REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA EN SU NOMBRE JUZGADO SUPERIOR PRIMERO DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO CARABOBO EXPEDIENTE NUMERO: GH01-X-2006-000033 PARTE ACTORA: HENRY RAMÓN NIÑO PARTE DEMANDADA: CONSTRUCCIONES DALUC C.A. SENTENCIA: DEFINITIVA MOTIVO: INHIBICION TRIBUNAL A-QUO: JUZGADO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA DE SUSTANCIACIÓN, MEDIACIÓN Y EJECUCIÓN DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO CARABOBO.- DECISION: CON LUGAR LA INHICION DE LA JUEZA QUINTA DE PRIMERA INSTANCIA DE SUSTANCIACIÓN, MEDIACIÓN Y EJECUCIÓN DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO CARABOBO.- REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA EN SU NOMBRE JUZGADO SUPERIOR PRIMERO DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO CARABOBO JURISDICCION: LABORAL ASUNTO: INHIBICION EXPEDIENTE. N°: GH01-X-2006-000033 JUEZ QUE FORMULA LA INHIBICION: JUEZA QUINTA DE PRIMERA INSTANCIA DE SUSTANCIACIÓN, MEDIACIÓN Y EJECUCIÓN DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO CARABOBO. Abog. NORIS BEATRIZ GODOY VILLEGAS. En fecha 22 de Septiembre del año 2006, se dio por recibido el expediente por distribución que se efectuare por ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos del Estado Carabobo, se le dio entrada bajo el N° GH01-X-2006-000033 y se fijó un plazo de tres (3) días de despacho conforme al artículo 37 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo para decidir sobre la inhibición planteada por la Jueza Quinta de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, según Acta de inhibición que corre inserta al folio 01, del ya referido expediente. CAPITULO I CONSIDERACIONES PARA DECIDIR Conforme a lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, los Jueces del Trabajo y los funcionarios judiciales tienen el deber de inhibirse en caso de configurarse alguno de los supuestos de hecho contemplados en el artículo antes mencionado, sea que los mismos se presenten de forma individual o concurrente, porque de lo contrario se estaría poniendo en riesgo la garantía que tienen todos los ciudadanos de que sus controversias sean dirimidas por un arbitro imparcial que resuelva sus conflictos llevados al campo jurisdiccional. La Doctrina Nacional al explicar la figura de la inhibición, ha referido lo siguiente: “… La inhibición se puede definir entonces como el acto del Juez de separarse voluntariamente del conocimiento de una causa concreta, por encontrarse en una especial posición o vinculación con las partes o con el objeto de ella, prevista por la Ley como causa de recusación …” (Tratado de Derecho Procesal Civil Venezolano, Tomo I, Teoría General el Proceso, Dr. A. RENGEL ROMBERG, página 409). “………Pero el Juez tiene el deber de cargo de inhibirse del conocimiento, sin esperar a que se le recuse, cuando conozca que en su persona existe alguna causa de recusación………” (Comentarios del Código de Procedimiento Civil, Tomo I, Dr. RICARDO HENRIQUEZ LAROCHE, página 292). El Juez al conocer que se encuentra presente una causal que lo obligue inhibirse, debe cumplir con las formalidades exigidas en el artículo 32 de la Ley Orgánica Procesal del trabajo, en lo atinente, a que la declaración debe ser mediante acta que exprese razonadamente las circunstancia que motiven el impedimento. En la presente incidencia, la Jueza que manifiesta la inhibición remite a la instancia Superior, el expediente respectivo conjuntamente con acta de inhibición, de la cual se desprende lo siguiente, cito: “………Cursa por ante este Tribunal, demanda por Cobro de Prestaciones Sociales, signada con la nomenclatura GP02-L-2005-001093 incoada por el ciudadano HENRY RAMOS NIÑO RUIS, titular de la Cédula de Identidad Nro 8.724.342, representado por la abogada REINA TARTAGLIA, Inscrita en el Inpreabogado N.° 74.119, contra la empresa CONSTRUCCIONES DALUC, C.A. En el mencionado caso visto la incomparecencia de la parte demandada se dicto la correspondiente sentencia, de admisión de los hechos. Se ejerce el recurso de (sic) extraordinario de invalidación que sustancia este tribunal en razón de la decisión del tribunal superior. Y en el cual se alega error en la notificación. Se declara sin lugar el mencionado recurso, posteriormente la representación de la empresa ejerce una acción de amparo constitucional por presunta violación al debido proceso y el derecho a la defensa. Admitido como fue, tal recurso, asistí a la Audiencia Constitucional en la cual esgrimí argumentos que considero tocaron elementos de la ejecución forzosa de la causa, por la cual considero que emití opinión sobre la misma y que tal situación se enmarca en la causal establecida en el ordinal 05 del artículo 31 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Además que hicieron señalamientos en la audiencia constitucional en los cuales los recurrentes manifestaron se fijaron actos a espaldas a sus espaldas, (sic), esta conducta del apoderado judicial de la parte actora en el recurso de invalidación y del recurso de Amparo Constitucional, que necesariamente crean animosidad, y malestar en mi animo, y como quiera que el norte de mis funciones es una recta administración de justicia, reflejada en la seguridad que ello debe originar en los justiciables, por tal circunstancia MI INHIBO de conocer de la presente causa para que no se incurra en malas interpretaciones en el manejo del mismo, por lo que considero que debe inhibirme de conformidad con el ordinal 05 del artículo 31 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo y según lo establecido en la Sentencia de fecha 07 de Agosto del año 2003, N° 2140 de la Sala Constitucional……….” De lo anteriormente expuesto, se observa que la Juez que manifiesta su Inhibición fundamenta su impedimento subjetivo en la causal prevista en el ordinal 5° del artículo 31 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. A tal efecto, la sentencia señalada por la Juez Inhibida, dictada por la Sala Constitucional - Sentencia de fecha 07 de agosto de 2003- se pronunció sobre el carácter taxativo o no de las causales de inhibición o recusación, señaló: “… A tal efecto, la Sala en sentencia No 2714/2001 del 30 de octubre, al interpretar el artículo 29 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, precisó lo que debe entenderse por imparcialidad, específicamente en sede penal, pero cuyo contenido tiene alcance a otras sedes. En el referido fallo se estableció lo siguiente: “En la jurisprudencia reiterada de los órganos internacionales de protección de derechos humanos – Corte Penal Internacional y Corte Interamericana de los Derechos Humanos- la imparcialidad del tribunal tiene una dimensión también objetiva, referida a la confianza que debe suscitar al tribunal en relación con el imputado, para lo cual es preciso que el juez que dicta la sentencia no sea sospechoso de parcialidad, y lo es si ha intervenido de alguna manera durante la fase de investigación “ …………….. ………En virtud de lo anterior, visto que la inhibición y la recusación son instituciones destinadas a garantizar la imparcialidad del Juzgador, cuyas causales, aunque en principio taxativos para evitar el abuso de estos, no abarcan todas aquellas conductas del Juez que lo hagan sospechoso de parcialidad y, en aras de preservar el derecho a ser Juzgado por un Juez Natural, lo cual implica un juez predeterminado por la ley, independientemente, idóneo e imparcial, la Sala considera que el Juez puede ser recusado o inhibirse por causales distintas a las previstas en el artículo 82 del Código de Procedimiento Civil, sin que ello implique en modo alguno, dilaciones indebidas o retardo judicial. ………………” No existe por tanto elemento alguno que desvirtúe el dicho de la Jueza, siendo que en la formulación de la inhibición, ha cumplido con las exigencias de Ley, en lo que respecta a sus requisitos, circunstancia que determinan sin lugar a dudas la procedencia de la inhibición efectuada por la Jueza, al haberla declarado en forma legal, tal como será establecido en la parte dispositiva del fallo. Así se decide. DECISION. En orden a los razonamientos anteriormente expuestos, este Juzgado Superior Primero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, y por autoridad de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo declara: o CON LUGAR, la inhibición planteada la Jueza Quinta de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, y en consecuencia se ordena remitir el presente expediente a la Unidad de Distribución y Recepción de Documentos a los fines de su Distribución a un Tribunal de la misma categoría. o Remítase copia certificada de la presente decisión a la Jueza Inhibida a los fines de su control disciplinario. Publíquese, Regístrese y Déjese copia. Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Superior Primero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, en Valencia, a los Veintiséis (26) días del mes de Septiembre del año dos mil seis. (2006). Años: 196° y 147°. HILEN DAHER DE LUCENA, JUEZ ANMARIELLY HENRIQUEZ SECRETARIA. En la misma fecha se publicó la anterior Sentencia, siendo las 3:39 p.m. LA SECRETARIA EXPEDIENTE. N°: GH01-X-2006-000033