REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO CARABOBO
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIÓN DE CONTROL
Valencia, 2 de Abril de 2008
Años 197º y 149º
ASUNTO: GP01-P-2008-003348
JUEZ PRIMERO DE CONTROL: DIANA CALABRESE CANACHE
FISCAL SEPTIMO DEL MINISTERIO PÚBLICO: ARACELIS PEREZ
IMPUTADO: EMIR ORLANDO MARTINEZ LUPI
DEFENSA: HECTOR TORRES ORTIZ
DELITO: COMPLICIDAD SECUNDARIA EN EL DELITO DE ROBO AGRAVADO DE VEHICULO AUTOMOTOR
DECISION: NIEGA LA REVISION DE LA MEDIDA DE PRIVACION JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD
Visto el escrito presentado por el Abogado HECTOR TORRES ORTIZ, en su carácter de defensor del imputado EMIR ORLANDO MARTINEZ LUPI, a quien se le sigue la presente causa por la presunta comisión del delito de COMPLICIDAD SECUNDARIA EN EL DELITO DE ROBO AGRAVADO DE VEHICULO AUTOMOTOR, previsto y sancionado en los artículos 5 y 6 ordinales 1, 2, 3, 5 y 12 de la Ley Sobre el Hurto y Robo de Vehículo Automotor, en concordancia con el artículo 84 ordinal 3 del Código Penal, por medio del cual solicita la revisión de la Medida Cautelar, de conformidad con lo establecido en el artículo 264 del Código Orgánico Procesal Penal, señalando entre otras cosas que: se le acuerde a su representado una medida Cautelar Sustitutiva de Libertad, según lo previsto en el artículo 256 del Código Orgánico Procesal Penal, en concordancia con el artículo 258 esjudem; .
Este Tribunal para decidir lo hace en los siguientes términos:
Por cuanto se observa en la presente causa signada con el N° GP01-P-2008-003348, seguida a los imputados EMIR ORLANDO MARTINEZ LUPI, titular de la cédula de identidad N° 16.674.001, DIOGENES RANGEL ENMANUEL TORO, titular de la cédula de identidad N° 25.107.622 e INES MARIA DELGADO, titular de la cédula de identidad N° 15.248.297, a quienes se les sigue la presente causa por la presunta comisión del delito de COMPLICIDAD SECUNDARIA EN EL DELITO DE ROBO AGRAVADO DE VEHICULO AUTOMOTOR, previsto y sancionado en los artículos 5 y 6 ordinales 1, 2, 3, 5 y 12 de la Ley Sobre el Hurto y Robo de Vehículo Automotor, en concordancia con el artículo 84 ordinal 3 del Código Penal, según imputación realizada en fecha 04 de Marzo del 2008; quien suscribe decidió en Audiencia de Presentación de imputados Decretar Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad, a los precitados imputados, por existir suficientes elementos de convicción para estimar que dicha parte imputadas son autores o participes del hecho punible, por el cual se produjo la detención de los mismos, en base a lo establecido en el artículo 250 y 251 del Código Orgánico Procesal Penal, tal como consta en la presente causa en los folios 17 al 20 y 28 al 33, respectivamente.
Si bien es cierto, que el Juez de la causa tiene la obligación de examinar el mantenimiento de las medidas decretadas y la posibilidad de sustituirla y aún de revocarla, no es menos cierto que ésta posibilidad procede solo en aquellos casos en que los supuestos que la fundan hayan cesado o variado; evidenciándose en la presente causa que las circunstancias que dieron motivo a la imposición de la Medida Cautelar de Privación a la Libertad, no han variado en virtud que el tipo penal imputado al imputado ciudadano EMIR ORLANDO MARTINEZ LUPI, atenta contra el bien jurídico tutelado por el ordenamiento jurídico, en este caso es la vida de la víctima, así como la propiedad de la misma, siendo estos derechos constitucionales que deben ser protegidos.
Cabe señalar, en relación a la medida cautelar sustitutiva de libertad solicitada por la defensa del imputado EMIR ORLANDO MARTINEZ LUPI, que aún cuando los artículos 9 y 243 del Código Orgánico Procesal Penal, consagran el Principio de Afirmación y Estado a la Libertad y ordenan mantener en libertad a las personas que se le sigue un proceso penal, también dentro de la normativa adjetiva se señalan las situaciones excepcionales previstas en los artículos 251 y 252 ejusdem, dejando perfectamente claro los casos donde es procedente la privación de libertad.
Quien suscribe, considera que por aplicación del principio de la confianza legitima, que resulta aplicable en el ámbito de los criterios jurisprudenciales, en el sentido de que un Tribunal, no puede cambiar el criterio que ha prefijado en la misma causa al resolver un aspecto en concreto de ésta, mucho menos si no justifica las razones en las que fundamenta sus distintos criterios basándose en iguales presupuestos, puesto que esto afecta una sana aplicación del principio de la Seguridad Jurídica.
Y el no existir en el escrito del solicitante, ni en las actas de la presente causa elemento alguno que indicara variación en las circunstancias que motivaron la Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad, al imputado antes mencionado, ya que la imputación fiscal del señalado delito se mantiene inalterable y por cuanto el Legislador ha previsto en la norma adjetiva Penal, las excepciones y los elementos que deben tomarse en consideración para el procesamiento de la parte imputada y hasta la presente fecha, no se observa que hayan variado los elementos de convicción que hacen presumir la vinculación del imputado con el hecho por el cual el representante del Ministerio Público lo investigo; es por lo que quien aquí decide declara Improcedente la solicitud propuesta por la defensa de autos, sin que ello signifique que se esté desconociendo la presunción de inocencia que ampara a todo sujeto investigado o sometido a juzgamiento durante todo el proceso, por lo que, en consecuencia, se hace forzoso negar la solicitud de modificación de la Medida Cautelar impuesta al imputado, en consecuencia, se mantiene la Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad, en los términos en que fue impuesta, de conformidad con los Artículos 250 y 251 del Código Orgánico Procesal Penal, dictada por este Tribunal de Control en fecha 04-03-2.008, al precitado imputado; Y así se decide.
DECISION
Por los argumentos de hecho y de derecho antes expuestos, éste Tribunal Primero de Primera Instancia Penal en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Carabobo, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley NIEGA LA REVISION DE LA MEDIDA DE PRIVACION JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD, solicitada por la defensa del imputado EMIR ORLANDO MARTINEZ LUPI, a quien se le sigue la presente causa por la presunta comisión del delito de COMPLICIDAD SECUNDARIA EN EL DELITO DE ROBO AGRAVADO DE VEHICULO AUTOMOTOR, previsto y sancionado en los artículos 5 y 6 ordinales 1, 2, 3, 5 y 12 de la Ley Sobre el Hurto y Robo de Vehículo Automotor, en concordancia con el artículo 84 ordinal 3 del Código Penal, Medida esta dictada en fecha 04 de Marzo del 2008; y en consecuencia acuerda Mantener la Medida Judicial Privativa de Libertad dictada en la mencionada fecha al precitado imputado, todo de conformidad con el Artículo 264 del Código Orgánico Procesal Penal, y en concordancia con los Artículos 250 y 251 del Código Orgánico Procesal Penal. Notifíquese de esta decisión a todas las partes.
Juez Primero de Control
Abg. Diana Calabrese Canache
La Secretaria
Abg. Mery Tarazona
En la misma fecha se dio cumplimiento a lo ordenado
Secretaria
Hora de Emisión: 2:58 PM
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