REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil,
Bancario, del Tránsito y de Protección del Niño y del Adolescente
de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo.
Valencia, de septiembre de 2005
195° y 146°
Expediente Nº 5.691
COMPETENCIA: TRANSITO
MOTIVO: RECURSO DE HECHO
PARTE RECURRENTE: JULIO GASCON TOMILLO, venezolano, mayor de edad y titular de la cédula de identidad N° V-11.102.131.
APODERADO DE LA PARTE RECURRENTE: CARMEN NEREYDA CHIRINO GARCIA, abogado en ejercicio e inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 16.226.
Capitulo I
De la Pérdida del Interés.
En fecha 21 de febrero de 1.992 fue presentado el presente Recurso de Hecho por la abogada Carmen Nereyda Chirino García, en su carácter de apoderada del ciudadano Julio Gascón Tomillo, en contra del auto de fecha 19 de febrero de 1.992 emanado del Juzgado de Primera Instancia del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, en el cual negó la apelación interpuesta por la parte demandante en contra de la decisión dictada por ese Tribunal en fecha 10 de febrero de 1.992.
Cumplidos los trámites de Distribución, le correspondió el presente expediente a esta Superioridad, dándole entrada mediante auto de fecha 11 de marzo de 1.992.
El artículo 335 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela dispone que el Tribunal Supremo de Justicia garantizará la supremacía y efectividad de las normas y principios constitucionales, siendo el máximo y último intérprete de la constitución y velando por su uniforme interpretación y aplicación, así como también que las interpretaciones que establezca la Sala Constitucional sobre el contenido o alcance de las normas y principios constitucionales son vinculantes para las otras Salas del Tribunal Supremo de Justicia y demás Tribunales de la República.
En sentencia dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en fecha primero (01) de Junio de 2001, con ponencia del Magistrado Dr. Jesús Eduardo Cabrera Romero, expediente Nº 00-1491, se estableció lo siguiente:
“...Dentro de las modalidades de extinción de la acción, se encuentra -como lo apunta esta Sala- la pérdida del interés, lo cual puede ser aprehendido por el juez sin que las partes lo aleguen, y que tiene lugar cuando el accionante no quiere que se sentencie la causa, lo que se objetiviza mediante la pérdida total del impulso procesal que le corresponde...La otra oportunidad (tentativa) en la que puede decaer la acción por falta de interés, es cuando la causa se paraliza en estado de sentencia. Tal parálisis conforme a los principios generales de la institución, no produce la perención, pero si ella rebasa los términos de prescripción del derecho objeto de la pretensión, sin que el actor pida o busque que se sentencie, lo que clara y objetivamente surge es una pérdida del interés en la sentencia, en que se componga el proceso, en que se declare el derecho deducido. Es indiscutible que ese actor no quiere que lo sentencien, por ello ni incoa un amparo a ese fin, ni una acción disciplinaria por denegación de justicia, ni piden en la causa que le fallen. No es que el tribunal va a suplir a una parte la excepción de prescripción no opuesta y precluída (artículo 1956 del Código Civil), la cual solo opera por instancia de parte y que ataca el derecho del demandante, sino que como parámetro para conocer el interés procesal en la causa paralizada en estado de sentencia, toma en cuenta el término normal de prescripción del derecho cuyo reconocimiento se demanda. (…) No comprende esta Sala, cómo en una causa paralizada, en estado de sentencia, donde desde la fecha de la última actuación de los sujetos procesales, se sobrepasa el término que la ley señala para la prescripción del derecho objeto de la pretensión, se repute que en ella sigue vivo el interés procesal del actor en que se resuelva el litigio, cuando se está ante una inactividad que denota que no quiere que la causa sea resuelta. No vale contra tal desprecio hacia la justicia expedita y oportuna, argüir que todo ocurre por un deber del Estado que se ha incumplido, ya que ese deber fallido tenía correctivos que con gran desprecio las partes no utilizan, en especial el actor(…)De allí, que considera la Sala, a partir de esta fecha, como interpretación del artículo 26 Constitucional, en cuanto a lo que debe entenderse por justicia oportuna, que si la causa paralizada ha rebasado el término de la prescripción del derecho controvertido, a partir de la última actuación de los sujetos procesales, el juez que la conoce puede de oficio o a instancia de parte, declarar extinguida la acción, previa notificación del actor, en cualquiera de las formas previstas en el artículo 233 del Código de Procedimiento Civil, si ello fuere posible, y de no serlo, por no conocer el tribunal dónde realizar la notificación, o no poder publicar el cartel, con la fijación de un cartel en las puertas del tribunal. La falta de comparecencia de los notificados en el término que se fije, o las explicaciones poco convincentes que exprese el actor que compareciere, sobre la causa de su inactividad y los efectos hacia los terceros que ella produjo, las ponderará el juez para declarar extinguida la acción. Todo ello, sin perjuicio de las sanciones a los jueces por la dilación cometida.
Está consciente la Sala que hay tribunales sobrecargados de expedientes por decidir, provenientes de la desidia en la estructuración del poder judicial, y por ello resultaría contrario al Estado de Derecho y de Justicia que en dichos tribunales se aplicara estrictamente la doctrina expuesta en este fallo, por lo que la Sala considera que cuando los términos de prescripción de los derechos ventilados sean de un año a menos, vencido un año de inactividad en estado de sentencia, sin impulso del actor, si en el año siguiente al de la prescripción no hay impulso de su parte, se tendrá tal desidia procesal como muestra inequívoca que los accionantes perdieron el interés procesal en dicha causa, y así se declara...”.
En el caso que nos ocupa, constata este juzgador que en fecha 03 de abril de 1.992 la abogada Carmen Nereyda Chirino García, presentó diligencia en la cual desiste de la acción y del procedimiento, pero una vez revisada la facultad de la abogada que desiste en nombre de su mandante, se verifica que no aparece acreditado en autos su facultad para desistir, circunstancia que hace improcedente la homologación del desistimiento formulado. Así se establece.
Mediante auto dictado el 19 de septiembre de 2005 se ordenó la notificación de la parte recurrente, a fin de que exponga las razones por las cuales no ha impulsado el proceso, toda vez que no realizó ante esta alzada, actuación alguna que conste en el expediente.
El presente juicio se encuentra paralizado en estado de dictar sentencia, por un período que excede a los tres (03) años, sin que la parte apelante haya realizado actuación alguna dirigida al impulso procesal de la causa, amen de que no explica las razones de su inactividad - por lo que - en armonía a lo establecido por el Tribunal Supremo de Justicia, sin duda alguna, la pérdida del interés procesal recae sobre la parte que ha ejercido el recurso de apelación en contra de la decisión dictada por la primera instancia, ya que el apelante es quien debe instar la decisión de la apelación ejercida, generando la decadencia del recurso de apelación, y que patentiza que el apelante no quiere que se le sentencie, siendo forzoso para este Juzgador declarar LA EXTINCION O PERDIDA DEL INTERES referida al ejercicio del recurso de la apelación en contra de la decisión dictada por el tribunal de la primera instancia, y ASI SE DECIDE.
Capitulo II
Dispositiva
Por todos los razonamientos anteriormente expuestos, este JUZGADO SUPERIOR SEGUNDO EN LO CIVIL, MERCANTIL, BANCARIO, DEL TRANSITO Y DE PROTECCIÓN DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO CARABOBO, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: NIEGA el desistimiento formulado por la abogada Carmen Nereyda Chirino García, en su carácter de apoderada del ciudadano Julio Gascón Tomillo; SEGUNDO: LA PERDIDA DEL INTERES, comprendida en el recurso de hecho interpuesto por la abogada Carmen Nereyda Chirino García, en su carácter de apoderada del ciudadano Julio Gascón Tomillo, en contra del auto de fecha 19 de febrero de 1.992 emanado del Juzgado de Primera Instancia del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, en el cual negó la apelación interpuesta por la parte demandante y en consecuencia, SE CONFIRMA el auto recurrido. Todo en el juicio seguido por el ciudadano JOSE BAUDILIO ORTA RODRIGUEZ contra el ciudadano JULIO GASCON TOMILLO por DAÑOS MATERIALES.
De conformidad con lo previsto en el artículo 282 del Código de Procedimiento Civil, se condena en Costas a la parte recurrente por haber resultado vencida en el presente fallo.
Se ordena remitir el presente expediente al Tribunal de origen, en la oportunidad de ley.
Publíquese, Regístrese y Déjese copia.
Dado, firmado y sellado en la Sala del despacho del JUZGADO SUPERIOR SEGUNDO EN LO CIVIL, MERCANTIL, BANCARIO, DEL TRANSITO Y DE PROTECCIÓN DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO CARABOBO, en la ciudad de Valencia, a los días del mes de septiembre del año Dos Mil Cinco (2005). Años 195º de la Independencia y 146º de la Federación.
MIGUEL ANGEL MARTIN
EL JUEZ TITULAR
DENYSSE ESCOBAR
LA SECRETARIA
En la misma fecha, se dictó y publicó la anterior decisión siendo las nueve (09:20 am.), previo el cumplimiento de las formalidades de Ley.
DENYSSE ESCOBAR
LA SECRETARIA
Exp. Nº 5.691.
MAM/DE/yv.-
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