REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA TRIBUNAL SUPERIOR DE LO CONTENCIOSO TRIBUTARIO DE LA REGION CENTRAL Valencia, 16 de julio de 2009 199° y 150° SENTENCIA INTERLOCUTORIA N° 1852 El 16 de abril de 2009, el ciudadano Carlos Alberto Robayo V., inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 73.458, en su carácter de apoderado judicial de INSTALACIONES INDUSTRIALES, C.A. (ININCA), inscrita en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del estado Carabobo, bajo el N° 26, Tomo 18-C, del 24 de marzo de 1976, y en el Registro de Información Fiscal (RIF) bajo el N° J-07504221-2, con domicilio fiscal en la Urb. Industrial El Recreo, vía Flor Amarillo, Edif. ININCA, parcela 1-116, Valencia estado Carabobo; interpuso recurso contencioso tributario conjuntamente con solicitud de suspensión de efectos ante este tribunal, contra el acto administrativo contenido en la Resolución de Imposición de Sanción N° GRTI-RCE-DFD-2008-04-DFRIVA-PEC-230 del 19 de mayo de 2008, emanado de la Gerencia Regional del Servicio Nacional Integrado de la Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT). El 22 de mayo de 2009, se le dió entrada a dicho recurso y le fue asignado el N° 2021 al respectivo expediente. El 01 de junio de 2009, el apoderado judicial de la recurrente diligenció solicitando la notificación de las partes en el presente juicio. Estando las partes a derecho y siendo la oportunidad legal procesal correspondiente para admitir o no el presente recurso contencioso tributario, el tribunal observa: Los actos recurridos, son actos administrativos de efectos particulares, que fueron impugnados por ante la autoridad competente, dentro del lapso legal correspondiente así, constatada la legitimidad de las personas que se presentaron como representantes de la recurrente y no constando en autos oposición alguna, este Tribunal Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Central, considera cumplidos los extremos de admisión del presente recurso contencioso tributario, conforme a lo previsto en el artículo 266 del Código Orgánico Tributario, así como llenos los requisitos exigidos por los artículos 259, 260, 261 y 262 eiusdem, razones por la que ADMITE dicho Recurso en cuanto ha lugar en derecho salvo su apreciación en la definitiva, de acuerdo a lo señalado en el artículo 267 del Código Orgánico Tributario. Con respecto a la solicitud de suspensión de los efectos intentada por la contribuyente conjuntamente con su escrito de nulidad; observa este juzgador que la recurrente de forma sucinta invoca el contenido del artículo 263 del Código Orgánico Tributario vigente, sin aportar elementos probatorios que hagan presumir la comprobación de los requisitos de procedencia, limitándose a indicar “…En el presente caso, la Sociedad de Comercio “INSTALACIONES INDUSTRIALES, C.A. (ININCA), seria afectada por la ejecución de la Resolución objeto de este Recurso Contencioso Tributario, por cuanto se vería privada de una importante parte de su patrimonio por lo que el monto de la sanción aplicada, afectaría significativamente su libre desenvolvimiento económico, razón por la cual, el peligro en el daño se manifiesta claramente. Así mismo, reforzando el extremo anterior, en cuanto al supuesto legal del fumus boni iuris, en todo el Recurso Contencioso Tributario se observa la apariencia de buen derecho, que por este medio mi representada hace valer y que pueden resumirse en lo siguiente. I.-Falso Supuesto en la aplicación incorrecta de sanciones por periodos así como en la determinación de intereses moratorios. 2.-Violación de Principios Constitucionales y Normas Legales. 3.-Improcedencia de la Concurrencia de infracciones. (Negrilla de ellos). Se desprende del escrito recursorio que la contribuyente no fundamentó suficientemente el fumus bonis iuris y el periculum in damni como requisitos concurrentes de procedencia que justifican la necesidad de evitar perjuicios irreparables o de difícil reparación. En consecuencia, considera el juez que no deben suspenderse los efectos del acto recurrido al no existir interposición del juicio ejecutivo, por no haber concurrencia de los requisitos antes identificados y por considerar que en este caso sólo debe pronunciarse cuando exista concurrencia de los dos institutos jurídicos o en la eventualidad que el juicio ejecutivo sea interpuesto por la administración tributaria en el transcurso del proceso. Así se decide. Siendo la oportunidad procesal, de conformidad con lo establecido en el artículo 268 del Código Orgánico Tributario, queda el juicio abierto a pruebas a partir del primer (1er) día de despacho siguiente al de hoy. Dado, firmado y sellado en la Sala de Despacho del Tribunal Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Central, a los dieciséis (16) días del mes de julio de dos mil nueve (2009). Año 199° de la Independencia y 150° de la Federación. El Juez Titular Abg. José Alberto Yanes García La Secretaria Titular, Abg. Mitzy Sánchez M. Exp. Nº 2021 JAYG/ms/yg