Mujer a una Vida Libre de Violencia concatenado con el ordinal 2º del artículo 65 de la referida ley.

Considera este tribunal, que el defensor hace uso del contenido del artículo 264 del Código Orgánico Procesal Penal el cual señala el “EXAMEN Y REVISIÓN. El imputado podrá solicitar la revocación o sustitución de la medida judicial de privación preventiva de libertad las veces que lo considere pertinente. En todo caso el Juez deberá examinar la necesidad del mantenimiento de las medidas cautelares cada tres meses, y cuando lo estime prudente la sustituirá por otras menos gravosas. La negativa del tribunal a revocar o sustituir la medida no tendrá apelación”

De la norma anteriormente transcrita, se evidencia que el legislador le concede al imputado el derecho a solicitar la sustitución de la medida judicial de privación preventiva de libertad, tantas veces como lo considere pertinente, tanto es así que el precepto le impone al juez la obligación de examinar la necesidad del mantenimiento de las medidas cautelares cada tres meses, y cuando lo estime conveniente la sustituirá por otras menos gravosas, es decir, que el juez decidirá, de acuerdo con su prudente arbitrio.

Asi mismo, la defensa considera que no se encuentra llenos los extremos del artículo 251 del Código Orgánico Procesal Penal, el cual hace referencia al Peligro de Fuga. Para decidir acerca del peligro de fuga se tendrán en cuenta, especialmente, las siguientes circunstancias: Arraigo en el país, determinado por el domicilio, residencia habitual, asiento de la familia, de sus negocios o trabajo y las facilidades para abandonar definitivamente el país o permanecer oculto. La pena que podría llegarse a imponer en el caso: La magnitud del daño causado El comportamiento del imputado durante el proceso, o en otro proceso anterior, en la medida que indique su voluntad de someterse a la persecución pena ,La conducta predelictual del imputado. Parágrafo Primero: Se presume el peligro de fuga en casos de hechos punibles con penas privativas de libertad, cuyo término máximo sea igual o superior a diez años.

El Tribunal considera que en el caso en particular, al analizar las circunstancias para decidir sobre lo estipulado, en relación con el artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal, quien aquí decide considera que nos encontramos en presencia de un hechos punible, cuya acción no se encuentra prescrito, de igual manera considera este tribunal, que el delito objeto del proceso excede de tres (03) Años, requisito este indispensable para la procedencia de la Medida Cautelar Sustitutiva, todo de conformidad con el artículo 253 del Código Orgánico Procesal Penal; ya que el tipo penal que le fue imputado al precitado imputado, corresponde al descrito en el primer aparte del artículo 45 del Ley especial, en el cual se establece una pena de dos a seis años de prisión. Asimismo, por la magnitud del daño causado, ya que atenta al bien jurídico tutelado por la especialísima Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que es la persona del sexo femenino, aunado al hecho de que la víctima es una niña, situación éstas agravantes del delito precalificado.

Ahora bien, revisadas como han sido las actas que conforman el respectivo expediente, quien aquí decide considera que hasta la presente fecha no han variado las circunstancias de tiempo, modo y lugar que dieron origen a la medida decretada por ante este tribunal en fecha 19-11-2010, en contra del imputado: SAMUEL ALEXANDER VILORIA GONZALEZ, Venezolano, natural de Valencia Edo Carabobo, de 25 años de edad, fecha de nacimiento 12/06/1985, titular de la cedula N° V-24.327.520, hijo de Marbelis Viloria y Simón Reina, de oficio Obrero, residenciado en el sector: La Belén, casa S/N, Las Trincheras, calle tamarindo, un rancho de barrio, Naguanagua estado Carabobo, es por todo lo antes expuesto, considera quien aquí decide que lo ajustado a derecho es DECLARAR SIN LUGAR, la sustitución de medida de coerción personal solicitada por la defensa del imputado de autos, lo cual obedece al aseguramiento del proceso y resultas del mismo. Y ASI SE DECIDE.

DISPOSITIVA

Sobre la base de los fundamentos de hecho y de derecho antes expuestos, este Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Penal en Función de Control, Audiencias y Medidas con Competencia en Materia de Violencia contra la mujer, del Circuito Judicial Penal del Estado Carabobo, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley hace el siguiente pronunciamiento: Se NIEGA LA MEDIDA CAUTELAR SUSTITUTIVA DE LIBERTAD, solicitada por la defensa de conformidad con los artículos 250, 251, ordinales 2 y 3 y el artículo 252 del Código Orgánico Procesal Penal concatenado con el 264 ejusdem, al ciudadano: SAMUEL ALEXANDER VILORIA GONZALEZ, Titular de la Cedula de Identidad N° V-24.327.520, en consecuencia se mantiene la MEDIDA JUDICIAL DE PRIVACION PREVENTIVA DE LIBERTAD, decretada en fecha 19/11/2010. Notifíquese a las partes de presente decisión, déjese copia certificada de la misma. Diarícese, publíquese, regístrese. Cúmplase.

Abg. Marlene Mendoza Sánchez
Jueza Temporal Primera de Primera Instancia
en Función de Control Audiencia y Medidas
Secretaria
Abg. María Blanco.