REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO DEL NUEVO REGIMEN PROCESAL DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO CARABOBO, CON SEDE EN VALENCIA Expediente: GP02-L-2009-002157 Parte demandante: Ciudadano ALFREDO RAMÓN GONZÁLEZ RIVAS, titular de la cédula de identidad Nº 4.464.851. Apoderados judiciales: Abogados: Migdalia Mendoza Balsa, Lionel León Domínguez y Liselotte Dhamarys León Domínguez, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los números 78.528, 11.998 y 11.997, respectivamente. Parte demandada: REDAZUCAR, AGROINDUSTRIA AZUCARERA TACARIGUA, C.A., sociedad de comercio inscrita por ante el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, en fecha 10 de octubre de 2003, bajo el número 27, tomo 45-A.- Apoderados judiciales: Abogado: Juan Carlos Zamora Paredes, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 94.886.- Motivo: COBRO DE PRESTACIONES SOCIALES.- Por cuanto el día de ayer venció el lapso concedido a las partes para la formalización del acuerdo transaccional conciliado en el marco de la audiencia de juicio celebrada en fecha 13 de octubre de 2010 y visto el escrito presentado ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos en fecha 25 de octubre de 2010, cursante a los folios “267” y “268” y su recaudo anexo al folio “269”, suscrito por los abogados Liselotte León, en su carácter de apoderada judicial del codemandante, ciudadano ALFREDO RAMÓN GONZÁLEZ RIVAS, por una parte, y por la otra, el abogado Juan Carlos Zamora Paredes, en su carácter de apoderado judicial de la parte demandada, REDAZUCAR, AGROINDUSTRIA AZUCARERA TACARIGUA, C.A., contentivo de los términos y condiciones del referido acuerdo transaccional, se hacen las siguientes consideraciones: El numeral 2 del artículo 89 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, concordado con el artículo 3 de la Ley Orgánica del Trabajo y el artículo 10 del Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo, establecen los requisitos que debe reunir las transacciones que se refieran a derechos laborales a los fines de que sea susceptible de homologación por el órgano jurisdiccional o autoridad administrativa del trabajo y adquiera la eficacia de la cosa juzgada. En efecto, el numeral 2 del artículo 89 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, consagra: “Artículo 89.- El Trabajo es un hecho social y gozará de la protección del Estado. La ley dispondrá lo necesario para mejorar las condiciones materiales, morales e intelectuales de los trabajadores y trabajadoras. Para el cumplimiento de esta obligación del Estado se establecen los siguientes principios: 1. (…); 2. Los derechos laborales son irrenunciables, es nula toda acción, acuerdo o convenio que implique renuncia o menoscabo de estos derechos. Solo es posible la transacción y convenimiento al término de la relación laboral, de conformidad con los requisitos que establezca la ley.” Por su parte, el artículo 3 de la Ley Orgánica del Trabajo prevé: “En ningún caso serán renunciables las normas y disposiciones que favorezcan a los trabajadores. Parágrafo Único: La irrenunciabilidad no excluye la posibilidad de conciliación o transacción siempre que se haga por escrito y contenga una relación circunstanciada de los hechos que la motiven y de los derechos en ella comprendidos. La transacción celebrada por ante el funcionario competente del trabajo tendrá efecto de cosa juzgada” Finalmente, el artículo 10 del Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo establece: “De conformidad con el principio de irrenunciabilidad de los derechos que favorezcan al trabajador y trabajadora, contemplado en el numeral 2 del artículo 89 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con el artículo 3 de la Ley Orgánica del Trabajo, las transacciones y convenimientos solo podrán realizarse al termino de la relación laboral y siempre que versen sobre derechos litigiosos o discutidos, consten por escrito y contengan una relación circunstancia de los hechos que las motiven y de los derechos en ellas comprendidos. En consecuencia, no será estimada como transacción la simple relación de derechos, aún cuando el trabajador o trabajadora hubiere declarado su conformidad con lo pactado. En este supuesto, el trabajador o trabajadora conservará íntegramente las acciones para exigir el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la relación de trabajo” Pero, además, el artículo 256 del Código de Procedimiento Civil, señala: “…Las partes pueden terminar el proceso pendiente, mediante la transacción celebrada conforme a las disposiciones del Código Civil...” En ese orden de ideas, el artículo 1.714 del Código Civil, expresa: “…Para transigir se necesita tener capacidad para disponer de las cosas comprendidas en la transacción…” Por su parte, el artículo 154 del Código de Procedimiento Civil, textualmente señala: “...El poder faculta al apoderado para cumplir todos los actos del proceso que no estén reservados expresamente por la ley a la parte misma; pero para convenir en la demanda, desistir, transigir, comprometer en árbitros, solicitar la decisión según la equidad, hacer posturas de remates, recibir cantidades de dinero y disponer del derecho en litigio, se requiere facultad expresa...” En consecuencia, corresponde a los Jueces Laborales o Inspectores del Trabajo, en cada caso, velar que el acto transaccional cumpla con tales requisitos antes de su proceder a impartirle la homologación correspondiente, todo garantizar la eficacia de la cosa juzgada y así evitar futuros litigios sobre lo transado, contribuyendo con ello al mantenimiento de la seguridad jurídica y paz social. Con fundamento en tales premisas, se observa que en el escrito libelar el demandante ALFREDO RAMÓN GONZÁLEZ RIVAS, con motivo de la relación de trabajo que alega le vinculó con la parte demandada desde el 07 de noviembre de 2007 al 20 de diciembre de 2008, ha pretendido obtener el pago de Bs.f.21.763,71, suma que comprende lo reclamado por la prestación de antigüedad y sus intereses, vacaciones y bono vacacional del periodo 2007-2008, vacaciones y bono vacacional fraccionado, indemnizaciones previstas en el artículo 125 de la Ley Orgánica del Trabajo y salarios caídos. De igual modo se aprecia que las partes, en el escrito transaccional, no rechazan ni discuten extremos alguno referido a las fechas de inicio y término de la referida relación de trabajo. Tomando en consideración tales referencias, se advierte que la transacción sub-examine ha sido concertada con posterioridad al término de la relación de trabajo sostenida entre las partes y contiene una relación circunstanciada de los hechos que la motivan y los derechos en ella comprendidos, con motivo de la cual la parte demandada ofrece pagar al accionante, mientras que la representación de este último así lo acepta, la suma de TRECE MIL CINCUENTA Y OCHO BOLIVARES FUERTES CON 23/100 (Bs.f.13.058,23), cantidad que comporta reciprocas concesiones respecto de los conceptos objeto de la transacción y concertada en el interés común de las partes de terminar todo litigio, juicio o controversia sobre derechos que se causaron o pudieron causarse con motivo de las relaciones que existieron o pudieron existir entre las mismas y su terminación. Por otra parte, que los intervinientes aparecen suficientemente autorizados para concertar y suscribir el referido acto de autocomposición procesal, pues tienen facultad expresa para transigir en nombre de sus patrocinados, según se desprende de los instrumentos poderes que aparecen consignados a los folios “23” al “25”, “27” al “29”, “270” y “271”. Como consecuencia de las anteriores consideraciones, este Juzgado Cuarto de Primera Instancia de Juicio del Nuevo Régimen Procesal del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, con sede en Valencia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, le imparte su homologación al acuerdo transaccional alcanzado por las partes a los fines de que tenga fuerza de cosa juzgada, en tanto sus intervinientes tienen capacidad para acceder al mismo y comporta recíprocas concesiones respecto de los conceptos y derechos discutidos en el presente juicio siendo que, en relación con los mismos, cumple con los requisitos establecidos en numeral 2 del artículo 89 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en el Parágrafo Único del artículo 3 de la Ley Orgánica del Trabajo y en el artículo 10 de su Reglamento, todo en concordancia con lo dispuesto en los artículos 154, 255 y 256 del Código de Procedimiento Civil, aplicables analógicamente a tenor de lo previsto en el artículo 11 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Igualmente, este órgano jurisdiccional, como autoridad competente para otorgarle los efectos de cosa juzgada al acuerdo transaccional alcanzado por las partes, enfatiza que la manifestación de voluntad expuesta en la referida formula de autocomposición, constituye una muestra de la participación y responsabilidad social de los sujetos involucrados, en cumplimiento de los fines del bienestar social general y de acuerdo a sus capacidades por lo que, por tanto, deben cumplir las obligaciones contraídas, todo de conformidad con lo preceptuado en los artículos 131 y 135 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. No hay condenatoria en costas a tenor de lo establecido en el parágrafo único del artículo 62 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Publíquese y regístrese. Déjese copia autorizada de la presente decisión. A los veintinueve (29) días del mes de octubre de 2010.- El Juez, Eddy Bladismir Coronado Colmenares La Secretaria, Amarilis Mieses Mieses En la misma fecha se dictó, publicó y registró la anterior sentencia, siendo las 03:15 p.m. La Secretaria, Amarillis Mieses Mieses