REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA EN SU NOMBRE JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y BANCARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO CARABOBO. Valencia, 15 de Septiembre de 2010 200° y 151° DEMANDANTE: GERALDINE MARIE MARTÍNEZ BARROETA DEMANDADO: PEDRO PIO DIEZ ÁLVAREZ MOTIVO: RECURSO DE AMPARO CONSTITUCIONAL EXPEDIENTE N°: 22.340 SENTENCIA: DECLINATORIA DE COMPETENCIA Visto el Recurso de AMPARO CONSTITUCIONAL intentado por la ciudadana GERALDINE MARIE MARTÍNEZ BARROETA, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nro. 9.684.135 y de este domicilio, actuando en nombre y representación de sus hijos MICHELLE GERALDINE DIEZ MARTÍNEZ y AMADEO DIEZ MARTÍNEZ, de trece (13) y siete (7) años de edad en su orden, debidamente asistida por los abogados RAÚL ARTURO AGUADO HIDALGO, MARIAFERNANDA CASTILLO PEÑA y LUIS FIDEL MALAVE, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nros. 15.950.663, 16.593.220 y 17.066.835 respectivamente, inscritos en el Inpreabogado bajo los Nros. 128.344, 128.368 y 128.343 respectivamente; contra el ciudadano PEDRO PIO DIEZ ÁLVAREZ, español, titular de la cedula de identidad Nro. E. 82.273.282; este tribunal constituido como se encuentra como Tribunal constitucional y actuando de conformidad con la resolución Nro. 2010-0033 del día 11 de agosto de 2010, de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, y acuerdo Nro. OLU1-2010001 de fecha 13 de agosto de 2010, y revisadas como han sido las actas, observa: Se evidencia del propio escrito libelar, que la actora ejerce el presente recurso constitucional en nombre y representación de sus dos (2) hijos MICHELLE GERALDINE DIEZ MARTÍNEZ y AMADEO DIEZ MARTÍNEZ, de trece (13) y siete (7) años de edad en su orden, y a los efectos probatorios acompañó las copias fotostáticas de las actas de nacimiento de los niños supra mencionados; por lo que, a criterio de quien decide son considerados prioritarios todos los asuntos que afecten directamente la vida civil de niños y adolescentes, es por ello que se hace procedente y pertinente la declinatoria de competencia a los Tribunales de Protección del Niño y del Adolescente de esta Circunscripción Judicial. En tal sentido, en decisión de fecha 17-01-2007, dictada en el expediente Nro. 000259, la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, con ponencia del Magistrado Dr. LUIS ALFREDO SUCRE CUBA estableció: Sobre el particular, es menester indicar que la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia N° 33 del 24 de octubre de 2001, con ponencia del Magistrado Luis Martínez Hernández (Caso: CONARE), señaló: “(…) La regulación concreta contenida en el mencionado artículo 177 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, por lo que hace al ámbito de los asuntos patrimoniales y del trabajo (Parágrafo Segundo), atribuye a las Salas de Juicio de los Tribunales de Protección del Niño y del Adolescente (y por ende, a toda la jurisdicción especial) competencia en las siguientes materias: ´a) Administración de los bienes y representación de los hijos; ´b) Conflictos laborales; ´c) Demandas contra niños y adolescentes; ´d) Cualquier otro afín a esta naturaleza que deba resolverse judicialmente´. Advierte la Sala que el literal c) de la norma citada atribuye a los órganos de la referida jurisdicción especial el conocimiento y decisión de las demandas incoadas contra niños y adolescentes, lo cual, evidentemente, implica la competencia de estos órganos para conocer de los juicios en los cuales los niños y adolescentes figuren como demandados o accionados en la relación procesal. Nada dispone de manera expresa la norma citada sobre los juicios en los que, como en el caso de autos, los menores o adolescentes funjan como demandantes. (…) Es por ello que, a juicio de la Sala, una coherente y lógica interpretación del contenido del Parágrafo Segundo del artículo 177 de la Ley para la Protección del Niño y del Adolescente implica necesariamente afirmar que no forma parte de la competencia de los Tribunales de Protección del Niño y del Adolescente ni de la Sala de Casación Social de este Supremo Tribunal el conocimiento de las demandas de naturaleza patrimonial o del trabajo incoadas por niños o adolescentes (…)”. (Destacado de la Sala) En igual sentido, la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia N° 0044 del 1° de febrero de 2006, con ponencia de la Magistrada Carmen Elvigia Porras (Caso: Génesis López), señaló: “ (…) Con el propósito de resolver el conflicto de competencia bajo estudio, esta Sala observa que el Parágrafo Segundo del artículo 177 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, atribuye a la Sala de Juicio de los Tribunales de Protección del Niño y del Adolescente -tribunales especializados-, competencia para decidir los asuntos patrimoniales y del trabajo, en el entendido de que los mismos comprenden: a) la administración de los bienes y la representación de los hijos; b) los conflictos laborales; c) las demandas contra niños y adolescentes; y d) cualquier otro asunto afín a esta naturaleza que deba resolverse judicialmente. Como se observa, el literal c) del Parágrafo Segundo de la norma citada atribuye a los órganos de la referida jurisdicción especial, en particular a la Sala de Juicio, el conocimiento y decisión de las demandas incoadas contra niños y adolescentes, es decir en aquellas causas en la que la legitimación pasiva corresponda a niños o adolescentes, al figurar como sujetos pasivos de la pretensión planteada por el demandante (…)”. (Destacado de la Sala) Empero, esta Sala abandonó el anterior criterio jurisprudencial, en virtud de que el objeto de dicha ley es garantizar a todos los niños y adolescentes, que se encuentren en el territorio nacional, el ejercicio y disfrute pleno y efectivo de sus derechos y garantías, a través de la protección integral que el Estado, la sociedad y la familia deben brindarle desde el momento de su concepción. Por eso la intención del Legislador no pudo ser la de excluir del ámbito de competencia de los Tribunales de Protección del Niño y del Adolescente aquellos asuntos de carácter patrimonial en que los niños, niñas y adolescentes figurasen como demandantes. Por el contrario, es necesario advertir que la Exposición de Motivos de la referida Ley, punto de referencia para indagar sobre la verdadera intención del Legislador, señala: “(…) Puntal del nuevo sistema es la concepción del Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente, órgano jurisdiccional especializado para conocer todos los asuntos que afecten directamente la vida civil de niños y adolescentes, en materia de familia, patrimoniales y laborales (…) Esto evidencia la magnitud de la importancia del Tribunal, diseñado para una especial, integral y cabal protección (…)”. (Destacado de la Sala) El interés superior del niño, según la Exposición de Motivos de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, es la premisa fundamental de la doctrina de la protección integral. Dicho principio es la base para la interpretación y aplicación de la normativa para los niños y adolescentes, establece líneas de acción de carácter obligatorio para todas las instancias de la sociedad y pone límites a la discrecionalidad de sus actuaciones; y muy conectado a aquél se encuentra el principio de prioridad absoluta que implica atender antes que nada, las necesidades y derechos básicos de los niños, niñas y adolescentes. Es por ello que esta Sala abandonó en su sentencia N° 44 del 02 de agosto de 2006, publicada el 16 de noviembre del mismo año, el criterio establecido en la sentencia Nº 33 del 24 de octubre de 2001, estableciendo en lo adelante los Tribunales de Protección del Niño y del Adolescente serían competentes para conocer de los asuntos de carácter patrimonial, en los que figuren niños, niñas y adolescentes, independientemente del carácter con que estos actúen. Por las razones de hecho y de derecho, este Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Bancario de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley se declara INCOMPETENTE EN RAZÓN DE LA MATERIA, y en consecuencia declina la competencia en el Tribunal de protección del Niño y del Adolescente de esta Circunscripción Judicial. Publíquese y déjese copia. La Juez Provisorio, Abog. OMAIRA ESCALONA, La Secretaria, Abog. NANCY MOLINA, En la misma fecha se publicó la anterior decisión siendo las 10:15 minutos de la mañana.- La Secretaria, Abog. Nancy Molina, Exp. N° 22.340 OE/Aurelia.