REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y AGRARIO

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA EN SU NOMBRE POR AUTORIDAD DE LA LEY EL JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL MERCANTIL Y BANCARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO CARABOBO Valencia, 20 de junio de 2011 201º y 152° DEMANDANTES: JESUSITA AGUILAR DE SEGURA, SOCORRO AGUILAR, JOSÉ AGUILAR, CARMEN AGUILAR, IRENE AGUILAR, ANGEL AGUILAR Y BLASITA AGUILAR. APODERADO: DOMINGO ALBERTO MARCANO ROJAS Inpreabogado Nº. 17.686 DEMANDADA: SOCIEDAD MERCANTIL CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, C.A. (COYSERCA) APODERADO : MAYRA LARA BORGES Y LUIS FELIPE OJEDA Inpreabogado Nº. 40.105 y 19.164. MOTIVO: INTERDICTO POR DESPOJO EXPEDIENTE: 21.975. Vista la entrada en vigencia del Decreto Nº. 8.190 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, bajo el Nº 39668, en fecha 6 de Mayo de 2011, que expresa en su artículo cuarto que “…no podrá procederse a la ejecución de desalojos forzosos o a la desocupación de viviendas mediante coacción o constreñimiento contra los sujetos objeto de protección indicados en este Decreto Ley, sin el cumplimiento previo de los procedimientos especiales establecidos, para tales efectos en el presente Decreto-Ley. Los procesos judiciales o administrativos en curso para la entrada en vigencia de este Decreto-Ley, independientemente de su estado o grado, deberán ser suspendidos por la respectiva autoridad que conozca de los mismos, hasta tanto las partes acrediten haber cumplido el procedimiento especial previsto en este Decreto-Ley, luego de lo cual y según las resultas obtenidas, tales procesos continuarán su curso”. Y, que en su articulo 5º, prevé que: “previo el ejercicio de cualquier otra acción judicial o administrativa que pudiera derivar en una decisión cuya practica material comporte la perdida de la posesión o tenencia de un inmueble destinado a vivienda principal, en perjuicio de alguno de los sujetos protegidos por este Decreto-Ley, deberá tramitarse por ante el Ministerio con competencia en materia de hábitat y vivienda, el procedimiento descrito en los artículos subsiguientes”. Así como, se observa que en el contenido del artículo 2º del referido Decreto Ley, se establece, que “Serán objeto de protección especial, mediante la aplicación del presente decreto con Rango y Fuerza de Ley, las personas naturales y sus grupos familiares, que ocupen inmuebles destinados a vivienda principal en calidad de arrendatarias o arrendatarios, comodatarias o comodatarios, así como aquellas personas que ocupen de manera legítima dichos inmuebles como vivienda principal. El presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley deberá aplicarse además en protección de las adquirientes y los adquirientes de viviendas nuevas o en el mercado secundario, cuando sobre dichos inmuebles, destinados a vivienda principal, se hubiere constituido garantía real, siendo susceptible de ejecución judicial que comporte la pérdida de la posesión o tenencia”. Ahora bien, de la revisión efectuada al presente expediente, observa el Tribunal que en la presente causa la parte demandada Sociedad Mercantil Construcciones y Servicios, C.A (COYSERCA), está construyendo en forma clandestina un lote de cinco (05) edificios destinados para uso familiar en un lote de terreno propiedad de los demandantes denominado HACIENDA MONTEMAYOR, a la altura de la entrada del pueblo de San Diego entre la Urbanización Monteserino que es lindero Norte y la avenida Julio Centeno hasta la parte Norte de la Urbanización La Esmeralda, alegando ser dueños de dicho terreno, motivo por el cual es demandada por INTERDICTO POR DESPOJO. Asimismo, de la lectura del libelo de la demanda se puede observar que dicha construcción esta compuesta por cinco edificios de quince pisos cada uno y que las mismas van a ser destinadas a viviendas familiares y en virtud, de que dicho urbanismo forma parte del Acuerdo Marco de la GRAN MISIÓN VIVIENDA VENEZUELA, firmado entre el Ejecutivo Nacional y el sector Bancario, donde se compromete el Estado a solventar con prioridad y celeridad todos los trámites burocráticos relacionados a estos conjuntos residenciales, según se evidencia de acta de compromiso de fecha 06/05/2011, remitida por INDEPABIS, según oficio de fecha 06/05/2011, motivo por el cual considera quién decide que la presente causa debe ser suspendida. En consecuencia, este Tribunal, en estricto acatamiento de lo dictaminado en la referida Ley, suspende temporalmente el presente juicio, hasta que haya constancia en autos – de haberse tramitado por ante el Ministerio con competencia en materia de hábitat y vivienda, el procedimiento administrativo que el propio Decreto Ley establece. A tal efecto, se ordena la notificación de las partes. La Juez Provisorio, Abog. Omaira Escalona. La Secretaria Temporal, Abog. Carmen E. Martínez.