TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
JUZGADO SUPERIOR PRIMERO EN LO CIVIL, MERCANTIL, BANCARIO DEL TRANSITO, Y DE PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y DEL ADOLESCENTES DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO CARABOBO.

PARTE SOLICITANTE.-
YANIUSKA ABRANTES SOSA, cubana, mayor de edad, y de este domicilio.
ABOGADA ASISTENTE DE LA PARTE ACTORA.-
ZUNILDE C. DIAZ M, abogada en ejercicio, inscrita en el INPREABOGADO bajo el número 74.259 y de este domicilio.
MOTIVO.-
EXEQUÁTUR
EXPEDIENTE No. 10.977.-

En fecha 27 de junio de 2011, la ciudadana YANIUSKA ABRANTES SOSA, asistida por la abogada ZUNILDE C. DIAZ M, presentó un escrito contentivo de solicitud de exequátur, por ante el Juzgado Superior Distribuidor, donde una vez efectuada la distribución, le correspondió el conocimiento a este Juzgado, el cual le dio entrada, en fecha 30 de junio de 2011, bajo el No 10.977, y estando dentro de la oportunidad para decidir, este Tribunal pasa a hacerlo previas las consideraciones siguientes:

PRIMERA.-
La ciudadana YANIUSKA ABRANTES SOSA, asistida por la abogada ZUNILDE C. DIAZ M, alega en su escrito de solicitud de exequátur lo siguiente:
“…Tal como se evidencia de Copia certificada legalizada que marcada con la letra “E”, anexo al presente escrito El Tribunal Municipal Popular de Cifuentes, de Cifuentes, Villa Clara, Cuba, en expediente N° 11 de 2009; con fecha 25-02-2009, con fecha 25-02-2009, la cual quedó firme desde el día 06-03-2009, por la que se declaró disuelto el vínculo matrimonial entre YANIUSKA, ABRANTES SOSA y el Ciudadano YOELVIS MENDOZA. En la sentencia anterior se hace cumplido los requisitos exigidos en el Artículo 851 de Código de Procedimiento Civil de Venezuela, en efecto:
1.- No se arrebató a Venezuela la jurisdicción, que le corresponde para conocer de negocios, según los principios generales de la competencia procesal internacional previstos en el Código de Procedimiento Civil.
2.- Tiene fuerza de cosa juzgada de acuerdo con la ley que rige Cuba, donde se pronuncia dicha sentencia.
3.- Ha sido dictada en materia Civil.
4.- El demandado ha sido citado conforme a las disposiciones legales de Cuba y se otorgaron las garantías procesales que aseguran una favorable posibilidad de defensa
5.- No choca contra la Sentencia firme dictada por los Tribunales Venezolanos.
6.- Las Sentencia no contiene declaraciones ni disposiciones contrarias al orden público o al Derecho Público interior de la República.
CAPITULO II Ahora bien Ciudadano Juez; cabe informar que durante el matrimonio procreamos una niña que lleva por nombre LAYRA AKSUINAY GARCÍA ABRANTES de quince (15) años de edad y cuya guarda y cuidado le correspondió a la madre como medidas provisionales dictada por el mismo Tribunal que dictó el divorcio tal como consta en original y copia que está anexa al mismo señalada con la letra "E" y "El".
CAPITULO III Por lo anteriormente expuesto de conformidad con el Artículo 852 del Código de Procedimiento Civil, solicito de este honorable Tribunal declare la fuerza Ejecutoriada en la República Bolivariana de Venezuela de, la referida Sentencia dictada por el Juzgado del Tribunal Municipal popular De Cifuentes, del Municipio Cifuentes Cuba, en fecha 06 de Marzo del Año 2009, cediendo el correspondiente Exequátur a la Sentencia de Divorcio, objeto de esta solicitud, con los procedimientos legales, a los fines establecidos en el Artículo 853 del Código de Procedimiento Civil…”

SEGUNDA.-
Como punto previo, pasa este Sentenciador a pronunciarse sobre la competencia para conocer de la presente solicitud de exequátur; y en este sentido observa el criterio asentado por la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia dictada el 14 de octubre de 1.999, en la cual se lee:
“...El 06 de febrero de 1.999, entró en vigencia la Ley de Derecho Internacional Privado cuyo Capítulo X (De la Eficacia de la Sentencias Extranjeras, artículos 53 al 55) regula lo concerniente a las solicitudes de ejecución de sentencias extranjeras, derogando en relación con los aspectos reglados en la referida Ley, aquellas disposiciones contenidas en otros cuerpos de normas, ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, ejusdem. Se aprecia, sin embargo, que nada indicó el nuevo texto legal sobre cual sería la autoridad jurisdiccional llamada a conocer de dichas solicitudes, lo que permite inferir la vigencia de todas aquellas normas que venían regulando lo relativo a la competencia en esta materia...”
Sin embargo lo anterior debe necesariamente observarse tomando en cuenta la distinción planteada por el artículo 856, del Código de Procedimiento Civil, conforme al cual el pase de los actos de las autoridades extranjeras en materia de emancipación, adopción y otros de naturaleza no contenciosa, deberá ser decretado por el Tribunal Superior del lugar donde se haya de hacer valer, previo el examen de las condiciones exigidas por la normativa vigente....”
En virtud de lo cual, siendo que el Tribunal competente, lo será un Tribunal Superior del lugar donde se pretende hace valer la sentencia que por divorcio, fuese pronunciada por un Tribunal extranjero; este Juzgado Superior Primero en lo Civil, se declara competente para conocer de la presente solicitud de exequátur; Y ASÍ SE DECIDE.
Decidida como ha sido la competencia de este Tribunal, pasa este Sentenciador a pronunciarse con relación a lo solicitado y en este sentido observa:
El Código Civil establece en sus artículos:
445.- “Los nacimientos, matrimonios y defunciones se harán constar, en la jurisdicción en que ocurran, en registros especialmente destinados a este objeto.”
475.- “También se insertará la sentencia ejecutoriada que declare la existencia, nulidad o disolución del matrimonio, anotándose al margen la partida correspondiente.”
A su vez, el Código de Procedimiento Civil establece en su artículo 856, lo siguiente:
“El pase de los actos o sentencias de las autoridades extranjeras en materia de emancipación, adopción y otros de naturaleza no contenciosa, lo decretará el Tribunal Superior del lugar donde se haya de hacer valer, previo examen de si reúnen las condiciones exigidas en los artículos precedentes, en cuanto sean aplicables.”
Así mismo observa que, en lo que respecta al requisito de reciprocidad, del establecido en el artículo 850, del vigente Código de Procedimiento Civil, que el mismo quedó derogado, al no haber sido incluida dicha disposición en la Ley de Derecho Internacional Privado; tal como lo estableció la sentencia dictada el 06 de octubre de 1.999, por la Sala Político Administrativa, en la cual se lee:
“...Como ha sido destacado en anteriores oportunidades, a partir del 06 de febrero del año en curso, el orden de prelación a aplicar es el expuesto en el artículo 1° de la Ley de Derecho Internacional Privado, cuyo texto prescribe:
“...Artículo 1°. Los supuestos de hecho relacionados con los ordenamientos jurídicos extranjeros se regularán por las normas de Derecho Internacional Público sobre la materia, en particular, las establecidas en los tratados internacionales vigentes en Venezuela; en su defecto, se aplicarán las normas de Derecho Internacional Privado Venezolano; a falta de ellas, se utilizará la analogía y, finalmente, se regirán por los principios del Derecho Internacional Privado generalmente aceptados...”
“....Dicha disposición ordena, en primer lugar, la aplicación de las normas sobre Derecho Internacional Público sobre la materia, en particular, las establecidas en los tratados internacionales vigentes en Venezuela. En los casos de autos se solicita que por el procedimiento exequátur se declare la fuerza ejecutoria en la República Bolivariana de Venezuela de una sentencia proferida por un tribunal con sede en una división político-territorial de los Estados Unidos de América, país que no es parte ni del Convenio Bolivariano (1911), ni de la Convención Interamericana sobre Eficacia Extraterritorial de las Sentencias y Laudos Arbitrales Extranjeros (1979), tratados vigentes para Venezuela en esta materia. Por tal razón, de conformidad con lo dispuesto en el artículo antes trascrito, se plantea la aplicación de las normas de Derecho Internacional Privado, consagradas en primer término en la citada Ley Especial, cuyo capítulo X (De la Eficacia de las Sentencias Extranjeras) derogó parcialmente las disposiciones contenidas en el Código de Procedimiento Civil, relativas al proceso de exequátur...”
“...De otra parte, debe nuevamente precisar este Alto Tribunal, que habiendo sido eliminado por la Ley de Derecho Internacional Privado, el requisito de reciprocidad que exigía el artículo 850, del Código de Procedimiento Civil, al no incluirlo como tal dentro de las disposiciones, no entrará a considerar en este caso, ni en los sucesivos, las pruebas que para tal fin fueron o sean suministradas por la parte interesada, y así se declara...” (JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, ÓSCAR R. PIERRE TAPIA, Tomo 10, Págs. 547 a 549).
Observa esta alzada que, en fecha 25 de Febrero de 2009, el Tribunal Municipal Popular de Cifuentes, de la República de Cuba, dictó sentencia mediante la cual declaró:
“…DISUELTO EL VINCULO MATRIMONIAL ENTRE YANIUSKA ABRANTES SOSA y YOELVIS GARCIA …”

Visto lo anterior, y de conformidad con los criterios jurisprudenciales traídos a colación pasa este Sentenciador a verificar si se le ha dado cumplimiento, a las exigencias del artículo 53 de la Ley de Derecho Internacional Privado, y al efecto, se observa:
1°) La sentencia extranjera fue dictada en asunto civil, materia familiar, específicamente en un juicio de divorcio no contencioso.
2°) Tiene fuerza de cosa juzgada de acuerdo con la sentencia dictada por el Tribunal Municipal Popular de Cifuentes, de la República de Cuba, referente a la Disolución del Matrimonio formado por YANIUSKA ABRANTES SOSA y YOELVIS GARCIA.
3°) No se ha arrebatado a Venezuela la jurisdicción exclusiva que le correspondiere para conocer del divorcio entre las partes.
4°) El Municipal Popular de Cifuentes, de la República de Cuba, tenía jurisdicción para conocer de la causa, por cuanto el Divorcio fue solicitado ante un órgano jurisdiccional competente del lugar del domicilio de los solicitantes.
5°) No consta en autos, que la sentencia extranjera, objeto de la presente solicitud, sea incompatible con sentencia alguna, que tenga carácter de cosa juzgada, dictada por un Tribunal Venezolano; así como tampoco se evidencia, que exista ante los Tribunales Venezolanos, una solicitud pendiente sobre el mismo objeto, iniciado con anterioridad a que se hubiere dictado la sentencia extranjera.
En consecuencia, verificado, como ha sido, el cumplimiento de los extremos exigidos en el artículo 53 de la Ley de Derecho Internacional Privado; cuyo numeral 1° exige que se trate de una sentencia extranjera, que fuere dictada en un asunto civil, en materia familiar; puesto que el caso sub-examine, se trató específicamente de una solicitud de Divorcio, no contencioso en sede jurisdiccional; es por lo que esta Alzada, al considerar igualmente llenos los requisitos exigidos por las normas que regulan la materia en la legislación venezolana, declara procedente la solicitud de exequátur; Y ASÍ SE DECIDE.

TERCERA.-
En orden a los razonamientos anteriormente expuestos, este Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, Bancario y de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, y por autoridad de la Ley CONCEDE FUERZA EJECUTORIA EN EL TERRITORIO DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA A LA SENTENCIA dictada por el Tribunal Municipal Popular de Cifuentes, de la República de Cuba, referente a la Disolución de matrimonio formado por YANIUSKA ABRANTES SOSA y YOELVIS GARCIA
PUBLÍQUESE y REGÍSTRESE
DÉJESE COPIA
Dada, firmada, y sellada en la Sala de despacho del Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, Bancario del Tránsito, y Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo. En Valencia, a los once (11) días del mes de julio del año dos mil once (2011). Años 201° y 152°.
El Juez Titular,
Abog. FRANCISCO JIMÉNEZ DELGADO
La Secretaria,
MILAGROS GONZÁLEZ MORENO
En la misma fecha, y siendo las 2:22 p.m., se dictó y publicó la anterior sentencia.
La Secretaria,
MILAGROS GONZÁLEZ MORENO