TSJ Regiones - Decisión

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE
JUZGADO TERCERO DEL MUNICIPIO PUERTO CABELLO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO CARABOBO.

Puerto Cabello, 05 de agosto de 2005
195° y 146°.

IDENTIFICACION DEL PROCESO:

DEMANDANTE: JORGE ALVARADO, ASISTIDO POR LA ABOGADA CLAUDIA MÁRQUEZ PADILLA.
DEMANDADA: TRANSGAR AGENTES ADUANALES C.A.
MOTIVO: COBRO DE PRESTACIONES SOCIALES.
EXPEDIENTE N°: 661.
SENTENCIA: DEFINITIVA.
SEDE EN QUE CONOCE EL TRIBUNAL: Laboral.

VISTO SIN INFORMES.
CAPITULO I
PARTE EXPOSITIVA

En la Pretensión Jurídica intentada por el ciudadano JORGE ALVARADO, quien es venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. 7.168.550, de este domicilio, asistido por la Abogada en ejercicio CLAUDIA MÁRQUEZ PADILLA, inscrita en el Instituto de Previsión del Abogado bajo el número 86.944; contra la Sociedad de comercio TRANSGAR AGENTES ADUANALES C.A., inscrita por ante el Registro Mercantil Tercero de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, en fecha 17 de Agosto de 1981, bajo el número 07, Tomo 66-A, la controversia quedó planteada de la siguiente manera: Alega el demandante, anteriormente identificado, que inició su relación laboral para la empresa anteriormente identificada, como obrero, en fecha 18 de Septiembre de 2000, prestando dicha actividad en forma ininterrumpida por un lapso de un (1) año, un (1) mes y cero (0) días, es decir, hasta el 18 de octubre de 2001, fecha en la que fue despedido injustificadamente.
Señala el demandante, que no ha recibido el pago de lo que le corresponde, por lo que ha procedido a demandar a la empresa TRANSGAR AGENTES ADUANALES C.A., para que pague sus prestaciones sociales.
Según el demandante, lo que le corresponde por haber laborado para dicha empresa son los siguientes conceptos: Antigüedad, artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo, 65 días por 5.293, 33, para un total de 344.066, 45 bolívares, Indemnización por despido, artículo 125 de la Ley en comento, 30 días por 5.293, 33 bolívares, da un total de 158.799, 90 bolívares, indemnización sustitutiva del preaviso, artículo 125, 45 días por 5.293, 33 bolívares, da un total de 238.199, 85 bolívares, vacaciones 22 días por 4.800 bolívares, da un total de 105.600 bolívares, utilidades 2000 15 días por 4.800, da un total de 72.000 bolívares, utilidades fraccionadas 2001, 5 días por 4.800 bolívares, da un monto de 24.000 bolívares, intereses sobre prestaciones sociales bolívares 51.000.
Todos los anteriores conceptos dan un total de NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS BOLÍVARES CON VEINTE CÉNTIMOS (Bs. 993.666, 20), cantidad ésta por la que demanda a la empresa TRANSGAR AGENTE ADUANALES C.A.
Solicita la indexación o corrección monetaria y que la citación se verifique en el representante legal de la demandada, ERNESTO GARCÍA GARCÍA, venezolano, mayor de edad, de este domicilio, en su carácter de Presidente.
Fundamenta su demanda en los artículos 2 y 3 de la Ley Orgánica del Trabajo, 108, 125, 133, 146 y 174 de la misma Ley y en el artículo 22 del Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo.

DE LA ADMISION, CITACION Y OTROS ACTOS

En fecha 18 de febrero de 2002, se admitió la demanda y se emplazó a la demandada de autos para que compareciera al tercer día de despacho siguiente a su citación a dar contestación a la demanda.
En fecha 06 de Marzo de 2002, el ciudadano JORGE ALVARADOPRADO, otorga poder apud acta a las abogadas ENEIDA MÁRQUEZ PADILLA y CLAUDIA MÁRQUEZ PADILLA, inscritas en el INPREABOGADO bajo los números 68.302 y 86.944, respectivamente.
En fecha 20 de Noviembre de 2002, comparece la abogada GUAILA RIVERO, inscrita en el INPREABOGADO bajo el número 35.290, en su carácter de apoderada judicial de la empresa demandada, consignando el correspondiente poder que la acredita como tal.
Cursa a los folios 18 AL 20 del expediente escrito de contestación a la pretensión jurídica del actor, en cuya oportunidad procede a negar y rechazar todos los alegatos de la demandante y posteriormente opone la prescripción.
En la oportunidad legal de promover pruebas, comparece en fecha 02 de Diciembre de 2002 la abogada CLAUDIA MÁRQUEZ PADILLA, con su carácter de apoderado judicial de la parte demandante, en cuya oportunidad invoca el mérito favorable de los autos a favor de su representado, especialmente el contenido del principio indubio pro operario, la confesión en la que incurre la demandada, el principio de irrenunciabilidad, el principio de la presunción de la relación laboral, el principio de la primacía de la realidad sobre los hechos, el principio de la norma más favorable al trabajador, el principio de la comunidad de la prueba, invoca a favor de su representada los controles de asistencia a los almacenes de la compañía demandada, solicitando la exhibición por parte de la empresa demandada, de conformidad con lo establecido en el artículo 436 del Código de Procedimiento Civil, de conformidad con lo establecido en el artículo 433, solicitó la prueba de informes, a fin de que se oficie a la Aduana Marítima de Puerto Cabello, a la Unidad de Control y Vigilancia adscrita al Instituto de Puerto Cabello, a la agencia Puerto Cabello Malecón del Banco Provincial y dejar constancia de lo solicitado en el escrito de pruebas, de conformidad con lo establecido en el artículo 482 del Código de Procedimiento Civil, promueve las testimoniales de ELEAZAR ANTONIO TORREZ venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad número 12.908.503.
Por auto de fecha 04 de Diciembre de 2002, se agregaron las pruebas anteriormente promovidas por la parte demandante y se le otorga el lapso establecido en el artículo 397 del Código de Procedimiento Civil. Dicho escrito de prueba fue admitido en fecha 18 de Diciembre de 2002, por cuanto ha lugar en derecho, por no ser manifiestamente ilegales, ni impertinentes, salvo su apreciación en la definitiva.
En fecha 14 de Enero de 2003, día y hora fijado para la comparecencia de la empresa demandada, a fin de que exhibiera los controles diarios, la misma no hizo acto de presencia, haciéndolo constar así el Tribunal, igualmente se deja constancia que estuvo presente la parte demandante.
En fecha 06 de septiembre de 2004, se recibe comunicación, de fecha 15 de Septiembre de 2004, emanado del Instituto Puerto Autónomo de Puerto Cabello, en fecha 14 de octubre del mismo año, se recibe comunicación del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, y en f19 de junio de 2003 se recibe comunicación emanada del Banco Provincial.
De manera pues, que se presentan como hecho controvertido en la presente causa, la existencia de la relación laboral, toda vez que el trabajador centra sus alegatos en manifestar que fue trabajador de la empresa y que fue despedido injustificadamente, teniendo derecho a que se le cancelan todos sus beneficios laborales, pero por otra parte la defensa de la demandada de autos, niega tal vinculo laboral, y como consecuencia, niega que deba cancelársele los conceptos reclamados. En virtud de lo expuesto y tomando en consideración este hecho no convenido por las partes, se procederá a realizar el respectivo análisis y estudio de los alegatos y pruebas existentes en las actas procésales.

CAPITULO II
PARTE MOTIVA

Expuesto pues, en la parte narrativa del presente fallo, que la controversia planteada es sobre la existencia o no de la relación laboral, pasa de seguidas esta Juzgadora a analizar todas y cada una de las pruebas incorporadas a las respectivas actas procésales, a fin de determinar tal hecho, que permitirá o bien establecer la obligación de la parte demandada de cancelar lo reclamado por parte del trabajador, o por el contrario que la misma no está obligada a ello.

SECCION I: ALEGATOS Y PRUEBAS APORTADAS POR LA DEMANDANTE

El demandante en la oportunidad de promover pruebas, y a los efectos de demostrar que fue trabajador de la empresa demandada, consigna los siguientes elementos probatorios:
1. Invoca el mérito favorable de los autos a favor de su representada, especialmente el contenido del Inubio pro operario, de irrenunciabilidad, presunción de la relación laboral, primacía de la realidad de los hechos, de la norma más favorable al trabajador, de la comunidad de la prueba.
Tale principios invocados, ciertamente son derechos de los que gozan los trabajadores, debiendo el Juez, conocerlos y tenerlos presente al momento de dictar una sentencia en este campo.
Sin embargo, se observa en el caso objeto de nuestro estudio, que a pesar de su invocación, el trabajador, no ha demostrado en forma contundente y veraz su relación laboral con la empresa demandada, quien en el escrito de contestación negó la existencia del vínculo de trabajo, razón por la que la carga probatoria se revierte, debiendo el trabajador demostrar que ciertamente si existió dicho vinculo.
2. Invoca la confesión en la que incurre la demandada de autos, por cuanto su escrito de contestación no llena los extremos establecidos en el artículo 68 de la Ley Orgánica de Tribunales y Procedimientos del Trabajo, porque no determina con claridad cuáles hechos admite como ciertos cuales niega o rechaza.
No comparte esta sentenciadora la anterior invocación realizada por la apoderada judicial de la parte demandante, porque del escrito de contestación se observa, que la defensa de la demandada de autos niega la existencia de la relación laboral y como consecuencia de ello, niega, rechaza y contradice, todos y cada uno de los pedimentos y alegatos de la demandante, por lo que negada la relación laboral, debe necesariamente el trabajador demostrar fehacientemente su existencia. En virtud de lo expuesto, no se acoge la confesión ficta alegada por la parte actora. De igual forma, no comparte esta sentenciadora la invocación de confesión alegada por la apoderada judicial de la parte demandante, por evidenciarse en su escrito de contestación mala fe y la intención de crear un fraude o simulación laboral en perjuicio del trabajador, pues de ser ello así, debe existir en las actas procésales pruebas que permitan demostrar, la relación laboral y de demostrarse la misma, ciertamente la empresa incurriría en la negación de un hecho que ha sido demostrado, pero en el presente caso, no ha demostrado el trabajador la existencia de la relación laboral, por lo que mal podría hablarse de una simulación o fraude por parte de la demandada de autos.
3. Promueve los controles diarios de asistencia a los almacenes de la compañía demandada, ubicados en las instalaciones del Instituto de Puerto Autónomo de Puerto Cabello, donde pretende demostrar que su representado trabajaba para la entidad mercantil demandada.
Dichos controles diarios, a pesar de no haber sido exhibidos por la parte demandante, no conllevan a demostrar la existencia de la relación laboral, siendo una prueba dudosa, que conllevaría, en todo caso a un indicio a favor del demandante, pero que necesariamente debe ser adminiculada a otra prueba existente en autos, para que puede ser considerada suficiente a fin de demostrar la relación laboral, sin embargo al ser analizada con la otra prueba solicitada por la parte demandante, en su capítulo III, esto es la prueba de informes, a fin de oficiar a la Unidad de Control y vigilancia, adscrito al Instituto Puerto Autónomo Puerto Cabello, para que informaran si el trabajador JORGE ALVARADO, laboró para la empresa TRANSGAR AGENTES ADUANALES C.A., en los buques M/N S. CABOTO, CIELO PONENTE, CIELO DE CARIBE, M/N CIELO D. CARACAS, M/N CALIFORNIA, los cuales atracaron en el muelle de dicho Instituto, entre los meses de Septiembre del año 2000 y los meses de Diciembre del año 2000 y los meses de Enero a Octubre del año 2001 y a su vez señale en que fechas posteriores laboró para la demandada de autos el ciudadano JORGE ALVARADO, recibida la información en fecha 6 de septiembre de 2004, por parte del mencionado Instituto, se señala que al trabajador demandante no le fueron emitidos pases por parte de la demandada, en los períodos requeridos, ni en fechas posteriores, lo que desvirtúa lo especificado en dichos controles diarios.
4. Solicitó oficiar a la Agencia Puerto Cabello Malecón del Banco Provincial, a los fines de que informara sobre todas las oportunidades en que fueron emitidos y pagados cheques a nombre del ciudadano JORGE ALVARADO y el nombre de la persona sea natural o jurídica a quien pertenece la cuenta corriente N° 0108-.0057-96-0100001706.
En fecha 10 de abril de 2004, se recibe respuesta de la citada Institución Bancaria, en la cual informan que para cumplir con el requerimiento contenido en el oficio enviado por este Tribunal, es necesario que se suministren el número, monto y fecha de presentación al cobro de los cheques emitidos a nombre de JORGE ALVARADO, así como el número de cuenta a cargo de la cual fueron emitidos los cheques de que se trate.
Tal prueba no es contundente para demostrar la existencia de una relación laboral, mas aun cuando no se pudo informar ni siquiera que el demandante haya cobrado cheque girado contra dicha institución bancaria, por la empresa demandada, no conlleva a aportar ningún elemento probatorio.
5. De conformidad con lo establecido en el artículo 482 del Código de Procedimiento Civil, solicita la declaración del ciudadano ELEAZAR ANTONO TORRES, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° 12.908.530, quien llegada la oportunidad, no compareció al acto, declarándose desierto el mismo.

SECCION II: ALEGATOS DE LA PARTE DEMANDADA

En fecha 26 de Noviembre de 2002, la apoderada judicial de la demandada de autos, consignan escrito de contestación de la demanda, en cuya oportunidad, niega la existencia de la relación laboral entre su representada y el ciudadano JORGE ALVARADO, y por ende, niega, rechaza y contradice todos y cada uno de los alegatos esgrimidas por la demandante, niega de igual forma, que deba cancelar los conceptos reclamados tales como: Antigüedad, Indemnizaciones establecidas en el artículo 125, vacaciones, utilidades, intereses sobre prestaciones sociales, indexación o corrección monetaria y menos las costas y costos del presente proceso.
Ciertamente y tal como se analizó en la sección precedente, el trabajador no cumplió con su carga procesal de demostrar la relación de trabajo, pues fue negada la relación laboral por la demandada de autos, por lo que ha debido demostrar este hecho el demandante y las pruebas aportadas al proceso no fueron satisfactorias ni idóneas para demostrar sus alegatos Y así se declara.

CAPITULO III.
PARTE DISPOSITIVA

Por todo lo expuesto, este Juzgado Tercero de Municipio, del Municipio Puerto Cabello de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley DECLARA SIN LUGAR, la Pretensión Jurídica que por COBRO DE PRESTACIONES SOCIALES, interpusiera el ciudadano JORGE ALVARADO, asistido por la abogada CLAUDIA MÁRQUEZ PADILLA, ambos anteriormente debidamente identificados, contra la SOCIEDAD MERCANTIL TRANSGAR AGENTES ADUANALES C.A.
Regístrese, publíquese la anterior sentencia y déjese copia en el copiador de Sentencias. Notifíquese a las partes.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del JUZGADO TERCERO DE MUNICIPIO DEL MUNICIPIO PUERTO CABELLO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO CARABOBO, en Puerto Cabello a los Cinco (5) días del mes de Agosto de Dos Mil Cinco (2005). Años 195° de la Independencia y 146° de la Federación.
LA JUEZ PROVISORIO,

Abog. Alicia María Torres Hernández.
LA SECRETARIA

Abog. Bárbara Rumbos Falcón.
En la misma fecha se dictó y publicó la anterior sentencia, siendo las 10:00 horas de la mañana, previo anuncio de Ley, dejándose copia en el archivo.

LA SECRETARIA

Abog. Bárbara Rumbos Falcón
AMTH/cp.-
EXP. N°: 661.-