REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE



EL JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO
CIVIL, MERCANTIL Y BANCARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO CARABOBO

DEMANDANTE: ADRIANA GONZALEZ WALDMAN


ABOGADO: JUAN CARLOS MOTA CONTRERAS


DEMANDADO: ERNESTO JOSE GONZALEZ GARCIA


MOTIVO: PARTICION DE LA COMUNIDAD CONYUGAL


SENTENCIA: INTERLOCUTORIA CON FUERZA DE DEFINITIVA (PERENCIÓN DE LA INSTANCIA)


EXPEDIENTE: 55.147


Por escrito de fecha 02 de octubre de 2.008 la ciudadana ADRIANA GONZALEZ WALDMAN, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. V-10.503.787, debidamente asistida por el abogado JUAN CARLOS MOTA CONTRERAS, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. V-16.049.102, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. V-16.049.102, inscrito en el Inpreabogado bajo el No. 118.355, demandó por PARTICION DE LA COMUNIDAD CONYUGAL al ciudadano ERNESTO JOSE GONZALEZ GARCIA, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. V-7.000.102.

Por auto de fecha 06 de octubre de 2.008, se le dio entrada bajo el No. 55.147; y en auto de fecha 20 de octubre de 2.008 se admitió la demanda.
En fecha 28 de octubre de 2.008 compareció la ciudadana ADRIANA GONZALEZ WALDMAN asistida de abogada y otorga Poder Apud Acta a los abogados JANIRE LEGON LUGO y JUAN CARLOS MOTA CONTRERAS, inscritos en el Inpreabogado bajo los Nos. 118.354 y 118.355.
Previa solicitud de la parte actora, por auto de fecha 03 de noviembre de 2.008 se libró la respectiva de compulsa de citación.
Por solicitud de la parte demandante, en auto de fecha 03 de diciembre de 2.008, se libró despacho de citación con oficio No. 2.149/08 al Juzgado del Municipio Carlos Arvelo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo.
Corre inserto al folio treinta y uno (31), diligencia suscrita en fecha 01 de abril de 2.009 por el alguacil del Juzgado del Municipio Carlos Arvelo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, consignando compulsa y recibo de citación librada al ciudadano ERNESTO GONZALEZ, quien se negó a firmar el correspondiente recibo.
En fecha 06 de mayo de 2.009, la Secretaria del Juzgado de Municipios dejó constancia de su traslado a dirección indicada, donde se entrevistó con el ciudadano ERNESTO GONZALEZ, el cual se negó a firmar la boleta de notificación. Estas resultas se agregaron a los autos en fecha 01 de junio de 2.009.
Abierta la causa a pruebas, la apoderada actora presentó su escrito de promoción en fecha 12 de agosto de 2.009, el cual se agregó y se admitió en su debida oportunidad, sin que conste en autos algún otro impulso procesal.
Ahora bien, revisadas las actuaciones cursantes en autos, se observa que, desde el día 12 de agosto de 2.009, fecha en que la parte demandante presentó su escrito de promoción de pruebas, hasta la presente fecha han transcurrido un (01) años, dos (02) meses y diez (10) días sin actividad procesal alguna de parte; siendo su obligación la de impulsar sus procedimientos hasta su conclusión, y se observa en el presente caso que la parte accionante, no concurrió por ante el Tribunal a instar el proceso; y, reza la norma contenida en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil en su segundo aparte que “Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de Procedimiento por las partes…” (Omissis).
El artículo anteriormente señalado establece la figura de la Perención, institución procesal en virtud de la cual opera la extinción de la instancia por la inactividad en el proceso durante el lapso de un año, contado a partir del último acto de Procedimiento.
Comprobado en el caso de autos, que desde el día 12 de agosto de 2.009, fecha en que la parte demandante presentó escrito de promoción de pruebas, hasta el día de hoy 22 de octubre de 2.010, la parte actora dejó transcurrir un (01) años, dos (02) meses y diez (10) días sin que se haya efectuado ningún acto de parte para continuar impulsando el proceso, resulta pertinente, por ministerio de la norma antes transcrita, declarar consumada la PERENCIÓN DE LA INSTANCIA en la presente causa y ASI SE DECIDE.

Lo expuesto se sustenta en sentencia proferida en fecha 01-06-2.001, por el Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional, caso FRAN VALERO GONZÁLEZ y MILENA PORTILLO MANOSALVA DE VALERO, contra el Juzgado Superior Segundo Accidental en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo y de Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, expediente N° 1.491, Magistrado-Ponente: JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO, de la cual se transcriben los siguientes párrafos:
“Corresponde a esta Sala hacer las siguientes distinciones:
El Código de Procedimiento Civil establece la institución denominada perención de la instancia.

Dicho Código señala que toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes (artículo 267); y agrega, que la inactividad del juez después de vista la causa, lo que se entiende que es solo con relación al fallo de fondo, no producirá la perención. Ella tampoco tendrá lugar cuando el proceso se encuentre en consulta legal, ante el juez que ha de conocerla (artículo 270 del Código de Procedimiento Civil).

En su esencia, tal disposición persigue sancionar la inactividad de las partes (de todos los litigantes), y la sanción se verifica de derecho, la que no es renunciable por las partes, tal como lo señala el artículo 269 del Código de Procedimiento Civil.

El efecto de la perención declarada es que se extingue el proceso, por lo que ella no ataca a la acción, y las decisiones que produzcan efectos, y las pruebas que resulten de los autos, continuarán teniendo plena validez. Simplemente, la perención finaliza el proceso, el cual no continuará adelante a partir de la declaratoria de aquélla.

Como la acción no se ve afectada por la perención, la demanda puede volverse a proponer, y si con ella (la perimida) se hubiere interrumpido la prescripción, tal interrupción sigue produciendo efectos.

Por tratarse de una “sanción” a la inactividad de las partes, la perención, una vez verificado el supuesto que la permite, puede declararse de oficio, sin que valga en contra que las partes o una de ellas actuó después que se consumieron los plazos cuando se produjo la inactividad. Esta última puede tener lugar cuando no se insta o impulsa el proceso en un lapso legal establecido, o cuando el demandante no realiza una actividad específica en determinados plazos (caso del artículo 354 del Código de Procedimiento Civil, por ejemplo) a la cual lo requiere el Tribunal, a instancia de su contraparte; o cuando debiendo comparecer a una determinada actuación, no lo hace (artículos 756 y 758 del Código de Procedimiento Civil). De estas dos posibilidades para los fines de este fallo, a la Sala le interesa la primera de ellas: la perención que nace por falta de impulso procesal propio.

Estos términos no son otros que los indicados en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil:
El transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. (Subrayado del Tribunal)

1) El transcurso de treinta días desde la fecha de admisión de la demanda, sin que el demandante hubiere cumplido las obligaciones que le impone la ley para que sea practicada la citación del demandado.

2) El transcurso de treinta días a contar desde la fecha de la reforma de la demanda, realizada antes de la citación del demandado, si el demandante no hubiese cumplido con las obligaciones que le impone la ley para que sea practicada la citación del demandado.

3) El transcurso de seis meses contados desde la suspensión del proceso por la muerte de alguno de los litigantes (artículo 144 del Código de Procedimiento Civil), o por haber perdido el carácter con que obraba, sin que los interesados hubiesen gestionado la continuación de la causa, ni dado cumplimiento a las obligaciones que la ley les impone para proseguirla.

Por ello, el tercer aparte del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil al señalar: “También se extingue la instancia”, no distingue en qué estado ella se encuentra, en contraposición con los otros ordinales de dicha norma, y con el enunciado general de la misma....” (omissis).

Acatando la doctrina pacífica supra citada, y en virtud de que los supuestos de hecho narrados al inicio, se subsumen en sus postulados, es obligado para esta Sentenciadora concluir que en la presente causa se ha consumado la PERENCIÓN ANUAL, supuesto contenido en el Segundo Aparte del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, y ASI SE DECIDE.
Por todo lo antes expuesto, este Tribunal Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Bancario de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara la PERENCION DE LA INSTANCIA, en el presente juicio de COBRO DE BOLIVARES, incoado por la ciudadana ADRIANA GONZALEZ WALDMAN, debidamente asistida por el abogado JUAN CARLOS MOTA CONTRERAS contra el ciudadano ERNESTO JOSE GONZALEZ GARCIA, todos anteriormente identificados, y ASI SE DECIDE.
No hay condenatoria en costas de conformidad con lo establecido en el artículo 283 del Código de Procedimiento Civil.
Publíquese y déjese copia.
Dada, firmada y sellada en la sala de Despacho del Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Bancario de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, En Valencia, a los 22 días del mes de octubre del año 2010. Años 200° de la Independencia y 151° de la Federación.
LA JUEZA TITULAR,


ABOG. ROSA MARGARITA VALOR
LA SECRETARIA,


ABOG. ROSA VIRGINIA ANGULO


En la misma fecha se publicó la anterior decisión, siendo las 11:30 de la mañana.


LA SECRETARIA,


ABOG. ROSA VIRGINIA ANGULO
Expediente Nro. 55.147
dec.