REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO CARABOBO TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIÓN DE CONTROL Valencia, 15 de Marzo de 2006 Años 195º y 147º ASUNTO: GP01-P-2006-005000. JUEZ Nº 6 DE CONTROL: ABOGADA MARIANELA HERNÁNDEZ JIMÉNEZ. DELITO: HURTO CALIFICADO FRUSTRADO. FISCAL: ABOGADO WILSON NIEVES HERRERA, FISCAL VIGESIMO DEL MINISTERIO PÚBLICO DEL ESTADO CARABOBO. IMPUTADO: CARLOS ARTURO RODRIGUEZ URIBE. DEFENSA: ABOGADO RAFAEL PEREZ VASQUEZ, DEFENSOR PRIVADO. VICTIMA: NESTOR DANIEL HERNANDEZ MONSALVE. DECISIÓN: MEDIDA CAUTELAR SUSTITUTIVA. Celebrada en esta misma fecha la Audiencia Especial de Presentación de Imputado para oír a las partes, encontrándose el imputado CARLOS ARTURO RODRIGUEZ URIBE debidamente asistido por su abogado defensor, la representación del Ministerio Público expuso los hechos atribuidos al mismo señalando que tuvo conocimiento de la detención del imputado en fecha en fecha 12-3-2006, cuando funcionarios policiales estaban en labores de patrullaje por la Av. Lara avistaron a una persona que tenía retenida a otra, que resultó ser el imputado, y les manifestó que había visto a esa persona saliendo de su casa, y que observó que en su casa se cometió un hurto, seguidamente unos funcionarios del Cuerpo de Investigaciones se acercaron y en Delegación Carabobo se le toma entrevista a la víctima quien indicó que de su casa salían dos personas y uno se monta en un taxi y otro en un autobús, para el trasporte y bajan al adolescente, así mismo señala la víctima que observó que la cerradura de su casa había sido violentada. La Fiscalía calificó los hechos jurídicamente como el delito de Hurto Calificado Frustrado, previsto y sancionado en el artículo 453 ordinal 4° del Código Penal en concordancia con el segundo aparte del artículo 82 ejusdem, en virtud de lo cual solicitó MEDIDA CAUTELAR SUSTITUTIVA DE LA MEDIDA DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD contra el imputado CARLOS ARTURO RODRIGUEZ URIBE, por considerar llenos los extremos del artículo 256 del Código Orgánico Procesal Penal. Impuesto el imputado del Precepto Constitucional que lo exime de declarar en causa propia, informado que lo hará sin juramento en caso de consentir a prestar declaración, e impuesto de los hechos que se le atribuyen con todas las circunstancias de tiempo, lugar y modo en que sucedieron así como de la calificación jurídica dada a los hechos por el Ministerio Público, tal como lo establece el Artículo 131 del Código Orgánico Procesal Penal, el mismo manifestó su deseo de no declarar. Cedida la palabra a la Defensa, expuso que se adhería a la solicitud efectuada por el Representante del Ministerio Público. Luego de oídas a las partes y al imputado, para decidir sobre la medida de coerción personal solicitada este Tribunal observa: PRIMERO: De lo actuado, y que consta a los autos, así como de lo manifestado en Audiencia, se desprende la comisión de un hecho punible que merece pena corporal sin que esté evidentemente prescrita la acción para perseguirlo, como es el delito de Hurto Calificado Frustrado, previsto y sancionado en el artículo 453 ordinal 4° del Código Penal, en concordancia con el segundo aparte del artículo 82 ejusdem; con lo cual estima este Tribunal que se encuentra satisfecho el extremo legal previsto en el numeral 1 del artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal; hecho punible éste presuntamente cometido en fecha 12 de marzo de 2006, cuando el imputado rompiendo las cerraduras de la residencia del ciudadano Néstor Daniel Hernández Monsalve, entró a la misma y sacó objetos pertenecientes a dicho ciudadano, los cuales no se pudo llevar por cuanto fue sorprendido. SEGUNDO: Igualmente se estima acreditado el extremo legal previsto en el numeral 2 del artículo 250 ejusdem en relación con la existencia de fundados elementos de convicción que vinculan al imputado con los hechos que se le atribuyen, y que permiten estimar que el mismo ha sido autor en la comisión de los mismos, constituidos dichos elementos por los elementos de investigación que fueron recabados, tales como el acta policial de fecha 12 de marzo de 2006, suscrita por el funcionario policial José Omar Castillo, en la que deja constancia que cuando funcionarios policiales estaban en labores de patrullaje por la Av. Lara avistaron a una persona que tenía retenida a otra, que resultó ser el imputado, y les manifestó que había visto a esa persona saliendo de su casa, y que observó que en su casa se cometió un hurto, seguidamente unos funcionarios del Cuerpo de Investigaciones se acercaron y en Delegación Carabobo se le toma entrevista a la víctima quien indicó que de su casa salían dos personas y uno se monta en un taxi y otro en un autobús, para el trasporte y bajan al adolescente, así mismo señala la víctima que observó que la cerradura de su casa había sido violentada. TERCERO: Finalmente, luego de analizar las circunstancias particulares del caso, no se estiman acreditados los supuestos establecidos en el artículo 251 del Código Orgánico Procesal Penal referidos a la presunción razonable del peligro de fuga ya que el delito tiene una pena que no excede en su límite máximo de diez años y no consta en las actuaciones que el imputado tuviere conducta predelictual y ha manifestado una dirección donde se le puede ubicar personalmente; ni se desprende la grave sospecha de obstaculización en la búsqueda de la verdad respecto de un hecho concreto de la investigación por parte del imputado, prevista en el artículo 252 ejusdem, por cuanto no se acredita de las actuaciones que el mismo pueda de cualquier manera destruir, modificar, ocultar o falsificar elementos de convicción, ni influir para que las personas que deban ser llamadas a la investigación informen falsamente o puedan inducir a otros a realizar esos actos a fin de evitar la búsqueda de la verdad. En virtud de ello, este Tribunal estima que se encuentran satisfechos los extremos exigidos en el artículo 256 del Código Orgánico Procesal Penal para decretar la Medida Cautelar Sustitutiva solicitada por el Ministerio Público, y de esa manera asegurar las finalidades del proceso conforme a lo previsto en los numerales 3 y 9, imponiéndole las obligaciones de presentarse cada treinta (30) días ante la Oficina de Alguacilazgo de este Circuito Judicial Penal, así como la obligación de notificar a este Tribunal y a la Fiscalía Vigésima del Ministerio Público del estado Carabobo de cualquier cambio de domicilio o residencia. El imputado fue informado que el incumplimiento de las obligaciones que le fueron impuestas conllevará a la revocatoria de la medida acordada de conformidad con el artículo 262 ejusdem. Se ordena proseguir la investigación mediante el procedimiento ordinario. DISPOSITIVA Por los argumentos de hecho y de derecho anteriormente expuestos, este Tribunal en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Carabobo, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, de conformidad con el artículo 9 del Código Orgánico Procesal Penal en concordancia con el artículo 256 ejusdem DECRETA MEDIDA CAUTELAR SUSTITUTIVA en contra del imputado CARLOS ARTURO RODRIGUEZ URIBE, natural de Valencia Estado Carabobo, fecha de nacimiento 23/02/1963, titular de la Cédula de Identidad Nº13464264, de profesión u oficio Comerciante, hijo Rafael Uribe y Maria Rodríguez domiciliado Av. Anzoátegui, Hotel Filadelfia Nro. 88-20, Valencia, estado Carabobo; de conformidad con lo previsto en el artículo 256 numerales 3 y 9 del Código Orgánico Procesal Penal, a solicitud del Ministerio Público; por lo que deberá el imputado presentarse cada treinta (30) días ante la Oficina de Alguacilazgo de este Circuito Judicial Penal, y notificar a este Tribunal y a la Fiscalía Vigésima del Ministerio Público del estado Carabobo de cualquier cambio de domicilio o residencia. Remítase en su oportunidad las presentes actuaciones a la Fiscalía Vigésima del Ministerio Público. Líbrense los Oficios correspondientes. La Juez N° 06 en Función de Control, Abg. Marianela Hernández Jiménez. La Secretaria, Abg. Liliana Obregón.