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REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
JUZGADO SUPERIOR PRIMERO EN LO CIVIL, MERCANTIL, DEL TRANSITO, Y MENORES DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO CARABOBO.

PARTE AGRAVIADA.-
COMUNIDAD EDUCATIVA DE PADRES Y REPRESENTANTES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA INSTITUTO SAN ALBERTO MAGNO, ASOCIACION CIVIL SAN ALBERTO MAGNO, propietaria de la UNIDAD EDUCATIVA INSTITUTO SAN ALBERTO MAGNO, sociedad con personalidad jurídica según Acta Constitutiva de fecha 14 de octubre de 1990, por ante la Oficina Subalterna de Registro del Distrito Valencia, bajo el N° 38, folio 1 al 5, Pto 1°, Tomo N° 24.

REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMUNIDAD EDUACTIVA DE PADRES Y REPRESENTANTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA INSTITUTO SAN ALBERTO MAGNO.-
MARIFLOR HERNANDEZ, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad número V-4.448.252, de este domicilio, en su carácter de Presidenta.

REPRESENTANTE LEGAL DE LA ASOCIACIÓN CIVIL SAN ALBERTO MAGNO.-
ISABEL GONZALEZ DE ALVARADO, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad personal número V-2.883.442, de este domicilio, en su carácter de Presidenta.

APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE AGRAVIADA.-
MAGDY DANIEL GHANNAM EL MASRI, e ISABEL GONZALEZ DE ALVARADO, abogados en ejercicio, inscritos en el Inpreabogado bajo los números 31.061, y 5.837, respectivamente, de este domicilio.

PARTE AGRAVIANTE.-
ASOCIACION DE VECINOS DE LA URBANIZACION TRIGAL CENTRO (ASOTRICE), de la Parroquia San José, Municipio Valencia, Estado Carabobo.

REPRESENTANTE LEGAL DE LA AGRAVIANTE.-
ANA CRISTINA MARCIANO, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad personal número V-3.584.501, inscrita en el Inpreabogado bajo el N° 20.827, de este domicilio.

APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE AGRAVIANTE.-
ARNALDO MORENO LEON, abogado en ejercicio, inscrito en el Inpreabogado bajo el número 19.186, de este domicilio.

MOTIVO
AMPARO CONSTITUCIONAL
EXPEDIENTE N° 6.735.-

PRIMERA.-
El Código de Procedimiento Civil, establece en sus artículos:
267.- “Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. La inactividad del Juez después de vista la causa, no producirá la perención….”
269.- “La perención se verifica de derecho y no es renunciable por las partes. Puede declararse de oficio por el Tribunal y la sentencia que la declare, en cualquiera de los casos del artículo 267, es apelable libremente.”
270.- “La perención no impide que se vuelva a proponer la demanda, ni extingue los efectos de las decisiones dictadas, ni las pruebas que resulten de los autos; solamente extingue el proceso.
Cuando el juicio en que se verifique la perención se halle en apelación, la sentencia apelada quedará con fuerza de cosa Juzgada, salvo que se trate de sentencias sujetas a consulta legal, en los cuales no habrá lugar a perención.”
Ahora bien, de la lectura de la primera de dichas disposiciones legales se observa que el legislador estableció que la perención no opera cuando la causa se encuentra en estado de sentencia, por lo que una vez que se ha dictado la sentencia comienza a correr también el lapso de un año para que opere la perención por la inactividad de las partes, al haberse removido el obstáculo legal que era el de no haberse dictado sentencia después de vista la causa.
En este sentido, la Sala Constitucional en sentencia dictada el 12 de marzo del 2003, se pronunció así:
“…Si bien la sentencia interlocutoria (cuestiones previas) del 16 de diciembre de 1993, al ser dictada fuera del lapso legalmente establecido, debía ser notificada a las partes, ello no impedía a éstas, si mantenían interés en que fuera resuelto el mérito de la controversia, diligenciar al Juzgado de la causa y solicitarle, antes de transcurriera un (1) año de paralización, que continuara con el juicio mediante la expedición de las respectivas boletas de notificación, pues, al no estar en la etapa para dictar la sentencia de mérito, que se inicia luego de “vistos” los informes, y siendo que aún no se había trabado la litis, el lapso de perención corría fatalmente…”
“…Así las cosas, luego de advertir el transcurso de más de un año de paralización de la causa en que fue dictada la sentencia objeto del presente recurso de amparo constitucional, sin que ninguna de las partes realizará actuación alguna a fin de impulsar el proceso, siendo que el reconocimiento por parte de los Tribunales de la consecuencia jurídica de la norma de orden público prevista en el artículo 267, del Código de Procedimiento Civil, no viola ningún derecho constitucional… la Sala declara con lugar la acción de amparo ejercida y, en consecuencia, anula la decisión dictada…., y declara que en el expediente ….. ha operado la perención de la instancia a tenor de lo dispuesto a los 267, y 269, del Código de Procedimiento Civil.- Así se decide….”
Pues bien de la lectura del presente expediente se observa que en la presente causa se dictó sentencia el 10 de agosto del 2001, y desde esa fecha hasta el día hoy, ha transcurrido con creces el lapso de dos (2) años, nueve (9) meses, y veintitrés (23) días, sin que las partes hubiesen actuado en el mismo para impulsar el procedimiento tendiente a la notificación de dicho fallo, razón por la cual operó la perención de pleno derecho quedando firme la presente sentencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 267, 269, y 270 del Código de Procedimiento Civil.

SEGUNDA.-
Por las razones antes expuestas este Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, y de Menores de esta Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA: PRIMERO.- LA PERENCIÓN DE LA INSTANCIA de la presente causa.- SEGUNDO.- Firme la sentencia dictada el 10 de agosto del 2001.

NOTIFIQUESE A LAS PARTES Y A SUS APODERADOS, mediante cartel que se fijará en la Cartelera de este Tribunal, a los fines legales consiguientes.

PUBLIQUESE, y REGISTRESE

DEJESE COPIA

Dada, firmada, y sellada en la Sala de despacho del Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, y Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo.- En Valencia, a los dos (02) días del mes de junio del año dos mil cuatro. Años 194° y 145°.

El Juez Provisorio,


Abg. SANTIAGO MERCADO DIAZ

La Secretaria,


MILAGROS COROMOTO GONZALEZ MORENO

En la misma fecha, y siendo las 11:05 a.m., se dictó y publicó la anterior sentencia.

La Secretaria,


MILAGROS COROMOTO GONZALEZ MORENO