REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL Tribunal de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo Valencia, nueve de febrero de dos mil once 200º y 151º ASUNTO: GP02-N-2011-000024 DEMANDANTE: CANTERAS CURA C.A. DEMANDADO: ACTO ADMINISTRATIVO CONTENIDO EN EL EXPEDIENTE Nº 028-2010-01-00337 que cursa en la INSPECTORIA BATALLA DE VIGIRIMA EN GUACARA, SAN JOAQUIN, DIEGO IBARRA Y LOS GUAYOS DEL ESTADO CARABOBO MOTIVO: NULIDAD DE ACTO ADMINISTRATIVO INTERLOCUTORIA Visto que la presente demanda presentada por el Abogado MARCOS GOMEZ GUEVARA, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 32.036, actuando con el carácter de apoderada judicial de la empresa CANTERAS CURA C.A., interpuso recurso contencioso administrativo de nulidad contra el acto administrativo de efectos particulares contenido en la providencia administrativa registrada bajo el Nº 328-2010, de fecha 23 de agosto del año 2010, dictada por la Inspectoría del Trabajo “Batalla de Vigirima”, en los Municipios Guacara, San Joaquín, Diego Ibarra y Los Guayos del Estado, mediante la cual se declaró con lugar la solicitud de reenganche y pago de salarios caídos interpuesta ordenó el reenganche y pago de salarios caídos a la ciudadana MARIA GABRIELA GRANADILLO DAZA. Ahora bien, mediante sentencia Nº 955 del 23 de septiembre de 2010, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia estableció, con carácter vinculante para las otras Salas del Tribunal Supremo de Justicia y demás Tribunales de la República, que el conocimiento de las acciones intentadas en ocasión de providencias administrativas dictadas por las Inspectorías del Trabajo, debe atribuirse como una excepción a la norma general contenida en el artículo 259 constitucional, a los tribunales del trabajo. En efecto, a través del referido fallo la Sala Constitucional señaló: En efecto, los órganos jurisdiccionales especializados en los conceptos debatidos en las distintas pretensiones que se planteen en relación con los actos administrativos dictados por los Inspectores del Trabajo (derecho al trabajo y a la estabilidad en el trabajo), sea que se trate, entre otras, de la pretensión de nulidad a través del recurso contencioso administrativo, sean las pretensiones relativas a la inejecución de dichos actos como consecuencia de la inactividad de la Administración autora o bien del sujeto obligado -el patrono o el trabajador- para su ejecución o, por último, sea que se trate de pretensiones de amparo constitucional con fundamento en lesiones que sean causadas por el contenido o por la ausencia de ejecución de dichos actos administrativos; son los tribunales del trabajo. Así se declara. En función de lo expuesto, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia determinó que: 1) La jurisdicción competente para el conocimiento de las distintas pretensiones que se planteen en relación con los actos administrativos dictados por los Inspectores del Trabajo, es la jurisdicción laboral. 2) De los tribunales que conforman esta jurisdicción, el conocimiento de las pretensiones antes especificadas corresponde, en primera instancia, a los Tribunales de Primera Instancia del Trabajo y en segunda instancia, a los Tribunales Superiores del Trabajo. En consecuencia, por cuanto la presente causa requiere el proveimiento de una sentencia declarativa que, a su vez, amerita se transite por un proceso que permita el examen de los elementos probatorios que darán plena certeza al juzgador para dictar su sentencia, lo que escapa del marco competencial que la Ley Orgánica Procesal del Trabajo confiere a los Tribunales de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo y se corresponde con las funciones propias de los Tribunales de Juicio del Trabajo, tal como se desprende del Titulo II de la Exposición de Motivos de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo y de sus artículos 17 y 18, todo lo cual se compadece con la naturaleza del procedimiento previsto en la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa para los casos como el de marras. A tal efecto, remítase el presente expediente a la URDD de este Circuito, a los fines de que proceda a la distribución entre los Juzgados de Juicio. El Juez Abg. Wladimir Orlando Bondarenko Escalona La Secretaria, Abg. Maria Luisa Mendoza