TSJ Regiones - Decisión

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE
TRIBUNAL PRIMERO DEL MUNICIPIO PUERTO CABELLO
DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO CARABOBO
200° y 151°

EXPEDIENTE: 3231/2010
DEMANDANTE: INVERSIONES SAMARO, C.A. inscrita en el Registro Mercantil Tercero de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, bajo el Nº 60, tomo 283-A, en fecha 18-11-2005, modificada según Acta de Asamblea Extraordinaria de Accionistas registrada en el Registro Mercantil Tercero de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, bajo el Nº 05, tomo 376-A, en fecha 30-09-2009, representada por la ciudadana ANA ARELY LUGO, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº 8.776.617, actuando como Apoderada según poder autenticado por ante la Notaria Pública Segunda de Puerto Cabello de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo , bajo el Nº 17, tomo 51 de fecha 25-05-2010 y de este domicilio.
ABOGADO ASISTENTE: MIGUEL FRANCISCO MUGNO CASTILLO, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° 13.888.299, inscrito en el instituto de Previsión social del abogado bajo el Nº 87.130 y de este domicilio.
DEMANDADA: B0A CAFÉ, C.A. Sociedad Mercantil, inscrita en el Registro Mercantil Tercero de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, bajo el Nº 35, tomo 345-A, en fecha 09-06-2008.
MOTIVO RESOLUCION DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO
SEDE: CIVIL.
SENTENCIA: Interlocutoria Nº 127/2010.

Por recibida la anterior demanda junto con sus recaudos anexos, provenientes del Juzgado Distribuidor Tercero del Municipio Puerto Cabello de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo en fecha 14-06-2010. En consecuencia désele entrada, fórmese expediente. Revisado como ha sido el libelo de demanda y sus anexos se observa lo siguiente:
La ciudadana ANA ARELY LUGO, antes identificada textualmente señala en la parte inicial del escrito libelar que: “…actuando en este acto en representación de la sociedad mercantil INVERSIONES SAMARO, C.A….” “…actuando en este acto en mi carácter de Apoderada de la mencionada sociedad mercantil según consta de Documento Poder debidamente notariado por ante… …” “…Asistida en este acto por el Abogado en ejercicio MIGUEL FRANCISCO MUGNO CASTILLO…”.
Ahora bien, este Juzgado evidencia de la revisión exhaustiva del libelo de demanda que la ciudadana ANA ARELY LUGO interpone la pretensión actuando como Apoderada de la Sociedad Mercantil INVERSIONES SAMARO, C.A y anexa copia simple del Acta Constitutiva y Estatutos de la referida empresa así como Poder Especial que le fuere otorgado y contrato de arrendamiento en original, se observa que según la cláusula novena del Acta constitutiva y Estatutos la representación y administración de la compañía estaría a cargo de un (01) Director-Gerente y dos (02) directores, así mismo de la cláusula décima se desprende las atribuciones del Director-Gerente en el literal “b” que dice: “Ejercer la representación judicial o extrajudicial de la compañía, pudiendo nombrar los abogados o apoderados de la compañía, otorgándoles las facultades que se estime convenientes”, también en la cláusula décima segunda indica que la representación legal de la compañía judicial y extrajudicial la ejercería el Director-Gerente, por si o por medio de apoderados y la cláusula décima séptima establece como quedaría constituida la Asamblea General, quedando como Director-Gerente ROBERTO PRIVITERA ANDRONICO, como Directores MARIO PRIVITERA ANDRONICO y SALVATORE PRIVITERA ANDRONICO y como Comisario JESUS ORLANDO SANCHEZ, desprendiéndose igualmente que la referida empresa fue debidamente registrada en fecha 18-11-2005. En este mismo orden de ideas, se desprende del contenido de la copia simple del poder que fuere otorgado por el ciudadano SALVATORE PRIVITERA ANDRONICO, en su condición de Director de la Sociedad Mercantil INVERSIONES SAMARO C.A. que señala que esta suficientemente autorizado por los estatutos de la empresa en la cláusula décima y que otorga un PODER ESPECIAL DE ADMINISTRACION a la ciudadana ANA ARELY LUGO para que en nombre y representación de INVERSIONES SAMARO C.A. realice todas las gestiones relacionadas con la administración de los arrendamientos de todos los locales comerciales y de todos los bienes inmuebles que son propiedad de INVERSIONES SAMARO C.A., entre otra de las facultades otorgadas esta solicitar judicial y/o extrajudicialmente la desocupación o el desalojo de algunos de los arrendatarios o arrendatarias, gestionar ante todas las autoridades de la República, bien sean éstas Judiciales, Civiles, Administrativas y Fiscales e Institutos autónomos del Estado, sostenga y defienda los derechos e intereses y acciones en todos los asuntos Judiciales o extrajudiciales que puedan presentársele, darse por citada o notificada en nombre de INVERSIONES SAMARO, C.A., nombrar apoderado judicial, hacerse asistir por abogado, sustituir en todo o en parte el poder en persona o abogado de su confianza, reservándose su ejercicio, entre otras.
Se desprende de las actas procesales que conforman la presente causa que la ciudadana ANA ARELY LUGO, actúa como Apoderada de la Sociedad Mercantil INVERSIONES SAMARO, C.A, asistida por el abogado MIGUEL FRANCISCO MUGNO CASTILLO, acudiendo la referida ciudadana a los órganos de administración de justicia a defender los derechos de su mandante, sin ostentar la cualidad de abogado a pesar de estar asistida por una profesional del derecho. En este sentido, tanto la Sala Constitucional, como la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, han indicado que no puede una persona sin ser abogado, ejercer poderes en juicio, aún cuando se encuentre asistida de abogado, esto en lo que la Sala Constitucional ha denominado FALTA DE REPRESENTACIÓN PARA ACTUAR.
En este orden de ideas, es doctrina de la Sala de Casación Civil, la ineficacia de las actuaciones realizadas en juicio por quien no es abogado, aun cuando hubiere actuado asistido de abogado. Tal criterio ha sido sostenido por la Sala de Casación Civil, en sentencias: 27 de julio de 1994, expediente N° 92-249; en sentencia No. 88 del 13 de marzo de 2003; en sentencia No. 448 del 21 de agosto de 2003. De la misma manera, la Sala de Casación Civil en sentencia No. 463, del 20 de mayo de 2004, ratifica el criterio sostenido en las sentencias antes indicadas.
A este respecto, cabe recordar el contenido del artículo 166 del Código de Procedimiento Civil, que textualmente dispone: “Sólo podrán ejercer poderes en juicio quienes sean abogados en ejercicio, conforme a las disposiciones de la Ley de Abogados”.
Por su parte, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia No. 2129, del 30 de noviembre de 2006, estableció:
“…en razón de los anteriores argumentos, esta Sala considera que para el ejercicio de un poder judicial se requiere la cualidad de abogado en ejercicio, lo que no puede suplirse ni siquiera con la asistencia de un abogado al momento de interponer la acción de amparo constitucional, salvo que la persona actúe en ejercicio de sus propios derechos e intereses, que no es este el caso…”.
Considera quien decide que la ciudadana ANA ARELY LUGO, debió sustituir el poder en un profesional del derecho para que interpusiera la pretensión en nombre y representación de la de la Sociedad Mercantil INVERSIONES SAMARO, C.A y no actuar ella como apoderada, debido a que según la normativa vigente, los criterios jurisprudenciales del Máximo Tribunal y la doctrina es lo procedente para estos casos, ya que de acuerdo con el tratadista A. RENGEL ROMBER (2003) pág. 61 “La sustitución del poder es el acto de delegar en otro el poder aceptado, transmitiendo al sustituto todas o parte de las facultades conferidas al sustituyente”.
El artículo 159 de Código de Procedimiento Civil consagra:”El apoderado que hubiere aceptado el mandato, podrá sustituirlo en la persona que el poderdante le hubiese designado o le designare, y a falta de designación, en abogado capaz y solvente, si en el poder se le hubiere facultado para sustituir. Si en el poder nada se hubiere dicho de sustitución, el apoderado podrá sustituirlo también en abogado de reconocida aptitud y solvencia, cuando por cualquier causa no quisiere o no pudiere seguir ejerciéndolo.
Si en el poder se le hubiere prohibido sustituir, no podrá hacerlo; pero en caso de enfermedad, alejamiento forzado, envío de la causa a Tribunal de otra localidad, o por cualquier otro motivo grave que le impidiere seguir ejerciéndolo, deberá avisarlo al poderdante inmediatamente, por el medio más rápido, para que provea lo conducente.
Si la prohibición se hubiere hecho por instrucción o instrumento privado, el sustituyente será responsable del perjuicio que la sustitución causare a su representado”.
En consecuencia , está claramente determinado que cuando una persona, sin que sea abogado en ejercicio, ejerce un poder judicial, incurre en lo que esta Sala ha denominado falta de representación para actuar, por carecer de la capacidad de postulación que detenta todo abogado en ejercicio, aunado al contenido del artículo 341 del Código de Procedimiento Civil que consagra: “Presentada la demanda, el Tribunal la admitirá si no es contraria al orden público, a las buenas costumbres o a alguna disposición expresa de la Ley. En caso contrario, negará su admisión expresando los motivos de la negativa. Del auto del Tribunal que niegue la admisión de la demanda, se oirá apelación inmediatamente, en ambos efectos”. (Resaltado del Tribunal). Siendo una de las garantías constitucionales más importantes la consagrada en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que nos establece como derecho constitucional el acceso de las personas a la justicia que conforme a la letra del mismo artículo, se hace mediante el proceso, por lo que se trata de un acceso doble, ya que él no sólo corresponde a los demandantes, sino a los demandados. El camino es el proceso, las personas ejercerán su derecho mediante la acción, y el órgano jurisdiccional inadmite la acción, porque no toca el fondo de la pretensión. En consecuencia, la acción está sujeta al cumplimiento de una serie de requisitos de existencia y validez y el nuevo norte de la justicia venezolana es evitar reposiciones inútiles, que en el caso en concreto seria tramitar un juicio con errores que podrían afectar los derechos de los justiciables. En orden a los razonamientos expuestos, este Juzgado Primero del Municipio Puerto Cabello de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley DECLARA INADMISIBLE la presente demanda, tal como lo prevee el artículo 341 del Código de Procedimiento Civil. Y ASI SE DECLARA.-

Dada, firmada y sellada, en la Sala de Despacho de este Tribunal, a los Diecisiete (17) días del mes de Junio (06) del año Dos Mil Diez (2010), siendo las 02:00 de la tarde. Año 200° de la Independencia y 151° de la Federación, Publíquese, regístrese, diaricese y anótese en los libros respectivos. Déjese copia en el copiador de sentencias.
La Jueza Temporal,

Abg. ODALIS MARIA PARADA MARQUEZ.
La Secretaria Titular,

Abg. ALICIA MIREYA CALVETTI GARCES.
En la misma fecha se le dio entrada bajo el N° 3231 y se dicto la anterior sentencia, quedando anotada bajo el N° 127 y se dejo copia para el archivo.
La Secretaria Titular,

Abg. ALICIA MIREYA CALVETTI GARCES.

Sentencia Interlocutoria N° 127.
OdalisP.RD.