REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
en su nombre
JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO DEL NUEVO REGIMEN PROCESAL DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO CARABOBO, CON SEDE EN VALENCIA
Asunto: GP02-L-2009-000717
Parte demandante:
Ciudadana YULI COROMOTO LAMEDA SAAVEDRA, titular de la cédula de identidad número V-3.492.193
Apoderados judiciales de la parte demandante:
Abogados: Olga Rodríguez Baptista y Roslyn Esther Moncada Moreno, inscritos en el Inpreabogado bajo los Nros. 41.650 y 65.179, respectivamente.
Parte demandada:
BASEMA DISTRIBUIDORA, C.A., inscrita por ante el Registro Mercantil II de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, bajo el Nº 68, tomo 84-A, segundo de fecha 16 de junio de 1999.-
Apoderados judiciales de la parte demandada:
Abogados: Marylena Mújica Acosta y Pierre Caminero Pares, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los números 54.702 y 61.400, respectivamente.
Motivo:
COBRO DE PRESTACIONES SOCIALES.-
Visto el escrito presentado ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos en fecha 22 de febrero 2010, inserto a los folios “195” y “196”, actuación que aparece suscrita por la abogada Olga Rodriguez Baptista, en su condición de apoderada judicial de la parte demandante, así como por la abogada Marylena Mujica, actuando con el carácter de apoderada judicial de la parte demandada; y el acta de fecha 13 de mayo de 2010 suscrita por la abogada Olga Rodríguez Baptista, actuando como apoderada judicial de la parte demandante, así como por el ciudadano Erica Bain, titular de la cédula de identidad número 6.464.959, en su condición de representante legal de la empresa BASEMA DISTRIBUIDORA, C.A., parte demandada, debidamente asistido por la abogado Marylena Mújica Acosta; se hacen las siguientes consideraciones:
El numeral 2 del artículo 89 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, concordado con el artículo 3 de la Ley Orgánica del Trabajo y el artículo 10 del Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo, establecen los requisitos que debe reunir las transacciones que se refieran a derechos laborales a los fines de que sea susceptible de homologación por el órgano jurisdiccional o autoridad administrativa del trabajo y adquiera la eficacia de la cosa juzgada.
En efecto, el artículo 2 del artículo 89 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, consagra:
“Artículo 89.- El Trabajo es un hecho social y gozará de la protección del Estado. La ley dispondrá lo necesario para mejorar las condiciones materiales, morales e intelectuales de los trabajadores y trabajadoras. Para el cumplimiento de esta obligación del Estado se establecen los siguientes principios:
1. (…);
2. Los derechos laborales son irrenunciables, es nula toda acción, acuerdo o convenio que implique renuncia o menoscabo de estos derechos. Solo es posible la transacción y convenimiento al término de la relación laboral, de conformidad con los requisitos que establezca la ley.”
Por su parte, el artículo 3 de la Ley Orgánica del Trabajo prevé:
“En ningún caso serán renunciables las normas y disposiciones que favorezcan a los trabajadores.
Parágrafo Unico: La irrenunciabilidad no excluye la posibilidad de conciliación o transacción siempre que se haga por escrito y contenga una relación circunstanciada de los hechos que la motiven y de los derechos en ella comprendidos. La transacción celebrada por ante el funcionario competente del trabajo tendrá efecto de cosa juzgada”
Finalmente, el artículo 10 del Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo establece:
“De conformidad con el principio de irrenunciabilidad de los derechos que favorezcan al trabajador y trabajadora, contemplado en el numeral 2 del artículo 89 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con el artículo 3 de la Ley Orgánica del Trabajo, las transacciones y convenimientos solo podrán realizarse al termino de la relación laboral y siempre que versen sobre derechos litigiosos o discutidos, consten por escrito y contengan una relación circunstancia de los hechos que las motiven y de los derechos en ellas comprendidos.
En consecuencia, no será estimada como transacción la simple relación de derechos, aún cuando el trabajador o trabajadora hubiere declarado su conformidad con lo pactado. En este supuesto, el trabajador o trabajadora conservará íntegramente las acciones para exigir el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la relación de trabajo”
Pero, además, el artículo 256 del Código de Procedimiento Civil, señala:
“…Las partes pueden terminar el proceso pendiente, mediante la transacción celebrada conforme a las disposiciones del Código Civil...”
En ese orden de ideas, el artículo 1.714 del Código Civil, expresa:
“…Para transigir se necesita tener capacidad para disponer de las cosas comprendidas en la transacción…”
Por su parte, el artículo 154 del Código de Procedimiento Civil, textualmente señala:
“...El poder faculta al apoderado para cumplir todos los actos del proceso que no estén reservados expresamente por la ley a la parte misma; pero para convenir en la demanda, desistir, transigir, comprometer en árbitros, solicitar la decisión según la equidad, hacer posturas de remates, recibir cantidades de dinero y disponer del derecho en litigio, se requiere facultad expresa...”
En consecuencia, corresponde a los Jueces Laborales o Inspectores del Trabajo, en cada caso, velar que el acto transaccional cumpla con tales requisitos antes de su proceder a impartirle la homologación correspondiente, todo garantizar la eficacia de la cosa juzgada y así evitar futuros litigios sobre lo transado, contribuyendo con ello al mantenimiento de la seguridad jurídica y paz social.
Con fundamento en tales premisas, se observa que en el escrito libelar la parte demandante, con motivo de la relación de trabajo que alega el demandante le vinculó con la demandada desde el 28 de abril de 2000 hasta el 17 de febrero de 2009, reclamó la suma de Bs. 24.040,26 por concepto de prestaciones sociales y demás beneficios, cantidad que comprende lo reclamado por los siguientes conceptos: antigüedad y sus intereses, vacaciones, indemnización por despido injustificado, indemnización sustitutiva de preaviso, utilidades fraccionadas y cesta ticket.
De igual modo se aprecia que la parte demandada, en el escrito transaccional de fecha 22 de febrero de 2010 reconoce la fecha de inicio y terminación de la relación de trabajo alegada, así como su terminación por despido injustificado.
Tomando en consideración tales referencias, se advierte que la transacción subexamine ha sido concertada con posterioridad al término de la relación de trabajo sostenida entre las partes y contiene una relación circunstanciada de los hechos que la motivan y los derechos en ella comprendidos, con motivo de la cual la parte demandada ofrece pagar al accionante la suma de Bs. 14.000,00, lo cual fue aceptado por la parte demandante.
De igual modo se aprecia que la abogada Olga Rodríguez Baptista, actúa en ejercicio del instrumento poder que le fuera otorgado por el demandante, inserto al folio “06”, “07” y “08”, asimismo se observa que la abogada Marylena Mújica, actúa como apoderada judicial de la parte demandada como se evidencia del poder que cursa al folio “31”, a través de los cuales se les faculta expresamente para transigir y, en consecuencia, aparecen suficientemente autorizados para concertar y suscribir el referido acto de autocomposición procesal en representación de sus patrocinados.
Como consecuencia de las anteriores consideraciones, este Juzgado Cuarto de Primera Instancia de Juicio del Nuevo Régimen Procesal del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, con sede en Valencia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, le imparte su homologación al acuerdo transaccional alcanzado por sus intervinientes a los fines de que tenga fuerza de cosa juzgada, en tanto sus intervinientes tienen capacidad para acceder al mismo y comporta recíprocas concesiones respecto de los conceptos y derechos discutidos en el presente juicio siendo que, en relación con los mismos, cumple con los requisitos establecidos en numeral 2 del artículo 89 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en el Parágrafo Único del artículo 3 de la Ley Orgánica del Trabajo y en el artículo 10 de su Reglamento, todo en concordancia con lo dispuesto en los artículos 154, 255 y 256 del Código de Procedimiento Civil, aplicables analógicamente a tenor de lo previsto en el artículo 11 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.
No hay condenatoria en costas a tenor de lo establecido en el parágrafo único del artículo 62 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Publíquese y regístrese. Déjese copia autorizada de la presente decisión. A los catorce (14) días del mes de mayo de 2010.-
El Juez,
Eddy Bladismir Coronado Colmenares
La Secretaria,
Amarilis Mieses Mieses
En la misma fecha se dictó, publicó y registró la anterior sentencia, siendo las 12:55 p.m.
La Secretaria,
Amarilis Mieses Mieses
|
