REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE




JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO CARABOBO
198º Y 149º

INHIBICIÓN
INTERPUESTA POR: Abg. YULEIMA CASTILLO OVIEDO; Juez Provisorio del Juzgado Sexto de los Municipios Valencia, Libertador, Los Guayos, Naguanagua y San Diego de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo.

CONTRA: Abg. ALEXANDER ANTONIO RACINI, titular de la cedula de identidad Nº 14.999.522.

MOTIVO: INHIBICION

SENTENCIA: DEFINITIVA

EXPEDIENTE: 23.380

Llegaron las presentes actuaciones con motivo de la inhibición de la Abogada YULEIMA CASTILLO OVIEDO, en su carácter de Juez Sexto de los Municipios Valencia, Libertador, Los Guayos, Naguanagua y San Diego de esta Circunscripción Judicial, el 19 de Noviembre de 2008, y una vez que se le dio entrada se tramito conforme a la ley.
En el acta de inhibición la Juez señala que procede a inhibirse con fundamento al ordinal 20 del Articulo 82 del Código de Procedimiento civil, visto que el Abogado ALEXANDER RACINI, apoderado judicial de la parte demandada en la evacuación de una prueba de juicio, le requirió al Abogado de la parte demandante NESTOR GRIS WOLD que trasladara a la Juez que conocía de la causa para evitar roces con la misma, y le fue manifestado que por ser el abogado promovente, es el quien debería trasladar al tribunal, pero señala la Juez inhibida que el mencionado abogado de manera ofensiva y amenazante trajo a juicio citas que transcribe textualmente
“…la ciudadana Juez Provisorio del Tribunal Sexto YULEIMA CASTILLO OVIEDO, y una vez que la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, a través de los inspectores de tribunales conozcan en totalidad el tratado de violación de derechos a la defensa de niños, adolescentes, incluyendo intrauterinos, violación de derechos a la mujer, la manera tan burda…” folio 253.
Para proceder a la inhibición para garantizar la transparencia del proceso y el ejercicio independiente de tal función.
Ahora bien, cumplido el lapso de allanamiento previsto en el artículo 84 del Código de Procedimiento Civil, sin que existiera el mismo, y no promovida ninguna prueba ante esta alzada dentro del lapso previsto en el Articulo 90 del Código Procesal Civil y siendo la oportunidad legal para decidir la presente incidencia de inhibición, seguidamente este Tribunal decide lo siguiente:
La inhibición es la figura jurídica establecida por el Legislador para ser utilizada por los jueces a fin de desprenderse del conocimiento o tramitación de una causa, desde el mismo momento que surge en él una incompetencia a su incapacidad subjetiva que compromete su imparcialidad y objetividad para decidir esa causa, principios éstos que rigen la administración de justicia, porque de lo contrario se quebrantaría el principio de igualdad de las partes, que frente al Juez debe existir en todo proceso.
Cuando un Juez se inhibe cumple con el deber insoslayable de declarar que en su persona existe un motivo legal para abstenerse de seguir conociendo del asunto, tal como lo permite nuestro proceso civil, siempre y cuando esté debidamente demostrada la causal de inhibición invocada.
La inhibición tiene por finalidad resolver la crisis subjetiva del proceso, que se presenta con la separación del Juez del conocimiento de la causa, siendo que el funcionario judicial, por el sólo hecho de ser elegido conforme a las previsiones legales, se presume idóneo para el ejercicio de sus funciones en todos los casos que se le plantean, su exclusión del ejercicio de la jurisdicción en un caso concreto depende de su especial posición en esa causa, respecto de las partes o del objeto, calificada por las causales de exclusión establecidas en la Ley.
Establece el artículo 84 del Código de Procedimiento Civil el cual establece:
“...El funcionario judicial que conozca que en su persona existe alguna causa de recusación, está obligado a declararla, sin aguardar a que se le recuse...”
Para evitar que el Juez se inhiba sin justa causa, el legislador sometió a la inhibición a causales taxativamente enumeradas en el artículo 82 del mismo Código, las cuales deben ser explanadas, como lo expresa el segundo aparte del artículo 84 ejusdem, en acta, “...En el cual se expresan las circunstancias de tiempo, lugar y demás hechos o los hechos que sean motivo del impedimento; además deberá expresar la parte contra quien obre el impedimento...”, y no es otra cosa que la manifestación personal del mismo Juez en el expediente del cual pretende inhibirse de su conocimiento, y en la que indica la hipótesis del artículo 82 Código de Procedimiento Civil, en la que habrá de estar subsumida la conducta del funcionario judicial, para que ésta pueda proceder, además de que ha establecido que la misma no debe ser valoradas por el Juez de la Causa, sino que las somete a decisión de otro Juez de jerarquía superior, previo el cumplimiento de la tramitación prevista en los Artículos 84 y 89 del Código Adjetivo Civil. Esta tradicional manera de analizar el instituto de la inhibición, se ha incorporado el precedente judicial contenido en la decisión de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, N° 2140, de fecha 07 de Agosto de 2003, que señala:
“. . .En la que ha reconocido que estas causales no abarcan todas las conductas que pueden desplegar el Juez a favor de una de las partes, lo cual resulta lógico, pues los textos legales envejecen, resultando anacrónicos para comprender nuevas situaciones jurídicas, siendo que la reforma legislativa no se produce con la rapidez necesaria para brindar las soluciones adecuadas que la nueva sociedad exige…”
En consecuencia el Juez puede ser recusado o inhibirse por causas distintas a las previstas en el artículo 82 del Código de Procedimiento Civil, sin que ello implique, en modo alguno, dilaciones indebidas o retardo judicial, y en relación a esto la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, ha manifestado que:
“. . . En este sentido, debe señalarse que nuestro ordenamiento jurídico prevé dos instituciones a saber, la inhibición y la recusación, destinadas a preservar la garantía del Juez imparcial. La Doctrina tradicionalmente ha señalado que las causales de recusación del Juez previstas en el artículo 82 del Código de Procedimiento Civil son taxativas y no pueden ser susceptibles de ampliación por vía de analogía y semejanza...”
Observa esta Juzgadora que la Juez inhibida fundamenta su inhibición en la causal 20º contenida en el artículo 82 del Código de Procedimiento Civil que establece:
“...Ord. 20°: Por injurias o amenazas hechas por el recusado o alguno de los litigantes, aun después de principiado el pleito...”.
Se evidencia a los autos que efectivamente en la evacuación de una prueba de inspección judicial el 19 de Noviembre del 2.008, apoderado de la demandada Abogado ALEXANDER RACINI, manifestó, “la ciudadana Juez Provisorio del Tribunal Sexto YULEIMA CASTILLO OVIEDO, y una vez que la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, a través de los inspectores de tribunales conozcan en totalidad el tratado de violación de derechos a la defensa de niños, adolescentes, incluyendo intrauterinos, violación de derechos a la mujer, la manera tan burda...” (folio 253), y ello lógicamente influye en la conducta del Juez, por cuanto es derecho de las partes acudir perfectamente ante la Inspectoria de Tribunales o ante cualquier organismo en resguardo de sus derechos si consideran que los mismo han sido vulnerados o pueden verse afectados en el proceso, pero la misma Juez señala que es su voluntad inhibirse porque considera que la presente causa existe injuria o amenaza en su persona, lo que demuestra que el equilibrio que debe mantenerse en el proceso sobre el animo o conducta del Administrador de Justicia para con las partes, debe prevalecer sobre cualquier situación en aras que se imparta la justicia que nuestros ciudadanos merecen, y en consideración a ello es procedente que la Juez YULEIMA CASTILLO OVIEDO se separe del conocimiento de la causa como efectivamente lo propuso. Y ASI SE DECIDE
Con respecto a los escritos presentados ante este Tribunal, por el Abogado ALEXANDER RACINI sobre situaciones que se presentaron en el proceso y medidas a tomar para denunciar o tramitar posibles sanciones contra los jueces YULEIMA CASTILLO OVIEDO y ANABELLA GARCIA, este Tribunal no tiene pronunciamiento alguno, pues escapa de su competencia, solo conoce de la inhibición propuesta por las razones que anteceden, y como se indico anteriormente las partes son libres de acudir ante los organismos competentes si consideran la vulneración de sus derechos. Y ASI SE DECIDE.
Por las razones antes expuestas este JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRANSITO DE LA CIRCUNCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO CARABOBO, en nombre de la Republica y por autoridad de la Ley; declara CON LUGAR la Inhibición de la Juez Sexto de los Municipios, Valencia, Libertador, Los Guayos, Naguanagua y San Diego de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, y que otro Tribunal de la misma jerarquía conozca de la causa. Y ASI SE DECIDE.

En Valencia a los Cinco (05) días del mes de Febrero de Dos Mil Nueve (2009). Siendo las Dos y Cuarenta Minutos de la tarde (2:40pm).


Abg. Isabel Cristina Cabrera de Urbano
Juez Titular

Abg. Alba Narváez Riera
Secretaria

Exp. Nº 23.380
ICCU/dpp