REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA EN SU NOMBRE JUZGADO CUARTO DE LOS MUNICIPIOS VALENCIA, LIBERTADOR, NAGUANAGUA, LOS GUAYOS y SAN DIEGO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO CARABOBO. Valencia, 18 de noviembre de 2009 199º y 150º EXPEDIENTE Nº 7736 DEMANDANTE: RORAIMA BERMUDEZ GONZALEZ Y JUAN FERNANDO GUERRA COGORNO, Abogados en ejercicio, inscritos en el Instituto de previsión Social del Abogado bajo los N° (s) 42.536 y 61.242, respectivamente, en su carácter de Apoderados Judiciales de la Sociedad de Comercio AMPLIA INVERSIONES, C.A. (AINSA). DEMANDADA: LEONARDO CASTRO QUINTERO, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-16.323.981 y de este domicilio, en su condición de propietario y responsable de la Firma Personal FORTUNA DE LA SUERTE VALENCIA. MOTIVO: RESOLUCIÓN DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DECISIÓN: SE DECLARA IMPROCEDENTE MEDIDA CAUTELAR DE SECUESTRO. En fecha 12 de noviembre de 2009, los Abogados RORAIMA BERMUDEZ GONZALEZ Y JUAN FERNANDO GUERRA COGORNO, inscritos en el Instituto de previsión Social del Abogado bajo los N° (s) 42.536 y 61.242, respectivamente, en su carácter de Apoderados Judiciales de la Sociedad de Comercio AMPLIA INVERSIONES, C.A. (AINSA), interpusieron demanda de RESOLUCIÓN DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO, contra el ciudadano LEONARDO CASTRO QUINTERO, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-16.323.981 y de este domicilio, en su condición de propietario y responsable de la Firma Personal FORTUNA DE LA SUERTE VALENCIA. En fecha 16 de noviembre de 2009, se ordena dar entrada y formar expediente, teniéndose para proveer. En fecha 18 de noviembre de 2009, se admitió la demanda y se ordenó la intimación de la parte demandada. Como consecuencia de la demanda instaurada la parte accionante, solicita que se decrete medida preventiva de secuestro sobre el bien inmueble constituido por un local comercial, situado en la Avenida Urdaneta, N° 101-62, Parroquia Catedral del Municipio Valencia, Estado Carabobo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 585 y 588 del Código de Procedimiento Civil. Ahora bien, para pronunciarse sobre la medida solicitada este Tribunal lo hace con base en las orientaciones del profesor RAFAEL NARCISO ORTIZ ORTIZ (Las Medidas Cautelares Innominadas, Estudio Analítico y Temático de la Jurisprudencia Nacional, Paredes Editores, Caracas 1999, Tomo I, paginas 23 y siguientes), quien ha analizado profundamente los elementos, caracteres y requisitos de procedencia de las Medidas Innominadas y al efecto ha expresado: “…ELEMENTOS ESENCIALES Y CARACTERES GENERALES: Las cosas que son esenciales lo son por necesidad, esto es, la esencia es aquello que hace que una cosa sea ella y no otra, mientras que lo necesario es aquello que no puede ser de otra manera, de forma tal que hablar de los elementos esenciales de un fenómeno o una institución (no obstante que se trate de instituciones jurídicas) es determinar aquellas propiedades sin las cuales tal institución no seria lo que es. Aplicadas estas nociones al campo de las cautelas innominadas implica la precisión de los elementos que determinan que una medida cautelar sea exactamente una cautela innominada; así, a nuestro modo de ver, los elementos esenciales de una medida cautelar se resumen en tres aspectos: a) la generalidad formal; b) la generalidad material; c) la adecuación y la pertinencia (aptitud de la cautela). Por otro lado, los caracteres (en sentido aristotélico se refieren a las categorías) son aquellos elementos que si bien acompañan a las cautelas determinan la manera en que el fenómeno se conoce y se visualiza; de esta manera, los caracteres o modos de apreciarse de las cautelas innominadas determinan su condición cautelar, en cuyo caso son elementos comunes a todas las medidas cautelares y que, a los efectos de una introducción como esta, distinguiremos de la siguiente manera: a) Jurisdiccionalidad; b) Instrumentalidad; c) Provisionalidad y revocabilidad; d) Inauditam alteram parte; e) Homogeneidad y no identidad con el derecho sustancial; f) No satisfactoria del juicio principal y; g) proporcionalidad, entre algunas otras. En este sentido, quien decide considera que debe existir proporcionalidad en las cautelares solicitadas por lo que al haberse decretado la Medida de Embargo preventivo sobre bienes muebles propiedad de la demandada, se resguarda la apariencia del buen derecho invocado y con ello se garantiza suficientemente las resultas del juicio; en consecuencia lo ajustado a derecho es declarar improcedente la Medida de Secuestro solicitada por la parte actora. DECISION En razón de lo anteriormente expuesto este Juzgado Cuarto de los Municipios Valencia, Libertador, Naguanagua, Los Guayos y San Diego de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, SE DECLARA IMPROCEDENTE LA MEDIDA DE SECUESTRO SOLICITADA POR LA PARTE ACTORA. Así se decide. No prejuzga este Tribunal con la presente decisión sobre el fondo del procedimiento, ni sobre posibles solicitudes de medidas que en un futuro puedan efectuar los interesados, sino sobre lo aquí analizado. REGISTRESE, PUBLIQUESE Y DEJESE COPIA. Dada, sellada y firmada en la sala de Despacho del Juzgado Cuarto de los Municipios Valencia, Libertador, Naguanagua, Los Guayos y San Diego de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo. Valencia, 18 de noviembre de 2009 LA JUEZA PROVISORIA ABG. MARINEL MENESES GONZÁLEZ LA SECRETARIA ABG. MARIEL ROMERO En la misma fecha se publicó y registró la presente decisión, previo el anuncio de ley, siendo las 11:30 a.m.- LA SECRETARIA MMG/mkr.-