REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA EN SU NOMBRE POR AUTORIDAD DE LA LEY JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL y BANCARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO CARABOBO. Valencia, 17 de junio de 2009 199° y 150° De la revisión exhaustiva del expediente se observa: La presente demanda por RESOLUCION DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO, intentada por la ciudadana ALBINA CACERES DE MEDINA, española, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nro. E-1.040.760, asistida por el abogado YASSIR MENDEZ, titular de la cédula de identidad Nro. V-12.185.841, inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 86.346, contra el ciudadano FOUAD NEAMI, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nro. V-22.421.187, de este domicilio; fue presentada en distribución el 25 de febrero de 2009, se le dio entrada el 03 de marzo de 2009 y fue admitida por este Tribunal el 12 de marzo de 2009, se ordenó la citación de la parte demandada, en la misma fecha se libró la compulsa. En fecha 12 de Junio de 2009, la parte actora solicita al Tribunal sea practicada la citación de la demandada, consignando los emolumentos al Alguacil. Se observa que desde el 12 de marzo de 2009 hasta el 12 de Junio de 2009, haya habido alguna actuación de impulso procesal por parte de la demandante. En Venezuela tras la entrada en vigencia de la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela, ha imperado el criterio de que el demandante solo tiene la obligación de suministrar la dirección del demandado y los fotóstatos para la elaboración de la compulsa, pués todas las posteriores actuaciones para lograr la citación del demandado, correspondían al tribunal. Este criterio, de que es necesario que el actor consigne los fotóstatos para la elaboración de la compulsa, se ve reiterado con la reciente decisión de fecha 06-07-2004, Nro. Expediente 0100436, en la cual la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia estableció que: “… Siendo así esta Sala establece que la obligación arancelaria que previó la Ley de Arancel Judicial perdió vigencia ante la manifiesta gratuidad constitucional, quedando con plena aplicación las contenidas en el precitado articulo 12 de dicha ley y que igualmente deben ser estricta y oportunamente satisfechas por los demandantes dentro de los 30 días siguientes a la admisión de la demanda, mediante la presentación de diligencias en la que ponga a la orden del alguacil los medios y recursos necesarios para el logro de la citación del demandado, cuando ésta haya de practicarse en un sitio o lugar que diste más de 500 metros de la sede del Tribunal; de otro modo su omisión o incumplimiento, acarreará la perención de la instancia, siendo la obligación del Alguacil dejar constancia en el expediente de que la parte demandante le proporcionó lo exigido en la Ley a los fines de realizar las diligencias pertinentes a la consecución de la citación….Así se establece…” De lo anterior se desprende que en efecto, la sala considera como incumplimiento de los deberes que la ley impone para lograr la citación del demandado, el no suministrarle al Alguacil del Tribunal los medios de transporte o las sumas de dinero para practicar la citación, esto es, que la obligación de suministrar los gastos de transporte al alguacil para la práctica de citaciones en lugares que disten más de 500 metros de la sede del tribunal, rige a partir del 06-07-2004, y su incumplimiento acarrea la perención de la instancia, lo cual además, aún antes de la entrada en vigencia del nuevo criterio, ya era considerado como una carga del actor, proveer los medios de transporte o la sumas de dinero para practicar la citación del demandado, lo cual el actor ha incumplido. De modo pués que considera quien aquí decide, que en la presente causa el actor NO CUMPLIÓ CON LAS OBLIGACIONES TENDIENTES A LOGRAR LA CITACIÓN DE LA PARTE DEMANDADA; pués desde la admisión de la demanda hasta el 12 de Junio de 2009, el demandante no había suministrado ni los fotostatos ni los emolumentos correspondientes para lograr la efectiva citación del demandado, en razón de lo cual en la presente causa operó la PERENCIÓN BREVE consagrada en el ordinal 1ero. Del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil. Por las razones de hecho y derecho antes explanadas, este Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Bancario de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, administrando justicia en nombre de la Republica Bolivariana de Venezuela, declara: LA PERENCIÓN DE LA INSTANCIA, por haber transcurrido el lapso establecido en el ordinal 1° del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil. No hay condenatoria en costas de conformidad con lo establecido en el Artículo 283 eiusdem. El Juez Provisorio, Abog. SANTIAGO RESTREPO PÉREZ, La Secretaria, Abog. NANCY MOLINA, En la misma fecha se publicó la anterior decisión siendo las 9:00 de la mañana. La Secretaria, SARP/maría. Exp. 21.803.- CERTIFICO QUE LA COPIA QUE ANTECEDE ES TRASLADO FIEL Y DE SU ORIGINAL A LA CUAL SE CONTRAE DE CUYA EXACTITUD DOY FE, CERTIFICO Y EXPIDO DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 111 Y 112 DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL. Valencia, 17 de Junio de 2009.- La Secretaria Titular, EXPEDIENTE: 21.803 DEMANDANTE: ALBINA CACERES DE MEDINA DEMANDADO: FOUAD NEAMI MOTIVO: RESOLUCION DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DECISIÓN: PERENCIÓN DE LA INSTANCIA FECHA: 17/06/2009 JUEZ: SANTIAGO RESTREPO PÉREZ JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL MERCANTIL Y BANCARIO DEL ESTADO CARABOBO.