REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, BANCARIO Y AGRARIO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO CARABOBO.- Valencia, 17 de Noviembre de 2004 194º. y 145º. DEMANDANTE: JULIO CESAR RODRIGUEZ GONZALEZ ABOGADO DEMANDANTE: RAFAEL PEREZ PADILLA Y OTRO DEMANDADO: HECTOR RODRIGUEZ MOTIVO: INTERDICTO DE RESTITUCION POR DESPOJO EXPEDIENTE No. 47.223 Por cuanto el Tribunal observa que la presente causa data del 26 de Junio del 2.002, fecha en la cual fue admitida la demanda, ordenándose el emplazamiento de la parte querellada, a fin que exponga los alegatos que considere conveniente.- Vista de la decisión emanada del Juzgado Superior Segundo de esta Circunscripción Judicial, mediante la cual ordena Reponer esta causa al estado de admitir nuevamente la demanda, dejando sin efecto todo lo actuado en el Expediente y se admita y tramite conforme al procedimiento establecido en el Decreto con Fuerza de Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, dada la apelación interpuesta por la parte actora contra el auto de admisión de fecha 23-07-2002; este Tribuna por auto del 10 de Junio de 2.003, ordena la ADMITIR nuevamente esta demanda y emplaza al Querellado, para que comparezca a dar contestación a la misma, librándose al efecto la correspondiente compulsa.- Posteriormente y a solicitud de la parte demandante, por auto de fecha 01 de Septiembre de 2003, este Tribunal acuerda la notificación de los ciudadanos Raúl Mora, Alfonso Jiménez, Rafael Viloria y Familia Núñez, a fin que informen sobre su situación en la Finca Loma Alta, librándose las correspondientes boletas.- El 10 de Noviembre de 2003, la apoderada de la parte querellante, solicita del Alguacil se traslade a la Finca Loma Alta, Asentamiento Campesino la Trinidad, Municipio Libertador del Estado Carabobo, a los fines que practique la citación del querellado y la notificación de los colindantes; desde esta fecha y hasta la presente las partes no han ejecutado ningún otro acto del procedimiento tendientes a mantener en curso la causa, de lo cual se desprende que ha transcurrido más de un (1) año sin haber el impulso procesal necesario, lo que denota la falta de interés en la continuación de este procedimiento, configurándose legalmente la Perención de la Instancia prevista en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil.- En este sentido, el Tribunal Supremo de Justicia, en su Sala Político-Administrativa, en sentencia de fecha 06 de Marzo de 2003, dictaminó: “… La Perención de la instancia opera por la inactividad de las partes, es decir, por la no realización de actos de procedimiento destinados a mantener en curso el proceso, cuando esta omisión se prolonga por más de un año, de acuerdo con lo establecido en el artículo 86 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia o cuando transcurre el tiempo determinado en los supuestos del Artículo 267 del Código de Procedimiento Civil. Al respecto, examinada las actas procesales se constata que la causa estuvo paralizada desde el 11 de Julio de 2001, oportunidad en la que se ordenó el pase del expediente al Magistrado ponente, hasta la presente fecha, sin que se haya producido actuación alguna de las partes. Ahora bien, aún cuando la causa se encontraba en estado de decidir la cuestión previa opuesta, pues el procedimiento que corresponde no exige la realización de actuaciones especiales luego de nombrado ponente, ello no impedía que las partes hubieren podido diligenciar solicitando decisión. Sobre este punto, la Sala se ha pronunciado en diversas decisiones. Así en sentencia del 3 de Mayo de 1.984, se indicó que: “… el que estuviese pendiente la decisión sobre la acumulación solicitada no obsta para la consumación de la perención, puesto que bien podía la recurrente diligenciar en el sentido e instar tal decisión, y no lo hizo”, y en fallo del 22 de marzo de 1.995, señaló: “… No habiendo prueba de la interrupción del lapso de perención, y, habiendo transcurrido más de un año entre la diligencia del 22 de Enero de 1.992 realizada por la parte actora y la solicitud de perención realizada el 25 de Enero de 1.994, por la República, de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia y el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, se declara la perención de la instancia…” Por lo tanto, al no existir actividad procesal alguna en el presente caso, dirigida a movilizar y mantener en curso el proceso, durante el lapso de un año, evitando con ello su eventual paralización durante un lapso mayor de un año, según lo previsto en las normas antes citadas, resulta, forzoso para esta Sala declarar la perención. Así se decide. …” (Exp. No. 00-0575 - Sent. No. 00344: Ponente: Magistrado: Dr. Hadel Mostafá Paolini). También la Sala Constitucional se pronunció en relación al decaimiento del interés procesal, en sentencia de fecha 01 de Junio de 2004, con ponencia del Magistrado: JOSÉ MANUEL DELGADO OCANDO, al dictaminar: “…Siguiendo la doctrina de la Sala, procede la perención de la instancia cuando tal inactividad ocurre prolongadamente antes de los informes, sin que la causa avance, ya que los actos sucesivos que automáticamente y oportunamente debían cumplirse, no se cumplen y el proceso queda paralizado, por lo que para continuarlo se requiere el impulso de al menos una de las partes, y la reconstitución a derecho de la otra. Tal inactividad, además, hace presumir que la parte accionante no tiene interés en que se administre justicia, por lo que existe un decaimiento de la acción. Ello es el reconocimiento de que el accionante ha renunciado, al menos respecto a esa causa, a la tutela judicial efectiva y al derecho de una pronta decisión. ...” De lo antes trascrito se desprende que las partes deben interrumpir el lapso anual de perención y/o el de extinción, solicitando del Juez dicte la decisión respectiva, en virtud de que éstas son de orden público y operan por el sólo lapso transcurrido y deben decretarse aún de oficio, por lo que este sentenciador considera que en este proceso debe declararse la perención de la instancia, compartiendo el criterio sostenido por la mencionada Sala. Así se decide.- Por lo antes expuesto y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 269 Eiusdem, este Tribunal Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, DECLARA PERIMIDO el presente juicio. No existen costas procesales según lo establecido en el artículo 283 del Código de Procedimiento Civil.- El Juez Provisorio, Abog. RAFAEL RICARDO GIMÉNEZ. La Secretaria, Abog. CORALIA LISAUZABA T. En la misma fecha se dictó y publicó la anterior decisión.- La Secretaria, DRR.-