REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA TRIBUNAL DE CONTROL DE LA SECCION DE ADOLESCENTES DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO CARABOBO JUEZ DE CONTROL No. 3. Valencia, 30 de Abril de 2005 195º. Y 146º. CAUSA: GP01-D-2005-339 Vista la solicitud de sobreseimiento definitivo efectuada por la Fiscal del Ministerio Publico para el Régimen Procesal Transitorio del Estado Carabobo, Abg., HERNAN JOSE MIRABAL RODRIGUEZ, puesta de manifiesto a quien suscribe en esta misma fecha, para decidir este tribunal hace las siguientes observaciones: La presente causa se inicio en virtud de denuncia interpuesta por ante el extinto Cuerpo técnico de Policía judicial, Región Central, en fecha 30 de Agosto de 1994, por la ciudadana (IDENTIDAD OMITIDA), quien manifestó ante ese órgano policial que en fecha 29 de Agosto 1994, aproximadamente a las dos horas de la tarde (2:00 PM), en las inmediaciones de la “Plaza Santa Rosa” de la ciudad de Valencia, Estado Carabobo, tres personas, entre las que a la postre presuntamente se encontraba el imputado, entonces adolescente, mediante el uso de un arma de fuego y bajo amenaza, despojaron a su hermano, el adolescente (IDENTIDAD OMITIDA), de los zapatos que portaba y de la cantidad de tres Mil Veinte Bolívares (Bs. 3.020,00) (Folio 1). El hecho denunciado encuadra dentro de las previsiones del artículo 458 del vigente Código Penal que consagra el delito de ROBO AGRAVADO. Como fácilmente se aprecia el hecho imputado ocurrió bajo la vigencia de la Ley Tutelar del Menor, la cual fue derogada por la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente; ahora bien bajo la égida de la Ley derogada el adolescente era considerado absolutamente inimputable, y por ende, totalmente irresponsable penalmente, en consecuencia quedaba completamente excluido de la esfera del derecha penal, hasta el punto de que aquel adolescente que resultara autor o participe en un hecho punible no era objeto de sanciones penales y en ese caso tan solo se acordaba, para su “tutela”, imponerle medidas “correccionales”. Una vez vigente la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, se produce un cambio de paradigma que implica abolir la doctrina de la situación irregular, por la tesis de la protección integral, y en el caso de los adolescentes en conflicto con la ley Penal, la nueva Ley impone la abolición del dogma de la irresponsabilidad penal del adolescente, estableciendo que el mismo responde por el hecho cometido en la medida de su culpabilidad (Artículo 529). Por su parte el artículo 24 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece que “ninguna disposición legislativa tendrá efectos retroactivos, excepto cuando imponga menor pena. Las leyes de procedimiento se aplicaran desde el momento mismo de entrar en vigencia aun en los procesos que se hallaren en curso, pero en los procesos penales, las pruebas ya evacuadas se estimaran en cuanto beneficien al reo o rea, conforme a la Ley vigente para la fecha en que se promovieron. Cuando haya dudas se aplicara la norma que beneficie al reo o rea”. Cabe destacar que este artículo consagra varios principios de trascendencia para la aplicación de las leyes penales; a saber: El principio de irretroactividad de la Ley penal Sustantiva, salvo cuando beneficie al reo; el principio de aplicación inmediata de las leyes procesales, aun en procesos en curso; el principio de ultraactividad de las leyes procesales cuando beneficien al reo, limitando dicho principio a las pruebas que le resulten favorables; y, el principio de favorabilidad, en caso de dudas para la aplicación de la Ley. En el caso de marras el hecho punible imputado al adolescente fue cometido durante la vigencia de una Ley a esta fecha derogada que resulta mas benigna que la vigente en cuanto a las consecuencias jurídicas que por tal hecho debe sufrir el imputado; así en la derogada Ley Tutelar de Menores, el adolescente era considerado absolutamente irresponsable y en consecuencia, no era dable aplicarle sanciones penales, sino medidas correccionales; en cambio, como ya se señalo antes, en la vigente Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, éste si es responsable penalmente y se le pueden imponer, para el caso de declararse su culpabilidad, alguna de las Sanciones o medidas a que se refiere el artículo 620 de la citada Ley. Planteadas así las cosas resulta lógico colegir que no resulta aplicable al mencionado adolescente la normativa sustantiva a que se refiere La Ley orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, En lo atinente a las normas procesales que consagra la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, conforme a las cuales se reconoce al adolescente en el ámbito penal como un sujeto de derecho, dotándolo de todas las garantías y derechos que corresponden a los adultos, mas aquellas que pudieran devenirle de su condición de ciudadano en formación; por lo que tales normas si resultan aplicables al presente caso, en los términos señalados en el artículo 24 Constitucional, antes mencionado. En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 318.2 del Código orgánico procesal penal, aplicable por remisión del artículo 537 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, este Tribunal, administrando Justicia, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, acuerda EL SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO DE LA PRESENTE CAUSA, seguida en contra de (IDENTIDAD OMITIDA); por el hecho antes mencionado, calificado como ROBO AGRAVADO, Tipificado en el artículo 458 del vigente Código penal, en perjuicio de (IDENTIDAD OMITIDA). Notifíquese a las partes. Líbrese boletas. Cúmplase. El Juez de Control No. 3. Abg. Pedro Alejandro Moreno La Secretaria, Abg. Maria teresa Camarasa.