REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA En su Nombre: EL JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y AGRARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO CARABOBO DEMANDANTE: IRIS BELYUDIS MOLINA GARCIA ABOGADO: MARIBEL GONZALEZ SANDOVAL DEMANDADO: ANDRES ENRIQUE ROJAS GARCIA MOTIVO: DIVORCIO SENTENCIA: INTERLOCUTORIA CON FUERZA DEFINITIVA (PERENCIÓN DE LA INSTANCIA) EXPEDIENTE: 49179 -I- Por escrito presentado en fecha 28 de Noviembre de 2002, por la ciudadana IRIS BELYUDIS MOLINA GARCIA venezolana, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad número V-7.079.442, asistida por la Abogado en ejercicio, MARIBEL GONZALEZ SANDOVAL, inscrita en el Inpreabogado bajo el Nro. 62.147, interpuso formal demanda de DIVORCIO, contra su cónyuge, ANDRES ENRIQUE ROJAS GARCIA, venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad número V-7.011.002, fundamentando su acción en la Causal Segunda del Artículo 185 del Código Civil Venezolano Vigente. Recibida por distribución fue admitida en fecha 03 de Diciembre de 2002, se ordenó el emplazamiento de las partes, se acordó la citación del demandado, inquiriendo de la parte actora, consigne los fotostátos para la certificación de la compulsa; se libró boleta de notificación a la Fiscal del Ministerio Público en materia de familia. Por diligencia de fecha 21 de Enero de 2003, la parte Actora solicito el Avocamiento de la Juez, al conocimiento de la causa. En fecha 28 de Enero de 20023, la Juez Temporal Abog. Rosa Margarita Valor P., se avoco al conocimiento de la presente causa. Por diligencia de fecha 04 de Febrero de 2003, la ciudadana IRIS BELYUDIS MOLINA GARCIA, otorgo Poder Apud-Acta a la ciudadana MARIBEL GONZALEZ SANDOVAL, inscrita en el Inpreabogado bajo el Nro. 62.147. Por diligencia de fecha 07 de Febrero de 2003, el alguacil de este tribunal consigna Boleta de Notificación de la Fiscal Vigésimo Primero del Ministerio Público. Por diligencia de fecha 12 de Febrero de 2003, la demandante señalo la nueva dirección del demandado, y solicito se libre compulsa. Por diligencia de fecha 12 de Mayo de 2003, el Alguacil consignó la compulsa librada al ciudadano ANDRES ROJAS GARCIA, por haber sido imposible lograr su citación personal. Por diligencia de fecha 22 de Mayo de 2003, la Apoderada Actora, solicito la citación mediante carteles. En fecha 02 de Junio de 2003, se libraron los carteles, solicitados por la parte actora, para su publicación en la prensa. Por diligencia de fecha 07 de Julio de 2003, la parte Actora consigno los ejemplares con las publicaciones del cartel de citación; los cuales fueron agregados a los autos y la Secretaria del Tribunal, hizo la fijación de Ley. Por diligencia de fecha 10 de Septiembre de 2003, la Actora, solicito el nombramiento de Defensor Judicial del demandado. En fecha 16 de Septiembre de 2003, se designo Defensor Judicial a la Abogada MIRTA NAVAS. En fecha 08 de Octubre de 2003, la Juez Suplente Especial, Abog. CATERINA PAOLENE BERNAL, se avoco al conocimiento de la causa. En la oportunidad para la realización del Primer y Segundo acto conciliatorio del Juicio los cuales se celebraron el 12 de Enero y 27 de Febrero respectivamente, en las horas fijadas por éste Tribunal, con la presencia únicamente de la parte demandante, quien insistió en continuar con la demanda. Por escrito de fecha 10 de Marzo de 2004 y diligencia, siendo la oportunidad para la Contestación de la Demanda, ambas partes, dieron contestación a la demanda. Estando dentro del lapso para la promoción de las pruebas, tanto la parte Actora como la parte demandada, consignaron sus escritos de pruebas, las cuales fueron agregadas y admitidas en la oportunidad correspondiente. -II- Ahora bien, revisadas las actuaciones cursantes en autos se constata que el último acto en el presente Juicio se efectúo en fecha 15 de Abril de 2004, como puede observarse, después de esa actuación hasta la presente fecha, no existe en el expediente actividad procesal alguna; y reza la norma contenida en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil que “Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de Procedimiento por las partes…” (omissis). El artículo anteriormente señalado establece la figura de la Perención, institución procesal en virtud de la cual opera la EXTINCIÓN DE LA INSTANCIA POR LA INACTIVIDAD EN EL PROCESO durante el lapso de un año, contado a partir del último acto de Procedimiento. Comprobado en el caso de autos, que desde el día 15 de Abril de 2004, oportunidad en la cual se efectuó el último acto de Procedimiento, hasta la presente fecha, la parte Actora no ha tenido interés en darle impulso procesal al presente procedimiento, y por haber transcurrido con creces más de un año sin que se haya efectuado ningún acto para continuar impulsando el proceso, resulta pertinente, por ministerio de la norma antes transcrita, declarar consumada la PERENCIÓN DE LA INSTANCIA en la presente causa toda vez que concretamente ha transcurrido dos (02) años y cinco (05) meses, sin que se le dè impulso procesal a la misma y ASÍ SE DECIDE. Lo expuesto se sustenta en sentencia proferida por el Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional en fecha 01-06-2.001 de la cual se transcriben los siguientes párrafos: “Corresponde a esta Sala hacer las siguientes distinciones: El Código de Procedimiento Civil establece la institución denominada perención de la instancia. Dicho Código señala que toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes (artículo 267); y agrega, que la inactividad del juez después de vista la causa, lo que se entiende que es solo con relación al fallo de fondo, no producirá la perención. Ella tampoco tendrá lugar cuando el proceso se encuentre en consulta legal, ante el juez que ha de conocerla (artículo 270 del Código de Procedimiento Civil). En su esencia, tal disposición persigue sancionar la inactividad de las partes (de todos los litigantes), y la sanción se verifica de derecho, la que no es renunciable por las partes, tal como lo señala el artículo 269 del Código de Procedimiento Civil. El efecto de la perención declarada es que se extingue el proceso, por lo que ella no ataca a la acción, y las decisiones que produzcan efectos, y las pruebas que resulten de los autos, continuarán teniendo plena validez. Simplemente, la perención finaliza el proceso, el cual no continuará adelante a partir de la declaratoria de aquélla. Como la acción no se ve afectada por la perención, la demanda puede volverse a proponer, y si con ella (la perimida) se hubiere interrumpido la prescripción, tal interrupción sigue produciendo efectos. Por tratarse de una “sanción” a la inactividad de las partes, la perención, una vez verificado el supuesto que la permite, puede declararse de oficio, sin que valga en contra que las partes o una de ellas actuó después que se consumieron los plazos cuando se produjo la inactividad. Esta última puede tener lugar cuando no se insta o impulsa el proceso en un lapso legal establecido, o cuando el demandante no realiza una actividad específica en determinados plazos (caso del artículo 354 del Código de Procedimiento Civil, por ejemplo) a la cual lo requiere el Tribunal, a instancia de su contraparte; o cuando debiendo comparecer a una determinada actuación, no lo hace (artículos 756 y 758 del Código de Procedimiento Civil). De estas dos posibilidades para los fines de este fallo, a la Sala le interesa la primera de ellas: la perención que nace por falta de impulso procesal propio. Estos términos no son otros que los indicados en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil: El transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. 1) El transcurso de treinta días desde la fecha de admisión de la demanda, sin que el demandante hubiere cumplido las obligaciones que le impone la ley para que sea practicada la citación del demandado. 2) El transcurso de treinta días a contar desde la fecha de la reforma de la demanda, realizada antes de la citación del demandado, si el demandante no hubiese cumplido con las obligaciones que le impone la ley para que sea practicada la citación del demandado. 3) El transcurso de seis meses contados desde la suspensión del proceso por la muerte de alguno de los litigantes (artículo 144 del Código de Procedimiento Civil), o por haber perdido el carácter con que obraba, sin que los interesados hubiesen gestionado la continuación de la causa, ni dado cumplimiento a las obligaciones que la ley les impone para proseguirla. Sin embargo, el principio -enunciado en el artículo 267 aludido- de que la perención no corre después de vista la causa, no es absoluto, ya que si después de vista la causa, se suspende el proceso por más de seis meses, por la muerte de alguno de los litigantes o por la pérdida del carácter con que obraba, sin que transcurrido dicho término los interesados gestionen la continuación de la causa, ni cumplan las obligaciones que la ley les impone para proseguirla, perimirá la instancia, así ella se encuentre en estado de sentencia, ya que el supuesto del ordinal 3° del artículo 267 no excluye expresamente la perención si la causa ya se ha visto, y realmente en estos supuestos (ordinal 3°), la inactividad procesal es atribuible a las partes, por lo que ellas deben asumir sus consecuencias. Por ello, el ordinal 3° del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil al señalar: “También se extingue la instancia”, no distingue en qué estado ella se encuentra, en contraposición con los otros ordinales de dicha norma, y con el enunciado general de la misma....” (omissis). En acatamiento de la doctrina pacífica supra citada, y en virtud de que los supuestos de hecho narrados al inicio, se subsumen en sus postulados, es obligado para esta Sentenciadora concluir que en la presente causa se ha consumado la PERENCIÓN ANUAL, supuesto contenido en el Primer Aparte del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, y ASI SE DECIDE. -III- DISPOSITIVO DEL FALLO Por lo antes expuesto, este Tribunal Primero de Primera de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara la PERENCION DE LA INSTANCIA en la presente demanda de conformidad con lo establecido en el Artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el Artículo 269 eiusdem. No hay condenatoria en costas de conformidad con lo establecido en el Artículo 283 ibídem. Publíquese y déjese copia. Dada, firmada y sellada en la sala de Despacho del Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, Valencia a los diecinueve (19) días del mes de Octubre del Dos Mil Seis. (2006). Años 196° de la Independencia y 147° de la Federación. LA JUEZA Abg. ROSA MARGARITA VALOR PALACIOS. LA SECRETARIA Abg. LEDYS ALIDA HERRERA RONDON En… la misma fecha se publicó la anterior decisión, siendo las 11:25 minutos de la mañana. LA SECRETARIA Abg. LEDYS ALIDA HERRERA RONDON Exp Nro. 49.179