TSJ Regiones - Decisión

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE

EL JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO
CIVIL, MERCANTIL Y BANCARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO CARABOBO

DEMANDANTE: ANA CHAVELA PERALTA SANCHEZ

ABOGADO: ALECIA ROMEMRO RIVERO

DEMANDADO: JEAN CARLOS SEPULVEDA GARCIA

MOTIVO: DIVORCIO

SENTENCIA: INTERLOCUTORIA CON FUERZA DE DEFINITIVA (ABANDONO DE TRAMITE)

EXPEDIENTE: 48.868

Por escrito de fecha 26 de julio de 2.002 por la ciudadana ANA CHAVELA PERALTA SANCHEZ, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. V-16.049.995, debidamente asistida por la abogada ALECIA ROMERO RIVERO, venezolana, mayor d e edad, titular de la cédula de identidad No. V-7.074.701, demandó por DIVORCIO al ciudadano JEAN CARLOS SEPULVEDA GARCIA, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. V-15.519.545.
Por auto de fecha 07 de agosto de 2.002, se le dio entrada bajo el No. 48.868 y se admitió la demanda.
Comparece en fecha 21 de enero de 2.003 la ciudadana ANA CHAVELA PERALTA asistida de abogado y otorga Poder Apud Acta a la abogada ALECIA ROMERO RIVERO.
Previa solicitud de la parte actora, por auto de fecha 28 de enero de 2.003, se avoca al conocimiento de la causa la Juez Temporal, abogada ROSA MARGARITA VALOR.
Por auto de fecha 12 de febrero de 2.003, se libró compulsa con despacho de comisión y oficio No. 216 al Juzgado del Municipio Miranda de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda.
Consta al folio diecisiete (17), diligencia de fecha 11 de marzo de 2.003 suscrita por el alguacil del Juzgado del Municipio Miranda de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, consignando la compulsa librada al ciudadano JEAN CARLOS SEPULVEDA GARCIA, en virtud de que en la dirección indicada le informaron que el mismo ya no habitaba en ese inmueble. Estas resultas fueron agregadas a los autos, por auto de fecha 29 de abril de 2.003.
Nuevamente en diligencia de fecha 14 de mayo de 2.003, la abogada ALECIA ROMERO insistió en la citación personal del ciudadano JEAN CARLOS SEPULVEDA alegando que se había mudado, por lo que en auto de fecha 20 de mayo de 2.003, se libró despacho de citación con oficio No. 938 al Juzgado del Municipio Miranda de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo.
Consta al folio treinta y ocho (38) del expediente, citación practicada al ciudadano JEAN CARLOS SEPULVEDA en fecha 04 de julio de 2.005 por el alguacil del Juzgado del Municipio Miranda del Estado Carabobo.
En fecha 09 de septiembre de 2.003 tuvo lugar el PRIMER ACTO CONCILIATORIO, al cual compareció la ciudadana ANA CHAVELA PERALTA SANCHEZ asistida por la abogada ALECIA ROMERO.
En fecha 27 de octubre de 2.003 tuvo lugar el SEGUNDO ACTO CONCILIATORIO, compareciendo al mismo la ciudadana ANA CHAVELA PERALTA SANCHEZ, asistida por la abogada ALECIA ROMERO RIVERO, insistiendo en la continuación de la demanda.
En fecha 04 de noviembre de 2.003, oportunidad de contestación a la demanda, compareció la abogada ALECIA ROMERO e insistió en la demanda.
Abierta la causa a pruebas, en fecha 03 de diciembre de 2.003 la abogada ALECIA ROMERO presentó escrito de promoción de pruebas, el cual fue agregado a los autos y admitido en su debida oportunidad.
Por auto de fecha 01 de julio de 2.004, se ordenó la notificación de la Fiscal del Ministerio Público en materia de Familia.
En fecha 24 de agosto de 2.004, se practicó la notificación de la Fiscal del Ministerio Público en materia de Familia (folio 54).
Comparece en fecha 25 de agosto de 2.004 la Fiscal del Ministerio Público y considera la procedencia de la reposición de la causa al estado de admisión de la misma.
Corre inserta a los folios cincuenta y seis (56) al cincuenta y siete (57) sentencia interlocutoria dictada en fecha 13 de septiembre de 2.004, que decreta la NULIDAD DE TODAS LAS ACTUACIONES POSTERIORES AL AUTO DE ADMISIÓN Y LA REPOSICIÓN DE LA CAUSA AL ESTADO DE NOTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE DEL MINISTERIO PUBLICO, librándose la respectiva boleta de notificación.
Consta al folio sesenta y uno (61) notificación practicada a la Fiscal del Ministerio Público en materia de Familia en fecha 28 de octubre de 2.004.
En auto de fecha 25 de enero de 2.005, se libró despacho de citación con oficio No. 38 al Juzgado del municipio Miranda de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo.
En fecha 28 de julio de 2.005 el alguacil del Juzgado del municipio Miranda del Estado Miranda consignó recibo de citación sin firmar, por cuanto el demandado de autos se negó a firmarlo.
Por auto de fecha 21 de septiembre de 2.005, se avoca al conocimiento de la causa la Juez Suplente, abogada LUCILDA OLLARVES VELESQUEZ, sin que conste en autos algún otro impulso procesal.
Ahora bien, revisadas las actuaciones cursantes en autos se constata que, la última actuación de la parte actora tuvo lugar el día 08 de noviembre de 2.004, fecha en que la parte demandante solicitó su nombramiento como correo especial para llevar el despacho de comisión para la practica de la citación, hasta la presente fecha han transcurrido cinco (05) años, siete (07) meses y veintiún (21) días, sin actividad alguna de parte, siendo la última actuación el avocamiento de la Juez Suplente, como puede observarse, después de esa actuación hasta la presente fecha, no existe en el presente expediente actividad procesal alguna.
Comprobado en el caso de autos, que la última actuación cursante en el expediente es la admisión de la demanda, y hasta la presente fecha no se ha efectuado ningún acto de parte para continuar el proceso, pertinente inferir un ABANDONO DE TRAMITE que se deduce por el largo tiempo de inactividad en que se ha mantenido este juicio; criterio que se esgrime asida del contenido de la Decisión Proferida en Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, Sentencia emblemática, de fecha 01-06- 001, respecto a la falta de interés procesal, requisito para el ejercicio de la Acción, donde la Sala estableció :
Omissis “...A juicio de esta Sala es un requisito de la acción, que quien la ejerce tenga interés procesal, entendido éste como la necesidad del accionante de acudir a la vía judicial para que se declare un derecho o se le reconozca una situación de hecho a su favor.

Si teóricamente es irrelevante ir a la vía judicial para obtener la declaratoria del derecho o el reconocimiento o constitución de la situación jurídica, o para preservar un daño, la acción no existe, o de existir, se extingue, si cesa la necesidad de incoar la actividad jurisdiccional.

Quien demanda a una compañía aseguradora, por ejemplo, para que le indemnice el bien amparado por una póliza de robo, pierde el interés procesal, si recupera el bien. Ya no necesita ni de indemnización (si ello no lo demandó), ni de fallo que ordene la entrega del objeto asegurado.

Esta pérdida de interés puede o no existir antes del proceso u ocurrir durante él, y uno de los correctivos para denunciarlo si se detecta a tiempo, es la oposición de la falta de interés. Pero igualmente puede ser detectada por el juez antes de admitir la demanda y ser declarada en el auto que la inadmite, donde realmente lo que se rechaza es la acción y no el escrito de demanda. El artículo 6, numerales 1, 2, 3, 5 y 8 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales es una evidencia de tal poder del juez.

Sin embargo, al ejercerse la acción puede fingirse un interés procesal, o éste puede existir y luego perderse, por lo que no era necesario para nada la intervención jurisdiccional.

En ambos casos, la función jurisdiccional entra en movimiento y se avanza hacia la sentencia, pero antes de que ésta se dicte, se constata o surge la pérdida del interés procesal, del cual el ejemplo del bien asegurado es una buena muestra, y la acción se extingue, con todos los efectos que tal extinción contrae, muy disímiles a los de la perención que se circunscribe al procedimiento. (Subrayado Tribunal)

Dentro de las modalidades de extinción de la acción, se encuentra -como lo apunta esta Sala- la pérdida del interés, lo cual puede ser aprehendido por el juez sin que las partes lo aleguen, y que tiene lugar cuando el accionante no quiere que se sentencie la causa, lo que se objetiviza mediante la pérdida total del impulso procesal que le corresponde.

Se trata de una situación distinta a la de la perención, donde el proceso se paraliza y transcurre el término que extingue la instancia, lo que lleva al juez a que de oficio o a instancia de parte, se declare tal extinción del procedimiento, quedándole al actor la posibilidad de incoar de nuevo la acción. El término de un año (máximo lapso para ello) de paralización, lo consideró el legislador suficiente para que se extinga la instancia, sin que se perjudique la acción, ni el derecho objeto de la pretensión, que quedan vivos, ya que mientras duró la causa la prescripción quedó interrumpida.

No consideró el legislador que el supuesto de la perención, constituyese una falta de interés procesal, el cual no podía ser certificado por tan corto plazo de inactividad, y por ello la perención no perjudica a la acción.

Pero la inactividad que denota desinterés procesal, debido a su prolongación negativa en relación con lo que se pretende, debe tener otros efectos, ya que el derecho de obtener con prontitud la decisión correspondiente (artículo 26 constitucional), como tal derecho de la parte, debe ejercerse.

No estableció ni la Constitución, ni los códigos adjetivos, el tiempo y la forma para ejercer el derecho a la pronta obtención de la decisión, pero ello se patentiza con las peticiones en el proceso en ese sentido, después de vencidos los plazos para sentenciar, o como se apuntó en el fallo de esta Sala del 28 de julio de 2000 (caso: Luis Alberto Baca) mediante la interposición de un amparo constitucional, cuya sentencia incide directamente sobre el proceso donde surge la omisión judicial.

La pérdida del interés procesal que causa la decadencia de la acción y que se patentiza por no tener el accionante interés en que se le sentencie, surge en dos claras oportunidades procesales. Una, cuando habiéndose interpuesta la acción, sin que el juez haya admitido o negado la demanda, se deja inactivo el juicio, por un tiempo suficiente que hace presumir al juez que el actor realmente no tiene interés procesal, que no tiene interés en que se le administre justicia, debido a que deja de instar al tribunal a tal fin....”

Con sustento como se ratifica, en los párrafos retroinsertados, en la presente causa, es obligado declarar, la pérdida de interés del solicitante en realizar todas las actuaciones procesales tendientes a obtener una pronta decisión y con ello la garantía de la tutela judicial efectiva que brinda el Estado a sus Justiciables, toda vez que en el presente caso se abandona el proceso, encontrándose la causa sin haber culminado con las etapas procesales que comportan el desarrollo del mismo; por lo que en criterio de esta Sentenciadora en el caso de marras, ha ocurrido LA EXTINCIÓN DEL PROCESO POR ABANDONO DE TRAMITE, la cual se sanciona con la pérdida de la instancia; razón por la cual, se declara que existe pérdida del interés como elemento de la acción, en consecuencia produce irremediablemente y sin lugar a dudas UN ABANDONO DE TRAMITE, dado que luego que se consignara la compulsa, causa que subsumimos en el supuesto de la referida sentencia, falta de impulso procesal desde que se libró el despacho de citación, razón por la cual se dá por extinguida la Acción y ASI SE DECIDE.

Por lo antes expuesto, este Tribunal Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Bancario de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara la EXTINCIÓN DEL PROCESO POR ABANDONO DE TRAMITE, en la presente demanda de DIVORCIO, intentada por la ciudadana ANA CHAVELA PERALTA SANCHEZ debidamente asistida por la abogada ALECIA ROMERO RIVERO contra el ciudadano JEAN CARLOS SEPULVEDA GARCIA, supra identificados, y ASI SE DECIDE.
No hay condenatoria en costas de conformidad con lo establecido en el artículo 283 del Código de Procedimiento Civil.
Publíquese y déjese copia.
Dada, firmada y sellada en la sala de Despacho del Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Bancario de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, En Valencia, a los 29 días del mes de junio de 2.010. Años 200° de la Independencia y 151° de la Federación.
LA JUEZA TITULAR,

ABOG. ROSA MARGARITA VALOR
LA SECRETARIA,

ABOG. ROSA VIRGINIA ANGULO

En la misma fecha se publicó la anterior decisión, siendo las 10:30 de la mañana.

LA SECRETARIA,

ABOG. ROSA VIRGINIA ANGULO

Expediente Nro.48.868
dec.-