“VISTOS” Sin conclusiones escritas de las partes.- La presente causa se inicia mediante interposición de demanda incoada por la ciudadana HILDA ROSA OLIVO, Venezolana mayor de edad, divorciada, titular de la Cédula de Identidad Nro. V-8.444.987 de este domicilio; debidamente asistidos en este acto por DEMOSTENEZ EMANUEL BLANCO PEREZ, Venezolano, mayor de edad, Abogado en ejercicio, de este domicilio, debidamente inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 26.947;en contra del ciudadano ROMEL OCHOA, Venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Nº V- 12.950.201 y de este domicilio, por: RESOLUCION DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO y Aducen que en fecha 01 de Noviembre de 2010, celebro Contrato de Arrendamiento privado, sobre un inmueble ubicado Urbanización Villas del Centro 3ra Etapa calle los Cocos Nro 565, Municipio Autónomo San Joaquín, Estado Carabobo, establecieron como canon de Arrendamiento la cantidad de UN MIL BOLÍVARES FUERTES (Bs. F 1.000,00), pagaderos por mensualidades adelantadas, los cuales debía cancelar dentro de los primeros cinco días de cada mes, quedando de acuerdo del mismo modo de que el pago de sus servicios que gozar el inmueble serían de parte de EL ARRENDATARIO. Se estableció una duración de ONCE (11) MESES FIJOS, contados a partir del día 01 de Noviembre de 2009 hasta el 01 de Octubre de 2010. Pero es el caso, que EL ARRENDATARIO, ha incumplido con los cánones de arrendamiento a partir mes de Abril 2010, Mayo, Junio, Julio, Agosto, y Septiembre de 2010, tal y como se desprende de Corte y Estado de Cuenta que anexamos marcados con las letras “C” y “D”, adeudando la cantidad de SEIS MIL BOLÍVARES FUERTES (Bs. F 6.000,00).
El 22 de Octubre de 2010, se admite la demanda.
El 1 de Noviembre de 2010, el actor, consigna fotostatos del libelo, y los emolumentos al alguacil para la citación personal y en la misma fecha el alguacil deja constancia de haber recibido los emolumentos.
El 13 de Noviembre de 2010, el Tribunal ordena Librar compulsa de conformidad a lo establecido en el artículo 345 del Código de Procedimiento Civil.
El 15 de Diciembre de 2010, por auto se agrego comisión proveniente del Juzgado de Municipio Guacara San Joaquín y Diego Ibarra de esta Circunscripción contentiva de la medida Cautelar. Donde quedo citada el Demandado ciudadano ROMEL OCHOA, Venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Nº V- 12.950.201.
Abierto el juicio a pruebas solo la parte demandante promovió las respectivas a sus derechos.-
Estando la presente causa para sentenciar este Tribunal pasa a decidir lo siguiente:
I
ALEGATOS DE LAS PARTES
En la presente causa la litis quedo planteada de la siguiente forma:
POR SU PARTE EL DEMANDANTE: Plantea su pretensión en la acción por Resolución de contrato de Arrendamiento y Aducen que:
1. Que en fecha 01 de Noviembre de 2010, celebro Contrato de Arrendamiento privado, sobre un inmueble ubicado Urbanización Villas del Centro 3ra Etapa calle los Cocos Nro 565, Municipio Autónomo San Joaquín, Estado Carabobo.
2. Que establecieron como canon de Arrendamiento la cantidad de UN MIL BOLÍVARES FUERTES (Bs. F 1.000,00), pagaderos por mensualidades adelantadas, los cuales debía cancelar dentro de los primeros cinco días de cada mes, quedando de acuerdo del mismo modo de que el pago de sus servicios que gozar el inmueble serían de parte de EL ARRENDATARIO.
3. Que la duración es de ONCE (11) MESES FIJOS, contados a partir del día 01 de Noviembre de 2009 hasta el 01 de Octubre de 2010.
4. Que eL ARRENDATARIO, ha incumplido con los cánones de arrendamiento a partir mes de Abril 2010, Mayo, Junio, Julio, Agosto, y Septiembre de 2010, tal y como se desprende de Corte y Estado de Cuenta que anexamos marcados con las letras “C” y “D”, adeudando la cantidad de SEIS MIL BOLÍVARES FUERTES (Bs. F 6.000,00).
POR SU PARTE LA DEMANDADA:
No compareció al acto de la litis contestación, ni por si ni a través de apoderados; ni promovió las pruebas respectivas.
II
DE LAS PRUEBAS.

DE LA PARTE DEMANDANTE:
Invoco el merito favorable de los autos y muy especialmente el libelo de la demanda y todos y cada uno de los medios probatorios fundamento de la demanda como son Contrato de Arrendamiento privado que se anexo marcado con la letra “B” estados de cuentas marcados “C” y “D”.
Invoco el principio de la comunidad de pruebas, en el sentido que las pruebas que promueva la parte demandada y que no favorezcan sean a preciadas a nuestro favor y las pruebas promovidas y evacuadas por nosotros que le favorezcan a la parte demandada sean apreciadas a su favor
II
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
PRIMERO:
Es conveniente para este Tribunal, señalar que nuestro proceso Civil se encuentra regulado por el principio de legalidad de las formas procesales, el cual exige que se observen los trámites esenciales del procedimiento, dentro del cual figura el carácter preclusivo de los actos efectuados, salvo las situaciones de excepción que prevé la ley, por lo que, no le está dado ni a las partes relajar las formas, ni a los jueces subvertir el orden procesal en su estructura, secuencia y desarrollo establecido por ley.

Por lo que, se puede observar como el artículo 202 del Código de Procedimiento Civil, señala que “ los términos o lapsos procesales no podrán prorrogarse ni abrirse de nuevo después de cumplidos, sino en los casos expresamente determinados por la ley, o cuando una causa no imputable a la parte que lo solicite lo haga necesario”.
Es así, que debe evitarse el relajamiento de los lapsos procesales, en respeto del principio de preclusividad de los mismos, así como de la seguridad jurídica; debiendo señalarse en tal sentido, que es el Juez, quien aplicando la sana crítica y ajustando su decisión a la situación bajo estudio, debe analizar, la procedencia o no de la confesión ficta invocada por la parte actora y así se decide.
SEGUNDO:
Efectuado el estudio de las actas que conforman el expediente, pasa este Tribunal a decidir, previas las siguientes consideraciones: Observa esta Juzgadora que la acción se circunscribe en la RESOLUCION DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO. Por cuanto el inquilino, incumplió con su obligación principal como lo es el canon de arrendamiento de los meses de Abril 2010, Mayo, Junio, Julio, Agosto, y Septiembre de 2010.
En este sentido, el artículo 1.167 de la Ley sustantiva Civil, establece: “ En el contrato bilateral, si una de las partes no ejecuta su obligación , la otra puede a su elección reclamar judicialmente la ejecución del contrato o la resolución del mismo, con los daños y perjuicios en ambos casos si hubiera lugar a ello”.
De tal modo, que ciertamente el arrendatario-inquilino tiene la obligación de cumplir con su obligación estatuidas en el contrato de arrendamiento que es Ley entre las Partes.
Ahora bien, por cuanto el demandado no compareció al acto de la litis contestación, ni promovió prueba en su oportunidad procesal; este Tribunal establece de manera legal, doctrinal y jurisprudencialmente lo contenido en el artículo 362 del Código de Procedimiento Civil, establece que:
“Si el demandado no diere contestación a la demanda dentro de los plazos indicados en este Código, se le tendrá como confeso en cuanto no sea contraria a derecho la petición del demandante, si nada probare que le favorezca. En este caso, vencido el lapso de promoción de pruebas sin que el demandado hubiese promovido alguna, el tribunal procederá a sentenciar la causa, sin más dilación, dentro de los ocho días siguientes al vencimiento de aquel lapso, ateniéndose a la confesión del demandado.
Explica el autor patrio Lozano Márquez sobre la contestación oportuna del demandado, que “cuando se da esta situación procesal, estamos en presencia de lo que se conoce con el nombre de confesión ficta. Para que se produzca esta figura procesal tiene que darse tres (3) condiciones: a) Que el demandado no concurra al Tribunal, en el término del emplazamiento; b) Que en el lapso de promoción de pruebas, promoviere ninguna que le favorezca y c) que la pretensión del actor no sea contraria a derecho…” Continúa el referido autor que “La confesión ficta trae como consecuencia, el establecer a favor del actor una presunción de que todos los hechos alegados por él en su libelo de demanda son ciertos… El efecto que conlleva la confesión ficta es que al estar el actor cobijado en una presunción de certeza, queda revelado o eximido de la carga de la prueba, ésta se ha invertido y por lo tanto la ha asumido el demandado.” A este respecto, nuestro máximo Tribunal de la República en Sentencia N° RC-00835 de la Sala de Casación Civil del 11 de agosto de 2004, con ponencia del magistrado Antonio Ramírez Jiménez dejó sentado que: “…la falta de contestación a la demanda acarrea para el demandado una presunción iuris tantum de confesión ficta, y siempre que la demanda no sea contraria a derecho, a las buenas costumbres o atente contra el orden público, únicamente desvirtuable mediante la aportación de pruebas que contradigan las pretensiones del demandante, pero sin que le sea permitido consignar otros medios probatorios que él estime conducentes o la alegación de hechos nuevos. Conforme con lo preceptuado en el artículo 362 del Código de Procedimiento Civil, se requieren dos condiciones para que la confesión ficta sea declarada: que la petición del demandante no sea contraria a derecho y que en el término probatorio no pruebe el demandado algo que le favorezca…..Ahora bien, de acuerdo con el criterio jurisprudencial vigente, que de nuevo se reitera, cuando el demandado no asiste a dar contestación a la demanda o comparece tardíamente, vale decir de manera extemporánea, la consecuencia es que se declare la confesión ficta, que por su naturaleza es una presunción iuris tantum, que implica una aceptación de los hechos expuestos en el libelo de la demanda, siempre que ésta no sea contraria a derecho y que el demandado nada probare que le favorezca, tal como sucedió en el presente juicio.
Asimismo, reiterando lo que expone nuestra jurisprudencia patria, el autor Rengel Romberg, explica que: “…la disposición del Art. 362 C.P.C, requiere dos condiciones para que la confesión ficta sea declarada y tenga eficacia legal: que la petición del demandante no sea contraria a derecho y que en el termino probatorio no pruebe el demandado algo que le favorezca; y consecuencialmente, los problemas que plantea la institución practica, son dos: establecer lo que debe entenderse como por “petición contraria a derecho”, y el alcance de la locución: “si nada probare que le favorezca”. 1. Determinar cuando la petición del demandante es contraria a derecho, tiene trascendencia en nuestro caso, solo en cuanto a la declaración de la confesión ficta, pues en cuanto al mérito de la causa, aunque se tengan por admitidos los hechos en virtud de la confesión ficta, el Tribunal no podrá declarar con lugar la demanda, ni acordar lo pedido por la parte actora, si esa petición resulta contraria a derecho, en el sentido de que lo hechos admitidos, no producen la consecuencia jurídica pedida…”
Asimismo, reiterando lo que expone nuestra jurisprudencia patria, el autor Rengel Romberg, explica que: “…la disposición del Art. 362 C.P.C, requiere dos condiciones para que la confesión ficta sea declarada y tenga eficacia legal: que la petición del demandante no sea contraria a derecho y que en el termino probatorio no pruebe el demandado algo que le favorezca; y consecuencialmente, los problemas que plantea la institución practica, son dos: establecer lo que debe entenderse como por “petición contraria a derecho”, y el alcance de la locución: “si nada probare que le favorezca”. 1. Determinar cuando la petición del demandante es contraria a derecho, tiene trascendencia en nuestro caso, solo en cuanto a la declaración de la confesión ficta, pues en cuanto al mérito de la causa, aunque se tengan por admitidos los hechos en virtud de la confesión ficta, el Tribunal no podrá declarar con lugar la demanda, ni acordar lo pedido por la parte actora, si esa petición resulta contraria a derecho, en el sentido de que lo hechos admitidos, no producen la consecuencia jurídica pedida…”
Ahora bien, en el caso de auto, pueden establecerse las condiciones de procedencia de la confesión ficta que recae en el demandado, en el sentido de que el demandado aun cuando se dio por citado, en fecha 15 de Diciembre de 2010, cuando se agrega en autos las resultas obtenidas del Tribunal Ejecutor de Medidas de los Municipios Guacara San Joaquín y Diego Ibarra de esta Circunscripción, deja constancia de haber sido notificado legalmente al demandado de autos, ciudadano: ROMEL OSCAR OCHOA ARIAS; tal como se desprende del folio 19 del cuaderno de medidas de este expediente; es de considera que el demandado se encuentra citado tácitamente sin más formalidades para el acto de la litis contestación, por consiguiente no podrá eludir el efecto del precepto del artículo 216 del Código de Procedimiento Civil, pues, es de la elemental lógica entender que si el demandado o su apoderado antes de la citación, han estado presente en un acto del proceso, se entenderán citados para el acto de la contestación y su no comparecencia lo limita a desvirtuar los hechos alegados por el autor en el libelo, tendrá que desvirtuarlo mediante la contraprueba respectiva en el lapso probatorio.
Por lo que, culminado dicho lapso, obligatoriamente el día segundo (2) siguiente el demandado debió dar contestación a la demanda, tal como le expresa el artículo 833 del Código de Procedimiento Civil, es decir, en la oportunidad del acto litis contestación no compareció, en consecuencia no DIO CONTESTACIÓN a la presente causa, y por tanto HUBO ADMISIÓN de los HECHOS ALEGADOS y tampoco PROBO nada en el lapso de Promoción de Pruebas.
En cuanto a los supuestos establecidos en el artículo 362 ejusdem, esta Sentenciadora, estima que la demanda por Resolución de contrato de Arrendamiento, incoada por la parte actora, contra: ROMEL OSCAR OCHOA ARIAS; según contrato de Arrendamiento privado sobre el inmueble constituido por un inmueble ubicado Urbanización Villas del Centro 3ra Etapa calle los Cocos Nro 565, Municipio Autónomo San Joaquín, Estado Carabobo, que consta a los autos al folios del 8 al 10, tiene pleno valor probatorio a tenor de lo establecido en el artículo 444 de la Ley adjetiva Civil.
En lo concerniente al supuesto de que el demandado debe probar algo que le favorezca, establece nuestra jurisprudencia patria, en Sentencia No. 00786, con ponencia del Magistrado Dr. Luis Antonio Ortiz Hernández de mayo del 2005: “… para que opere la confesión ficta del demandado no basta su inasistencia al acto de contestación de la demanda o la extemporaneidad en la presentación de la misma, sino que deben conjugarse los otros elementos requeridos para ello. A saber, que el mismo nada hubiere probado en su favor y que la pretensión no sea contraria a derecho… En lo que respecta a la falta de aplicación del artículo 22 del código adjetivo, la Sala pasa a transcribir parte del texto de la sentencia N° 92, expediente N° 04-258 dictada por esta Sala en fecha 12 de abril del presente año y citada por el formalizante, la cual expresa:… omissis…, Considera la Sala, que en virtud del régimen probatorio especial que la ley establece para la demandada insistentemente a la contestación a la demanda, no puede prevalecerse del análisis que el Juez haga de las pruebas de su contraparte, a menos que sea para sostener que la pretensión actora es contraria a derecho, lo cual no es el caso de autos.
Ahora bien, en el caso concreto, el demandado le correspondía probar que la demanda era contraria a derecho, y que había cumplido con su obligación contractual, como lo es el deber de pagar el canon de arrendamiento establecido en la cláusula Tercera a la cual, estaba obligado.
Finalmente establece este Tribunal que por cuanto la parte accionada, no contestó la demanda, según lo dispuesto por el artículo 883 del Código de Procedimiento Civil; y no probó nada que le beneficiara en razón de lo alegado por la parte actora en su libelo de demanda, siendo además, menester para este Tribunal, con razones suficientemente fundadas considerar que la demanda incoada tampoco es contraria a derecho por no ser ilegal y por no ir en contra del orden público y las buenas costumbres, y que la presunción iuris tantum, que consecuencialmente traen los efectos del artículo 362 ejusdem referentes a la confesión ficta, pasan a ser una presunción iure et de iure. Así se decide.
En orden a lo anterior, cabe destacar que en el presente caso, se ha verificado las condiciones para la procedencia de la acción, a saber: como lo es la existencia de un contrato bilateral y el incumplimiento del arrendatario de entregar el inmueble en el plazo estipulado. Por lo que la pretensión deducida por el actor es procedente; y así se establece