REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
TRIBUNAL PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE CONTROL

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO CARABOBO
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIÓN DE CONTROL
Valencia, 26 de Enero de 2006
Años 195º y 146º

ASUNTO : GP01-P-2005-004514

Visto el contenido del escrito presentado por los Abgs. LEONARDO TELLECHEA Y JACINTO VELAZCO, Defensores Privados, en su carácter de Defensores de los imputados PEDRO CHARLY OLIVEROS CASTILLO y JOSÉ ALBERTO COLMENARES, suficientemente identificados en las actuaciones y mediante el cual solicitan, de conformidad con lo establecido en el artículo 264 del Código Orgánico Procesal Penal el examen y revisión de la MEDIDA PRIVATIVA PREVENTIVA JUDICIAL DE LIBERTAD, decretada a los mencionados imputados, y en su lugar acuerde una medida menos gravosa, mediante la cual puedan los imputados enfrentar su situación procesal en libertad; petición que hacen los referidos defensores invocando los artículos 256 y 264, del Código Orgánico Procesal Penal. En tal sentido, este Tribunal de Control para decidir observa:
En fecha 08/11/2005, se efectuó audiencia especial de presentación de imputados donde este Tribunal Primero en Función de Control, a solicitud de la fiscalía Sexta del Ministerio Público decretó medida privativa preventiva judicial de libertad en contra de los imputados PEDRO CHARLY OLIVEROS CASTILLO y JOSÉ ALBERTO COLMENARES, por la presunta comisión de los delitos de ROBO AGRAVADO, previsto y sancionado en el artículo 458 del Código Penal vigente y LESIONES PERSONALES, tipificado en el artículo 413 ejusdem. En fecha 07/12/2005 la señalada Fiscalía Sexta del Ministerio Público presentó escrito acusatorio en contra de los señalados imputados por el delito de ROBO AGRAVADO, previsto y sancionado en el artículo 458 del Código Penal vigente, en perjuicio del ciudadano HERMES DE JESÚS GALINDEZ ESTRADA.
En tal sentido existe una presunta conducta delictiva atribuida a los prenombrados ciudadanos, y que aún cuando los artículos 9 y 243 del Código Orgánico Procesal Penal, consagran el Principio de Afirmación a la Libertad y el Estado de Libertad, ordenando mantener en Libertad durante el proceso a las personas a las cuales se les siga un proceso de investigación, también se señalan las situaciones excepcionales previstas en los artículos 251 y 252 del mencionado Código Orgánico Procesal Penal, de las cuales se evidencian los casos en los cuales lo procedente es decretar privación de libertad.
Ahora bien, después de un minucioso análisis de las circunstancias particulares del hecho, se observa:
PRIMERO: La existencia de una presunción razonable de peligro de fuga, en virtud de no haberse demostrado elementos suficientes que puedan desvirtuar los hechos que se le atribuyen a los imputados; ya que éstos fueron detenidos de manera flagrante, momentos posteriores de cometerse el hecho y en las cercanías del lugar donde se cometió el mismo, en compañía de otro ciudadano que presuntamente participaron en el hecho, localizando objetos y elementos que los vinculan a los hechos denunciados por la víctima; y evidenciándose que uno de los caracteres de la prisión preventiva es que debe obedecer a la regla rebus sic stantibus, de acuerdo a la cual, tal como lo sostiene el doctor Orlando Monagas Rodríguez, las providencias cautelares quedan sometidas a los cambios o modificaciones que presenten las condiciones que hayan determinado su imposición y que en virtud de ello, la prisión provisional debe mantenerse mientras permanezcan los motivos que la ocasionaron, por tanto, considera quien hoy aquí decide, que no han variado las circunstancias que motivaron la detención de los señalados imputados.
SEGUNDO: La pena que podría llegar a imponérsele a los imputados mencionados, excede de lo dispuesto en el parágrafo primero del artículo 251 del Código Orgánico Procesal Penal, en su límite máximo lo cual hace evidente la existencia del peligro de fuga. Igualmente la magnitud del daño causado emana de las propias actuaciones y el peligro de obstaculización, tal como lo prevé el artículo 252 ejusdem, el que se evidencia del contenido del acta que riela al folio veintiséis (26) de las actuaciones, de fecha 14/11/2005, en la que se dejó constancia, en la oportunidad de efectuarse el reconocimiento en grupo o rueda de imputados, lo manifestado por la víctima quien señaló que familiares de los imputados lo visitaron en su residencia; todo ello trae como consecuencia la ratificación de que existe una presunción razonable de fuga que hace que otras medidas de coerción sean insuficientes para garantizar las finalidades del proceso, tal y como lo establece el artículo 243 del Código Orgánico Procesal Penal, en virtud de lo cual la privación de libertad es la única medida cautelar suficiente para garantizar la verdad y justicia del proceso tal y como lo establece el artículo 13 ejusdem.
TERCERO: Por tanto, este Tribunal Primero en función de Control administrando Justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, NIEGA la Medida Cautelar Sustitutiva de Libertad solicitada, y en consecuencia, se mantiene la MEDIDA PRIVATIVA JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD que pesa sobre los imputados PEDRO CHARLY OLIVEROS CASTILLO y JOSÉ ALBERTO COLMENARES. Déjese copia. Notifíquese y cúmplase.-
LA JUEZ PRIMERA DE CONTROL,


ABG. SONIA A. PINTO MAYORA

EL (LA) SECRETARIO (A),


ABG.




En la misma fecha se cumplió lo ordenado
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