REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE
JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y BANCARIO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO CARABOBO.
PARTE DEMANDANTE: ELÌAS RAMÒN CASTELLANO CORONEL, ADOLORADA MARÌA CERVELLI RUGGIERO, PATRIZIA ELENA RUSSO DE FARIA, CARMEN CECILIA MORALES AROCHA, MERCEDES MARÌA OLIVEROS ORTEGA, OMAIRA JOSEFINA RIVAS TERAN, JOSE ALFREDO PALENCIA, ALEIDA JOSEFINA CASTILLO DE HENRIQUEZ, CELSO RAFAEL ZERPA CASTILLO, MARUJA ELENA CABRERA CABRERA, EMILIA LEJOS LEZAMA, JAIME LEIVA DELGADO, JUANA FRANCISCA HERNANDEZ PACHECO, ANTONIA DE JESÙS HERNANDEZ, GRISEL DEL CARMEN ARELLANO DE MARTINEZ, NORKA VIOLETA AGUILERA DE HERNANDEZ, FERNANDO JOSE HERNANDEZ, MIGUEL EDUARDO DÌAZ CASTILLO y LILIANA MARÌA FLOREZ DÌAZ.
PARTE DEMANDADA: ASOCIACIÒN CIVIL COMUNITARIA PARA LA VIVIENDA LOS PRIMEROS SIETE.
MOTIVO: INTERDICTO RESTITUTORIO DE LA POSESIÒN
EXPEDIENTE Nº: 49989
La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia en Sentencia de fecha 27 de Febrero de 2003, respecto al ordinal segundo del Artículo 267 del Código de Procedimiento Civil: vale decir, respecto a la perención de la instancia tiene establecido lo siguiente:
“Es claro, pues, que el ordenamiento jurídico venezolano acoge el sistema italiano respecto de la perención, de conformidad con el cual esta opera de pleno derecho y, por tanto, se consuma por el solo transcurso del tiempo previsto en la ley, y una vez declarada surte efecto no desde esa oportunidad, sino a partir del momento en que operó la perención, pronunciamiento este que sólo reafirma un hecho ya cumplido.
En consecuencia, una vez consumada y declarada la perención produce efectos desde que esta operó, por lo cual tanto los hechos jurídicos transcurso del tiempo sin impulso de las partes como sus efectos extinción del proceso, se rige por las normas procesales vigente para la época en que estos se verificaron.
En consecuencia, la nueva ley no puede afectar los hechos o actos verificados bajo la ley anterior, ni sus efectos. Las salas han establecido de forma reiterada que la solicitud de copias certificadas o la consignación de escrito, en modo alguno constituyen manifestaciones de la intención de la parte en dar continuación al proceso y, por lo tanto, esos actos no son capaces de interrumpir la perención.
Los supuestos anteriores, cabe indicar expresamente, son válidos para todos los juicios, incidencias y recursos que cursen o se tramiten ante esta jurisdicción suprema, habida cuenta de que en ella, además del recurso de casación en igual manera se presenta para su conocimiento regulaciones de competencia, recursos de hechos, transacciones, desistimientos y reclamos, y como quiera que, no obstante las previsiones normativas que específicamente traten sobre cada materia en particular, la Sala estima que priva la norma general relativa a la perención en su contenido, alcance y propósito plasmando en la misma cuando determina que, toda instancia se extingue, siendo así, como ya se indico, esto justifica en interés del Estado para que en definitiva se cumpla con la finalidad jurisdiccional” .
Por su parte la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia de fecha 24 de Noviembre de 2005, respecto a la perención de la instancia dejo establecido lo siguiente:
“La Sala considera, que basta para que opere la perención, que la causa haya permanecido paralizada por mas de un año, debiendo contarse dicho término a partir de la fecha en que se haya efectuado en último acto de procedimiento, transcurrido el cual, el tribunal podrá, sin mas tramites declarar consumada la perención de oficio o a instancia de parte.
Se trata así del simple cumplimiento de una condición objetiva, que no toma en cuenta la voluntariedad de las partes, es decir, no considera los motivos que tuvieron estas y por los cuales se mantuvo paralizada la causa, sino que el simple transcurso del tiempo de un año de inactividad origina de pleno derecho la declaratoria de perención.
En definitiva, para que opere la perención de pleno derecho, basta que se haya paralizado la causa por mas de un año, pues el único limite impuesto por el articulo 267 del Código de Procedimiento Civil, es que se haya dicho “VISTO” en la causa, en cuyo caso la inactividad no produce la perención”.
Siguiendo los lineamientos anteriormente expuestos, los cuales comparte en todas sus partes este Tribunal, y tomando en consideración que en el caso particular de la perención, debe tomarse en cuenta que este instituto procesal opera de pleno derecho al cumplirse los presupuestos exigidos en la ley, vale decir, el transcurso del tiempo sin impulso procesal, y produce el efecto de extinguir el proceso a partir de que esta se produce y no desde que es declarada por el Juez, por lo tanto la declaratoria por el Juez solo reconoce un hecho jurídico ya consumado, y sus efectos producidos.
En aplicación de las consideraciones expuestas al caso en concreto; este tribunal observa:
En fecha trece (13) de febrero de 2006 se le da entrada por ante este Tribunal a la demanda por INTERDICTO RESTITUTORIO incoada por el abogado en ejercicio LUIS ARGENIS AGUILERA COLMENARES, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 24.130 con el carácter de Apoderado Judicial de los ciudadanos Elías Ramón Castellano Coronel, Adolorada Maria Cervelli Ruggiero, Patrizia Elena Russo De Faria, Carmen Cecilia Morales Arocha, Mercedes María Oliveros Ortega, Omaira Josefina Rivas Terán, José Alfredo Palencia, Aleida Josefina Castillo De Henríquez, Celso Rafael Zerpa Castillo, Maruja Elena Cabrera Cabrera, Emilia Lejos Lezama, Jaime Leiva Delgado, Juana Francisca Hernández Pacheco, Antonia De Jesús Hernández, Grisel Del Carmen Arellano De Martínez, Norka Violeta Aguilera De Hernández, Fernando José Hernández, Miguel Eduardo Díaz Castillo Y Liliana María Flores Díaz., titulares de las cédulas de identidad nros 6.605.981, 6.883.241, 9.444.857, 6.973.279, 584.753, 5.221.680, 3.386.058, 4.870.528, 9.875.102, 7.072.048, 4.391.973, 7.063.974, 4.863.721, 5.388.216, 7.028.139, 7.116.998, 8.049.562, 9.824.746, 10.227.633 respectivamente, contra la ASOCIACIÒN CIVIL COMUNITARIA PARA LA VIVIENDA LOS PRIMEROS SIETE, representada por su Presidente, ciudadano EFIGENIO EDUARDO GONZALEZ ROBLES, titular de la cédula de identidad Nº 7.071, siendo admitida el veinte (20) de febrero del 2006, emplazándose a los querellados, ordenando librar compulsa comisionando a los fines de la citación al Juzgado del Municipio Bejuma de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo y se le exigió fianza o garantía a los querellantes por la cantidad de Quinientos Millones de Bolívares (Bs.500.000.000,oo). Se desprende de los autos como ultima actuación de la parte actora diligencia de fecha veintidós (22) de febrero de 2006 en la cual apeló de la decisión constituida en el auto de admisión. Este Tribunal mediante auto de fecha veintitrés (23) de febrero del mismo año niega la apelación por ser improcedente. En consecuencia al no existir ninguna otra actuación procesal a los fines del impulso del juicio y existiendo una paralización de la causa por un tiempo superior a un (01) año, a contar desde la fecha de la última actuación hasta la actualidad, este juzgador considera que opera el supuesto establecido en el encabezamiento del artículo 267 del Código de procedimiento Civil. Así se declara.-
Por lo antes expuesto este Tribunal administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara LA PERENCIÓN DE LA INSTANCIA en el presente procedimiento.
Publíquese y déjese copia.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de este Tribunal, en Valencia a los ocho (08) días del mes de mayo del año 2008. Años: 198º y 149º.
El Juez Provisorio
ABG. PASTOR POLO
La Secretaria
Abg. MAYELA OSTOS FUENMAYOR
En la misma fecha se dictó y público la anterior sentencia a las 12:00 del mediodía.-
La Secretaria
P/P.- Exp. 49989
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