REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE
JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO DEL NUEVO REGIMEN PROCESAL DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO CARABOBO
CON SEDE EN VALENCIA
Asunto: GP02-L-2010-000485
Parte demandante:
Ciudadano CÉSAR EDUARDO MONTERO JIMÉNEZ, titular de la cédula de identidad número 16.596.263
Apoderados judiciales de la parte demandante:
Abogados: Celia Gómez Anzoátegui, Leonora Bolívar Rodríguez, Juan Carlos Zamora y Maria Magdalena Rojas, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los números 74.284, 55.229, 94.886 y 40.220, respectivamente.-
Parte demandada:
CORPORACIÓN MIDIS BAND, C.A., inscrita ante el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, en fecha 25 de Octubre de 2005, bajo el Nº 50, Tomo 96-A.
Apoderados judiciales de la parte demandada:
Abogados: Killiana Rodríguez y Nuvia Pernia Hoyo, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los números 128.352 y 128.378, respectivamente.
Motivo:
COBRO DE PRESTACIONES SOCIALES.-
Vista la diligencia presentada ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos en fecha 24 de mayo de 2011, inserta a los folios “184” al “188” de la pieza principal del expediente, actuación que aparece suscrita por la abogada Maria Magdalena Rojas, inscrita en el Inpreabogado bajo el Nº 40.220, actuando en su carácter de apoderada judicial del demandante, CÉSAR MONTERO, así como por la abogada Nuvia Pernia Hoyo, inscrita en el Inpreabogado bajo el Nº 128.376, actuando con el carácter de apoderada judicial de la parte demandada, CORPORACIÓN MIDIS BAND, C.A., todos identificados en el cuerpo de la presente decisión, se hacen las siguientes consideraciones:
El numeral 2 del artículo 89 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, concordado con el artículo 3 de la Ley Orgánica del Trabajo y el artículo 10 del Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo, establecen los requisitos que debe reunir las transacciones que se refieran a derechos laborales a los fines de que sea susceptible de homologación por el órgano jurisdiccional o autoridad administrativa del trabajo y adquiera la eficacia de la cosa juzgada.
En efecto, el artículo 2 del artículo 89 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, consagra:
“Artículo 89.- El Trabajo es un hecho social y gozará de la protección del Estado. La ley dispondrá lo necesario para mejorar las condiciones materiales, morales e intelectuales de los trabajadores y trabajadoras. Para el cumplimiento de esta obligación del Estado se establecen los siguientes principios:
1. (…);
2. Los derechos laborales son irrenunciables, es nula toda acción, acuerdo o convenio que implique renuncia o menoscabo de estos derechos. Solo es posible la transacción y convenimiento al término de la relación laboral, de conformidad con los requisitos que establezca la ley.”
Por su parte, el artículo 3 de la Ley Orgánica del Trabajo prevé:
“En ningún caso serán renunciables las normas y disposiciones que favorezcan a los trabajadores.
Parágrafo Único: La irrenunciabilidad no excluye la posibilidad de conciliación o transacción siempre que se haga por escrito y contenga una relación circunstanciada de los hechos que la motiven y de los derechos en ella comprendidos. La transacción celebrada por ante el funcionario competente del trabajo tendrá efecto de cosa juzgada”
Finalmente, el artículo 10 del Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo establece:
“De conformidad con el principio de irrenunciabilidad de los derechos que favorezcan al trabajador y trabajadora, contemplado en el numeral 2 del artículo 89 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con el artículo 3 de la Ley Orgánica del Trabajo, las transacciones y convenimientos solo podrán realizarse al termino de la relación laboral y siempre que versen sobre derechos litigiosos o discutidos, consten por escrito y contengan una relación circunstancia de los hechos que las motiven y de los derechos en ellas comprendidos.
En consecuencia, no será estimada como transacción la simple relación de derechos, aún cuando el trabajador o trabajadora hubiere declarado su conformidad con lo pactado. En este supuesto, el trabajador o trabajadora conservará íntegramente las acciones para exigir el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la relación de trabajo”
Pero, además, el artículo 256 del Código de Procedimiento Civil, señala:
“…Las partes pueden terminar el proceso pendiente, mediante la transacción celebrada conforme a las disposiciones del Código Civil...”
En ese orden de ideas, el artículo 1.714 del Código Civil, expresa:
“…Para transigir se necesita tener capacidad para disponer de las cosas comprendidas en la transacción…”
Por su parte, el artículo 154 del Código de Procedimiento Civil, textualmente señala:
“...El poder faculta al apoderado para cumplir todos los actos del proceso que no estén reservados expresamente por la ley a la parte misma; pero para convenir en la demanda, desistir, transigir, comprometer en árbitros, solicitar la decisión según la equidad, hacer posturas de remates, recibir cantidades de dinero y disponer del derecho en litigio, se requiere facultad expresa...”
En consecuencia, corresponde a los Jueces Laborales o Inspectores del Trabajo, en cada caso, velar que el acto transaccional cumpla con tales requisitos antes de su proceder a impartirle la homologación correspondiente, todo garantizar la eficacia de la cosa juzgada y así evitar futuros litigios sobre lo transado, contribuyendo con ello al mantenimiento de la seguridad jurídica y paz social.
Con fundamento en tales premisas, se observa que en el escrito libelar la parte demandante, con motivo de la relación de trabajo que alega le vinculó con la demandada desde el 1ºde julio de 2005 hasta el 11 de marzo de 2009, ha pretendido obtener el pago de Bs.f.29.138,05, suma que comprende lo reclamado por concepto de prestación de antigüedad, indemnización por despido injustificado, indemnización sustitutiva de preaviso, vacaciones correspondientes a los periodos 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008 y 2008-2009, utilidades ejercicios 2005, 2006, 2007, 2008 y 2009, cesta ticket y feriados no cancelados.
De igual modo se aprecia que en la contestación a la demanda la representación de la accionada alegó que la prestación de servicios del actor finalizó en fecha 31 de enero de 2009.
Tomando en consideración tales referencias, se advierte que la transacción subexamine ha sido concertada con posterioridad a la época en que las partes alegan finalizada la prestación de servicios del actor y contiene una relación circunstanciada de los hechos que la motivan y los derechos en ella comprendidos, con motivo de la cual la parte demandada ofrece pagar al accionante la suma de Bs.f.12.000,00, lo cual fue aceptado por la parte demandante.
De igual modo se aprecia que los abogados Maria Magdalena Rojas y Nuvia Pernia, actúan en ejercicio de los poderes que les fueran conferidos por sus representados, respectivamente, a través de los cuales se les facultó expresamente para transigir y, en consecuencia, aparecen suficientemente autorizadas para concertar y suscribir el referido acto de autocomposición procesal en representación de sus respectivos patrocinados..
Como consecuencia de las anteriores consideraciones, este Juzgado Cuarto de Primera Instancia de Juicio del Nuevo Régimen Procesal del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, con sede en Valencia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, le imparte su homologación al acuerdo transaccional alcanzado por sus intervinientes a los fines de que tenga fuerza de cosa juzgada, en tanto sus intervinientes tienen capacidad para acceder al mismo y comporta recíprocas concesiones respecto de los conceptos y derechos discutidos en el presente juicio siendo que, en relación con los mismos, cumple con los requisitos establecidos en numeral 2 del artículo 89 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en el Parágrafo Único del artículo 3 de la Ley Orgánica del Trabajo y en el artículo 10 de su Reglamento, todo en concordancia con lo dispuesto en los artículos 154, 255 y 256 del Código de Procedimiento Civil, aplicables analógicamente a tenor de lo previsto en el artículo 11 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.
No hay condenatoria en costas a tenor de lo establecido en el parágrafo único del artículo 62 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Publíquese y regístrese. Déjese copia autorizada de la presente decisión. Al primer día del mes de junio de 2011.-
El Juez,
Eddy Bladismir Coronado Colmenares
La Secretaria,
Amarilis Mieses Mieses
En la misma fecha se dictó, publicó y registró la anterior sentencia, siendo las 3:00 p.m.
La Secretaria,
Amarilis Mieses Mieses
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