REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA GADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, AGRARIO y BANCARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO CARABOBO. Valencia, 27 de abril de 2006 194° y 145° De la revisión exhaustiva del expediente se observa: La demanda por Ejecución de Hipoteca fue admitida en fecha 02 de julio de 2003, por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, en dicho auto de admisión el tribunal de la causa para ese entonces deja constancia en la parte final que faltan los fotostátos para librar la compulsa. La actuación inmediata siguiente es la diligencia presentada por la intimada JUANA EVANGELISTA MORENO, debidamente asistida de abogado, en fecha 08 de agosto de 2003. De lo que se evidencia que desde la fecha de admisión de la demanda, en fecha 02 de julio de 2003 hasta la fecha de la intimación personal de la demandada en fecha 08 de agosto de 2003, transcurrió mas de un mes sin que el intimante en la presente causa hubiese cumplido con las obligaciones que la ley le impone para lograr la citación de la demandada de autos. En Venezuela tras la entrada en vigencia de la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela, ha imperado el criterio de que el demandante solo tiene la obligación de suministrar la dirección del demandado y los fotóstatos para la elaboración de la compulsa, pués todas las posteriores actuaciones para lograr la citación del demandado, correspondían al tribunal. Este criterio, de que es necesario que el actor consigne los fotóstatos para la elaboración de la compulsa, se ve reiterado con la reciente decisión de fecha 06-07-2004, Nro. Expediente 0100436, en la cual la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia estableció que: “… Siendo así esta Sala establece que la obligación arancelaria que previó la Ley de Arancel Judicial perdió vigencia ante la manifiesta gratuidad constitucional, quedando con plena aplicación las contenidas en el precitado articulo 12 de dicha ley y que igualmente deben ser estricta y oportunamente satisfechas por los demandantes dentro de los 30 días siguientes a la admisión de la demanda, mediante la presentación de diligencias en la que ponga a la orden del alguacil los medios y recursos necesarios para el logro de la citación del demandado, cuando ésta haya de practicarse en un sitio o lugar que diste más de 500 metros de la sede del Tribunal; de otro modo su omisión o incumplimiento, acarreará la perención de la instancia, siendo la obligación del Alguacil dejar constancia en el expediente de que la parte demandante le proporcionó lo exigido en la Ley a los fines de realizar las diligencias pertinentes a la consecución de la citación. Queda de esta forma modificado el criterio de esta sala a partir de la publicación de esta sentencia, el cual se aplicará para las demandas que sean admitidas al día siguiente de la fecha en la cual se produzca ésta. Así se establece…” De lo anterior se desprende que en efecto, la sala considera como incumplimiento de los deberes que la ley impone para lograr la citación del demandado, el no suministrarle al Alguacil del Tribunal los medios de transporte o las sumas de dinero para practicar la citación, pero igualmente establece la sala en la parte final del párrafo transcrito, que tal cambio de criterio contenido en la decisión, deberá ser aplicado a partir de la publicación de la sentencia, esto es desde el 06-07-2004, y solo para las demandadas que sean admitidas a partir de dicha fecha; esto es, que la obligación de suministrar los gastos de transporte al alguacil para la práctica de citaciones en lugares que disten más de 500 metros de la sede del tribunal, rige a partir del 06-07-2004. Sin embargo, si era carga del actor proveer los fotostátos correspondientes para la elaboración de la compulsa de la intimada, lo cual no cumplió el actor nunca. De modo pués que considera esta Juzgadora que en la presente causa el actor NO CUMPLIÓ CON LAS OBLIGACIONES TENDIENTES A LOGRAR LA CITACIÓN DE LA PARTE DEMANDADA pués –se repite- no suministró en ningún momento los fotostátos correspondientes, a los fines de la elaboración de la compulsa al demandado de autos, en razón de lo cual en la presente causa operó la PERENCIÓN BREVE consagrada en el ordinal 1ero. Del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil. Por las razones de hecho y derecho antes explanadas, este Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario y Bancario de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, administrando justicia en nombre de la Republica Bolivariana de Venezuela, declara: LA PERENCIÓN DE LA INSTANCIA, por haber transcurrido el lapso establecido en el ordinal 1° del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil. No hay condenatoria en costas de conformidad con lo establecido en el Artículo 283 eiusdem. La Juez Titular, Abog. RORAIMA BERMÚDEZ, La Secretaria, Abog. ELEA CORONADO, En la misma fecha se publicó la anterior decisión siendo las 12:45 de la tarde. La Secretaria, /ar. Exp. 17.181 EXPEDIENTE: 17.181 DEMANDANTE: IVONNE ROJAS DE BELLO. DEMANDADO: JUANA EVANGELISTA MORENO MOTIVO: EJECUCIÓN DE HIPOTECA DECISIÓN: PERENCIÓN DE LA INSTANCIA FECHA: 27/04/06 JUEZ: RORAIMA BERMUDEZ GONZALEZ JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL MERCANTIL, AGRARIO Y BANCARIO DEL ESTADO CARABOBO.