REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil,
del Tránsito y de Menores de la
Circunscripción Judicial del Estado Carabobo


Valencia, 26 de julio de 2004
194º y 145º


SENTENCIA: INTERLOCUTORIA

COMPETENCIA: CIVIL

MOTIVO: TACHA DE FALSEDAD

PARTE ACTORA: UMBERTO PETRICA ZUGARO, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº. 6.130.080.

APODERADOS DE LA PARTE ACTORA: GUSTAVO LEON VILLABA, LUCILDA OLLARVES VELÁSQUEZ, ANDREINA LIENDO RINCÓN y CARLOS RICARDO PATIÑO, abogados en ejercicio e inscritos en el I.P.S.A. bajo los Nros.38.862, 30.825, 102.444 y 18.312, en su orden.

PARTE DEMANDADA: MARIA CONSUELO VEGA y YELITZA CARLOLINA GIL GUZMÁN, venezolanas, mayores de edad y titulares de las cédulas de identidad Nros.10.489.059 y 10.247.740, respectivamente.

APODERADO DE LA PARTE INTIMADA: (No acreditó a los autos).


Mediante auto de fecha 17 de junio de 2004, se dio por recibido el presente expediente en este Tribunal Superior, fijándose los lapsos para la presentación de los informes y de las observaciones de las partes.

En fecha 06 de julio de 2004, la parte actora consigna escrito contentivo de sus informes ante esta instancia.

En fecha 19 de julio de 2004, este Tribunal Superior fijó la oportunidad para dictar la sentencia en la presente causa.

Tramitado el procedimiento conforme a la ley, y estando dentro del lapso para dictar sentencia, entra esta Instancia a decidir la presente incidencia, previas las siguientes consideraciones:

Capitulo I
Motivo del Recurso Ordinario de Apelación

Ha sido remitido a esta Superioridad el presente cuaderno de medidas con motivo del recurso ordinario de apelación ejercido por la parte actora contra del auto dictado en fecha 19 de mayo de 2004 por el Juzgado Segundo de Primera en lo Civil, Mercantil, Agrario y Bancario de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo.

En la decisión apelada el Tribunal de la Primera Instancia niega la medida preventiva solicitada por la parte actora, por cuanto no cumple con los requisitos exigidos en los artículos 585 y 588 del Código de Procedimiento Civil.

La parte actora mediante escrito consignado ante esta instancia sostiene que se evidencia de los documentos anexos al libelo de demanda marcados con las letras “B”, “C” y “D”, que efectivamente se cumplen los requisitos establecidos en el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, verificándose de esa forma las circunstancias que sustentan los requisitos de procedibilidad de las medidas cautelares establecidos en la ley adjetiva civil.

Asimismo alega que existiendo la probabilidad de potencial de que el efecto restitutorio que se pretende obtener de la sentencia definitiva, de reintegrar el inmueble a su patrimonio no se materialice, ante la posibilidad cierta de la libre enajenación del inmueble objeto del juicio de tacha, esto debido a que la falsedad y consecuente nulidad que se demanda, se refiere a los contratos de compra-venta que no haya sido objeto del juicio principal, situación en la que se vería obligado a demandar nuevamente la nulidad de los mismos y, habiéndose acreditado en juicio, como señala el maestro Liebman “la probable existencia de un derecho del cual se pide la tutela en el proceso principal”, representado en el documento que acredita la propiedad, configurando la procedencia de la medida cautelar.

Solicita se declare con lugar la apelación interpuesta y se ordene decretar medida preventiva de prohibición de enajenar y gravar en el inmueble identificado en el libelo de demanda.

Capitulo II
Consideraciones para decidir

Las medidas cautelares constituyen un instrumento de la justicia dispuesto para que el fallo jurisdiccional sea ejecutable y eficaz y constituye sin duda alguna una expresión de la tutela judicial efectiva que pregona nuestro dispositivo constitucional.

La Doctrina Patria nos ha señalado que entre las medidas cautelares se encuentra la instrumentalidad, es decir, que no constituyen un fin en sí mismas, sino que son un medio, instrumento o elemento que sirve para la realización práctica de otro proceso eventual o hipotético, según el caso y su resolución principal partiendo de la hipótesis de que esta tenga un determinado contenido concreto, conforme a lo cual se anticipan los efectos previsibles, y que se traduce en el mantenimiento de una situación de hecho en salvaguarda del derecho, sobre lo que se pronunciará el Juez que conoce el fondo del asunto, para que una vez que sea dictada la sentencia definitiva sobre lo principal, no opere en el vacío y pueda ser realmente efectiva.

Asimismo encontramos la característica de provisoriedad o interinidad, cuando la situación preservada o constituida mediante providencia cautelar no adquiere carácter definitivo sino que se destina a durar por un espacio de tiempo delimitado, debido a que los efectos que derivan de la medida cautelar están, por su propia naturaleza, intrínsecamente destinados a agotarse en el momento en que se pronuncia la sentencia sobre el fondo, sin que tengan ocasión alguna de convertirse en definitivos.

Todas estas características que han sido señaladas por la Doctrina Patria Calificada y reflejadas por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia dictada en fecha 03 de abril de 2003, con ponencia del Magistrado Jesús Eduardo Cabrera Romero, Sentencia N° 640, Expediente N° 02-3105, nos conducen a determinar que los efectos que produce el decreto y la ejecución de una medida preventiva no son de cosa juzgada material, incluso el decretarla no conlleva un prejuzgamiento del Juez, sino más bien la observación de los requisitos que prevé la Ley para decretar tales medidas.

Ahora bien, teniendo en cuenta las consideraciones precedentemente establecidas y en virtud de que la incidencia que nos ocupa se trata de una medida preventiva de prohibición de enajenar y gravar solicitada por la parte actora, se hace necesario realizar las siguientes consideraciones:

La medida de prohibición de enajenar y gravar, tal y como su nombre lo señala, suspende el ius abutendi impidiendo que el bien inmueble sobre el cual se decreta salga del patrimonio del ejecutado y esta medida se decreta fundamentalmente cuando el demandante alega en su favor derechos personales o crediticios, pretendiendo afectar bienes inmuebles suficientes para asegurar la ejecución de una sentencia definitiva, lo que infiere, que en estos casos la medida tiene una naturaleza asegurativa, ya que no está destinada a proteger un derecho real del accionante.

Siguiendo este mismo orden de ideas, cabe señalar que el artículo 588 del Código de Procedimiento Civil, desarrolla el poder cautelar del juez para decretar medidas preventivas tendientes asegurar el resultado del proceso.

Para que el Juez pueda hacer uso de la facultad cautelar de decretar medidas preventivas, debe observar y verificar el cumplimiento de tres (03) requerimientos que se deducen de los artículos 585 y 588 del Código de Procedimiento Civil, a saber:

1) Presunción Grave del derecho que se reclama, conocido con el aforismo latino como fumus boni iuris;

2) Presunción Grave del riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo, conocido con el aforismo latino periculum in mora, y;

3) La existencia de un fundado temor de que una de las partes, en el curso del proceso, pueda causar lesiones graves o de difícil reparación al derecho de la otra.

Cuando alguna de las partes efectúa una solicitud de las medidas preventivas contenidas en nuestro ordenamiento procesal, el Juez debe ser muy cuidadoso en el cumplimiento de los requerimientos antes mencionados, lo que obliga al juez a realizar un examen de tales extremos en el caso bajo su revisión.

En este sentido se ha pronunciado nuestro Máximo Tribunal destacando la importancia de que el Juez cumpla con la labor de verificar el cumplimiento de los extremos señalados ut supra, incurriendo en caso de incumplimiento, en el vicio de inmotivación por la infracción del ordinal 4to del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil.

En sentencia dictada por la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, de fecha 25 de mayo de 2000, Exp. Nº 99-371, Sentencia Nº 163, con Ponencia del Magistrado Dr. ANTONIO RAMÍREZ JIMÉNEZ, en el juicio de INMUEBLES LA GIRALDA, C.A., se estableció:

“Por ello, el Juez tiene la obligación de valorar las pruebas que se consignen en autos, más allá de la tempestividad de la oposición, pues, no existe en este caso, la posibilidad de resolver con atención a la contumacia.
Al incumplir con dicha obligación el juez violenta el contenido del ordinal 4to del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, dejándose inmotivada la decisión, así como el artículo 509 eiusdem, omitiendo la obligación de cumplir la actividad allí prevista, como lo es la de analizar todas las pruebas de autos.
No cabe la menor duda de que la actividad a que se refiere el artículo 509 del Código de Procedimiento Civil, se ve violentada cuando no se analizan todas las pruebas, pues expresamente indica el referido artículo que toda prueba debe ser estudiada por el juzgador, incluso las que estime ilegales o impertinentes, precisamente para evitar que el fallo carezca de las razones necesarias, y que por ello se vea impedida la apreciación en el fallo del proceso hermenéutico en la aplicación de las normas por parte del Juez para resolver el debate...”.

Así mismo en sentencia dictada por la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, de fecha 30 de noviembre de 2000, Exp. Nº 00-133, sentencia Nº 387, con Ponencia del Magistrado Dr. FRANKLIN ARRIECHE G., se ratifica una decisión proferida por esa misma Sala de fecha 04 de junio de 1997 caso Reinca, C.A. contra Angel Carrillo Lugo, donde se señaló lo siguiente:

“...El régimen de las medidas preventivas implica por esencia o definición, que el acordarlas no significa un procedimiento sobre el fondo, sino solo un juicio provisional de verosimilitud, según las circunstancias de cada caso en concreto, y en relación con el aseguramiento, que se estime suficientemente justificado, de las resultas del pleito... (Sentencia de la Sala de Casación Civil de fecha 25 de mayo, en el juicio seguido por la ciudadana Rosa María Contreras Carreño de Gómez contra el ciudadano Carlos Nadal Yépez y otros)... Si el Juez debe verificar el cumplimiento de los extremos exigidos por el artículo 5585 del Código de Procedimiento Civil, siendo posible que decrete la medida al admitir la demanda, debe concluirse que para ello, debe efectuar un análisis de las pruebas acompañadas al libelo. En otras palabras, el decreto de la medida supone un análisis probatorio. Por este motivo, el tribunal de Alzada no podía revocar la medida cautelar sin analizar las pruebas en que se basó la primera instancia, desde luego que, como consecuencia de la apelación la alzada revisa la materia en las mismas condiciones que lo hizo el tribunal de la cognición…”.

La necesidad de motivar las resoluciones judiciales y de hacerlo de forma razonada y ajustada a las pretensiones ejercitadas en el proceso, forma parte de los requisitos que permiten la observancia en un proceso concreto del derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión.

Es conveniente recordar que el cumplimiento del requisito de motivación de los fallos fue incorporado en nuestro ordenamiento procesal desde la promulgación del Código del 12 de mayo de 1936, en el denominado Código de Aranda y, la exposición de los motivos por parte del Juez en su decisión no sólo está dirigido para el conocimiento y convencimiento de las partes, sino también como un presupuesto para el control judicial a través de los recursos como medio de impugnación.

La Doctrina tradicional en la Casación Venezolana ha establecido que el incumplimiento de la motivación infringe un principio de orden público procesal, ya que la motivación ha sido descrita como una garantía contra la arbitrariedad judicial y un presupuesto indispensable de una sana administración de justicia (Sentencia del 12 de febrero de 1963, de la Corte Suprema de Justicia, Gaceta Forense N° 39, página 192).

Asimismo la doctrina de Casación nos ha señalado que la sentencia debe reflejar el proceso lógico-jurídico que justifique los múltiples dispositivos que ella contiende en la cuestión de hecho, y que obligue al Juez a explicar el por que del rechazo o de la admisión de una hecho, así como el porque de su valoración una vez establecido.

Para que se considere cumplido el requisito de la motivación es imperativo que exista un fundamento en la decisión, que comporta que ésta responde a una determinada interpretación del derecho y de esa manera se permite su eventual control jurisdiccional mediante el efectivo ejercicio de los recursos consagrados en la ley.

En el caso que nos ocupa, es evidente la falta de motivación del Juez de la Primera Instancia cuando en el auto cuestionado se limita a señalar que niega lo solicitado por cuanto no se cumple con los requisitos exigidos en los artículos 585 y 588 del Código de Procedimiento Civil, generando una incertidumbre a las partes quienes no conocen las razones por las cuales el Juez niega la solicitud cautelar, además de que también dificulta el control judicial que pueda tener la alzada.

Con fundamento a las premisas antes sentadas, considera este Juzgador que la decisión objeto de revisión por esta alzada y en la cual se niega la medida preventiva de prohibición de enajenar y gravar carece de la motivación necesaria, toda vez, que el Juez de la Primera Instancia se limita a negar la medidas de conformidad con lo previsto en los artículos 585 y 588 del Código de Procedimiento Civil, sin que explique las razones que le sirvieron para negar la pretensión cautelar del actor.

Resumiendo lo anterior, en el presente caso se niega decretar las medidas preventivas solicitadas, sin haberse realizado un estudio exhaustivo sobre los medios de prueba producidos por la parte actora a los fines de verificar el cumplimiento de los extremos exigidos por la ley para que sea declarado procedente las medidas solicitadas, tal y como lo exige la Doctrina y Jurisprudencia Patria en forma reiterada y pacífica, y que trae como consecuencia inmediata la necesidad procesal de que el Juez de Primera Instancia emita una nueva decisión dándole respuesta al solicitante sobre sus pretensiones conforme a los términos establecidos en la presente decisión, encontrándose esta alzada limitada de acordar o negar la medida ya que debe respetarse el principio de la doble instancia. ASI SE DECIDE.

Capitulo III
Dispositiva

En virtud de las razones anteriormente expuestas, este JUZGADO SUPERIOR SEGUNDO EN LO CIVIL, MERCANTIL, DEL TRANSITO Y DE MENORES DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO CARABOBO, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, declara: PRIMERO: CON LUGAR el recurso ordinario de apelación ejercido por la parte actora en contra de la decisión dictada el 19 de mayo de 2004, por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario y Bancario de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo; SEGUNDO: LA NULIDAD del auto apelado por su inmotivación y en consecuencia se ordena al Juzgado de Primera Instancia dicte una decisión sobre las pretensiones cautelares de la parte actora, conforme a los términos contenidos en la presente decisión. Todo en el juicio seguido por el ciudadano UMBERTO PETRICA ZUGARO en contra de las ciudadanas MARIA CONSUELO VEGA y YELITZA CAROLINA GIL GUZMÁN.

No hay condenatoria en Costas por la naturaleza del presente fallo.

Publíquese y Regístrese

Dado, firmado y sellado en la Sala de Despacho del JUZGADO SUPERIOR SEGUNDO EN LO CIVIL, MERCANTIL, DE TRANSITO Y DE MENORES DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO CARABOBO. En Valencia, a los veintiséis (26) días del mes de julio de dos mil cuatro (2004). Años 194º de la Independencia y 145º de la federación.


EL JUEZ
MIGUEL ANGEL MARTIN T.
LA SECRETARIA DENYSSE ESCOBAR

En el día de hoy, siendo las 12:45 p.m., se dictó, publicó y diarizó la anterior decisión, previo el cumplimiento de las formalidades de ley.


LA SECRETARIA DENYSSE ESCOBAR



Exp. No. 10964.
MAMT/DE/mrp.-