REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENENZUELA
EN SU NOMBRE
EL JUZGADO SUPERIOR EN LO CIVIL Y CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE LA REGION CENTRO NORTE
Expediente: 9708
Accionante: Henry Escalantes Villaruel.
Abogada asistente: Mariana Peñuela.
Accionado: Trigal Burger, C.A.
Motivo: Pretensión de Amparo Constitucional
En fecha veinticuatro (24) de noviembre de 2004, el ciudadano HENRY ESCALANTES VILLARUEL, titular de la cédula de identidad n° 9.245.155, asistido por la abogada Mariana Peñuela, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el n° 80.103, intentó pretensión de amparo constitucional en contra de la actitud negativa de la sociedad de comercio TRIGAL BURGUER, C.A., de acatar lo establecido en la Providencia Administrativa n° 3028, de fecha veintiuno (21) de junio de 2004, emanada de la Inspectoría del Trabajo del Estado Carabobo.
En fecha treinta (30) de noviembre de 2004, se le dio entrada a la pretensión y se realizaron las anotaciones correspondientes.
A través de auto de fecha veinte (20) de enero de 2005, el Tribunal admitió la pretensión de amparo, ordenó emplazar a la presunta agraviante a los efectos de la celebración de la audiencia oral, acordó notificar también de la admisión al Fiscal Décimo Quinto del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo.
Mediante diligencias de fechas cuatro (04) de febrero y veintiocho (28) de marzo de 2005, la Alguacil del Tribunal dejó constancia de haber practicado las notificaciones ordenadas en el auto de admisión, procediendo el Tribunal a fijar la oportunidad para la celebración de la audiencia publica prevista por el artículo 26 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.
En fecha treinta y uno (31) de marzo de 2005, se llevó a cabo la audiencia oral a la que sólo asistieron el ciudadano HENRY ESCALANTES VILLARUEL, titular de la cédula de identidad n° 9.245.155, asistido por la abogada Emma Mogollón Viloria, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el n° 62.261, parte presuntamente agraviada y el abogado Gianfranco Cangemi, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el n° 39.958, en su condición de Fiscal Décimo Quinto del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo; dejándose constancia de la inasistencia de la parte querellada. La audiencia en cuestión se reprodujo mediante el sistema de grabación.
Estudiadas las actuaciones que integran el expediente del caso, el Tribunal acatando lo establecido en el artículo 23 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, declaró CON LUGAR la pretensión de amparo incoada.
El Tribunal se reservó el lapso de cinco (5) días para la publicación de la decisión escrita.
En fecha siete (07) de marzo de 2005, la representación del Ministerio Público consigno escrito contentivo de su opinión.
Llegada la oportunidad de la publicación del fallo escrito, el tribunal procede a hacerlo en los siguientes términos:
DE LA PRETENSIÓN
A través de la presente acción de amparo el ciudadano HENRY ESCALANTES VILLARRUEL, solicita al Tribunal se decrete mandamiento de amparo constitucional mediante el cual se ordene a la sociedad mercantil TRIGAL BURGER, C.A., cumplir con lo dispuesto por la Providencia Administrativa n° 3028, de fecha veintiuno (21) de junio de 2004, emanada de la Inspectoria del Trabajo de los Municipios Valencia, Libertador, Naguanagua, Los Guayos, San Diego, Bejuma, Montalbán y Miranda del Estado Carabobo, relativo al reenganche y pago de salarios caídos.
DE LAS PRUEBAS DEL QUEJOSO
En la oportunidad de interponer su pretensión la parte quejosa consignó los siguientes instrumentos probatorios:
-Copia fotostática de la Providencia Administrativa n° 3028, de fecha veintiuno (21) de junio de 2004, dictada por el Inspector del Trabajo Jefe de los Municipios Autónomos Valencia, Libertador, Naguanagua, San Diego, Los Guayos, Bejuma, Montalbán y Miranda del Estado Carabobo.
-Copia fotostática del Procedimiento de Multa.
DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL
Por su parte la presunta agraviante al inasistir a la audiencia pública celebrada en el procedimiento, aceptó los hechos incriminados, a tenor de lo previsto por el artículo 23 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, de allí que tenga el Tribunal, partiendo de la veracidad de los hechos y de la plena prueba de los recaudos aportados al procedimiento, pasar a calificar jurídicamente los mismos para subsumir o no en ellos las violaciones constitucionales denunciadas.
DE LA OPINION DEL MINISTERIO PÚBLICO
Mediante la opinión emitida en la Audiencia Constitucional, celebrada en fecha treinta y uno (31) de marzo del año en curso, el representante de la Fiscalía Décimo Quinta del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo expuso que: “…oída la exposición de la parte agraviada y evidenciada como fue la no comparencia de la parte presuntamente agraviante solicita al Tribunal se declare con lugar la presente solicitud en aplicación al contenido del artículo 23 de la Ley de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales cuya consecuencia a la no comparecencia es la aceptación de los hechos explanados por la parte quejosa en amparo”.
MOTIVACIONES DE LA DECISIÓN
PRIMERA: Alega la quejosa que a pesar de encontrarse protegida por el Decreto Presidencial n° 2.509, de fecha catorce (14) de julio de 2003, relativo a la Inamovilidad Laboral, fue despedido por el representante legal de la sociedad de comercio TRIGAL BURGER, C.A., en razón de lo cual ejerció por ante la Inspectoría del Trabajo del Estado Carabobo, solicitud de reenganche y pago de salarios caídos que fue declarada con lugar mediante Providencia Administrativa n° 3028, de fecha veintiuno (21) de junio de 2004, dictada por la ciudadana Inspectora del Trabajo de los Municipios Valencia, Libertador, Naguanagua, Los Guayos, San Diego, Bejuma, Montalbán y Miranda del Estado Carabobo.
Aduce que no obstante las diligencias realizadas ante la Inspectoría del Trabajo del Estado Carabobo, no se logró que la parte demandada diera cumplimiento a la orden de reenganche y pago de salarios caídos a los accionantes.
Agotadas, como han sido por la quejosa, las vías administrativas sin obtener solución al conflicto, y en virtud de seguirse produciendo la infracción de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 87, 89 y 93 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, es por lo que acuden ante esta instancia jurisdiccional.
SEGUNDA: Planteada la pretensión en los términos expuestos, debe en primer término el Tribunal dar por aceptados los hechos incriminados por parte del presunto agraviante, como consecuencia de su inasistencia a la audiencia pública y a tenor del artículo 23 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.
Asimismo, observa este juzgador que lo que hace procedente acudir a esta vía extraordinaria de amparo es la indefensión en que se encuentran los administrados favorecidos por una Providencia Administrativa cuyo cumplimiento no es hecho valer por la propia administración, tal como se lo impone la Ley al ordenarle hacer cumplir sus propios actos.
Es evidente que la finalidad perseguida por los trabajadores al acudir a la vía del procedimiento administrativo ante la Inspectoría del Trabajo, no es que el patrono cancele una multa o, más allá, que se decrete en contra de aquél una medida de arresto, sino que sea satisfecha la pretensión que se ciñe a una reivindicación de carácter laboral, en el caso que nos ocupa, el reenganche y el pago de los salarios caídos; siendo así, mal podría inferirse que el órgano administrativo laboral honra la obligación de hacer cumplir sus propios actos, como se dijo y en el presente caso, la orden de reenganche y pago respectivo, por el solo hecho de imponer la multa correspondiente o de decretar el arresto del incumpliente, pues ello constituye una sanción por la conducta negativa del patrono mas no la satisfacción efectiva del derecho reclamado. Siendo ello así, ante la omisión de la Inspectoría en tal sentido y la inexistencia de un mecanismo ordinario célere y efectivo para lograr el cumplimiento de lo ordenado, se abre la presente vía de amparo.
TERCERA: En relación al fondo de la controversia, observa el Tribunal que la orden de reenganche del quejoso y el pago de los salario caídos que le correspondieren, no fue objeto de impugnación por parte de la sociedad mercantil presuntamente agraviante mediante el contencioso administrativo, o por lo menos tal alegato no fue aportado a los autos, procedimiento ese en el que dicha parte hubiese podido alegar las razones de ilegalidad que a bien tuviere en contra de la actuación administrativa, pudiendo solicitar además ante esa instancia la suspensión de los efectos del acto impugnado, siendo ello el mecanismo idóneo para enervar la validez y eficacia de la decisión de la Inspectoría del Trabajo. Siendo ello así no podría desconocer este Tribunal la presunción de legalidad de que gozan los actos administrativos, entre ellos los dictados por los órganos de esa naturaleza laboral y, por ende la característica de ejecutoriedad y ejecutabilidad que los soporta, por lo que la existencia del acto mediante el cual la Inspectoría ordena el reenganche de los solicitantes del amparo y el pago de los salarios caídos, debe ser considerado como una prueba del derecho de los mismos a prestar el servicio y a recibir la contraprestación por ese servicio, en y de la sociedad de comercio Trigal Burger, C.A.
CUARTA: Probado como ha quedado el desacato en que ha incurrido entidad mercantil presuntamente agraviante, a pesar de todas las diligencias realizadas por el ente administrativo laboral, debe concluir este juzgador en que efectivamente han sido vulnerados en perjuicio de la accionante los derechos consagrados en los artículos 87, 89 y 93 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y así se decide.
QUINTA: El Tribunal observa que por las características específicas de la figura del amparo constitucional, el mismo no tiene efectos pecuniarios o patrimoniales, sino restitutorios de los derechos constitucionales violados o conculcados, es por ello que, este Tribunal no condena el pago de los salarios caídos, por el lapso existente entre la fecha de la providencia y la sentencia, por no ser la vía extraordinaria del amparo la idónea para formular este tipo de pretensiones.
DECISIÓN
Por todas las razones expuestas, este Juzgado Superior, actuando con la competencia constitucional que le es atribuida, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara CON LUGAR la pretensión de amparo constitucional incoada por el ciudadano HENRY ESCALANTES VILLARRUEL, asistido por la abogada Mariana Peñuela, antes identificados, contra la sociedad de comercio Trigal Burger, C.A., y en consecuencia:
ORDENA a la sociedad mercantil TRIGAL BURGER, C.A., restituir en el ejercicio pleno de sus funciones laborales al ciudadano HENRY ESCALANTES VILLARRUEL, con el goce del salario y prerrogativas inherentes al cargo.
Publíquese y déjese copia.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Centro Norte, en Valencia, a los siete (07) días del mes de abril de dos mil cinco (2005), siendo la una (1:00) de la tarde. Años: 194° de la Independencia y 146° de la Federación.
El Juez Temporal,
Dr. GUILLERMO CALDERA MARIN
El Secretario,
Abg. GREGORY BOLIVAR R.
Exp: 9708
GCM/ysc
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