REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL MERCANTIL Y BANCARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO CARABOBO. Valencia, 06 de Noviembre de 2008 198° y 149° SOLICITANTE: PROCURADURIA MUNICIPAL DE VALENCIA ESTADO CARABOBO DEMANDADO: HECTOR RAMOS HENRIQUEZ MOTIVO: ENTREGA MATERIAL SENTENCIA: INTERLOCUTORIA EXPEDIENTE N°: 24.957 I Se inicia la presente causa en virtud de solicitud de ENTREGA MATERIAL formulada por el abogado MIGUEL ANGEL DIAZ BLUM, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nro. 48.815, actuando en su carácter de Sindico Procurador Municipal del Municipio Valencia Estado Carabobo, en la cual solicita le sea entregado materialmente el siguiente bien inmueble: Constituido por unas bienhechurías ubicadas en una franja de terreno propiedad del Instituto Nacional de la Vivienda (INAVI), ubicada en la Urbanización La Isabelica, Sector 10, vereda 10, frente a los inmuebles 29 y 31 de la Parroquia Rafael Urdaneta, Municipio Valencia del Estado Carabobo, según compra que hiciera mediante documento autenticado por ante la Notaria Publica Segunda de Valencia, en fecha 18 de junio de 2003, anotado bajo el Nro. 39, tomo 56, de los libros correspondientes; ya que, alega el solicitante, desde su adquisición han pasado mas de 4 años sin que el vendedor HECTOR RAMOS HENRIQUEZ haya dado cumplimiento voluntario a la obligación de entregar la cosa vendida. II Recibida como fue la solicitud en fecha 26 de febrero de 2008, previa su distribución, se decretó la entrega material por auto de fecha 03 de marzo de 2008, y fue remitida en esa misma fecha la comisión librada para la práctica de la misma, al Juzgado Ejecutor de Medidas de los Municipios Valencia, Libertador, Los Guayos, Naguanagua, San Diego y Carlos Arvelo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo. Consta a los folios 16 y 17 de la presente causa, que compareció personalmente por ante este Tribunal el ciudadano HECTOR RAMOS HENRIQUEZ, y presentó formal escrito de oposición a la entrega material, formulando los siguientes alegatos: 1) Que el Municipio Valencia carece de cualidad para solicitar la entrega material de las bienhechurías, ya que las mismas están construidas sobre un lote de terreno propiedad del INAVI, que en consecuencia, mal podría haber adquirido las bienhechurías, ya que las mismas se encuentran en un terreno propiedad de un tercero. 2) Que en el mencionado terreno donde están construidas las bienhechurías, se pretende construir un parque “Rafael Urdaneta”, por lo que se debe realizar un procedimiento de expropiación por causa de utilidad publica y social, que se debió haber dictado un decreto de expropiación que afectara el terreno en cuestión. 3) Que la Alcaldía de Valencia se comprometió a adquirir una vivienda familiar acorde a su condición social, lo cual hasta la presente fecha no ha ocurrido. III Dados los diferentes alegatos del opositor, se evidencia que existe entre las partes un conflicto intersubjetivo de intereses con relación al inmueble cuya entrega material se solicita. Respecto del procedimiento de solicitud de entrega material, ha sido reiterada y pacífica la jurisprudencia emanada del Tribunal Supremo de Justicia de considerar a dichos procedimientos como de Jurisdicción Voluntaria, y en consecuencia la obligatoriedad para el juzgador de declarar terminado el procedimiento al formularse la respectiva oposición. Una de dichas decisiones (de fecha 03 de diciembre de 1997, reiterando una anterior de fecha 28 de abril de 1994, dictada por la Sala de Casación Civil), estableció: “La solicitud de entrega material de bienes vendidos comprende diligencias procesales de naturaleza no contenciosa, encaminadas a poner en posesión del comprador de lo que fuera a él vendido. El propio Código de Procedimiento Civil califica a esta tipo de solicitud como de jurisdicción voluntaria, según la parte Segunda del libro Cuarto regulada en sus artículos 929 y 930. A esta jurisdicción voluntaria se opone la contención del procedimiento ordinario al cual alude el libro Primero; La contención del procedimiento cautelar del libro Tercero; Y la de los procedimientos especiales contenciosos de la parte Primera del Libro Cuarto del Código. En otras palabras, en estos procedimientos calificados por el Código de Procedimiento Civil como de jurisdicción voluntaria, por no ser de naturaleza contenciosa, al interponer oposición o aparecer cualquier otro tipo de controversias por parte del vendedor, respecto de quién se solicita la entrega o de un tercero, para no desvirtuar la naturaleza y fines propios que le atribuye la Ley, al juzgador no le queda otra alternativa que desestimar la solicitud misma e indicar a los intervinientes que la controversia entre ellos debe resolverse por el procedimiento ordinario, si el asunto controvertido no tiene pautado para sus sustanciación y resolución, un procedimiento especial, en aplicación del artículo 338 del Código de Procedimiento Civil , y dar por terminado el procedimiento…” (Destacados del tribunal). En sentencia de fecha 07 de Agosto de 2003, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, sentencia Nro. 2153, expediente Nro. 02-2145, con ponencia del Magistrado Dr. José Manuel Delgado Ocando, se expresó: “…parte el accionante en amparo de un desconocimiento manifiesto de la naturaleza atribuida al procedimiento de entrega material por los artículos 895 al 899 del Código de Procedimiento Civil, así como las etapas que comprende dicho trámite jurisdiccional, de acuerdo con los artículos 929 y 930 del citado texto legal, en concordancia con la jurisprudencia pacífica y reiterada que sobre el tema mantiene la Sala de Casación Civil de este Tribunal Supremo de Justicia, por cuanto es falso que una vez formulada la oposición prevista en el artículo 930, el procedimiento deje ser de jurisdicción voluntaria para convertirse en un procedimiento de jurisdicción contenciosa, como equivocadamente sostiene el ciudadano…. Sobre las consecuencias de la oposición oportuna a la entrega material, así como sobre la conducta que debe asumir el órgano jurisdiccional al que se planteó dicha solicitud una vez propuesta dicha oposición, la Sala de Casación Civil de este Máximo Tribunal de la República se ha pronunciado en reiteradas oportunidades… respecto de la naturaleza graciosa y no contenciosa del trámite de la entrega material y en cuanto al deber de los jueces de abstenerse de emitir pronunciamiento alguno sobre la oposición, quienes deben limitarse a recomendar a las partes que planteen el conflicto, salvo que exista un procedimiento especial para ello, a través del procedimiento ordinario regulado por los artículos 338 y siguientes de la Ley Adjetiva Civil…” Posteriormente a la decisión dictada por la Sala de Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia parcialmente transcrita, la referida Sala de nuestro máximo Tribunal, en sentencia dictada en fecha 04 de Noviembre de 2.003, Sentencia Nro. 2956, Exp. 02-2400, con ponencia del Magistrado Dr. Iván Rincón Urdaneta, estableció: “… el acto de entrega material se revocará o se suspenderá una vez interpuesta la oposición, fundada en causa legal, y que podrán los interesados ocurrir a la jurisdicción ordinaria para dirimir tal problemática… la decisión accionada conculcó el derecho constitucional al debido proceso de la accionante, al desestimar la oposición que formuló oportunamente respecto de la entrega material solicitada… cuando lo ajustado a derecho era la inmediata revocatoria del acto –que se hace necesaria para que se restituya la situación que existía antes de la entrega material- y, consiguientemente, ventilar las acciones concernientes al asunto a través del juicio ordinario a instancia propia…” Las decisiones parcialmente transcritas, las cuales por su transparencia no ameritan ningún tipo de interpretaciones, imponen a los jueces que conozcan de los procedimientos de solicitud de entrega material de bienes vendidos, la obligación de declarar TERMINADO el procedimiento cuando el vendedor o cualquier tercero formulen oposición a la entrega, pues en esos casos, al haber controversia entre las partes, las respectivas pretensiones y defensas deben ser ventiladas en un verdadero juicio, mediante el procedimiento ordinario con la debida citación de las partes y con todas las garantías del debido proceso, lo cual obviamente no se puede cumplir en un procedimiento de jurisdicción voluntaria como el que nos ocupa, en el cual no hay contención, sino que el mismo debe limitarse a la intervención del Tribunal en el desarrollo de la situaciones jurídicas requeridas por los particulares, pero en él, se repite no existe contención, no existen partes en el estricto sentido procesal, dado que no existe un demandante y un demandado, sino que los interesados son verdaderamente “solicitantes”. Determinado como ha quedado que en la presente causa existe un verdadero conflicto intersubjetivo de intereses, el cual solo puede ser dilucidado en procedimiento contencioso, este Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Bancario de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, declara: PRIMERO: CON LUGAR la oposición a la entrega material formulada por el ciudadano HECTOR RAMOS HENRIQUEZ, asistido por el abogado HECTOR GERARDO RAMOS MARTINEZ. SEGUNDO: De conformidad con el artículo 901 del Código de Procedimiento Civil aplicable al presente procedimiento de entrega material declara el sobreseimiento del presente proceso, a fin de que los interesados propongan las demandas que consideren pertinentes por ante los Tribunales competentes. Dada la naturaleza del procedimiento, no existe condenatoria en cosas. Publíquese y déjese copia El Juez Provisorio, Abog. Santiago Restrepo Pérez, La … … Secretaria, Abog. Nancy Molina, En la misma fecha se publicó la anterior decisión, siendo las 12:35 de la tarde.- La Secretaria, Exp. 24.957 SRP/Aurelia.