REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE
JUZGADO CUARTO DE LOS MUNICIPIOS VALENCIA, LIBERTADOR, NAGUANAGUA, LOS GUAYOS y SAN DIEGO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO CARABOBO.
Valencia, 14 de octubre de 2010
200º y 151º
EXPEDIENTE Nº 8096
DEMANDANTE: CESAR ASIRIO COLINA GUERRA, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-13.684.869 y de este domicilio, debidamente asistido por los Abogados OSMEL ANTONIO MALAVER VILLARROEL, DELSA F. MIOTA y ASUNCION ROSAS, Inpreabogado N°(s) 34.793, 33.933 y 54.819.
DEMANDADO: RAÚL ANIBAL CUITIÑO SCOTTI, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V- 24.903.527 y de este domicilio.
MOTIVO: DESALOJO
DECISIÓN: SE DECLARA IMPROCEDENTE MEDIDA DE PROHIBICION DE ENAJENAR Y GRAVAR
En fecha 29 de Julio de 2010, el ciudadano CESAR ASIRIO COLINA GUERRA, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-13.684.869 y de este domicilio, debidamente asistido por los Abogados OSMEL ANTONIO MALAVER VILLARROEL, DELSA F. MIOTA y ASUNCION ROSAS, Inpreabogado N°(s) 34.793, 33.933 y 54.819, interpuso demanda por DESALOJO, en contra del ciudadano RAÚL ANIBAL CUITIÑO SCOTTI, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V- 24.903.527 y de este domicilio. En fecha 30 de Julio de 2010, se ordenó dar entrada y formar expediente, teniéndose para proveer. En fecha 09 de agosto de 2010, se admitió la demanda, se ordenó la citación de la parte demandada y se abrió el cuaderno de medidas correspondientes en el cual se negó la medida preventiva de embargo solicitada por la parte actora en el libelo de la demanda. En fecha 06 de octubre de 2010, compareció el alguacil y dio cuenta a la secretaria que citó personalmente al ciudadano: RAÚL ANIBAL CUITIÑO SCOTTI, quien quedó a derecho a los fines de la contestación de la demanda. En fecha 08 de octubre de 2010, compareció el ciudadano: RAÚL CUITIÑO, en su carácter de autos, debidamente asistido por el Abogado en ejercicio JUAN RICARDO NIEVES BILBAO, inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 142.743 y de este domicilio y presentó escrito de contestación de la demanda, mediante el cual solicita que se decrete medida de Prohibición de Enajenar y Gravar sobre el inmueble objeto del presente litigio propiedad de la parte demandante, ubicado en la Avenida Principal o 66-B, del Sector Santa Eduviges, vía de acceso a la Avenida 66-A, N° 216-60, de la Parroquia San Diego, Jurisdicción del Municipio San Diego del Estado Carabobo. Asimismo el referido ciudadano le confirió Poder Apud – Acta a los abogados JOSE ENRIQUE NIEVES ALTUVE, JUAN CARLOS NIEVES SISO y JUAN RICARDO NIEVES, inscritos en el Inpreabogado bajo los Nros. 74.012, 15.005 y 142.743 respectivamente.
Ahora bien, para pronunciarse sobre la medida solicitada este Tribunal observa: De la revisión del contenido del escrito de contestación de la demanda, suscrito por el ciudadano: RAÚL ANIBAL CUITIÑO SCOTTI, en su carácter de autos, debidamente asistido de abogado, antes identificados, fundamenta la solicitud de medida en que los efectos del presente proceso no se hagan nugatorios, específicamente en materia de costas procesales, por lo que solicita la medida de Prohibición de Enajenar y Gravar sobre el inmueble propiedad del ciudadano: CESAR ASIRIO COLINA GUERRA, objeto de la presente acción de Desalojo. Que en cualquier estado y grado del proceso las partes podrán solicitar y el Juez podrá acordar las medidas que considere pertinente para resguardar la apariencia del buen derecho invocado para garantizar las resultas del juicio, siempre que dichas medidas no prejuzguen sobre la decisión definitiva; sin embargo, para declarar o no su procedencia, corresponderá al Juez verificar los extremos que la ley exige y a su vez realizar un verdadero análisis de los hechos señalados y probados por el solicitante, para constatar si se hace necesario decretar la medida solicitada, quiere decir entonces, que se hace imperante para el juez precisar si el daño o la amenaza de que se produzca, es posible en la realidad y establecer la certeza de la existencia del temor de un daño jurídico, esto es la existencia de un peligro que haga aparecer como inminente la realización del daño derivable de la no satisfacción de un derecho; en otras palabra, que se den las condiciones de la providencia cautelar, a saber: 1° La existencia de un derecho. 2° El peligro en que este derecho se encuentra de no ser satisfecho. De manera pues, que para decretarse la medida no sólo debe evaluarse la apariencia de certeza de credibilidad del derecho invocado, sino que debe determinarse si de las argumentaciones y recaudos acompañados por el solicitante se desprende el peligro de infructuosidad de ese derecho. Es criterio de quien aquí decide que, en nuestra legislación, no se presume la insolvencia del deudor, ni la demora en los juicios es lo suficientemente capaz como para fundamentar, sin más, el dictado de una medida cautelar sino que, por el contrario, el elemento del peligro en la demora debe estar acreditado en los autos, a través de una comprobación sumaria que la persona sobre la cual se dicta la medida pretende insolventarse, o de causar alguna lesión que pueda hacer ilusoria la ejecución de la sentencia o como en este caso las costas procesales; implica, además, la existencia de una real necesidad de la medida y que de no dictarse acaecerá fatalmente el riesgo que se teme.
Así mismo, se estima que la solicitud de la medida debe ser autosuficiente, es decir, debe contener de manera clara la medida solicitada y en especial, la indicación y el análisis de la lesión temida y la señalización de la prueba que demuestra tal lesión; ya que las medidas cautelares tienen como objetivo evitar un daño en la esfera patrimonial o personal de los litigantes y nadie más que la parte afectada por la lesión para la indicación y demostración de los hechos que configuran su interés cautelar. Por otro lado los jueces están sometidos al principio dispositivo y de ninguna manera pueden actuar de oficio salvo que se trate de orden público, moral y buenas costumbres, o de alguna disposición expresa de la ley; es una obligación para los jueces no permitir ni permitirse ellos mismos extralimitaciones de ninguna especie que coloquen a las partes en ventaja procesal con respecto a la otra, tratando de mantenerlas en igualdad de condiciones.
Como antes se dijo, además de la explanación de los motivos que justifican la adopción de la medida, esto es, la indicación del Periculum In Mora y fumus boni iuris, debe existir una actividad probatoria por parte del solicitante para llevar a conocimiento del juez tal necesidad; en este sentido no es suficiente con señalar que existe peligro de daño o lesión, debe existir la prueba de que efectivamente ello es así. Por lo que previo análisis de los hechos en que se fundamenta la demanda y de los recaudos consignados; concluye que en este caso los requisitos del Periculum In Mora y Fumus Boni Iuris no se encuentran cumplidos, debido a que, la solicitud adolece de insuficiencia argumentativa y probatoria, que no cumple con las cargas procesales en cabeza del solicitante, que este tribunal no puede suplir de oficio. Es decir, carece de la articulación necesaria y exhaustiva, y además no realiza el aporte de los elementos probatorios con indicaciones de los hechos que hagan presumir gravemente el fumus boni iuris y el periculum in mora, por lo que en consecuencia no se encuentran cumplidos los extremos de ley para el otorgamiento de la medida preventiva de prohibición de enajenar y gravar solicitada, sin que este juicio preliminar objetivo se pueda ahondar pues ello implicaría pronunciarse sobre el fondo del problema debatido.
DECISIÓN
En razón de lo anteriormente expuesto este Juzgado Cuarto de los Municipios Valencia, Libertador, Naguanagua, Los Guayos y San Diego de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, SE DECLARA IMPROCEDENTE LA MEDIDA DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR Y GRAVAR SOLICITADA POR LA PARTE DEMANDADA. Así se decide. No prejuzga este Tribunal con la presente decisión sobre el fondo del procedimiento, ni sobre posibles solicitudes de medidas que en un futuro puedan efectuar los interesados, sino sobre lo aquí analizado.
REGISTRESE, PUBLIQUESE Y DEJESE COPIA.
Dada, sellada y firmada en la sala de Despacho del Juzgado Cuarto de los Municipios Valencia, Libertador, Naguanagua, Los Guayos y San Diego de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo. Valencia, 14 de octubre de 2010.-
LA JUEZA PROVISORIA,
ABG. MARINEL MENESES GONZÁLEZ
LA SECRETARIA,
ABG. MARIEL ROMERO
En la misma fecha se publicó y registró la presente decisión, previo el anuncio de ley, siendo la 2:30 p.m.-
LA SECRETARIA,
ABG. MARIEL ROMERO
MMG/rem.-
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