REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL Tribunal Octavo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo Valencia, Diez (10) de Julio de dos mil ocho 198º y 149º ASUNTO: GP02-L-2008-001169 Con vista a la demanda por Prestaciones Sociales, intentada por los ciudadanos JUAN DOMINGO BORGES y EDUER ROJAS, en contra de las empresas HORMIGONCITO C.A., TODO HORMIGON MS C.A. y SM 178, C.A., este Tribunal luego de haber revisado minuciosamente el escrito de subsanación del libelo de la demanda, ordenado por auto de fecha 09/06/08, encuentra que la parte actora no subsanó correctamente ni suficientemente lo ordenado, en lo que respecta a lo siguiente: “PRIMERO: En virtud de que la parte actora basa su pretensión en anexos emanados de la Inspectoría del Trabajo, los cuales no son parte integrante del libelo ya que este debe bastarse por sí sólo, debe señalar de manera especifica para el calculo del concepto de antigüedad, por cada uno de los trabajadores reclamantes, los cinco días mes a mes con el salario integral correspondiente a cada mes, a los fines de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo.” Del escrito de subsanación consignado por la parte actora, inserto al folio 24 en adelante de las actas, se evidencia que de lo solicitado en el punto primero, solo se observan dos liquidaciones anexas al escrito anteriormente mencionado y que del auto contentivo del despacho saneador mediante el cual se ordenó subsanar el concepto de antigüedad señalando los cinco días mes a mes con el salario integral correspondiente a cada mes, a los fines de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo, se puede evidenciar con claridad que no fue subsanado dicho punto por cuanto que la parte actora sólo colocó montos totales, violentando el contenido de la norma legal del artículo 108 eiusdem y no acatando el auto in comento, con respecto a los dos trabajadores. Así se decide. “TERCERO: Debe señalar detalladamente los conceptos reclamados como las indemnizaciones del artículo 125 eiusdem, vacaciones, bono vacacional, utilidades y cualquier otro concepto que cancelara el patrono, especificando los periodos vencidos y fraccionados en caso tal, con la base salarial, formula de calculo y montos totales, por cada uno de los trabajadores, de manera separada para un mejor entendimiento.” Igualmente, se puede evidenciar de las hojas de cálculos que no se dio cumplimiento al punto tercero del despacho saneador, al no señalar el apoderado actor los días a reclamar por cada concepto, formula de cálculo y las bases salariales de cada uno, por cuanto que unos deben ser calculados en base a salario normal y otros a salario integral, por lo que a este Tribunal no le consta la procedencia de los montos señalados y reclamados, por no estar lo suficientemente claro, en virtud de ello se ordenó el despacho saneador, a los fines de aclarar su procedencia, arrojando como consecuencia que dichos cálculos se deban presumir a los fines de admitir la demanda. En virtud de las inconsistencias verificadas por esta juzgadora, es que se ordenó y así lo reitero, un despacho saneador, a los fines de determinar la procedencia con base de cálculo de lo reclamado por el apoderado actor, los cuales no fueron cumplidos cegándole la posibilidad a este Tribunal de darle al trabajador lo que realmente le corresponde, no cumpliendo en consecuencia lo ordenado por este Juzgado, desmejorando la condición del trabajador como débil económico y no jurídico. La Sala Social del Tribunal Supremo de Justicia, ha señalado de manera reiterada que el despacho saneador constituye una manifestación contralora que faculta al Juez de revisar in limine litis, un claro debate procesal o evitar la excesiva o innecesaria actividad jurisdiccional que pueda afectar el proceso, controlando la demanda y la pretensión en ella contenida, y que la misma sea adecuada para obtener una sentencia ajustada a derecho en la oportunidad de la incomparecencia de la parte demandada a la primigenia audiencia preliminar en la que el Juez deba dictar una sentencia de presunción de admisión de hechos, tomando como cierto lo reclamado por el trabajador en los hechos más no en el derecho. Así mismo, la Ley Adjetiva Procesal, le da al Juez del Trabajo la potestad de examinar la demanda al inicio del procedimiento y de advertir algún error u omisión que pueda ser corregido o subsanado, para que el procedimiento se inicie sin obstáculos de ninguna especie, facilitando la decisión del asunto. Ahora bien, es importante destacar lo que dispone el artículo 123 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, en su numeral 3°, cuando expone: “Toda demanda que se intente ante un Tribunal del Trabajo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución se presentará por escrito y deberá contener los siguientes datos: 3. El objeto de la demanda, es decir, lo que se pide o reclama. (Resaltado de este Tribunal). Con relación a los requisitos de la demanda, el procesalista A. Rengel-Romberg, en su Tratado de Derecho Procesal Civil Venezolano, señala: “Como se ha visto (…), la pretensión procesal es el objeto del proceso, y todas las conductas que intervienen organizadamente en el proceso, giran en torno a la pretensión. Así, la conducta principal del demandante consiste en hacer valer o plantear la pretensión; la del demandado, en oponerse a ella o satisfacerla; y la del juez, en examinarla en su mérito para acogerla o rechazarla. Por ello, estos requisitos de forma de la demanda tienden a favorecer la mejor formulación de la pretensión por parte del demandante y se refieren a los tres elementos que configuran la pretensión procesal: los sujetos, el objeto y el título o causa petendi (…)”(Rengel Romberg. Tratado de Derecho Procesal Civil Venezolano. Tomo III. Pág. 29). Con relación a la pretensión, el mismo autor expresa: “La afirmación contenida en la pretensión se concreta en la alegación de que entre las partes existe una determinada relación o estado jurídico de que entre las partes existe una determinada relación o estado jurídico que se dice violada, o amenazada, o en estado de incertidumbre; y como el conflicto puede surgir, bien por una diversa apreciación de los hechos por una parte de los sujetos (quaestio facti) o bien por una diversa valoración de las normas jurídicas aplicables (quaestio juris), la afirmación ha de consistir, en esencia, en la participación del conocimiento de hechos o de derechos que se hace al juez para apoyar la resolución solicitada. En la pretensión hay una petición. El sujeto pide al juez una resolución con autoridad de cosa juzgada que reconozca la consecuencia jurídica solicitada. El actor no puede limitarse a exponer al juez el estado de cosas o conjunto de circunstancias de hecho que constituyen su afirmación, y dejar al juez en la libertad de sacar de ellas las consecuencias jurídicas que él quiera atribuirles o reconocerles, pues a unos mismos hechos, el ordenamiento jurídico puede atribuir diversas consecuencias jurídicas y el que pretende la tutela del derecho, debe precisar lo que pide. Por tanto, simultáneamente con la afirmación de hecho contenida en la pretensión, ésta debe contener también la petición, que no es otra cosa que el requerimiento dirigido al juez para que dicte una sentencia reconociendo la consecuencia jurídica que el sujeto atribuye, en conformidad con la ley, a los hechos afirmados. Por ello, algunos autores hablan también de una “afirmación de derechos”correlativa con la afirmación de hecho”(A. Rengel Romberg. Tratado de Derecho Procesal Civil Venezolano. Tomo II. Pág. 110). En virtud de los razonamientos anteriormente expuestos, es forzoso para este Juzgado Octavo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, declarar en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, que la misma es INADMISIBLE, todo de conformidad con lo establecido en el artículo 124 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Publíquese y Regístrese. La Juez., ABG. MARÍA EUGENIA NÚÑEZ BRICEÑO La Secretaria., Abg. Dayana Tovar.