REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA EN SU NOMBRE JUZGADO TERCERO DE MUNICIPIO DEL MUNICIPIO PUERTO CABELLO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO CARABOBO Puerto Cabello, 18 de Marzo de 2009 196° y 150° DEMANDANTE: GUSTAVO ADOLFO SEQUERA GUARIQUE. DEMANDADO: UNISES SANTANDER. MOTIVO: DESALOJO. EXPEDIENTE: 1033. SENTENCIA: INTERLOCUTORIA. SEDE: CIVIL PARTE NARRATIVA En fecha 18 de Marzo de 2009, se admite demandada por DESALOJO, de un inmueble ubicado en el Barrio Andrés Eloy Blanco, calle democracia Nº 48-71, sector la Monaca en Jurisdicción de la Parroquia Juan José Flores, Municipio Puerto Cabello del Estado Carabobo, interpuesta por el abogado GUSTAVO ADOLFO SEQUERA GUARIQUE, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº 3.896.393, inscrito en el INPREABOGADO bajo el Nº 54.928, quien actúa en su propio nombre y en ejercicio de sus derechos, contra la ciudadana UNISES SANTANDER, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº 3.789.051. Una vez expuestos los hechos de su pretensión jurídica, sobre el arrendamiento celebrado, la parte demandante solicita al Tribunal sea decretada medida de secuestro del inmueble y medida de embargo preventivos, a fin de asegurar las resultas del juicio, según lo establecido en el artículo 599, ordinal 7 del Código de Procedimiento Civil y el artículo 588 numeral 1º ejusdem. PARTE MOTIVA Para fundamentar las medidas solicitada la parte demandante, señala que está plenamente demostrado que el demandado se encuentra contumaz en el pago de las pensiones arrendaticias vencidas, lo cual le causa un grave perjuicio económico, y asimismo, existe el riesgo que el demandado no cancelen voluntariamente las sumas de dinero que adeudan. Ahora bien, establece el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, que las medidas preventivas, sólo las decretará el Juez, cuando exista riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo y siempre que se acompañe un medio de prueba que constituya presunción grave de esta circunstancia y del derecho que se reclama. De allí entonces, que es indudable la carga de la prueba que tiene el solicitante de la medida, por lo que debe proporcionar al tribunal no solo las razones de hecho y de derecho en que funde su pretensión lo cual obviamente se sustenta en el libelo, sino que debe aportar conjuntamente las pruebas que la sustenten por lo menos en forma aparente, con el objeto de que se verifique los dos elementos esenciales para el otorgamiento de las medidas preventiva, estos como lo son, la presunción grave del derecho que se reclama (“fumus boni iuris”) y el riesgo real y comprobable de que resulte ilusoria la ejecución de la decisión definitiva (“periculum in mora”), quedando el sentenciador vedado para suplir la carga de la parte de exponer y fundamentar sus argumentos. Sólo cuando se haya comprobado la existencia de estos dos requisitos que por lo demás son concurrentes, puede procederse al otorgamiento de las medidas preventivas. Al respecto ha sostenido la Sala de Casación Civil, en repetidas sentencias que ya forman parte de la jurisprudencia de dicha Sala, que la carga de la prueba que corresponde al solicitante de la cautela, así como la obligación del juez de acordar la medida siempre que este comprobado la existencia de los extremos para ello. En el caso de autos, se ha demandado el desalojo, con fundamento en el artículo 34 de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios, solicitando la parte actora medida preventiva de secuestro de acuerdo al artículo 599 ordinal 7º del Código de Procedimiento Civil. Ahora bien, de la solicitud realizada por la parte actora, no se evidencia el cumplimiento de los requisitos exigidos para el otorgamiento de la cautela, toda vez que no existe fundamentación alguna que justifique la procedencia de la medida preventiva solicitada. En tal sentido, la parte actora solo menciona que se otorgué medida preventiva de secuestro, de acuerdo al artículo 599 ordinal 7º del Código de Procedimiento Civil y medida preventiva de embargo sobre bienes de la parte demandada, establecida en el artículo 588, ordinal 1º ibídem, sin indicar de que manera se cumplen los extremos del artículo 585 ejusdem. Tampoco cumplió el actor con la carga de la prueba, pues no está comprobado en autos el riesgo real y comprobable de que resulte ilusoria la ejecución de la decisión definitiva (“periculum in mora”), que según la jurisprudencia de la Sala de Casación Civil, es carga del solicitante de la cautela. De los instrumentos aportados por el solicitante no puede deducirse ningún elemento que haga procedente la cautela solicitada, es decir, no demuestra el riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo. Considera esta Juzgadora, que como quiera que las medidas deben decretarse cuando exista riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo, lo que no se deriva del presente proceso y aunado a lo anterior, debemos aclarar que estamos frente a un procedimiento breve, el cual indudablemente debe ser resuelto con celeridad, es por lo que se procede a negar las medidas solicitadas. Debe tenerse en cuenta que cuando se niega o decreta medida preventiva, no existe pronunciamiento sobre el fondo del asunto, o dicho en otras palabras el juez no prejuzga la materia de fondo, solamente hace uso de su poder discrecional concedido por la ley, una vez que verifica si se ha cumplido o no los extremos legales, pero que en todo caso serán objeto de debate probatorio en la etapa procesal correspondiente. De allí que en el presente caso, no existen pruebas aportadas por el solicitante para fundamentar su petición, lo que conlleva a que no se encuentran acreditados los extremos necesarios para el otorgamiento de la medida, en consecuencia se niega la medida preventiva de secuestro y de embargo preventivo solicitada por la parte demandante abogado GUSTAVO ADOLFO SEQUERA GUARIQUE, anteriormente identificado. PARTE DISPOSITIVA. Por todas las razones expuestas, este Tribunal Tercero de Municipio del Municipio Puerto Cabello de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, en nombre de la República y por autoridad de la ley niega las medidas de secuestro y embargo preventivo sobre bienes propiedad de la demandada ciudadana UNISES SANTANDER, solicitada en el juicio que por DESALOJO, interpusiera el abogado GUSTAVO ADOLFO SEQUERA GUARIQUE. Regístrese, publíquese la anterior decisión y déjese copia en el copiador de Sentencias. Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del JUZGADO TERCERO DE MUNICIPIO DEL MUNICIPIO PUERTO CABELLO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO CARABOBO, en Puerto Cabello a los dieciocho (18) días del mes de Marzo de Dos Mil Nueve (2009). Años 198° de la Independencia y 150° de la Federación. LA JUEZ, Abog. Alicia María Torres Hernández. LA SECRETARIA En la misma fecha se dictó y publicó la anterior sentencia, siendo las 2:00 horas de la tarde, previo anuncio de Ley, dejándose copia en el archivo. LA SECRETARIA Abog. Bárbara Rumbos Falcón AMTH/cp.- Nº 1033.