JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, Y BANCARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO CARABOBO. Valencia, 11 de Marzo de 2.009 Años 198° y 149° DEMANDANTE: MARTINEZ VASQUEZ BIANCA ROQUELINA. DEMANDADA: SIERRALTA PETIT MIROSLAVA. MOTIVO: CUMPLIMIENTO DE CONTRATO. EXPEDIENTE: 53.151. Vista la solicitud de medida de prohibición de enajenar y gravar formulada en el libelo de la demanda, y ratificada mediante diligencia de fecha 10 de Febrero de 2.009, para decidir el Tribunal observa: La medida fue solicitada por la parte actora en los siguientes términos: “…CAPITILO III. DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS: Con la finalidad de asegurar las resultas de este juicio, solicitamos en nombre de nuestra representada, a este Tribunal que de conformidad con lo establecido en los Artículos Nº 585 y Nº 588 ordinal 3º, y Nº 779 ejusdem del Código de Procedimiento Civil, se digne usted ciudadano Juez, decretar las medidas preventivas allí establecidas, es decir, prohibición de enajenar y gravar, así como cualquier otra providencia cautelar que a bien tenga lugar sobre el inmueble signado como apartamento, ubicado en la Urbanización San Jacinto, de la ciudad de Maracay del Estado Aragua, cuyos linderos, medidas y demás determinaciones constan suficientemente en el documento de propiedad protocolizado por ante el Registro Subalterno Primer Circuito Municipio Girardot del Estado Aragua, en fecha 14 de marzo de 2000, registrado bajo el Nº 20, Tomo 10, Protocolo 1º, y se dan aquí por reproducidos en su totalidad; con lo cual queremos asegurar la efectividad de la pretensión de nuestra poderdante, evitando quede ilusoria la presente demanda, todo ello en virtud de existir fundado temor de no lograr el éxito de la misma ante la hostil negativa de la demandada en llegar a un acuerdo extrajudicial….” En el párrafo supra parcialmente transcrito, se colige que la parte actora solicita se decrete medida de prohibición de enajenar y gravar, y como medios probatorios acompaña copias simples de los contratos de opción de compra venta celebrada entre las partes. En tal sentido la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia de fecha 27 de julio de 2.004, ha establecido: “De conformidad con lo establecido en el precedente artículo, las medidas preventivas se decretaran cuando se verifique en forma concurrente los dos elementos esenciales para su procedencia, a saber: 1) la presunción grave del derecho que se reclama (fumus Boris iuris) y; 2) el riesgo real y comprobable de que resulte ilusoria la ejecución de la decisión definitiva (periculum in mora). Es indudable que el interesado en el decreto de la medida tiene la carga de proporcionar al Tribunal las razones de hecho y de derecho de la pretensión, conjuntamente con las pruebas que las sustenten por lo menos en forma aparente, quedando el sentenciador impedido de suplir la carga de la parte de exponer y acreditar sus argumentos. Si faltan esos elementos de convicción de ambas circunstancias, debe imponerse el rechazo de la petición cautelar, por ausencia de los requisitos de procedibilidad exigidos en el referido articulo 585 del Código de Procedimiento Civil….” (27/07/04. Sent. No RC-00733). Deviene de la norma contenida en el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, los requisitos de exigibilidad para la procedencia de las medidas. En este sentido ha sido reiterado el criterio, de que dichos requisitos rigen tanto para las providencias cautelares genéricas, como para las innominadas que contempla el parágrafo primero de dicha norma, así como también el que tales requisitos son concurrentes. El articulo 12 Eiusdem establece:”…..Los Jueces tendrán por norte de sus actos la verdad, que procuraran conocer en los limites de su oficio. En sus decisiones el Juez debe atenerse a las normas del derecho a menos que la Ley lo faculte para decidir con arreglo a la equidad. Debe atenerse a los alegado y probado en autos, sin poder sacar elementos de convicción fuera de estos, ni suplir excepciones o argumentos de hecho no alegados ni probados….” En consecuencia, visto el requerimiento cautelar formulado por el demandante en el escrito libelar que se decrete medida de prohibición de enajenar y gravar, este Tribunal a los fines de pronunciarse sobre dicha solicitud, tras una revisión exhaustiva de los recaudos acompañados al libelo de la demanda, observa que la parte actora solo se limitó a solicitar la medida de prohibición de enajenar y gravar indicando que se encuentran satisfechos los extremos de Ley sin ilustrar al Tribunal como se encuentran verosímilmente demostrados y por cuanto este Juzgador se encuentra impedido de suplir los alegatos que debían ser expuestos por la parte actora, e igualmente no cumple con ninguno de los supuestos establecido en los artículos 585 y 588 del Código de Procedimiento Civil, debe ser negadas las medida preventivas solicitadas y así se decide. En consideración de lo antes expuesto SE NIEGA la solicitud de MEDIDA DE PROHIBICION DE ENAJENAR Y GRAVAR, por cuanto en la presente causa los requisitos de procedencia no se encuentran cumplidos. El Juez Provisorio, La Secretaria, Abg. PASTOR POLO Abg. MAYELA OSTOS FUENMAYOR Se hizo lo ordenado. La Secretaria Exp. No. 53.151.- Yensum.-