REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE
JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO DEL NUEVO REGIMEN PROCESAL DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO CARABOBO
CON SEDE EN VALENCIA
Asunto: GP02-L-2009-001665
Parte demandante:
Ciudadano ELVIS BEATRIZ PIRELA OTAIZA, titular de la cédula de identidad número 11.363.752.-
Apoderados judiciales de la parte demandante:
Abogados: Víctor Raúl Aguado Guzmán, Iris Picado Silva y Raúl Arturo Aguado, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los números 16.244, 20.837 y 128.344, respectivamente.-
Parte demandada:
HIDROCA, C.A., inscrita ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, bajo el Nº 30, Tomo 127-B Pro, de fecha 18 de Febrero de 1982, cuya última modificación estatutaria se llevó a cabo en fecha 31 de Octubre de 200 mediante acta de asamblea general extraordinaria de accionistas, inscrita por ante la citada oficina de Registro Mercantil en fecha 11 de Enero de 2001, bajo el Nº 27, Tomo 3-A.
Apoderados judiciales de la parte demandada:
Abogados: Gisela Bello Carvallo, Ysabel Carvallo Sanz, Luis Enrique Bello, Dense Wadskier Visconti y Manuel Arturo Hernández, Inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los números 24.209, 67.456, 92.954, 101.819 y 133.816, respectivamente.
Motivo:
COBRO DE PRESTACIONES SOCIALES.-
Vista la diligencia y su recaudo presentada ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos en fecha 09 de Diciembre de 2010, inserta a los folios “285” al “289” de la pieza Nº 1, actuación que aparece suscrita por el abogado Víctor Aguado, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 16.244, en su carácter de apoderado judicial de la ciudadana Elvis Beatriz Pirela Otaiza, parte demandante en la presente causa, así como por el abogado Luis Enrique Bello, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 92.954, actuando con el carácter de apoderado judicial de la parte demandada, todos identificados en el cuerpo de la presente decisión, se hacen las siguientes consideraciones:
El numeral 2 del artículo 89 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, concordado con el artículo 3 de la Ley Orgánica del Trabajo y el artículo 10 del Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo, establecen los requisitos que debe reunir las transacciones que se refieran a derechos laborales a los fines de que sea susceptible de homologación por el órgano jurisdiccional o autoridad administrativa del trabajo y adquiera la eficacia de la cosa juzgada.
En efecto, el artículo 2 del artículo 89 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, consagra:
“Artículo 89.- El Trabajo es un hecho social y gozará de la protección del Estado. La ley dispondrá lo necesario para mejorar las condiciones materiales, morales e intelectuales de los trabajadores y trabajadoras. Para el cumplimiento de esta obligación del Estado se establecen los siguientes principios:
1. (…);
2. Los derechos laborales son irrenunciables, es nula toda acción, acuerdo o convenio que implique renuncia o menoscabo de estos derechos. Solo es posible la transacción y convenimiento al término de la relación laboral, de conformidad con los requisitos que establezca la ley.”
Por su parte, el artículo 3 de la Ley Orgánica del Trabajo prevé:
“En ningún caso serán renunciables las normas y disposiciones que favorezcan a los trabajadores.
Parágrafo Unico: La irrenunciabilidad no excluye la posibilidad de conciliación o transacción siempre que se haga por escrito y contenga una relación circunstanciada de los hechos que la motiven y de los derechos en ella comprendidos. La transacción celebrada por ante el funcionario competente del trabajo tendrá efecto de cosa juzgada”
Finalmente, el artículo 10 del Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo establece:
“De conformidad con el principio de irrenunciabilidad de los derechos que favorezcan al trabajador y trabajadora, contemplado en el numeral 2 del artículo 89 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con el artículo 3 de la Ley Orgánica del Trabajo, las transacciones y convenimientos solo podrán realizarse al termino de la relación laboral y siempre que versen sobre derechos litigiosos o discutidos, consten por escrito y contengan una relación circunstancia de los hechos que las motiven y de los derechos en ellas comprendidos.
En consecuencia, no será estimada como transacción la simple relación de derechos, aún cuando el trabajador o trabajadora hubiere declarado su conformidad con lo pactado. En este supuesto, el trabajador o trabajadora conservará íntegramente las acciones para exigir el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la relación de trabajo”
Pero, además, el artículo 256 del Código de Procedimiento Civil, señala:
“…Las partes pueden terminar el proceso pendiente, mediante la transacción celebrada conforme a las disposiciones del Código Civil...”
En ese orden de ideas, el artículo 1.714 del Código Civil, expresa:
“…Para transigir se necesita tener capacidad para disponer de las cosas comprendidas en la transacción…”
Por su parte, el artículo 154 del Código de Procedimiento Civil, textualmente señala:
“...El poder faculta al apoderado para cumplir todos los actos del proceso que no estén reservados expresamente por la ley a la parte misma; pero para convenir en la demanda, desistir, transigir, comprometer en árbitros, solicitar la decisión según la equidad, hacer posturas de remates, recibir cantidades de dinero y disponer del derecho en litigio, se requiere facultad expresa...”
En consecuencia, corresponde a los Jueces Laborales o Inspectores del Trabajo, en cada caso, velar que el acto transaccional cumpla con tales requisitos antes de su proceder a impartirle la homologación correspondiente, todo garantizar la eficacia de la cosa juzgada y así evitar futuros litigios sobre lo transado, contribuyendo con ello al mantenimiento de la seguridad jurídica y paz social.
Con fundamento en tales premisas, se observa que en el escrito libelar la parte demandante, con motivo de la relación de trabajo que alega le vinculó con la demandada desde el 05 de Octubre de 1998 hasta el 30 de Enero de 2009, ha pretendido obtener el pago de Bs. 211.569,80, suma que comprende lo reclamado por los conceptos de: Prestación de Antigüedad, intereses sobre prestación de antigüedad, utilidades, vacaciones anuales vencidas, bono vacacional vencido, vacaciones fraccionadas, bono vacacional fraccionado, así como demandó los intereses moratorios y solicita la corrección monetaria.
De igual modo se aprecia que en la contestación a la demanda la representación de la accionada rechazó la procedencia de los conceptos objeto de la reclamación deducida en la presente causa y, para tales fines, rechazó la índole laboral de la relación que le vinculó con la accionante.
No obstante, en el escrito transaccional la representación de la parte demandada ofrece pagar a la parte demandante la cantidad de Bs.100.000,00 para dar por terminadas, en todas y cada una de sus partes, la reclamación a la que se contrae la presente causa, vale decir, prestación de antigüedad, vacaciones vencidas, vacaciones fraccionadas, bono vacacional vencido, bono vacacional fraccionado, utilidades e intereses sobre prestación de antigüedad, sin que ello signifique de modo alguno que la demandada acepte los alegatos y reclamaciones de la demandante, ni que esta acepte los argumentos de la accionada.
Tomando en consideración tales referencias, se advierte que la transacción subexamine ha sido concertada con posterioridad al término de la relación sostenida entre las partes y contiene una relación circunstanciada de los hechos que la motivan y los derechos en ella comprendidos, con motivo de la cual la parte demandada ha ofrecido pagar a la accionante la suma de CIEN MIL BOLÍVARES (Bs. 100.000,00), lo cual fue aceptado por la parte demandante.
De igual modo se aprecia que los abogados Víctor Aguado y Luis Enrique Bello, actúan en ejercicio de los instrumentos poderes que le fueran conferidos por las partes, respectivamente, insertos a los folios “29”, “39” y “40”, a través de los cuales se les faculta expresamente para transigir y, en consecuencia, aparecen suficientemente autorizados para concertar y suscribir el referido acto de autocomposición procesal en representación de sus patrocinados.
Como consecuencia de las anteriores consideraciones, este Juzgado Cuarto de Primera Instancia de Juicio del Nuevo Régimen Procesal del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, con sede en Valencia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, le imparte su homologación al acuerdo transaccional alcanzado por sus intervinientes a los fines de que tenga fuerza de cosa juzgada, en tanto sus intervinientes tienen capacidad para acceder al mismo y comporta recíprocas concesiones respecto de los conceptos y derechos discutidos en el presente juicio siendo que, en relación con los mismos, cumple con los requisitos establecidos en numeral 2 del artículo 89 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en el Parágrafo Único del artículo 3 de la Ley Orgánica del Trabajo y en el artículo 10 de su Reglamento, todo en concordancia con lo dispuesto en los artículos 154, 255 y 256 del Código de Procedimiento Civil, aplicables analógicamente a tenor de lo previsto en el artículo 11 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.
No hay condenatoria en costas a tenor de lo establecido en el parágrafo único del artículo 62 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Publíquese y regístrese. Déjese copia autorizada de la presente decisión. A los quince (15) días del mes de Diciembre de 2010.-
El Juez,
Eddy Bladismir Coronado Colmenares
La Secretaria,
Amarilis Mieses Mieses
En la misma fecha se dictó, publicó y registró la anterior sentencia, siendo las 3:20 p.m.
La Secretaria,
Amarilis Mieses Mieses
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