REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA EN SU NOMBRE EL JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y BANCARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO CARABOBO DEMANDANTE: SOCIEDAD MERCANTIL VENIBER, C.A. ABOGADO: PEDRO PABLO GIL C. DEMANDADO: CONSTRUCCIONES HERMANOS CONTI, C.A. MOTIVO: COBRO DE BOLIVARES (PROCEDIMIENTO INTIMATORIO) SENTENCIA: DEFINITIVA (EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN) EXPEDIENTE: 47.816 Por escrito de fecha 16 de mayo de 2.001 el abogado PEDRO PABLO GIL C. venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. V-3.715.510, inscrito en el Inpreabogado bajo el No. 9.419, procediendo en su condición de apoderado judicial de la Sociedad Mercantil VENIBER, C.A. inscrita en el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui e inscrita en el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui el día 20 de julio de 1.977, bajo el No. 103, Tomo A-3, demandó por COBRO DE BOLIVARES (INTIMATORIO) a la Sociedad Mercantil CONSTRUCCIONES HERMANOS CONTI, C.A. inscrita en el Registro Mercantil Tercero de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo en fecha 01 de octubre de 1.984, bajo el No. 4, Tomo 3-B en la persona de su Presidente el ciudadano SERGIO CONTI ONGARO, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. V-5.753.635. Por auto de fecha 23 de mayo de 2.001, se le dio entrada bajo el No. 47.816. Comparece en fecha 23 de mayo de 2.001 el abogado PEDRO GIL y consigna los documentos fundamentales de la pretensión. En auto de fecha 28 de mayo de 2.001 se admitió la demanda. Consta al folio treinta (30) diligencia suscrita por el alguacil e n fecha 19 de septiembre de 2.001 y consigna compulsa librada al ciudadano SERGIO CONTI, por habérsele informado en la dirección indicada que no se encontraba. Comparece en fecha 19 de septiembre de 2.001 el abogado LUIS REMARTINI y consigna copia de instrumento poder que le fue otorgado por la sociedad mercantil CONSTRUCCIONES HERMANOS CONTI, C.A. el cual fue agregado en su debida oportunidad. Previa solicitud de la parte actora, por auto de fecha 12 de noviembre de 2.001, se libró nueva compulsa al intimado SERGIO CONTI ONGARO. Nuevamente en fecha 03 de diciembre de 2.001, el abogado LUIS REMARTINI consignó copia certificada del instrumento poder que le fue conferido entre otras personas por el ciudadano SERGIO CONTI ONGARO. Comparecen en fecha 03 de diciembre de 2.001 el abogado PEDRO GIL con el carácter de apoderado judicial de la sociedad VENIBER, C.A. y por otra parte el abogado LUIS LEON REMARTINI con el carácter de apoderado judicial de CONSTRUCCIONES HERMANOS CONTI, C.A. y del ciudadano SERGIO CONTI ONGARO, partes demandadas y acuerdan de común y mutuo acuerdo suspender el curso de la causa por un lapso de treinta (30) días continuos, por lo que el Tribunal en auto de fecha 04 de diciembre de 2.001 ordenó la suspensión de la causa por un lapso de treinta días continuos. En fecha 08 de enero de 2.002 el abogado LUIS REMARTINI presentó escrito de oposición y en fecha 28 de enero de 2.002 presentó escrito de contestación a la demanda. En diligencia de fecha 28 de enero de 2.002 el abogado PEDRO GIL y promueve la prueba de cotejo, la cual fue admitida por auto de fecha 30 de enero de 2.002. Una vez más, en fecha 01 de febrero de 2.002 comparecen el abogado PEDRO GIL y LUIS REMARTINI y solicitan la suspensión de la causa, por un lapso de cuarenta y cinco (45) días y solicitaron la fijación de nueva oportunidad para el acto de nombramiento de expertos, solicitud que fue acordada por cuanto de fecha 01 de febrero de 2.002. Por auto de fecha 08 de junio de 2.010, se avocó al conocimiento de la causa la Jueza titular, abogada ROSA MARGARITA VALOR y se libró cartel de notificación a la parte actora, sin que conste en autos algún otro impulso procesal. Ahora bien, revisadas las actuaciones cursantes en autos, se observa que, desde el día 19 de marzo de 2.002, fecha en que la parte demandada solicitó diversos pedimentos, hasta el día de hoy 11 de julio de 2.011, las partes dejaron transcurrir años (09) años, tres (03) meses y veintidós (22) días no ha ocurrido en la presente causa impulso procesal del demandante en este proceso; reza la norma contenida en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil que “Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse efectuado ningún acto de procedimiento por las partes…” (Omissis). Ahora bien, se observa que en la presente causa el último impulso procesal de parte, ocurrió hace más de seis (06) años situación jurídica que coloca a esta causa en estado de paralización, y ASI SE DECLARA. Comprobado en el caso de autos, que desde el día 19 de marzo de 2.002, fecha en que la parte demandada solicitó diversos pedimentos, hasta el día de hoy 11 de julio de 2.011, las partes dejaron transcurrir años (09) años, tres (03) meses y veintidós (22) días, y no se ha efectuado ningún acto para continuar el proceso, es pertinente inferir una FALTA DE INTERÉS PROCESAL que se deduce por la larga paralización en que se ha mantenido este juicio; criterio que se esgrime asida del contenido de la Decisión Proferida en Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, Sentencia emblemática, de fecha 01-06- 001, respecto a la falta de interés procesal, requisito para el ejercicio de la Acción, donde la Sala estableció : Omissis “...No comprende esta Sala, cómo en una causa paralizada, en estado de sentencia, donde desde la fecha de la última actuación de los sujetos procesales, se sobrepasa el término que la ley señala para la prescripción del derecho objeto de la pretensión, se repute que en ella sigue vivo el interés procesal del actor en que se resuelva el litigio, cuando se está ante una inactividad que denota que no quiere que la causa sea resuelta. No vale contra tal desprecio hacia la justicia expedita y oportuna, arguir que todo ocurre por un deber del Estado que se ha incumplido, ya que ese deber fallido tenía correctivos que con gran desprecio las partes no utilizan, en especial el actor. En los tribunales reposan procesos que tienen más de veinte años en estado de sentencia, ocupando espacio en el archivo, los cuales a veces, contienen medidas preventivas dictadas ad eternum, y un buen día, después de años, se pide la sentencia, lo más probable ante un juez distinto al de la sustanciación, quien así debe separarse de lo que conoce actualmente, y ocuparse de tal juicio. ¿Y es que el accionante no tienen ninguna responsabilidad en esa dilación?. A juicio de esta Sala sí. Por respeto a la majestad de la justicia (artículo 17 del Código de Procedimiento Civil), al menos el accionante (interesado) ha debido instar el fallo o demostrar interés en él, y no lo hizo. Pero, esa inacción no es más que una renuncia a la justicia oportuna, que después de transcurrido el lapso legal de prescripción, bien inoportuna es, hasta el punto que la decisión extemporánea podría perjudicar situaciones jurídicas que el tiempo ha consolidado en perjuicio de personas ajenas a la causa. Tal renuncia es incontrastablemente una muestra de falta de interés procesal, de reconocimiento que no era necesario acudir a la vía judicial para obtener un fallo a su favor. (sub. Trib.) No es que la Sala pretenda premiar la pereza o irresponsabilidad de los jueces, ya que contra la inacción de éstos de obrar en los términos legales hay correctivos penales, civiles y disciplinarios, ni es que pretende perjudicar a los usuarios del sistema judicial, sino que ante el signo inequívoco de desinterés procesal por parte del actor, tal elemento de la acción cuya falta se constata, no sólo de autos sino de los libros del archivo del tribunal que prueban el acceso a los expedientes, tiene que producir el efecto en él implícito: la decadencia y extinción de la acción. De allí, que considera la Sala, a partir de esta fecha, como interpretación del artículo 26 Constitucional, en cuanto a lo que debe entenderse por justicia oportuna, que si la causa paralizada ha rebasado el término de la prescripción del derecho controvertido, a partir de la última actuación de los sujetos procesales, el juez que la conoce puede de oficio o a instancia de parte, declarar extinguida la acción, previa notificación del actor, en cualquiera de las formas previstas en el artículo 233 del Código de Procedimiento Civil, si ello fuere posible, y de no serlo, por no conocer el tribunal dónde realizar la notificación, o no poder publicar el cartel, con la fijación de un cartel en las puertas del Tribunal. La falta de comparecencia de los notificados en el término que se fije, o las explicaciones poco convincentes que exprese el actor que compareciere, sobre la causa de su inactividad y los efectos hacia terceros que ella produjo, las ponderara el juez para declarar extinguida la acción. (sub. Trib.) Con sustento como se ratifica, en los párrafos retroinsertados, en la presente causa, no es obligado declarar, la pérdida de interés de la parte actora en realizar todas las actuaciones procesales tendientes a obtener una pronta decisión y con ello la garantía de la tutela judicial efectiva que brinda el Estado a sus Justiciables, toda vez que en el presente caso se abandona el proceso, encontrándose la causa sin haber culminado con las etapas procesales que comportan el desarrollo del mismo, y todavía no había entrado en estado de sentencia; por lo que en criterio de esta Sentenciadora en el caso de marras, no ha ocurrido la simple Extinción del Proceso, que conduce a la declaración de la perención de la instancia, la cual se sanciona con la pérdida de la instancia pero no de la Acción, la que podrá intentarse por las partes en el término de tres meses; situación repito, no es nuestro caso, por cuanto el tiempo ocurrido rebasa el término de la prescripción del derecho el cual para las Acciones Personales es de diez (10) años; razón por la cual, se declara que la pérdida del interés como elemento de la acción, le produce irremediablemente y sin lugar a dudas la EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN, al abogado PEDRO PABLO GIL C. en su carácter de Apoderado Judicial de la parte actora Sociedad Mercantil VENIBER, C.A, ya identificada, y ASI SE DECIDE. Por lo antes expuesto, este Tribunal Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Bancario de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara la EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN, en el juicio por COBRO DE BOLIVARES (PROCEDIMIENTO INTIMATORIO), incoado por el abogado PEDRO PABLO GIL C. contra la sociedad mercantil CONSTRUCCIONES HERMANOS CONTI, C.A. en la persona de su Presidente el ciudadano SERGIO CONTI ONGARO, todos anteriormente identificados, y ASI SE DECIDE. No hay condenatoria en costas de conformidad con lo establecido en el artículo 283 del Código de Procedimiento Civil. Publíquese y déjese copia. Dada, firmada y sellada en la sala de Despacho del Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Bancario de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, En Valencia, a los 11 días del mes de julio del año 2011. Años 201° de la Independencia y 152° de la Federación. LA JUEZA PROVISORIA, ABOG. HILDEGARDA BETANCOURT FURSOW. LA SECRETARIA, ABOG. ROSA VIRGINIA ANGULO AGUILAR En la misma fecha se publicó la anterior decisión, siendo las 09:00 de la mañana. LA SECRETARIA, ABOG. ROSA VIRGINIA ANGULO AGUILAR Expediente Nro. 47.816 HB / angel’s.