TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EL JUZGADO SUPERIOR PRIMERO EN LO CIVIL, MERCANTIL, DEL TRANSITO,
Y DE MENORES DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO CARABOBO.
PARTE DEMANDANTE.-
JEAN GEORGOPOULOS TRIANTAFILOU, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. 12.103.765, de este domicilio.
APODERADAS JUDICIALES DE LA PARTE DEMANDANTE.-
MARITZA QUINTERO HERRERA, MILAGRO HERNANDEZ DEL ALVARADO, LAYLA ZOGBY MATERAN, MILENE MEZA JIMENEZ, y DOMENIZA PACIFICI GARCIA, abogadas en ejercicio, inscritas en el Inpreabogado bajo los Nos. 14.010, 30.771, 30.804, 42.288 y 39.972, respectivamente, de este domicilio.
PARTE DEMANDADA.-
SEGUROS PROGRESO, S.A., inscrita en el Registro Mercantil del Distrito Federal y Estado Miranda, bajo el Nro. 95, Tomo 9-A, segundo de fecha 1º de febrero de 1.983.
APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE DEMANDADA.-
JUAN ISRAEL ROJAS, JESUS BELANDRIA, DEUDINA PALM UZCATEGUI, NELLY YURAIMA HERNANDEZ FANFAN y LUZ COROMOTO VELASQUEZ PROCTOR, abogados en ejercicio, inscritos en el Inpreabogado bajo los Nos. 2.735, 17.612, 21.926, 24.707 y 26.416, respectivamente, de este domicilio.
MOTIVO.-
DAÑOS CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
EXPEDIENTE: Nro. 4.174
La abogada MARITZA QUINTERO HERRERA, en su carácter de apoderada judicial del ciudadano JEAN GEORGOPOULOS TRIANTAFILOU, el 17 de enero de 1.991, demandó por Daños por Cumplimiento de Contrato a la sociedad mercantil SEGUROS PROGRESO, S.A., por ante el Juzgado Primero de Primera Instancia de tránsito de esta Circunscripción Judicial, quien le dió entrada y admitió ese mismo día.
El 22 de enero de 1.991, el Juzgado “a-quo” dictó sentencia interlocutoria, en la cual se declara competente por la materia para seguir conociendo de la presente causa, y ordena remitir las presentes actuaciones al Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de esta Circunscripción Judicial, quien como distribuidor lo remitió al Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil, donde se le dió entrada y se admitió el 15 de febrero de 1.991.
El 15 de febrero de 1991, la abogada MARITZA QUINTERO HERRERA, en su carácter de apoderada actora, presentó un escrito contentivo de reforma de demanda, siendo admitido el 14 de marzo de 1.991.
El 30 de enero de 1.992, el abogado JUAN ISRAEL ROJAS, en su carácter de apoderado judicial de la accionada, presentó un escrito contentivo de contestación de la demanda.
Durante el lapso probatorio, solo la parte actora promovió las pruebas que a bien tuvo, y vencido como fue el lapso de evacuación el Juzgado “a-quo” el 01 de marzo de 1.993, dictó sentencia, declarando sin lugar la demanda, contra la cual apeló el 16 de marzo de 1.993, la abogada MILENE MEZA JIMENEZ, en su carácter de apoderada actora, recurso éste que fue oído libremente, mediante auto dictado el 04 de mayo de 1993.
En razón de lo anterior el presente expediente fue remitido al Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Norte, dándosele entrada el 25 de mayo de 1.993, y quien en fecha 25 de abril de 1.995, dictó un auto, en el cual por habérsele suprimido la competencia en las materias civil y mercantil que no se refiera a bienes, conforme a lo dispuesto por el artículo 4 de la Resolución No. 73 del Consejo de la Judicatura de fecha 12 de diciembre de 1.994, ordenó la remisión de dichas actuaciones al Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Menores de esta Circunscripción Judicial, quien como distribuidor, lo remitió a este Tribunal, dándosele entrada el 07 de noviembre de 1995, bajo el número 4.174.
Esta Alzada el 10 de junio de 2004, dictó un auto en el cual el Juez Provisorio se avoca al conocimiento de la presente causa, de conformidad con el artículo 14, del Código de Procedimiento Civil, ordenando la notificación de las partes mediante cartel, de conformidad con el artículo 233, ejusdem, a los fines de darle cumplimiento a la sentencia dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, el 01 de junio del 2001.
Este Tribunal el 29 de junio del corriente año, dictó un auto, en el cual indicó que en la presente causa, a partir de dicha fecha, comenzó a correr el lapso de treinta (30) días para dictar sentencia, por lo que este sentenciador pasa a decidir previas las consideraciones siguientes:
PRIMERA.-
En el presente expediente corren insertas entre otras actuaciones las siguientes:
a) Sentencia dictada por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de esta Circunscripción Judicial, el 01 de marzo de 1993, en la cual se lee:
“…En base a todas las consideraciones anteriores expuestas, este Juzgado Primero de Primera Instancia… administrando justicia en nombre de la República de Venezuela y por autoridad de la Ley DISPONE: PRIMERO: Declara SIN LUGAR la Acción por Daños Materiales y Cumplimiento de Contrato intentada por el ciudadano Jean Georgopoulos Triantafilou, parte demandante, contra la Sociedad Mercantil Seguros Progreso S.A., parte demandada… “
b) Diligencia de fecha 16 de marzo de 1993, suscrita por la abogada MILENE MEZA JIMENEZ, en su carácter de apoderada actora, en la cual apela de la sentencia anterior.
c) El Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Agrario, el 04 de mayo de 1993, dictó un auto, en el cual oye libremente la apelación interpuesta y acuerda su remisión al Juzgado Superior Competente.
d) Este Tribunal el 10 de junio del 2004, dictó un auto en el cual se lee:
“…Por cuanto la Comisión de Emergencia conjuntamente con el Consejo de la Judicatura, constituido en Sala Administrativa, me designó Juez Temporal, según consta de Oficio N° S.G. 009167, de fecha 2 de noviembre de 1999 y habiéndome juramentado y tomado posesión del cargo el 05, y el 09, respectivamente, de dicho mes y año, me avoco de oficio al conocimiento de la presente causa, de conformidad con lo establecido en el artículo 14 del Código de Procedimiento Civil, y en consecuencia se ordena la notificación a las partes mediante cartel que se fijará en la cartelera del Tribunal, todo ello de conformidad con lo establecido en el artículo 233, ejusdem, con la advertencia de que transcurridos que fueren diez (10) días continuos contados a partir de que conste en autos la última notificación se les tendrá por notificados, si no comparecen dentro de dicho lapso a darse por notificados, y vencido que fuere dicho lapso comenzará a correr otro de cinco (05) días de despacho, de los cuales los tres (03) primeros días serán para aquel que considere que en mi persona existe alguna causal de inhibición proceda a recusarme, y vencidos éstos sin que lo hicieren, deberá comparecer la parte actora dentro de los días restantes a exponer la causa de su inactividad procesal, mediante escrito, para decidir dentro de los treinta días continuos siguientes lo que sea de Justicia, de conformidad con el contenido de la sentencia dictada el 01 de junio del 2001, por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.- Líbrese Cartel…”
e) Esta Alzada el 29 de junio del 2004, dictó un auto en los términos siguientes:
“…Desde el 10 de junio del 2004, exclusive, al 20 de junio, inclusive, transcurrió el lapso para que la parte actora se diera por notificada, por lo que a partir de este último día, se le tiene por notificada, y por cuanto desde el 21 de junio, inclusive, hasta el día 25 del corriente mes, no consta que quien suscribe fuere recusado como tampoco consta que la parte actora hubiera comparecido dentro de los dos días hábiles siguientes a exponer la causa de su inactividad procesal, razón por la cual a partir de hoy comienza a correr el lapso de treinta (30) días continuos para dictar sentencia en la presente causa….”
SEGUNDA.-
El Código Civil, establece en sus artículos:
1952.- “La prescripción es un medio de inquirir un derecho o de liberarse de una obligación, por el tiempo y bajo las demás consideraciones determinadas por la Ley”
132.- “La prescripción ordinaria en materia mercantil se verifica por el transcurso de diez años, salvo los casos para los cuales se establece una prescripción más breve por este Código u otra ley.”
Ahora bien, de la lectura del expediente se observa que la parte actora no realizó ninguna actuación en el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, y Contencioso Administrativo de la Región Centro-Norte, desde el 27 de mayo de 1993, exclusive, ni en este Tribunal a partir del 07 de noviembre de 1995, fecha en que se le dió entrada, hasta el día de hoy, habiendo transcurrido hasta la presente fecha once (11) años, un (01) mes y veintitrés (23) días, que es un tiempo mayor del establecido en el artículo 132, del Código de Comercio, para que opere la prescripción extintiva de diez (10) años, en las acciones personales, razón por la cual la parte actora con su inactividad ha evidenciado su falta de interés en la presente causa.
En este sentido, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia dictada el 01 de junio del 2001, asentó:
“…De allí, que considera la Sala, a partir de esta fecha, como interpretación del artículo 26 Constitucional, en cuanto a lo que debe entenderse por justicia oportuna, que si la causa paralizada ha rebasado el término de la prescripción del derecho controvertido, a partir de la última actuación de los sujetos procesales, el juez que la conoce puede de oficio o a instancia de parte, declarar extinguida la acción, previa notificación del actor, en cualquiera de las formas previstas en el artículo 233 del Código de Procedimiento Civil, si ello fuere posible, y de no serlo, por no conocer el tribunal dónde realizar la notificación, o no poder publicar el cartel, con la fijación de un cartel en las puertas del tribunal. La falta de comparecencia de los notificados en el término que se fije, o las explicaciones poco convincentes que exprese el actor que compareciere, sobre la causa de su inactividad y los efectos hacia terceros que ella produjo, las ponderara el juez para declarar extinguida la acción.
Todo ello, sin perjuicio de las sanciones a los jueces por la dilación cometida.
Está consciente la Sala que hay tribunales sobrecargados de expedientes por decidir, provenientes de la desidia en la estructuración del poder judicial, y por ello resultaría contrario al Estado de Derecho y de Justicia que en dichos tribunales se aplicara estrictamente la doctrina expuesta en este fallo, por lo que la Sala considera que cuando los términos de prescripción de los derechos ventilados sean de un año o menos, vencido un año de inactividad en estado de sentencia, sin impulso del actor, si en el año siguiente al de la prescripción no hay impulso de su parte, se tendrá tal desidia procesal como muestra inequívoca que los accionantes perdieron el interés procesal en dicha causa, y así se declara.
Asimismo, considera la Sala que innumerables huelgas tribunalicias y designaciones de nuevos jueces, han dejado procesos paralizados, por lo que en cualquier lapso de perención o desinterés habrá que restarles estos plazos muertos o inactivos….” (JURISPRUDENCIA DE RAMIREZ & GARAY, Tomo 177, página 244).-
TERCERA.-
Por las razones antes expuestas este Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y de Menores de esta Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA: EXTINGUIDA LA PRESENTE ACCION, por falta de interés en la parte actora, al haber rebasado el término de prescripción, por no haber impulsado el procedimiento durante dicho lapso, ni haber comparecido dentro del lapso señalado a explicar las causas o razones de su inactividad.
PUBLIQUESE, REGISTRESE y DEJESE COPIA
Dada, firmada, y sellada en la Sala de despacho del Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo.- En Valencia, a los veinte (20) días del mes de julio del año dos mil cuatro (2004). Años 194° y 145°.
El Juez Provisorio,

Abg. SANTIAGO MERCADO DIAZ

La Secretaria,

MIALGROS GONZALEZ MORENO
En la misma fecha, y siendo las 10:00 a.m., se dictó y publicó la anterior sentencia.
La Secretaria,

MILAGROS GONZALEZ MORENO